La mesa internacionalista ha priorizado la construcción de alianzas en el marco de la Unión Europea, en base a organizaciones políticas que, más que estar adscritas a una o otra ideología, compartan parámetros comunes en torno al nuevo paradigma en construcción. Por otro lado, también se ha visto necesario el avanzar hacia la construcción de una nueva internacional, como estrategia de lucha en el ámbito mundial, que tenga una estrecha relación con los movimientos sociales alternativos. Finalmente, queda como debate sin cerrar la pertinencia o no de la apuesta por organismos supra-estatales mundiales con mayor recorrido y alcance democrático que los actuales, y con capacidad de actuación en asuntos globales.

La propuesta para debatir en la mesa comprendía tres líneas de trabajo:

• Construcción de un gobierno socialista mundial
• Construcción de una nueva internacional socialista
• Construcción de una articulación de organizaciones socialistas europeas

Finalmente, los debates y aportaciones se han centrado en el eje europeo, debido a que es este ámbito geográfico en el que se sitúa Alternatiba, pero sin que ello suponga una desestimación de los otros dos ejes, que constituyen aspiraciones a las que creemos que no se puede renunciar y en las que será posible ir avanzando en la medida que se progrese en el ámbito europeo.

Además, se ha debatido también sobre unos principios generales que consideramos deben guiar la actuación de Alternatiba en el ámbito del internacionalismo, siendo el punto de partida y elementos transversales de cualquier actuación en este ámbito.

En lo relativo al eje europeo, hemos partido de una análisis del modelo actual de la UE, que se caracteriza por el rechazo a la actual propuesta europea, caracterizada por la deriva neoliberal y el déficit democrático. Ante esta situación es necesario refundar Europa en clave socialista, sobre nuevas premisas e ideas, en línea con la construcción de una alternativa socialista radical para el sistema-mundo actual que preconiza Alternatiba. Para conseguirlo, la vía es la articulación con organizaciones socialistas en el ámbito europeo.

De esta manera, y antes de analizar nuestro rechazo de la actual construcción europea, así como de nuestra propuesta de una Europa defensora de los derechos de personas y pueblos, partimos de una serie de principios y premisas básicas:

• Un internacionalismo de pueblos y culturas, nacido de la iniciativa de los individuos y los pueblos, que no se agota en el concepto de Estado-nación. Éste no debe ser el marco delimitador ni de los sujetos que desarrollen el internacionalismo ni de las causas o actuaciones que se abanderen.

• El internacionalismo debe estar basado en el respeto de los derechos humanos, entendidos como un conjunto universal e indivisible, que abarca las tres generaciones de derechos humanos y tiene carácter omnicomprensivo y universal.

• La idea de ciudadanía universal es la piedra angular sobre la que descansa la concepción del ser humano de Alternatiba. Esta idea implica que todas las personas son sujetos de derechos y de responsabilidades en base a su condición humana. Por lo tanto, no pueden ser privadas de ninguno de sus derechos en función de su lugar de origen, raza, sexo, etnia o nacionalidad y todas las personas somos responsables de asegurar el disfrute de todos los derechos por parte de todos los seres humanos.

• Siendo Alternatiba una organización política, su actividad internacionalista pivotará sobre la articulación con otras organizaciones políticas, sin perjuicio de que se puedan considerar la coordinación con los movimientos sociales u otro tipo de iniciativas, pero su unidad de acción priorizará las fuerzas de carácter político.  

Los fundamentos básicos del modelo estadounidense están puestos en cuestión por la crisis financiera: el doble déficit, comercial en el exterior y de ahorro en el interior. En los dos casos, los mercados financieros gestionan esos desequilibrios, pero si éstos se desinflan, las bases de ese modo de crecimiento desaparecen, el endeudamiento de las familias queda bloqueado y no se garantizan las entradas de capitales del resto del mundo (lo que está ya ocurriendo con China). Por consiguiente, la crisis financiera va a dar lugar a una desaceleración duradera del crecimiento en los Estados Unidos, que va a trasladarse al resto del mundo. K. Schmidt-Hebbel, economista-jefe de la OCDE declaraba el 4 de marzo que “está materializándose el peor de los escenarios” y que esta crisis es la peor desde la de 1929.

El tiempo necesario para salir de la crisis es proporcional a la enormidad de las sumas consagradas al salvamento del sector financiero, que van a dar lugar a déficits públicos del doble de lo que supongan sobre el PIB.

La salida va a estar marcada por la lucha entre los grandes países para trasladar sus efectos sobre otros. En el terreno social implica una presión aumentada del capital contra los salarios y el gasto público social. A nivel internacional, la guerra económica y comercial entre grandes potencias toma una amplitud nueva (ver Sarkozy-Merkel en el G-20) y engendra una tendencia al fraccionamiento de la economía mundial. La contracción de la economía mundial está fomentando el proteccionismo, que se expresa de variadas formas, que incluyen desde las declaraciones de los gobiernos de los Estados Unidos y del Estado español a “comprar americano” y “comprar español” a las ayudas de los gobiernos europeos a sus sectores industriales.  Las contradicciones internas en la UE han impedido la puesta en marcha de un plan coordinado europeo y, en la práctica, el Pacto de Estabilidad, ha sido dejado de lado. Los planes de salvamento bancario  mediante fondos y garantías públicas han favorecido reestructuraciones y  concentraciones bancarias contrarias a la normativa comunitaria que prohíbe las ayudas de Estado y conceden a los bancos de los países ricos grandes ventajas sobre los de los países del sur. La OCDE ha indicado que el Gobierno español es el país de la OCDE ha dedicado más dinero a subsidiar las empresas nacionales (el 0,7% del PIB, frente al 0,5% de Eslovaquia y Corea-, lo que muestra el proteccionismo, en la mayoría de los casos contra países pobres, de los liberales españoles): De los 256 casos a examen de ayudas ilegales de los Estados a las empresas que estudia la Comisión Europea, 48 corresponden al Estado Español. El movimiento obrero debe negarse a disputar parte de mercado contra otros trabajadores. La defensa del proteccionismo, en  el marco de la economía de mercado, favorece el desarrollo de la xenofobia y de las guerras comerciales (y las guerras sin adjetivo). La alternativa no es el mantenimiento de la expansión internacional que defiende la orientación neoliberal sino en la abolición del capital y su sustitución por una planificación de la economía mundial basada en la cooperación y la solidaridad entre los pueblos basada en la satisfacción de las necesidades, especialmente de las poblaciones más pobres, y en la supervivencia de los recursos naturales a escala planetaria.

Salida Keynesiana.La ausencia de coordinación de los planes de relanzamiento europeos muestra que cada estado tira cada uno para si. La crisis va a ser el pretexto para un bloqueo salarial reforzado, con la esperanza de mantener la actividad por una competitividad aumentada. Todas las taras de la Europa neoliberal se muestran al desnudo: sin política de cambio, sin presupuesto y con la prohibición de emitir préstamos al BCE. Pero fundamentalmente la cuestión es política: para regular al capitalismo sería necesario un nivel de enfrentamiento que los nuevos regulacionistas no asumen.

Algunas voces avanzan la alternativa de un “capitalismo verde” como salida de la crisis. Aunque teóricamente es posible, en la práctica la transición hacia un capitalismo verde desde un capitalismo realmente existente, basado en el 80% en recursos fósiles es incompatible con las exigencias de lucha contra el cambio climático. La política de relanzamiento económico, en el actual marco, acrecentará las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que la reorganización ecológica de la economía mundial exige coordinación y normas internacionales y orientaciones a largo plazo, las leyes de la competencia y del mercado empujan  hacia la maximización del beneficio a corto plazo. Para cumplir con el convenio de Kioto la Unión Europea ha optado por  recurrir a los mecanismos de mercado, como la creación de mercados de emisión: un mercado del que han sido excluidos los sectores industriales más expuestos a la competencia internacional, reduciendo así su eficacia.

La alternativa anticapitalista.La extensión y duración de la actual crisis del capitalismo evidencia la necesidad y posibilidad de un programa de acción anticapitalista que incluya elementos tales como:

– El reparto de la riqueza, revirtiendo la tendencia de las últimas décadas de reducción de la parte salarial.

– La reconversión ecológica de la economía, asegurando la gestión pública y participativa de los recursos naturales y desarrollando trabajos públicos para las economías de energía, energías renovables, transportes en común, vivienda social…

– El desarrollo de los servicios públicos, paralizando y revirtiendo todos .los proceso de privatización y extendiendo el empleo en los servicios públicos  y sociales (atención a la infancia  y las personas dependientes, guarderías, etc.).

– La creación de un servicio público bancario bajo control social, nacionalización de la banca, acabando con los paraísos fiscales.

– Instaurando la prohibición de los despidos y procediendo a una reducción radical del tiempo de trabajo con mantenimiento de salarios, que permita el reparto del mismo entre  todas las personas asalariadas, precarias y paradas.

Según un reciente informe de la OIT, la mayor parte de los países de la Unión Europea ha gastado, proporcionalmente, más que los Estados Unidos, en el “salvamento” de la banca: desde un 28,6% del PIB en Gran Bretaña, hasta el 14,3% en el Estado Español, frente a un 5,1% de los Estados Unidos.  En lo que han gastado menos los países de la UE es en las intervenciones públicas para la creación de empleo mediante la inversión en infraestructura y en servicios públicos y sociales, tales como educación, sanidad, servicios sociales, etc. Frente a un gasto de este tipo del 5,6% del PIB en Estados Unidos, Alemania ha invertido un 2,8%, Gran Bretaña el 1,3%, Francia el 1,1% y el Estado Español, sólo el 0,8%. La Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, cuyo gasto en protección social es inferior incluso al del Estado Español, no ha mejorado ese reducido gasto.

Además, en la medida que de los 25 millones de personas paradas que la OCDE prevé alcanzarán las 28 economías más desarrolladas del mundo, más de cuatro millones –según la OCDE, ya que otras previsiones hablan de cinco o incluso de seis millones- corresponderán al Estado Español, tendrá lugar un gran aumento del gasto de desempleo. Por ahora se mantiene el nivel de las prestaciones de desempleo e incluso han aumentado en algunos supuestos por el RD Ley de febrero de 2008 que prevé que se pone el contador a cero cuando, en determinados supuestos, las extinciones de contratos hayan venido precedidas de suspensiones de contratos.      

La crisis social.La recesión global desarrollada durante el 2008 se está convirtiendo en una depresión global en el 2009, caracterizada por grandes caídas productivas y el aumento del desempleo en los países centrales y en la mayor parte de la periferia del mundo. La lluvia de millonesconcedida los mercados financieros y no financieros de los países ricos no consigue frenar la bajada.  Esa tendencia está aumentando y el crecimiento del paro se ha acelerado. Sólo en tres meses, había un millón de nuevos desempleados en los Estados Unidos. En el Estado español, el paro ha crecido vertiginosamente y, oficialmente, se espera que llegue al 18% a finales de 2009, aunque la Comisión Europea prevé una tasa de paro del 21,4% en el 2010. En la CAPV, aunque las cifras proporcionadas por el servicio vasco de estadística no tienen ninguna credibilidad, el desempleo habría aumentado el 67% en el primer trimestre de 2009.

En la última década, la economía española ha tenido una tasa de crecimiento del 3,6% anual, superior a la media europea, habiéndose creado unos seis millones de puestos de trabajo, la cifra más elevada de la zona euro. Sin embargo, el peso de la masa salarial de los trabajadores en el PIB se ha reducido del 72% en 1992 al 62% en el 2005, a pesar de que se ha pasado de 14 millones de personas trabajadoras en 1991 a 20 millones en el 2008, lo que significa que la reducción salarial por persona ha sido tremenda. Así pues, el crecimiento económico no ha dado lugar a un aumento de las remuneraciones salariales sino a las del capital. Por ejemplo, el Presidente del BBVA ha venido cobrando 20 millones de euros anuales, lo que no le impidió solicitar moderación salarial y que el despido fuera más barato, llegando incluso a decir que las pensiones eran demasiado elevadas y que era necesario reducirlas y ello  mientras él dispone de un Plan de Pensiones con un fondo acumulado de más de 60 millones de euros. Los directivos de las grandes entidades financieras, que se han enriquecido espectacularmente y cuya gestión ha conducto al desastre financiero y social actual, mantienen sus ingresos blindados ante la crisis. Por ejemplo, en 2007, los sueldos de los Presidentes ejecutivos de las 16 entidades financieras sumaron 334 millones de dólares, un 30% más que en 2005. Estas mismas compañías han despedido en 2007-8 a 80.236 empleados. En el Estado Español, los sueldos de los consejeros de los 15 mayores bancos sumaron 115,7 millones de euros en 2008. El 75% de las empresas del IBEX 35 tiene blindada a su cúpula directiva, es decir, 284 altos directivos disfrutan de cláusulas de garantía según las cuales cobrarían entre 2 y 5 anualidades en caso de despido.

Si esas cifras no son mayores aún se debe a las transferencias debidas a las pensiones públicas, que era reconocido por un  Informe de 2006 de la Comisión Europea que constataba que uno de los grandes éxitos de la política social del siglo XX ha consistido en que gracias a las pensiones públicas –las que FG pretende que se reduzcan- el envejecimiento ya no es sinónimo de pobreza o de dependencia de las personas mayores respecto a las ayudas que les aporten sus hijos. En la generalidad de los países de la Unión Europea las pensiones de la Seguridad Social constituyen la principal fuente de ingresos de las personas mayores, por lo que la pobreza y la desigualdad entre las mismas depende de la mayor o menor generosidad de los sistemas de pensiones. Según otro informe basado en la base de datos internacionales del Luxembourg Income Study (LIS),  las personas mayores de 65 años no disponen de ingresos suficientes provenientes de fuentes privadas para salir de la pobreza, alcanzando las tasas de pobreza antes de transferencia que en muchos casos superan el 90% (el 92,7% en el caso del Estado Español).

Durante los años ochenta y noventa los gobiernos de la mayoría de los países eliminaron las reglamentaciones sobre el crédito, permitiendo que los bancos se dedicasen a otras tareas que a los depósitos y créditos (bancos de inversión) y organizando la liberalización de los mercados internacionales de capitales y la des-reglamentación de los mercados de acciones. Se impulsan mercados financieros nuevos y se incorporan algunos países empobrecidos, los llamados mercados emergentes: Brasil, China, Rusia, India, etc., a la dinámica mundial de las finanzas, constituyéndose así en nuevos espacios de negocio para el capital financiero internacional.

El enorme crecimiento del negocio financiero se desconecta de la economía productiva. Sin embargo, esa acumulación de capital ficticio tiene límites, ya que hay lo que algunos llaman nudos de conversión entre la esfera financiera y la esfera real: una economía que crece al 2% o al 3% no puede proporcionar un rendimiento universal del 15%. Los beneficios derivados de la compra-venta especulativa de divisas, acciones, etc., acaban por desinflarse cuando quienes las compran a precios inflados se hacen conscientes que la desconexión con el valor real es tal que no seguirá siendo posible seguir vendiendo a precios muy elevados. Por eso, antes o después, todas las burbujas financieras estallan y los precios vuelven a conectarse con el valor real que incorporan las mercancías objeto de esa especulación y los valores especulativos desaparecen.

Esas burbujas no se basan sólo en ilusiones de especuladores codiciosos sino que están alimentadas por la creación permanente de capitales libres. La primera fuente es el crecimiento de las ganancias no acumuladas, que resulta de un doble movimiento: el retroceso generalizado de los salarios y, por otra parte, del estancamiento o retroceso de  la tasa de acumulación a pesar del restablecimiento de la tasa de ganancia. La tasa de ganancia y la de acumulación evolucionaban paralelamente hasta inicios de los ochenta pero después comenzaron a divergir. Los mercados financieros sirven para esa compensación, a través de 3 vías. La primera es el consumo de los poseedores de rentas financieras o rentistas, una parte de la plusvalía va a esos rentistas. De esta forma el modelo da lugar a un aumento de las desigualdades. La segunda es la introducción de una confusión entre salarios y rentas: una parte creciente de la renta de las personas asalariadas toma la forma de remuneraciones financieras, que son más una distribución de plusvalía que un verdadero salario. La tercera consiste en el desarrollo enorme del endeudamiento de los hogares, cuyo consumo aumenta no por la elevación de los salarios sino por la bajada del ahorro.

La transmisión de la crisis financiera a la economía real circula por varios canales, cuya importancia varía según los países:

• La contracción del crédito juega un papel importante en la difusión de la crisis financiera

• La caída de las cotizaciones bursátiles incita a consumir menos.

• La incertidumbre generalizada que influye sobre el consumo y la inversión. Ante el miedo al empeoramiento de la situación está aumentando el ahorro personal de quien puede hacerlo, lo que da lugar a un círculo recesivo de caída del consumo, la producción y la inversión. Sin embargo, está teniendo lugar un empobrecimiento de la mayoría de la población que combina las pérdidas de riquezas ilusorias en dinero virtual sobre todo por la caída en precio de la vivienda y también de las cantidades invertidas en acciones y planes de pensiones (el llamado “efecto riqueza”), con pérdidas reales de trabajo, sueldos y viviendas. Así, la tasa de morosidad de los préstamos personales concedidos por los establecimientos financieros se dobló en 2008 en relación con el 2007.

• La crisis inmobiliaria que repercute más fuerte en los países, como el Estado Español, en los que la actividad de construcción suponía una elevada parte sobre el PIB y el empleo. Su elevada utilización de mano de obra explica el aumento del desempleo, mayor que el de reducción del PIB

• La transmisión de la depresión  al conjunto de la economía mundial a través del comercio y las inversiones.

Los sindicatos son instrumentos fundamentales para la defensa de las trabajadoras y trabajadores, para frenar las continuas ansias del capital y de sus defensores políticos y para contribuir a un cambio social que nos haga avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Sin embargo, para que puedan cumplir esta función los sindicatos deben ser autónomos de los gobiernos, de las patronales y también de los partidos políticos, ser económicamente autosuficientes, de manera que sólo tengan que responder a los intereses de las personas trabajadoras.

Debemos impulsar la presencia sindical en todos los sectores donde la precariedad extrema dificulta la defensa de los derechos de las personas trabajadoras. Para ello debemos exigir la represión incluso penal de las conductas antisindicales de los empresarios, además de luchar contra la precariedad en todos los ámbitos de la vida laboral.

Debemos impulsar una acción unitaria de los sindicatos en la lucha por una mejora de las condiciones de trabajo y de empleo y en la defensa de los derechos laborales y sociales. La división sindical endémica que padecemos en Euskal Herria es un obstáculo para hacer frente a la patronal y a las administraciones neoliberales. Ante cada problema y cada actuación concreta se debe buscar el máximo grado de unidad posible entre los distintos sindicatos, sin vetos ni exclusiones. La respuesta a la crisis económica y a las muertes en el trabajo son dos aspectos en los que esta acción unitaria es tan necesaria como urgente.

Constatando la dificultad de las direcciones sindicales para alcanzar acuerdos, Alternatiba se plantea impulsar movimientos de base, de carácter abierto, unitario y con planteamientos no excluyentes que potencien respuestas amplias y unitarias a los problemas planteados.

Ante los avances neoliberales hoy en día tan en boga que proponen desfiscalizar las rentas, es decir, bajar e incluso eliminar algunos impuestos directos, desde Alternatiba reivindicamos que las dos funciones que tienen los impuestos, recaudación y distribución, son inseparables. Unos servicios sociales de calidad, es decir justos y que lleguen a todos los ciudadanos y ciudadanas que los necesiten, para ser posibles precisan de una política fiscal recaudatoria progresista: que los que mas tienen, más tributen o aporten. 

La presión fiscal es directamente proporcional con el bienestar.  Es una realidad que en la UE los países que cuentan con mayores niveles de bienestar y protección social son los países nórdicos. Así en Suecia la presión fiscal supera el 50 % del PIB mientras que en la CAV apenas supera el 30 %. Las políticas desfiscalizadoras atentan directamente contra las coberturas sociales, promoviendo la privatización de las mismas y que los ciudadanos tengan que pagar por unos servicios que no van a poder prestarse desde las instituciones públicas.  Y esto se concreta en un incremento de las desigualdades entre quienes pueden permitirse pagar unos servicios y los que no.

A continuación presentamos algunas propuestas en materia de fiscalidad.

I.R.P.F. Rentas del trabajo: Elevar el tipo impositivo de las rentas más elevadas del 45 % actual al 55 %. Esta medida debe ir acompañada de la eliminación o limitación de desgravaciones por cotizaciones a EPSVs y por compra de vivienda, que han dado más opciones de desgravación a quienes más tienen.

Rentas del Capital: Que tributen como las rentas del trabajo y no al 18 % fijo actual. Necesariamente debe acompañarse de la eliminación de los paraísos fiscales.

Rendimientos de Actividades Económicas: El control debe ser mayor, para evitar situaciones de fraude

Impuesto de Sociedades: Aumento del 28 % en que ha quedado después de las últimas reformas al 35 %.

Impuestos de Patrimonio: Reinstaurar este impuesto recientemente eliminado por la poca relevancia de la cifra recaudada, pero revisado para que todos los ciudadanos que les corresponda por disponer de un patrimonio significativo tengan que  cumplirlo y no acogerse a exenciones por constituir sociedades u otros mecanismos evasivos de impuestos similares.

Es necesario reforzar la inspección fiscal incorporando más recursos humanos. Inspecciones centradas en las actividades económicas, especialmente de empresarios y profesionales que es donde se encuentran las bolsas de fraude fiscal.

Alternatiba considera que las fronteras son límites artificiales establecidos por los poderes dominantes para organizar mejor la explotación de las personas y de los bienes naturales. Rechazamos la existencia de unas líneas, a veces imaginarias, a veces marcadas a sangre y fuego por muros y alambradas, que establezcan a dónde pueden ir o no ir las personas.

Las personas nunca pueden ser ilegales, no pueden ser tratadas como mercancías cuyo acceso se permite o no en función de intereses económicos cambiantes. Las personas tienen derecho a moverse por el planeta y a establecerse y trabajar allá donde les parezca más conveniente, sin ninguna restricción de ningún tipo, y con los mismos derechos y obligaciones que las personas locales. Ahora bien, nos oponemos rotundamente a quienes pretenden que algunos trabajadores y trabajadoras trabajen aquí al precio de sus países de origen, debiéndose aplicar los convenios colectivos del lugar de trabajo.

Frente a quienes defienden las medidas policiales de restricción de la entrada y presencia de personas extranjeras, defendemos la protección de los derechos humanos en todos los países.

Las personas que cuenten con un tiempo mínimo de residencia en un lugar deben contar con derechos políticos plenos en ese país.

Hasta los años 80 del siglo pasado, los procesos de desventaja tenían que ver con aspectos materiales y distributivos y se describían en torno al concepto de pobreza. La crisis de los 70 y las políticas económicas implementadas para superarla, han originado fuertes transformaciones en el ámbito laboral y en el de la protección social, a los que se han añadido una serie de cambios demográficos y en las redes de solidaridad primaria. Todo ello ha originado nuevas necesidades sociales y un aumento de los colectivos amenazados por las privaciones, no ya sólo materiales y económicas, sino también referidas a otros ámbitos como el educativo, el cultural, el de la salud, el de la vivienda y el relacional. El concepto de exclusión social surgió en los años 80 para explicar estos procesos en los que su acumulan diversas carencias tanto económicas como de otra naturaleza. Se trata de  pobreza económica, pero también salud deficiente, vivienda deficiente y de carencias educativas y relacionales.

Al igual que en el caso de la pobreza, se debe enfatizar el carácter sistémico de la exclusión social: ocurre en un sistema socioeconómico concreto con una dinámica de desarrollo concreta, y determina, no sólo la vida de los individuos y colectividades excluidas, sino también las de los individuos y colectividades integrados. Por un lado, el modelo socioeconómico provoca la aparición de pobreza y exclusión social y por otro, la existencia de pobreza y exclusión social posibilita que el modelo socioeconómico sea tal y como es.

Bajo este punto de vista, queda de manifiesto la insuficiencia de los sistemas de garantía de rentas como política de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Estas transferencias simplemente alivian las situaciones de privación pero no consiguen que desaparezcan de forma definitiva, dado que no alteran los mecanismos generadores de exclusión. Además, intervienen en un solo ámbito, el económico, dejando de lado las actuaciones en los demás. Las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social deben entonces orientarse en dos sentidos.

En primer lugar, y con una perspectiva fundamentalmente preventiva, es decir, dirigida a frenar el crecimiento de la exclusión, habría que modificar las desiguales relaciones en las que se produce el reparto del producto en nuestras sociedades, lo que implica frenar la cada vez mayor precarización del trabajo y reconocer formas de actividad que van más allá del empleo remunerado. Un número importante de la población vulnerable y excluida trabaja, pero su trabajo está insuficientemente remunerado  o es inestable o no está reconocido. Asimismo debe llevarse a cabo una renovación de los sistemas de protección social para adaptarlos a las nuevas necesidades sociales que tienen que ver con el envejecimiento poblacional, los procesos migratorios, el debilitamiento de las redes sociales y de parentesco y la mayor discontinuidad de las trayectorias laborales. A inicios de 2008, los informes de Foessa, Caritas y la OCDE recogían índices de pobreza del 20% de la población en el Estado Español,  lo que significa unos ocho millones de pobres, una de las cifras más altas de la UE. Según los últimos datos de la OCDE el porcentaje habría llegado al 30%, unos 13 millones, casi al mismo nivel que los países de la OCDE. Según el Banco de España, en el año 2002, el 20% de los hogares más pobres percibía una renta de 8.700 euros anuales, mientras que el 10% de las familias más ricas percibía 85.100 euros. Pues bien, en el año 2005, el 20% de los hogares más pobres percibía 6.900 euros, mientras que el 10% más rico alcanzaba 85.800 anuales, lo que muestra que la injusticia social no para de aumentar.

Segundo, y dado el carácter multidimensional de la exclusión social, son necesarias políticas con una perspectiva integral. Se trata de proporcionar a las personas medios económicos suficientes y, al mismo tiempo, favorecer su plena integración social. Son necesarias intervenciones en ámbitos diversos como el laboral, el educativo, el cultural, el relacional y el de la vivienda, teniendo en cuenta dos reglas básicas: que las actuaciones deberán ser personalizadas y que son necesarios mecanismos de seguimiento y acompañamiento. Para que el derecho a la inserción exista efectivamente es necesario que exista una conexión institucional entre las prestaciones y las actividades de integración, pero estas actividades no deben tener como objetivo limitar al beneficiario ni controlarle o vigilarle, sino darle una oportunidad o apoyarle para que pueda llevar a cabo determinados proyectos.

Desde hace años se ha construido todo un discurso en torno al inevitable colapso del sistema de pensiones, que solo podría evitarse con una prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años. Al igual que ha hecho el capital, hay que ofrecer una alternativa a este posible colapso desde los intereses de clase de los trabajadores, lo que implica trasladar el debate al sistema actual de cotizaciones y a la necesidad de aumentar las cotizaciones a cargo de las empresas, de forma que permitan hacer frente a los tiempos de no-trabajo (incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación-maternidad-paternidad…).

El periodo laboral que actualmente computa para el cálculo de la renta de jubilación lo constituyen los últimos 15 años. Ampliarlo o reducirlo (o sea, jugar con el número de años) no ofrece mejoras sustanciales para el/la jubilado/a, ya que la precarización laboral es creciente y los últimos años (sean 5, 15 o 20) pueden presentar condiciones tan adversas como los primeros. La clave estaría en reivindicar como periodo de cómputo los mejores años de la vida laboral de una persona, independientemente de su ubicación cronológica.

Actualmente las revisiones de las pensiones se realizan en función del IPC, cuya elevación tiene a ser menor que el porcentaje negociado en los diversos convenios. Aún cuando las condiciones de la jubilación sean buenas, este factor contribuye a una progresiva desigualdad social en perjuicio de las personas jubiladas de mayor edad, por el alejamiento progresivo de las pensiones sobre los salarios. Por ello es necesario reivindicar una revalorización de las pensiones en función de la media salarial.

Desde hace años se han puesto en marcha política activas para propiciar el fortalecimiento de los fondos de pensiones privados, los cuales tienden a erigirse (a través de la promoción de una “cultura inversora” de carácter “popular”) como una alternativa al sistema público de pensiones. Es necesario confrontar este proceso de valorización de los sistemas privados de capitalización. Para la clase trabajadora, la lucha por el carácter público de las pensiones de reparto es estratégica:

• Es indudablemente más inclusivo que los sistemas privados, comportando mayor bienestar social, al permitir criterios redistributivos, tales como las pensiones mínimas garantizadas, la consideración como cotizado de períodos dedicados a actividades de cuidado, la no reducción de las pensiones de las mujeres por la mayor esperanza de vida de las mismas… 
• Reduce el nivel de fondos disponibles para actividades especulativas, lo que reduce las desestabilizaciones como la que vivimos actualmente y evita la contradicción de intereses entre los trabajadores aportantes a fondos de pensiones (interesados en el aumento de la rentabilidad de las inversiones de los fondos) y los trabajadores de las empresas en las que se invierten los fondos (que pueden ver afectados a la baja sus condiciones laborales por la presión de los fondos de pensiones).

La existencia de topes de cotización y de pensiones parece en principio una medida igualitaria, pero en la práctica conduce a un desvío de rentas hacia los fondos de pensiones privados por parte de las personas con rentas altas. Así pues, la elevación de los topes de cotización puede ser una medida para limitar el fortalecimiento de la alternativa privada de jubilación.

Especial atención merece la situación de las personas expulsadas del mercado de trabajo antes de acceder a la jubilación como consecuencia de la política de rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas, lo que contribuye a disminuir las pensiones por aplicación de coeficientes reductores, aspecto que se vería aumentado si aumenta la edad de jubilación. Para quienes trabajan en pequeñas y medianas empresas  el ingreso de espera hasta la jubilación consiste en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, de cuantía muy reducida y que, además, va unido a cotizaciones reducidas que afectarán a la futura pensión de jubilación (para las grandes suele venir acompañado de complementos a cargo de la empresa y mejora de las cotizaciones). Para impedir esos efectos, una reivindicación de inicio puede ser la exigencia de la jubilación a los 60 años sin penalizaciones, sin perjuicio de exigir una edad de jubilación más baja para el caso de las profesiones con determinados riesgos para la salud. Por el contrario, hay que evitar la trampa de aceptar las jubilaciones anticipadas, a la cual suelen adherirse trabajadores/as con problemas de salud y fatiga derivados de la actividad laboral realizada, que a veces todavía se ha prolongado durante 40 y más años, para los cuales no hay compensación alguna. Además, el subsidio de mayores de 52 debe ser sustituido por una prestación de desempleo ordinaria que dure hasta la jubilación, acompañada del mantenimiento de las cotizaciones a cargo de las empresas. 

Las pensiones de viudedad de las generaciones mayores deben inspirarse en el reconocimiento de una situación histórica en el que las mujeres desempeñaron un decisivo papel las mujeres en la reproducción de la vida, lo que demanda la atribución a las mismas de las pensiones de sus cónyuges.