Es el resumen que nuestro compañero Josu Estarrona ha hecho en el Parlamento Vasco de la actitud del Gobierno de Lakua ante el caso del grupo de constructoras, que se autodenominaban G7, y que durante 25 años estuvieron acordando entre ellas el reparto de los contratos públicos, según resolución de la Comisión Nacional española del Mercado y la Competencia, que los multó con 203,6 millones de euros. Varios de los contratos detectados por la CNMC afectan a obras públicas de la CAV. Cuatro están relacionadas con la obra de la Supersur, de la Diputación de Bizkaia, otra es del Consorcio de Aguas de Bizkaia, una más de la Diputación de Gipuzkoa y dos dependen del Gobierno de Lakua. Josu Estarrona ha explicado desde la tribuna que el propio informe señala que no es una relación exhaustiva.
