¿Os suena el dicho ‘gota que colma el vaso’? Seguro que sí. Nosotras hace poco lo usamos cuando hablábamos del desalojo de personas que dormían en el pórtico de la ermita de San Juan de Arriaga de Gasteiz. Fue la gota que colmó ese gran vaso que es la atención a personas en situación de exclusión social grave en nuestro territorio.
Este ‘recipiente’ se va llenando poco a poco, vida a vida, calle a calle, sin que las administraciones públicas hagan poco o nada. Para ser francas debemos decir que, ante la pobreza más extrema, la que crea el propio sistema neoliberal, esa que hace que haya personas durmiendo en soportales y fábricas abandonas, PNV-PSE emplean sus mecanismos de maquillaje y celofán para disfrazar su falta de responsabilidad en la atención a un colectivo olvidado desde hace años.
Desayunamos con noticias como la que publicaba el otro día este diario en la que se alertaba de que unas 30 personas sobreviven en la fábrica abandonada de Fournier. Una gota más que se suma a otras como el cierre de Puente Alto o la demolición y consiguiente desalojo de las viviendas en Olarizu. Todo ello sin que se creen más plazas ni recursos y perpetuando un modelo de atención obsoleto en el que lo que se ofrece no cubre las necesidades. Diputación lleva cinco años sin crear ningún centro de acogida a pesar de ser su obligación legal.
Quienes gobiernan perpetúan la pobreza, permiten que haya personas durmiendo entre ratas, sin agua, sin luz, sin esperanza. Personas enfermas, mujeres, personas muy mayores con grandes dependencias o jóvenes con apenas 18 años cumplidos. Mientras tanto, siguen anunciando la creación de recursos que nunca llegan y eliminan servicios históricos como el dispositivo de alojamiento invernal. Veinte camas que este invierno han desaparecido. Sólo en Gasteiz más de cien personas viven en la calle, fábricas abandonadas, lonjas y otras infraviviendas. Por su parte, servicios como Aterpe y CMAS están saturados con una ocupación superior al 94%, lo que impide poder atender a todas las personas que viven en la calle. Nadie puede acceder directamente a estos espacios una noche de nieve o lluvia.
La situación extrema que viven estas personas nunca se solucionará derribando viviendas o desalojando pórticos. No vale mirar a otro lado, no vale vender ciudades de acogida o educadoras cuando se condena a personas a dormir en entornos podridos de miseria. Vivir con dignidad no es cuestión de empatía, es un derecho y garantizarlo es un deber de los gobiernos de Urtaran y González.
Mientras no asuman sus responsabilidades en materia de exclusión social, podrán desalojar las veces que ellos quieran a estas personas, que ellas sin tener un recurso donde se les atienda con calidad y dignidad, volverán a encontrar otro lugar donde poner sus colchones y su desesperanza.
Y terminamos como empezamos: el vaso se ha derramado, rebosando pobreza y miseria. La solución pasa por implementar recursos y servicios. No se puede demorar más.
Claudia Venceslao – Alberto Porras – EH Bildu
Publicado en El Correo