La imposibilidad o la dificultad generalizada de acceder a una vivienda es un tema que se ha situado en el centro de la agenda política para los próximos años. Y no es que anteriormente no fuera un problema de gran envergadura que también requiriera una intervención pública audaz. El asunto es que el disparate ha evolucionando vertiginosamente hasta el dramatismo, poniendo en evidencia el clamoroso fracaso colectivo de las políticas llevadas a cabo en torno a la vivienda por el conjunto de las instituciones públicas de este país.
Es cierto que en política hay decisiones que pueden tener un efecto inmediato, mientras que otras precisan acompañarse de medidas que hagan cambiar el rumbo de lo realizado hasta entonces, y que no necesariamente tienen un efecto inmediato. Se trata de evaluar la eficacia y la ineficacia de las políticas públicas sobre esta materia. En este sentido, es del todo recomendable el capítulo de Podcast de “Un tema al día”, dirigido por Juanlu Sánchez en este mismo medio, “Vivienda: crítica y autocrítica en un callejón sin salida”.
En este trabajo se analizan aquellas medidas que, lejos de mejorar la accesibilidad de la vivienda, fueron un impulso para su inaccesibilidad. En concreto, explica que las ayudas públicas directas al alquiler supusieron un aumento de los precios por parte de los propietarios. Es como cuando el Gobierno rebaja el IVA del aceite de oliva y consigue, inmediatamente, que se beneficie la cadena de supermercados de turno al incrementar el precio del aceite en idéntica cuantía.
Si las ayudas directas al alquiler hubieran servido siquiera para ganar tiempo mientras otras políticas de intervención hacían su efecto, la ocurrencia tendría un pase. Pero es que parece que esto –las iniciativas de mayor calado que precisan más tiempo para su implantación- ni ha estado ni está en la agenda del Gobierno, y es un hecho muy preocupante porque el de la vivienda es un tema sangrante.
Entre mis múltiples perversiones figura la lectura de ensayos y documentos sobre las más variadas temáticas. Me puede la curiosidad. El otro día –no me pregunten cómo-, cayó en mis manos uno que hacía referencia al “efecto Dunning-Kruger” y me fascinó.
Resulta que los psicólogos David Dunning y Justin Kruger fueron los primeros en describir una distorsión cognitiva (el efecto que lleva los apellidos de ambos) por la cual una persona poco hábil en una tarea consigue sobreestimar sus propias capacidades sobre la misma. Un ejercicio de cuñadismo de tomo y lomo, vamos: personas incompetentes que tienden a sobreestimar sus limitadas capacidades de manera pronunciada. Qué cosas tiene la psicología social.
El tema viene al caso porque durante demasiado tiempo ha habido responsables políticos que, bien sea por arrogancia, por ignorancia o por mal asesoramiento, se han dirigido a la sociedad con una cuestionable autosuficiencia, haciendo ver que sabían lo que decían y que lo que promovían era la solución al problema de la vivienda. Eso sí, sin tocar los cimientos de lo que ha todas luces ha supuesto un negocio para unos pocos y un quebradero económico y vital para muchos. Y aquí estamos, con un panorama desolador.
La actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido capaz de apelar, sin ruborizarse, a la buena voluntad de los caseros para que abaraten el alquiler y hagan más accesible la vivienda. Es que parece de chiste si no fuera un drama. Me ha recordado a la que fuera ministra de trabajo con el PP, Fátima Bañez, cuando agredeció en 2012 la mediación de la Virgen del Rocío para salir de la crisis.
El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora políticamente defenestrado, fue más prosaico el reconocer que el derecho a la vivienda tiene un límite y que se esfuma debido a que una casa “también es un bien de mercado”. Quizá el problema es, precisamente, que sea “un bien de mercado”, ¿no?. No hay que ir muy lejos para ver ejemplos donde la vivienda es un bien regulado desde lo público.
La capital de Austria, Viena, ofrece más de 400.000 viviendas en alquiler a precios asequibles de verdad, muy lejos, sin duda alguna, de los 2.700 euros mensuales por los que consiguieron, presuntamente, un piso en alquiler para la pareja de Ábalos. El actual consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, ha declarado solemnemente que “necesitamos recuperar las viviendas para vivir”. Como declaración de intenciones no suena mal, pero no hay ni concreción ni una línea de políticas audaces.
Hay cosas que no dejan de sorprenderle a uno. Itxaso creó un premio a la Innovación Turística cuando fue diputado foral de Turismo entre 2015 y 2019 y distinguió con el mismo a Aparture (Asociacion de Apartamentos Turísticos de Euskadi). Es decir, el mayor ‘lobby’ de la no regulación del mercado de la vivienda, premiado y glorificado hace unos años por el actual consejero de Vivienda del Gobierno vasco.
En aquel momento –en 2018- Denis Itxaso presumía de que sólo en Donostia Aparture representaba 1.200 viviendas destinadas al turismo, y se refería a la asociación premiada “como factor de modernización económica e innovación y como plataforma de imagen de Gipuzkoa”. De aquellos polvos, estos lodos. Supongo que el consejero socialista reconocerá hoy que 1.200 viviendas destinadadas al alquiler turístico no son “viviendas para vivir”.
Aún hay más. El mes pasado, en este mismo diario, Itxaso afirmó sin despeinarse que “Ya no es posible alquilar un piso por menos de 600 euros en Donostia”. ¿Quiere hacer creer que hace poco existían pisos a ese precio, cuando todos sabemos que es falso? ¿Pero en qué mundo ha vivido todos estos años quien ahora está llamado a afrontar el reto de la vivienda en Euskadi desde el Gobierno vasco?.
Luego, cuando se pretende legislar a nivel estatal para impedir la venta libre de las viviendas protegidas (construidas con el dinero de todas y todos), Itxaso saca pecho porque esto ya no es posible en el País Vasco, pero olvida señalar que se hizo en 2003, en tiempos de Javier Madrazo (Ezker Batua-IU) como consejero vasco de Vivienda.
Entre apelaciones a la Virgen del Rocío, a la voluntad de los caseros y la formulación de frases molonas uno ya no sabe qué pensar, pero los responsables en esta materia deberían centrarse en hacer algo que funcione, al menos a medio-largo plazo, aunque esto suponga pelearse con constructoras, grandes poseedores de viviendas y fondos de inversión. Parece mentira que haya que recordar periódicamente que el derecho a la vivienda está recogido en la propia Constitución de 1978, ésa que no se cumple y que tantos observan como un marco inamovible de supuesta concordia.
Por el momento, el debaje público abierto sobre esta cuestión pone de manifiesto cierto consenso en torno a que el problema de la vivienda no lo arregla el mercado. Ahora sólo falta alcanzar amplios acuerdos que concreten cómo regular este bien y poner medidas concretas más allá de financiar parte del alquiler hasta que tengas 35 años. Palabra de Dunning. ¿O era Kruger?
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