Los impuestos sobre el patrimonio, también llamados sobre las fortunas o sobre la riqueza, han sido siempre los más odiados por los poderosos de este mundo. Nunca han existido en EEUU, ni en los países postestalinistas (Rusia, China…), ni en ningún régimen dictatorial o teocrático. De hecho, el actual gobierno de la India derogó rápidamente en el año 2015 la versión descafeinada que existía.
La contrarrevolución conservadora iniciada en la década de los 70 acabó con el impuesto en la mayoría de los países. En su versión más normal en la que se grava toda la riqueza de una persona apenas sobrevive en Noruega y en algunos países más. En su versión tramposa, que hace que los multimillonarios paguen menos en porcentaje que los ricos «pobres» (de menos de 5 millones de euros, digamos), se conserva en Francia, Estado español (excepto Madrid), Suiza o Liechtenstein. Aquí, tan solo Gipuzkoa esquivó las trampas del escudo fiscal o las empresas «familiares» mientras la izquierda gobernó la Diputación.
No obstante, a raíz del famoso libro del economista, precisamente francés, Thomas Piketty, hay movimientos que abogan por su implantación en todo el mundo. Según este, un impuesto del 1 o 2% a partir del primer millón de euros (excluida la vivienda habitual y los útiles profesionales) es la única posibilidad no solo de recortar la creciente desigualdad entre clases sociales sino de hacer efectiva una democracia no autoritaria.
En Francia el impuesto afectaba al 2% de los contribuyentes con un tipo máximo del 1,5%, aunque más de las tres cuartas partes pagaba menos de 1.000 euros al año. Pero ahora Emmanuel Macron ha pagado a sus benefactores suprimiéndolo con las excusas idiotas de siempre: que si los ricos emigraban, que si gravar la riqueza es desincentivador (¿para quién?), etc.
Con todo, el ejemplo más alucinante lo tenemos aquí. Madrid, la eurorregión más inequitativa de toda la UE y el lugar donde se refugian las fortunas más hediondas y los rentistas más acaudalados del Estado, lleva años sin impuesto de patrimonio, ni de sucesiones por vía directa. Una decisión política que tiene por objeto concentrar a la alta burguesía y consolidar un poder central que ningunee al resto del Estado, al tiempo que debilita la propia democracia participativa y cualquier proyecto ecológico de ordenación del territorio.
Cosa esperada, vista la deriva filofascista de los dos partidos de la derecha española. Es verdad que Pedro Sánchez anunció poner un mínimo del 1% en el impuesto a partir de 10 millones de euros. Pero nos equivocamos nuevamente: el pusilánime vuelve a dejar fuera a Madrid y su «bonificación» total.
Por eso, porque estas medidas socavan la democracia en todo el Estado, aquí sí sería pertinente aplicar el 155 quitándole las potestades tributarias normativas a la Comunidad de Madrid. En su lugar, se ha aplicado este artículo a un territorio que solo quería ejercer la democracia. Así es la casta política española y sus benefactores e intelectuales saltimbanquis.
Txema Mendibil – Alternatiba
Publicado en NAIZ
