Entrevista de Marcel Pena en GARA a nuestro compañero de Alternatiba y diputado de EH Bildu en Madrid Oskar Matute.
El grupo parlamentario de EH Bildu en el Congreso español presentó el pasado martes una proposición no de ley para que las medidas del «escudo social» adoptadas durante la pandemia pasen a ser estructurales. La propuesta contó con el apoyo de PSOE y Podemos tras negociar una enmienda transaccional presentada por los partidos del Gobierno, y ayer fue aprobada con el voto favorable de partidos como ERC y BNG, el contrario de la derecha española y la abstención del PNV. El diputado de la formación soberanista Oskar Matute explica a GARA en qué consiste la medida.
¿Cuál es la importancia práctica del acuerdo?
La importancia del acuerdo está en que, por primera vez, reconoce que se van a crear estructuras permanentes para hacer frente a una realidad sangrante para decenas de miles de personas en Hego Euskal Herria y millones en el Estado español. Lo que EH Bildu llevó a debate fue que la prohibición de suspender los suministros de agua, luz y electricidad a cualquier persona que no pueda pagarlos, la suspensión de un procedimiento de desahucio sin una alternativa habitacional y la de expulsar a alguien de su vivienda en el caso de que no pueda pagar el alquiler.
Estas medidas están asociadas a lo que fue la realidad social de alarma derivada de la pandemia y caían el 31 de octubre. Conseguimos, con una enmienda transaccional con el PSOE y UP, que estos derechos se mantengan hasta que se encuentren unos mecanismos permanentes que permitan garantizar esos derechos que una sociedad democrática debe poder ofrecer a toda la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables. Porque en el Estado español, con o sin pandemia, cada vez hay más personas en situación de riesgo de exclusión social.
El texto habla de prorrogar las medidas «mientras sea necesario por el mantenimiento de las circunstancias que motivaron su adopción, y hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente». ¿Cómo se afronta el futuro de un problema que, como dicen, es estructural?
Actualmente hay dos iniciativas en marcha en el Congreso, la Ley de Vivienda y el Decreto de Garantía de los Suministros, que son en las que se tiene que incorporar la defensa de los derechos que he mencionado. En esta ley y este decreto hay un escenario de mayor blindaje para los sectores más desfavorecidos, que es lo que desde EH Bildu hemos venido defendiendo, porque en el Estado español, entre 1995 y 2021, la tasa de pobreza siempre se ha mantenido superior al 18% de la población y en Hego Euskal Herria, en el ‘oasis vasco’, hay 268.000 personas bajo este umbral.
Por tanto, ¿hasta cuándo se puedan alargar estas medidas?
Las medidas del ‘escudo social’ se van a prorrogar, de momento, sine die. Podemos saber cuándo termina la alarma sanitaria, atendiendo a los datos sanitarios, pero eso viene acompañado de algo que no podemos conocer, que son las consecuencias que esta crisis ha generado en el ámbito económico y social. Mientras exista esta realidad asociada a los efectos de la pandemia, se tendrán que mantener las herramientas de excepcionalidad, y durante este tiempo deberían desarrollarse las dos iniciativas legislativas que he comentado. Mientras tanto, no vamos a dejar a nadie en la calle o sin suministros.
Un año y medio después del inicio de la pandemia, ¿hasta qué punto se han aplicado los beneficios del «escudo social»?
Hemos comprobado que, por muy buena voluntad que pueda haber desde el poder público, existe una realidad que se le escapa: los grandes oligopolios y las élites económicas son capaces de pasar por encima de lo que digan las leyes sin demasiado coste para ellos. Eso es lo que motiva esta situación. Por eso, hay que defender las medidas de protección que se han activado, pero a la vez hay que reconocer que existe un problema estructural porque vivimos en una sociedad que expulsa de la misma cada vez a más sectores de la población, llevándolos a la exclusión social. Con o sin pandemia, hemos de reflexionar cómo construir un modelo de sociedad en el que la riqueza se distribuya y en la que los poderes públicos tengan capacidad para erradicar la desigualdad.
Uno de los ejemplos es la subida constante del precio de la luz. ¿Qué propone el «escudo social» para abordar el acceso universal a los suministros?
La subida disparatada y obscena del precio de la luz ha dado la oportunidad de que podamos hablar de los problemas de fondo, como, por ejemplo, el poder de las élites frente al poder político. Si esta proposición no de ley blinda que a nadie se le pueda cortar los suministros por no poder pagarlos, y a la vez se abre el debate de fortalecer el sector público, el siguiente paso que hay que dar es intervenir en el mercado eléctrico a través de una tarificación diferente, donde el oligopolio eléctrico no pueda determinar el precio de la electricidad.
En caso de que el «escudo social» no sea suficiente, ¿cuál debería ser la respuesta frente a la actuación de las eléctricas?
No creemos que la línea de intervención deba ser solo la de aliviar la carga impositiva de impuestos a todo el mundo. A parte de que se trata de una medida desigual –no es lo mismo Iberdrola o Endesa que un ciudadano de a pie–, aminorar el precio de la factura a través de una menor recaudación de impuestos repercute en una menor capacidad dispositiva para hacer frente a las políticas públicas es un parche. Además de intervenir en el sector, recortar el poder de las élites y la recuperación de terreno del poder público, también hay que elevar el importe de las sanciones para quien cometa fraude alterando los precios en el mercado de la electricidad.
Después de confirmarse la prórroga del «escudo social», ¿cuáles han sido los mensajes que les han llegado desde las clases populares de Euskal Herria y del Estado?
En Euskal Herria, probablemente, el impacto de esta medida ha sido menor debido a que ha coincidido en el tiempo con otro hecho de relevancia histórica, como es la Declaración de Aiete. Pero la gente a la que sí le ha llegado ha tenido una reacción positiva, en Euskal Herria y en el Estado. A todos ellos les reiteramos que para nosotros esto no es la meta, sino un paso; un paso muy corto para todo lo lejos que queremos ir: construir un modelo económico y social que ponga la vida de las personas en el centro y la dignidad del ser humanos por delante de los beneficios económicos.
El PNV les acusó en el debate del martes de impulsar iniciativas en Madrid en lugar de hacerlo en las instituciones autonómicas. ¿Choca la ampliación del «escudo social» con las medidas sociales que se pueden tomar en la CAV?
No debería. Presentamos la iniciativa en el Congreso porque está asociada a la necesidad de que las medidas surgidas del «escudo social» se mantengan, también para decenas de miles de personas en Hego Euskal Herria. Por tanto, lo lógico era que la planteáramos aquí. Además, iba en coherencia con las muchas iniciativas que EH Bildu ha presentado en el Parlamento de Gasteiz y que han obtenido nulo éxito por la falta de voluntad del PNV.
En cambio, sí que han recibido el apoyo de ERC y BNG, los «antiespañoles», como dijo Rufián. ¿Tienen que ser los partidos independentistas de izquierda los que propongan este tipo de beneficios para la clase obrera de todo el Estado?
Con esta iniciativa queremos defender a la clase trabajadora vasca, pero a su vez estos beneficios pueden ser positivos también para las clases populares de las distintas naciones del Estado español. Y nos parece bien. Gracias a nuestro compromiso con la clase trabajadora vasca hemos conseguido unas mejoras que pueden aprovechar en otros lugares. Esto está permitiendo que muchos se den cuenta de que la izquierda independentista vasca, catalana o gallega no es menos izquierda por ser independentista, sino que precisamente porque está libre de ataduras todavía lo es más que ellos, la izquierda española, que se consideran ciudadanos del mundo porque ya tienen asegurada su propia nación.
Lejos de entrar a debatir su propuesta, la derecha se centró todavía, diez años después del cese de la violencia, en ETA. ¿A qué se debe esta actitud?
La persistencia del ‘factor ETA’ en el debate político le ha permitido a la derecha del Estado español encontrar la cortina de humo perfecta para cualquier cuestionamiento de las barbaridades que ha cometido en muchos planos, como el económico, el social, el laboral o el cultural. En el momento en que ETA desaparece del plano, porque llevamos diez años sin esa realidad, sus políticas al dictado de las élites y contra los derechos de la gente quedan todavía más en evidencia.
Partiendo de que se trata de un tema ajeno a la proposición no de ley, ¿la declaración de la izquierda abertzale del pasado lunes facilita llegar a este tipo de acuerdos?
Puede ayudar, pero creo que sin la Declaración de Aiete también hubiera sido posible el acuerdo. De hecho, hemos alcanzado acuerdos desde el inicio de la legislatura, e incluso han llegado hasta la ley más importante de cada año, los Presupuestos Generales del Estado. Aún así, la Declaración de Aiete puede permitir romper inercias y quitar miedos en algunos sectores. En la izquierda del Estado español hay un sentimiento de vivir acomplejados por el qué dirán en el caso de que pacten con la izquierda abertzale, porque durante años hemos sido demonizados.
Como viven con ese miedo, este tipo de actos pueden ayudar, aunque el objetivo de EH Bildu no es presumir de los amigos nuevos que haga o de los acuerdos que consiga, sino ser útiles en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía vasca. Y si para eso tenemos que llegar a acuerdos con unos y con otros, lo haremos, porque somos un instrumento al servicio de un pueblo y una clase.
Ver también la entrevista realizada en la misma semana de conmemoración de la década tras el abandono de la actividad armada por parte de ETA en Carne Cruda Radio:
