Josu Estarrona ha recordado que el 5 de febrero concluye el plazo para que Lakua active vías legales contra el Decreto-ley del Gobierno español: “El Parlamento debe reunirse de forma urgente, porque el decreto supone un ataque inadmisible contra derechos y libertades fundamentales”.
EH Bildu considera imprescindible que se pongan en marcha todas las acciones políticas y judiciales necesarias – incluido un recurso de inconstitucionalidad- para frenar el Decretazo Digital del Gobierno Español. Por ello, ha solicitado hoy que el Parlamento convoque la Diputación Permanente para que sea debatida una propuesta en este sentido de EH Bildu, antes de que concluya el plazo para poder presentar recursos contra el Decreto-ley. El parlamentario Josu Estarrona ha explicado que el 5 de febrero expira el plazo para recurrir ante el Tribunal Constitucional el Decreto-ley aprobado el 31 de octubre por Pedro Sánchez, que permite al Gobierno cerrar sitios web y cortar las comunicaciones digitales sin ningún tipo de orden judicial: “Dado que el Parlamento no retomará por completo su actividad hasta el día 6 de febrero, hemos solicitado que la Cámara se reúna de manera extraordinaria para que la Diputación Permanente pueda reclamar al Ejecutivo vasco que presente los recursos correspondientes”.
Estarrona ha señalado que, además de EH Bildu, el PNV también mostró su oposición a la Mordaza Digital en el Congreso: “Teniendo en cuenta que en el Parlamento existe una amplia mayoría en contra del decreto, sería incomprensible que el PNV se negara a convocar la Diputación Permanente y a que el Gobierno activara todas las vías legales que tiene a su alcance para frenar esa medida. La Generalitat ha iniciado ya los trámites para presentar un recurso de inconstitucional y sería conveniente actuar en un frente común”.
En opinión del parlamentario de EH Bildu, “el Decretazo Digital es un ataque frontal contra la democracia, puesto que, bajo la excusa de la ‘seguridad nacional’, faculta al Gobierno para cortar las comunicaciones digitales y cerrar espacios web sin ninguna orden judicial. Está claro que esto erosiona las libertades y derechos fundamentales”. De hecho, la Plataforma por la Libertad de Información y asociaciones de internautas han solicitado al Defensor del Pueblo estatal que se dirija al Tribunal constitucional.
