La Soberanía Alimentariaes un paradigma alternativo al actual modelo agro-industrial basado en tres pilares: considerar la alimentación como un Derecho Humano básico, reclamar para todos los pueblos y Estados el derecho a definir sus propias políticas agrícolas, y poner en el centro de éstas políticas a quienes producen los alimentos: agricultores/as, granjeros/as y pescadores/as. El modelo se define por estas características fundamentales:

• La soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación: La Declaración Universalde los Derechos Humanos considera el derecho a la alimentación y al bienestar nutricional como un derecho fundamental. Pero el actual modelo de alimentación no produce los bienes y servicios que necesita la población, sino las mercancías que generan beneficios. Las necesidades humanas básicas, incluida la alimentación, quedan subordinadas a esos beneficios. Con ello la lógica de la vida es subordinada a la producción industrial de alimentos para el mercado mundial.

• La soberanía alimentaria y la producción local: La soberanía alimentaria da prioridad a los productores locales en el acceso al mercado local. Actualmente los precios establecidos en el mercado internacional, producto de la liberación agraria, niegan a los productores locales el acceso a sus propios mercados, y por tanto, violan el derecho a producir, coartando el desarrollo económico local y regional. El nuevo modelo apuesta por la creación de circuitos locales de producción y consumo, donde los/las  agricultores/as pueden vender su producción en las ciudades y pueblos cercanos.

• La soberanía alimentaria y el comercio: El actual modelo ha liberalizado el comercio de alimentos fruto del interés de las transnacionales en expandir sus mercados. Bajo las condiciones de liberalización impuestas por la OMC la agricultura situada en los márgenes de acción de las translaciones ya no es competitiva. Este nuevo modelo exige (a) sacar de la OMC toda negociación relativa a las áreas de producción  comercialización de los alimentos, (b) crear mecanismos genuinamente democráticos para regular el comercio de alimentos que respeten la soberanía alimentaria en cada país, (c) cancelar la obligación de aceptar un 5% del consumo interno y (d) paralizar el dumping (venta por debajo de los costes de producción).

• La soberanía alimentaria y el modelo de producción agroecológico: Mientras el modelo dominante está basado en el monocultivo a gran escala y en el uso intensivo de insumos químicos, con cosechas de productos transgénicos, el modelo de soberanía alimentaria reivindica los conocimientos tradicionales y las prácticas agrarias basadas en la agroecología.

• La soberanía alimentaria y la reforma agraria: La soberanía alimentaria implica la puesta en marcha de procesos radicales de reforma agraria integral adaptados a las condiciones de cada país y de cada región, que permitan a los campesinos un acceso equitativo a los recursos productivos, principalmente tierra, agua, bosque, así como a los medios de producción, financiamiento, capacitación y fortalecimiento de sus capacidades de gestión e interlocución. Dichos procesos de reforma agraria, controlados por las organizaciones campesinas, deben garantizar los derechos individuales de los productores con los colectivos sobre los terrenos de uso común y articulados con políticas agrícolas y comerciales coherentes.

• La soberanía alimentaria y la protección de los recursos naturales: La soberanía alimentaria implica el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales tierra, agua, semillas y razas de animales. Las personas que trabajan la tierra deben de tener el derecho de participar en la gestión sostenible de los recursos naturales y preservar la diversidad biológica. El cuidado por la sostenibilidad exige el rechazo de insumos químicos, monocultivos comerciales  modelos intensivos de producción industrializada, la prohibición a la posibilidad de patentar y comercializar los recursos genéticos.

La situación del agro en EH no ha resultado indemne a los efectos de la globalización liberal. Sus rasgos no distan de la situación del resto de los países de la Unión Europea: precios bajo para el productor, pérdida de empleo agrario, industrialización de la agricultura y fomento de estructuras transformadoras y comerciales que se quedan con todo el margen de beneficio. A continuación se presenta un breve diagnóstico de sus características principales:

• Pérdida de activos agrario: De 1997 a 2003 el conjunto del sector primario de la CAV sufrió una pérdida de empleo del 30% (de 18.950 a 13.120 ocupados), según los datos de la Encuesta de la Población Activa. La afiliación a la Seguridad Social Agraria cayó en el mismo periodo en un 20%. El descenso de los activos agrario tiene su origen en la caída de los precios de los alimentos. Según EHNE, los precios que perciben los baserritarras son los mismos o inferiores a los de hace 20 años, mientras que el precio final al consumo no deja de aumentar.

• Pérdida de capacidad productiva: La pérdida de activos agrarios ha provocado una importante disminución de la capacidad productiva. La llamada “profesionalización” del sector no ha mantenido el volumen de producción. La evolución del sector lácteo es paradigmático. Durante los últimos cinco años Bizkaia ha perdido el 54% de las explotaciones lecheras. A finales del 2006 se contabilizaron solamente 316 explotaciones, cuando hace años se trataba de un sector de numerosa implantación. El descenso en el número de explotaciones ha repercutido en el descenso de empleo directo y en los volúmenes de producción. En 1990 se produjeron en Bizkaia 146,772 millones de litros de leche, en 2004 apenas superaban los 91,2 millones.

• Pérdida de autonomía de los/las baserritarras: El proceso de pérdida de empleo y producción agraria ha ido acompañado por una importante pérdida de autonomía de las explotaciones agrarias. Por una parte cada vez son más los y las baserritarras que ven su producción integrada en grandes estructuras que marcan todas las condiciones tanto del sistema productivo, como de precios, etc. Por otra parte ven limitada su función exclusivamente a la producción. La transformación y la comercialización de los productos agrarios se concentran cada vez más en manos de industrias y grandes estructuras.

• Predominio del modelo de producción intensivo: Salvo algunas excepciones de explotaciones caracterizadas por modelos de explotación tradicionales y extensivos, el modelo de agricultura industrial e intensivo domina el paisaje agrícola de Euskal Herria. De hecho, las explotaciones ganaderas de la CAV y Navarra se encuentran casi totalmente mediatizadas por la política agraria, que en el caso del vacuno y el ovino les hace depender de las ayudas en un contexto de bajos precios, mientras que el porcino sigue sin regulación alguna.

• Transgénicos en Euskal Herria: Euskal Herria al igual que el resto de los países de la Unión Europea no está libre de productos transgénicos. Los productos GM actualmente presentes en la agricultura y en la alimentación han llegado a las semillas, cultivos, piensos y alimentos por dos procesos: (1) la liberación deliberada, previa autorización de acuerdo con la normativa vigente (2) la contaminación, o sea, su liberación bien sea accidental o deliberada, pero ilegal. La liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (GM) está regulada por la Directiva 2001/18/CE. Fruto de esta legislación en el mercado del Estado Español se pueden encontrar lo siguientes productos GM: semillas para cultivar, importaciones para la industria, importaciones para la industria alimentaria o piensos ganaderos y microorganismos como levaduras que se incorporan en alimentos durante su procesamiento. En este sentido, según el sindicato EHNE, en Euskal Herria se han realizado también ensayos en el campo de ingeniería genética agraria. Estos ensayos de campo abierto se han producido en su mayoría sin procedimientos estrictos para evitar problemas como la contaminación transgénica. Los ensayos realizados en Álava y Navarra han sido dirigidos por las empresas Neiker, Centro de Biotecnología de Navarra, ITGA, Petoseed Iberica y Senasa.

• Pérdida de tierra agraria: El problema de la falta de tierra es un condicionante general para el sector agrario de Hego Euskal Herria y supone un serio obstáculo para el desarrollo de una agricultura sostenible. De 1992 a 2002 se perdió un 18,89% de la tierra labrada, siendo brutal la pérdida en superficie de patata (65%), de forrajes (59%) y de producciones hortícolas (43%). Los motivos de esta perdida de tierra son el fuerte abandono de explotaciones sin relevo, la extensión de plantaciones forestales y especialmente el crecimiento de suelo urbano y urbanizable a costa del agrario. Durante esta misma década se ha producido un crecimiento del suelo urbano y urbanizable del 30%. Esta tendencia ha aumentado la presión especulativa sobre la tierra agraria.

El modelo agropecuario actual sigue estrictamente las medidas neoliberales impuestas por la OMC, sin tener en cuenta la importancia básica de la alimentación y la sensibilidad del sector en lo referente a empleo y salud, tanto en el norte como en el sur. El tratamiento de los alimentos y su integración en la economía global no se diferencia, por lo tanto, de cualquier otra mercancía, como los automóviles.

De esta manera, los alimentos, al igual que la producción textil, forman parte de grandes cadenas globales productivas y financieras, controladas por las empresas transnacionales. A su vez, las decisiones sobre estas cadenas y mercados globales se toman en ámbitos multilaterales, no representativos, como la OMC, el FMI, el BM.  La conclusión es que la alimentación ha dejado de ser un derecho para convertirse en una mercancía más.

Sin embargo, la alimentación no siempre ha recibido un tratamiento mercantil por parte de los gobiernos del Norte. Antes, el sector de la  alimentación  estaba celosamente protegido por los gobiernos y sometido un gran intervencionismo público a través de medidas y mecanismos con un carácter proteccionista. En la evolución del tratamiento político de los alimentos hasta llegar a la privatización actual del mercado han influido determinantemente tres episodios: la revolución verde, los programas de ajuste estructural y la creación de la OMC. La filosofía que inspiró el desarrollo de estos episodios prevalece hoy en día y nos ayuda a entender las premisas fundamentales sobre las que se sostiene el modelo actual:

• La revolución verde, el nombre la campaña impulsada por las fundaciones Rockefeller y Ford,  representa el inicio de la expansión a nivel mundial del modelo de producción industrial. Con el objetivo de dar respuesta a la creciente inseguridad alimentaria la revolución verde promovió la agricultura industrial en el Sur. La premisa fundamental que impulsó este programa era la creencia que el aumento de la producción agraria, a través de la distribución de paquetes tecnológicos que incluían semillas, híbridas, fertilizantes, pesticidas y sistemas de riego, reduciría el hambre. Un estudio destinado a analizar todas las investigaciones e informes -más de trescientos en total- publicados sobre la Revolución Verde a lo largo de un periodo de treinta años en todo el mundo-confirma todo lo contrario: primero, la tecnología de la Revolución Verde ha degradado los agroecosistemas del trópico y expone a los campesinos a mayores riesgos ambientales y una mayor vulnerabilidad económica; segundo, el elevado coste de estos insumos ha incrementado la diferencia entre los latifundistas y los campesinos, incapaces de sufragar esta tecnología; tercero, la productividad de las explotaciones ha decrecido a largo plazo debido a la alta dependencia de insumos químicos y la erosión y degradación de los suelos; cuarto, la agrobiodiversidad ha disminuido significativamente; la difusión de variedades híbridas junto con la pérdida de los cultivos locales y la tenencia al monocultivo han reducido la diversidad alimentaria y han aumentado la desnutrición de la población. 

• Los Programas de Ajuste Estructural: La diseminación de la agricultura industrial a nivel mundial ha sido favorecida por los Programas de Ajuste Estructural. Estos programas forzaron a las economías a reestructurar sus modelos económicos mediante la creación de una economía de actitud abierta poniendo atención en el aumento de la producción para la exportación, la liberación del comercio y el incremento de las inversiones extranjeras. Los programas y la reestructuración económica en el sector agrícola  insistieron en la diversificación de las cosechas exportables y la producción de agroexportables no tradicionales a expensas de la producción para el consumo nacional. La agricultura ajustada estructuralmente supuso también el desmantelamiento sistemático de la infraestructura de soporte, programas del estado y mecanismos (como los subsidios y el control de los precios) orientados a apoyar y reforzar los mercados agrícolas domésticos y el sustento de los agricultores. De esta manera, los programas de ajuste estructural ha contribuido a la consolidación del mercado global de alimentos, único e hipercompetitivo, que recibe su impulso definitivo a través de la creación de la OMC.

• La  Organización Mundialdel Comercio(OMC) abre el camino a la desregularización de la agricultura.  Los gobiernos reducen su apoyo doméstico al sector agrícola  y abandonan sus economías a los designios de las grandes corporaciones interesadas en una expansión global de los mercados. La inclusión de la agricultura en los acuerdos de liberación comercial demuestran claramente la intención de gestionar los alimentos de forma análoga a otras industrias.

Estos tres hitos  establecen los fundamentos  y las características fundamentales del actual modelo agropecuario:

1) Control de los alimentos por parte de las transnacionales:

• La liberación del comercio agrícola ha producido olas de consorcios  y adquisiciones entre las compañías agroquímicas, farmacéuticas y de semillas, las corporaciones agroalimentarias y vendedores de alimentos. Las corporaciones poseen el control de todas las fases de las cadenas de alimentación: desde la cadena de producción de alimentos, la entrada de suministros, transporte, procesamiento de alimentos y comercialización. En esencia, la liberación ha permitido que un pequeño grupo de transnacionales tengan el poder para determinar qué alimentos se producen, dónde, por quién y a qué precio. El enorme poder de mercado de las transnacionales hace juego en el poder político. Son las transnacionales las que comercian y no los gobiernos. Los estados y regiones pierden la capacidad de soberanía sobre la alimentación.

• Este proceso ha mermado la autonomía de los campesinos/as. La transformación y la comercialización de los productos agrarios se concentran cada vez más en manos de industrias y grandes estructuras. El resultado es que los y las campesinos/as ven limitada su función a la producción, mientras que la obtención de un mayor valor añadido a través de la transformación y la comercialización queda en manos de la industria. En este escenario, las trasnacionales ejercen un tremendo poder de mercado mientras los agricultores de todo el mundo, norte y sur, enfrentan una severa crisis financiera.

2) Destrucción de la producción y la comercialización local:

• Los métodos de producción, distribución y comercialización locales, que garantizan empleo y generalmente, constituyen una forma de producción más ecológica compiten contra las grandes empresas en una situación de tremenda desigualdad. 

• La liberalización ha incluido el desmantelamiento de los precios asegurados para los productores y la reducción sustancial de los suministros subsidiados. Las crecientes importaciones de alimentos a precios que los campesinos, luchando con el colapso de los programas de apoyo, no pueden corresponder, ha conducido a éstos a abandonar la tierra. En definitiva, los agricultores/as están atrapados en una disyuntiva en la que los márgenes de ganancia encogen a medida que aumentan los costos de los insumos, mientras caen gradualmente los precios agrícolas. Todos estos procesos están acabando con la producción y comercialización local de alimentos.

• La competencia desleal, la alta dependencia de caros insumos agrícolas ha empobrecido a la población campesina obligada a abandonar sus explotaciones. La consecuencia es la proletarización del campesinado o la emigración a las ciudades, donde generalmente tienen dificultades de encontrar un empleo, que no suele ser en el agro ni estable. El coste sanitario, ecológico y social del actual modelo  se ha sentido en todo el mundo. En el norte, las fuertes caídas del empleo agrario no han sido absorbidas por la escasa creación de empleo industrial ni por la importante, pero insuficiente, creación de empleo en el sector de servicios. En el sur donde el sector agrario representa un peso económico mayor, en algunos países el sector agrario pueden absorber entre 80% y el 90% del empleo total, las consecuencias son todavía más sangrantes.

3) Modelo de producción productivista e intensivo:

• El actual modelo de producción intensivo prima la búsqueda del beneficio a corto plazo con el uso masivo de productos químicos que arrasan con los recursos naturales. Por otro lado, para disminuir los costes de producciones se fomenta el monocultivo, que empobrece los suelos y contribuye a la desertificación y a la pérdida de biodiversidad, aumentando a vulnerabilidad de los sistemas a las plagas y enfermedades.

• Bajo esta misma lógica mercantilista, este modelo ha incorporado en las últimas décadas las técnicas de ingeniería genética para abaratar y aumentar la producción de alimentos. Los estudios independientes sobre las aplicaciones genéticas son escasos, a penas llegan a una veintena, pero son unánimes en la denuncia de los riesgos de la ingeniería genética tanto en el medio ambiente como en la salud animal y humana. De acuerdo con estos estudios, no sólo no se han cumplido los objetivos sino que se ha avanzado en la dirección opuesta. El cultivo de transgénicos ha aumentado el empleo de herbicidas e insecticidas y, por consiguiente, el coste de producción. Además, los estudios destacan una relación directa entre los productos transgénicos y la pobreza de los campesinos/as al aumentar su dependencia de caros insumos externos. La dependencia forzosa de los campesinos ha conducido al enriquecimiento de las compañías transnacionales que comercian con semillas transgénicas, herbicidas y fertilizantes.

• Los riesgos de los transgénicos sobre la salud humana son especialmente preocupantes si tenemos en cuenta que un consumidor no puede diferenciar  entre un producto transgénico y uno que no lo es. Según la actual legislación de la UE, los productos que no contienen más de un 0,9% de organismos genéticamente modificados no están obligados a incluir esta información en su etiqueta. El sistema más eficaz y transparente de trazabilidad tampoco podría garantizar la identificación de los alimentos GM ya que las variedades de semillas y alimentos que han sido contaminados por cultivos transgénicos quedarían fuera de su control.

4) Pérdida de Biodiversidad:

• La agrobiodiversidad es la base para la vida de los campesinos/as y para la sostenibilidad ambiental de la regional. La diversidad es un recurso importante para los campesinos que en las últimas décadas se ha visto seriamente amenazada por la concentración de las empresas fitomejoradoras, la ingeniería genética y la posibilidad legal de patentar cualquier conocimiento sobre semillas y métodos de trabajo.

• Lasprácticas tradicionales de recogida y reproducción de semillas han perdido poder y ahora son las empresas fitomejoradoras las que asumen la mayor parte de la oferta de semillas a nivel mundial.

• Las empresas fitomejoradoras han ejercido una creciente presión sobre sus clientes (fundamentalmente la población agraria) para poder aumentar los beneficios económicos de su trabajo, mediante la privatización y la venta en exclusiva de las variedades agrarias. La privatización a través de patentes ha permitido a las empresas controlar los derechos de venta, multiplicación e investigación de las semillas. Su objetivo final es que todas las comunidades y explotaciones agrarias en todo el planeta compren cada año las semillas que necesitan, divorciando totalmente el trabajo de cultivar del trabajo de guardar y/o multiplicar  o mejorar variedades.

• El método de esterilización, a través de la modificación genética, de semillas y plantas ha redundando en la disminución de la biodiversidad. Mediante estas tecnologías se restringe totalmente la posibilidad de guardar las semillas obligando a la población agraria a comprar semillas para los cultivos de cada año. 

La soberanía alimentaria es un paradigma alternativo al actual modelo agro-industrial basado en tres pilares: considerar la alimentación como un derecho humano básico;  reclamar para todos los pueblos y estados el derecho a definir sus propias políticas agrícolas;  y poner en el centro de éstas políticas a quienes producen los alimentos: agricultores/as, granjeros/as y pescadores/as, así como a las personas consumidoras.

A partir de esta definición, establecemos tres ejes prioritarios de actuación: uno, definiendo a la alimentación como derecho, no como mercancía, para lo cual confrontaremos el modelo de soberanía alimentaria con el agroindustrial, actualmente vigente en el mundo y, por supuesto, en Euskal Herria; dos, estableceremos propuestas concretas para el apoyo a los sujetos fundamentales: las economías campesinas; tres, definiremos una serie de iniciativas para el control social y público de los bienes naturales –agua, biodiversidad, tierra, etc.-.

En este eje consideramos que se han desarrollado algunos elementos fundamentales para la agenda de esta nueva fuerza política. Tenemos necesariamente que comenzar hablando de la situación de desigualdad de las mujeres en el mercado laboral, ya que nuestra inserción en éste está caracterizada por una alta precariedad, además de por una alta segregación vertical y horizontal. En este sentido, las mujeres nos concentramos en los puestos de menor responsabilidad, menor remuneración, más inestabilidad, menores posibilidades de promoción, etc., y además en los sectores tradicionalmente femeninos (vinculados a lo social, a los cuidados, servicios…en los cuales hay mayores tasas de desempleo, más contratación temporal, etc…).

De esta manera, nuestra inserción en el mercado de trabajo siempre ha sido en desigualdad de condiciones con respecto a los hombres. Se puede decir, relacionado con el momento actual, que hemos estado en una constante situación de crisis. No vamos a detenernos en reflexionar por qué la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo responde a estas características, pero si tenemos que plantear que la división sexual-genérica del trabajo explica en gran medida esto.

Como organización de izquierda deberíamos redefinir este binomio, y promover un nuevo contrato social. Debemos apostarles al desarrollo de un nuevo acuerdo entre hombres y mujeres, que esté basado en la corresponsabilidad, y no en la auxiliaridad de unas en relación a los otros. Este nuevo acuerdo debe permitirnos compartir el trabajo asalariado, las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas dependientes. Debe permitirnos compartir el poder y la toma de decisiones, en definitiva, compartir la vida. El impulso de este nuevo contrato corresponde a mujeres y hombres.

Apostamos por un modelo de economía del cuidado, obligándonos, en primer término, a redefinir estos dos ámbitos -trabajo productivo y reproductivo-, tradicionalmente vinculados a la figura de hombre trabajador/mujer cuidadora. El modelo de trabajador hombre sin responsabilidades familiares no debe ser la referencia del mercado de trabajo; ni tampoco el de mujer dedicada al cuidado como única referencia de la esfera reproductiva. Además debemos valorar todo el trabajo no remunerado tradicionalmente realizado por mujeres y tomarlo en cuenta en las estadísticas oficiales.

Apostamos como decíamos por el concepto de corresponsabilidad: el derecho al cuidado es un asunto de todas las personas, hombres y mujeres, y del Estado que debe garantizarlo. Se ve necesaria la universalización de los cuidados, que todas las personas puedan acceder a ellos sin depender de factores como la renta, el lugar de procedencia, etc. Debemos exigir al Estado que invierta los recursos necesarios para garantizar esto, sobre todo en el momento actual de crisis en el que nos encontramos.

Debemos exigir un sistema público de atención a la dependencia de calidad, y nos sumamos a las críticas que los diferentes grupos feministas realizan a la Ley de Dependencia, por ser insuficiente para dar respuesta a las necesidades planteadas y por carecer desde sus planteamientos iniciales y su puesta en marcha de una perspectiva feminista que promueva la superación de la “obligatoriedad” del cuidado para las mujeres.

Debemos prestar especial atención a la situación de las personas que se dedican al cuidado, mayoritariamente mujeres y prestar especial atención a la situación de las trabajadoras del hogar y a la de las mujeres inmigrantes.

Consideramos fundamental el impulso de modelos coeducativos en las escuelas, en los cuales se promueva la autonomía individual de niños y niñas, para poder ir desarrollando conocimientos para el cuidado y el autocuidado, y que estos dejen de ser asuntos exclusivamente de mujeres.

Para llevar a cabo esta articulación deben tenerse en cuenta las siguientes pautas:

• Es importante definir una postura propia respecto al proyecto de construcción europea, optando por la refundación de la UE. Apesar del rechazo que genera la deriva neoliberal, los intereses de las élites financieras han ido imponiendo su agenda por lo que es necesario establecer una alianza estructural y permanente con las fuerzas políticas que tiene como objetivo la refundación de la UE, con un programa común.

• Este programa debería proponer un modelo de construcción europea, basada en el federalismo, el socialismo y la participación democrática. El proyecto europeo, tanto en su vertiente interna como externa debe estar basado en la ciudadanía universal y los derechos humanos.

• Tal como se ha mencionado anteriormente, la articulación debe llevarse a cabo con organizaciones políticas, en base a agendas políticas consensuadas, iniciativas conjuntas y la propuesta de alternativas. Es importante subrayar la unidad de acción debe basarse en agendas que sean multidimensionales, de forma que recojan todos los aspectos que son irrenunciables para Alternatiba -sus claves- y que la articulación no conlleve la renuncia a la nueva cultura organizativa democrática que Alternatiba promueve. La Conferencia de la Izquierda Anticapitalista Europea, de la que forman parte varios partidos políticos europeos, parece un socio lógico y natural en esta articulación.

• No debería descartarse la coordinación con los movimientos que participan en el Foro Social Europeo o con otros movimientos internacionales que puedan tener en sus agendas cuestiones relacionadas con la UE, como por ejemplo la Vía Campesina respecto a la PAC o los EPA. Los movimientos sociales pueden aportar análisis interesantes que nutran la agenda política de Alternatiba y las fuerzas políticas aliadas.

La orientación neoliberal y securitaria ha producido el rechazo de buena parte de la población europea. Sin embargo estas posturas son variadas y propugnan desde la reforma hasta la deconstrucción, pasando por la refundación del proyecto comunitario.

La izquierda representada en el europarlamento considera que es necesaria “más Europa” para poder conseguir una Europa social, sin que los estados nación se debiliten, ya que son éstos quienes pueden plantar cara al capital y estiman que en el marco nacional es donde fundamentalmente se desarrolla la vida política, social y la lucha de clases.

Las fuerzas políticas anticapitalistas, por su parte, consideran que es necesaria la refundación de Europa, desde una perspectiva federal, para que ésta pueda alcanzar un contenido social, ambiental y democrático radical.

Por último, otras propuestas propugnan la deconstrucción de Europa y, a diferencia de las anteriores, rechazan la construcción de estructuras políticas supra-estatales, ya que estiman que inevitablemente se alejarán de la ciudadanía y resultarán de difícil control democrático, siendo por lo tanto más permeables a los intereses de las estructuras de poder económico y financiero.

La diversidad de los pueblos europeos impide configurar una identidad europea basada en la cultura o la religión, por lo que ha menudo se ha considerado que lo significativo de esta identidad estaba ligado a ciertos valores: el modelo social europeo, la defensa de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, la tolerancia, la solidaridad la igualdad entre hombres y mujeres, el estado de derecho, etc.

Sin entrar a valorar el carácter eurocéntrico de esta consideración, lo que queda claro es que la agenda neoliberal del proyecto europeo contradice esta identidad y se produce la paradoja de querer asegurar la viabilidad de este modelo desmontándolo. En fin, que más bien parece el intento de crear una identidad común europea basada en la asunción por parte de la población europea de la lógica del mercado y el miedo “al otro”, ejemplificado en la “Europa Fortaleza”.

La construcción europea padece una creciente falta de legitimidad. Hasta mediados de los ochenta, la existencia del estado de bienestar configuraba un capitalismo de rostro humano caracterizado por una situación de pleno empleo, que aunque excluía en gran medida a las mujeres del mercado de trabajo, permitía al proyecto de integración europea gozar de una relativa buena imagen. En cambio, a partir del giro neoliberal y de la asunción por parte de Bruselas de competencias que se han utilizado para desmontar el estado social, el rechazo ciudadano ha ido en aumento. Además, la ausencia de un imaginario común europeo se ha intentado superar fomentado el miedo al otro, interior y exterior y presentando a la ciudadanía la construcción europea como la mejor garantía para la seguridad interna y externa, con el fin de ganar legitimidad.

La imagen de policía bueno de la globalización de la UE se resquebraja a medida que se intenta perfilar un mayor poder político-militar para imponer los intereses económicos de la Unión en el mundo, acceder a los recursos naturales periféricos y cimentar la confianza monetaria y financiera. Como esta deriva militarista es rechazada por la población europea, se intenta vender a la imagen de un “poder blando”, basado en razones humanitarias, para aumentar su aceptación.

Por otra parte, el déficit democrático de las instituciones europeas se acentúa: si los dirigentes comunitarios valoraban como un gran avance democratizador el hecho de que la Constitución Europea se sometiera a referéndum y se hubiese elaborado a través del método de la Convención -formalmente participativo-, ante el fracaso de la misma no han dudado en volver al sistema de las opacas conferencias intergubernamentales para formular el Tratado de Lisboa. Y tras el triunfo del “no” en el referéndum irlandés, se prevé la celebración de uno nuevo, hasta conseguir que el “sí” venza.

Ante este panorama, no es de extrañar que la ciudadanía europea se sienta cada vez más alejada del proceso de construcción europea y surja la pregunta sobre cual es, en definitiva, la identidad sobre la que se está construyendo este proceso.

El giro neoliberal del proyecto europeo comienza tras las crisis económicas y energéticas de los setenta y principios de los ochenta, cuando las élites financieras y las principales empresas transnacionales reclaman a Bruselas la instauración de un mercado y moneda única en la línea de la globalización neoliberal preconizada por EEUU y Gran Bretaña. En los años noventa la deriva neoliberal progresa y se intensifica sobre todo a partir de la Estrategia de Lisboa del año 2000. Se produce así un crecimiento económico que genera unas desigualdades sociales y territoriales crecientes, en una Europa dominada por grandes regiones metropolitanas, cada vez más multiculturales y en las que aumentan los conflictos con la población extracomunitaria frente a las periferias rurales cada vez más deshabitadas y en las que las actividades agropecuarias son controladas por las grandes agroindustrias.

Por otra parte, las élites financieras y empresariales europeas, siguiendo el modelo  estadounidense de respaldar la fortaleza de su moneda nacional en la hegemonía política y militar, planean configurar un poder político y militar que respalde el euro a través de un doble proceso de profundización y ampliación del proyecto europeo. La profundización, consistente en la cesión por parte de los estados de sus competencias en materia de política exterior, seguridad, justicia e interior, se veía impedida por los ingreses nacionales divergentes y el derecho de veto. La ampliación, por su parte,  se basa en el aumento del mercado y en la posibilidad de beneficiarse de mano de obra cualificada y barata. Ambos procesos se han llevado a cabo de forma simultánea y la entrada de los nuevos países ha ido acompañada por la pérdida del derecho de veto por parte de los estados miembros y el establecimiento de nuevos procedimientos para la toma de decisiones.

Las consecuencias de las deriva neoliberal en la construcción europea son intensas, pero cabe destacar sus efectos en tres ámbitos: la política comercial comunitaria, los derechos sociales y la política europea de inmigración y asilo.

Respecto a la política comercial, desde el estancamiento de las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC, la UE ha apostado por la vía bilateral mediante el impulso de los Acuerdos de Asociación Económica (EPA en inglés), destinados a consolidar las reglas de inversión favorables a las empresas transnacionales europeas, liberalizando el acceso a recursos, condicionando compras públicas y rebajando estándares medioambientales y laborales. Desde la UE se argumenta que estos acuerdos son entre socios y que están basados en la cooperación y participación, pero el eje principal de los mismos es la reducción arancelaria y la asimetría comercial entre las partes los convierte en la práctica en una imposición. La eliminación de las tarifas arancelarias impide financiar el desarrollo social de los países empobrecidos y los acuerdos obligan a respetar los derechos de propiedad intelectual, lo que impide a estos países, por ejemplo, la importación de medicamentos genéricos. Además, estos acuerdos han contribuido a reforzar simbólica y políticamente la credibilidad de algunos regímenes autoritarios, al convertirlos en “socios” de la UE, obviando la situación de los derechos humanos.

En cuanto a los derechos sociales, las políticas de la UE tienden a reducir los sistemas de protección social. La agenda de Lisboa propone una modernización basada en modelos económicos liberales, cuyo fundamento es la reducción del gasto público. Además, la apuesta por la liberalización de los mercados a nivel continental ha provocado una progresiva privatización de las principales empresas públicas. Las instituciones comunitarias han promovido una modernización del Derecho del Trabajo basada en el complejo concepto de flexiseguridad, que pretende aunar la flexibilidad –precariedad- y seguridad. La idea es conjugar una mayor flexibilidad del trabajo -contratos más versátiles y más facilidad para despedir-  con una mayor seguridad social -subsidio de paro más alto, más formación y ayudas estatales al empleo-. Es, por lo tanto, una política con dos vertientes potenciales: el aumento de la precariedad y la posibilidad de reforzar el estado de bienestar. El riesgo evidente es que el modelo se aplique de forma desequilibrada, adoptando algunas medidas de seguridad social que sólo sirvan para justificar un posterior aumento de la precariedad laboral. Este modelo, nacido en Dinamarca, sólo es sostenible en contextos de impuestos elevados y escaso fraude fiscal, pero es muy dudoso que pueda ampliarse a toda la Unión Europea. Ejemplos concretos de la lógica liberal en la materia los encontramos en la directiva de las 65  horas semanales o la contestada Directiva Bolkenstein.

En lo relativo a la inmigración, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo apuesta por la inmigración escogida; es decir, la entrada de recursos humanos cualificados de países no comunitarios cerrando las puertas al resto de aspirantes a emigrar. Esta concepción utilitarista, en función exclusivamente del interés propio de la UE y de las necesidades de su mercado laboral supone un grave perjuicio para los países empobrecidos. Otra medidas destacables son la expulsión de las personas sin permiso de residencia, coordinando vuelos conjuntos y cerrando la vía a las regularizaciones colectivas, el establecimiento de una visa biométrica o el reforzamiento de la agencia europea de control de fronteras. Además las expulsiones podrán realizarse a los países de tránsito y no a los de origen y se establecen limitaciones a la reagrupación familiar, en contradicción con lo establecido en los pactos internacionales para la protección de la vida familiar. La directiva de expulsión permite el encierro de las personas inmigrantes irregulares durante 18 meses por orden administrativa hasta su expulsión, el encierro de menores y la prohibición de regreso a Europa durante cinco años.

Respecto a la armonización de las políticas de asilo, prevista para 2012, se teme que su definición se realice en el marco descrito de gestión restrictiva de la inmigración, control de fronteras y criterios de persecución de las personas indocumentadas y existen serias dudas sobre cómo se va a respetar el derecho de asilo si no se permite a los solicitantes que se puedan acercar a la fronteras debido a la política de externalización de la inmigración a los países vecinos de la UE.