La compañera de Alternatiba y procuradora de EH Bildu Araba, Claudia Venceslao, ha denunciado en la Comisión de Bienestar Social que el nuevo Decreto 126/2019 de residencias ha sido elaborado sin la participación de las trabajadoras y sin tener en cuenta las alegaciones de las usuarias.
“Aunque se quiere vender como un Decreto que aparentemente mejora la situación de las residencias, los ratios no se mejoran, los ritmos y las cargas de trabajo siguen vulnerando los derechos laborales y las viviendas comunitarias no se ven controladas por dicho Decreto, precarizando las condiciones laborales de las profesionales que desempeñan una labor tan importante como es el cuidado de nuestras mayores”.
Araba cuenta con 1.800 plazas privadas. Por otro lado, el Instituto Foral de Bienestar Social gestiona 1.069 plazas, de las cuales 779 son plazas propias de dicho Instituto y el resto, 290, son plazas concertadas con centros privados. Mientras tanto, la lista de espera es de 187 personas.
“Los sindicatos piden dar pasos para la elaboración de un convenio provincial del sector que regule las condiciones laborales y homogeneice las desigualdades y las situaciones de precariedad laboral existentes”, ha denunciado Venceslao mientras mandaba su apoyo a las trabajadoras concentradas fuera de las Juntas Generales. Para ello, ha recordado que estas trabajadoras cobran 997 euros brutos al mes trabajando 1.792 horas anuales. “Doblan turnos, si caen enfermas no se les sustituye, hacen de auxiliares, de cocineras, de limpiadoras e incluso de enfermeras sin tener la titulación”.
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Los equipos educativos de los pisos para personas presas, a la espera de respuestas
Es sabido que las condiciones en las prisiones son durísimas, de hecho ya son 5 los muertos en Zaballa en 2019. “Araba no puede permitirse no tener recursos específicos para personas presas teniendo en su territorio la prisión más grande de la CAV. Recursos que son pioneros a nivel estatal, con una trayectoria de más de 30 años, recursos que ofrecen una labor importantísima, a las personas presas y a la Comunidad”, ha denunciado EH Bildu en la misma comisión.
Para explicar esta denuncia, Venceslao ha recordado que la Diputación no dispone de recursos para la atención de personas en situación de exclusión modera o severa. “Desde la Diputación Foral se cambió de forma unilateral el perfil de acceso: ya no son recursos específicos para personas presas y además se exige tener padrón en algún municipio del Territorio Histórico, pero no cuenta el empadronamiento en Iruña de Oca, municipio donde se encuentra la cárcel de Zaballa”.
Estos cambios fueron duramente criticados por las personas trabajadoras afectadas, ya que se sometían a estos servicios a importantes modificaciones en los perfiles de atención o de requisitos de acceso, que perjudicaban de forma evidente a las personas atendidas.
En la actualidad los equipos educativos de los pisos para personas presas están a la espera de una respuesta del Departamento de Bienestar Social y que se les comunique si este requisito de padrón es legal o no. “Mientras la Diputación delibera, hay personas en prisión que podrían estar en libertad en base a su clasificación penitenciaria: podrían estar en estos recursos comenzando un itinerario vital, comunitario, social o laboral”, ha sentenciado EH Bildu.
