Durante la reciente campaña electoral, Hordago-El Salto publicó varios audios que revelan prácticas en materia de contratación pública por parte del PNV. Una primera mirada nos permite situar cómo mediante estas consultorías se busca suplantar las funciones esenciales del sector público, específicamente adueñándose de roles críticos como la Secretaría y la Intervención delos ayuntamientos. No podemos olvidar que la Secretaría es responsable de controlar la legalidad de los actos administrativos, mientras que la Intervención verifica la legalidad presupuestaria de las operaciones municipales.
Según se desprende de los audios, los consultores jurídicos, financiados con fondos públicos, pretenden usurpar estos puestos esenciales, lo que les permitirá diseñar los pliegos de contratación y favorecer a sus empresas para que sean sistemáticamente adjudicatarias en los contratos públicos.
No cabe duda que este análisis nos llevaría a cuestionar infinidad de contratos públicos y externalizaciones, como las ocurridas en Osakidetza. Como aficionado a la criminología, me interesa explorar no solo el lucro ilícito que subyace a estos actos, sino también las motivaciones profundas que llevan a cometerlos.
En los audios revelados, se escucha a Unai Rementeria minimizando cualquier acción legal que EH Bildu pudiera iniciar ante la fiscalía. Los jeltzales son conocedores de la degradación de la Justicia española, no son los únicos, los diferentes informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) advierten de la ausencia de independencia de las fuerzas de seguridad del Estado, la Fiscalía y la judicatura española.
El PNV parece indiferente ante la posibilidad de que EH Bildu inicie acciones judiciales contra sus actividades ilícitas, un desdén que es revelador en el contexto actual. Sin embargo, este despotismo oculta un desprecio aún más profundo y visceral hacia la ciudadanía, un aspecto que, aunque no totalmente evidente en los audios, es innegablemente presente.
Hay que aclarar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 10 consagra “el derecho de toda persona a ser oída, en condiciones de igualdad públicamente y con justicia por un tribunal imparcial e independiente para la determinación de sus derechos u obligaciones”. Los derechos humanos son definidos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas.
La ausencia del derecho a la tutela judicial efectiva conlleva una devaluación de las instituciones, demostrando que las mismas no son necesarias, tal y como afirmaba Ortega y Gasset; el fascismo y cesarismo tienen, como supuesto común, el previo desprestigio de las instituciones.
El desmantelamiento de Osakidetza está impactando severamente en la población, la externalización de servicios no solo compromete los fondos públicos debido a la desorganización y la precarización laboral, sino que también afecta directamente otro derecho fundamental: el derecho a la vida. La salud, intrínsecamente ligada a este derecho, se ve comprometida en un entorno de gestión ineficaz.
El PNV también ha mostrado repetidamente su hostilidad hacia el derecho de huelga y al de manifestación, llegando a minimizar estas acciones como caprichosas o dirigidas personalmente contra el lehendakari. Es necesario recordar que este derecho fundamental está protegido internacionalmente, incluido en el artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Este artículo no solo ampara el derecho de asociación, sino también la acción sindical, como ha sido reiterado en diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La necesidad de implantar modelos que soslayen los derechos de las personas, tanto individuales como colectivos, no es solo una cuestión de rivalidad política, sino una manifestación de su desdén hacia los derechos humanos. Lo que realmente parece perturbar al PNV es la posibilidad de que se establezca un sistema que priorice verdaderamente los derechos y el bienestar de la ciudadanía, sobre sus intereses partidistas y clientelares.
