La apuesta del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmound Abbas, para la obtención del reconocimiento del Estado Palestino por parte de la Organización de Naciones Unidas ha suscitado un intenso debate, tanto en el seno de la sociedad palestina como en el movimiento de solidaridad internacional con este pueblo.

A pesar de que la iniciativa tiene pocos visos de prosperar, sus defensores alegan que el apoyo obtenido en la Asamblea General constituye una importante victoria simbólica y entre sus ventajas citan la necesidad de dar un paso adelante sin depender de la tutela de EEUU, el aumento del apoyo internacional a la causa palestina, la oportunidad de romper el impasse del conflicto, la posibilidad de reactivar el movimiento social palestino y el fundado temor por parte de Israel de las resoluciones de NNUU y el derecho internacional vuelvan a ser las principales referencias para la resolución del conflicto.

Frente a esta postura, son numerosas las voces críticas que se han alzado para apuntar los efectos negativos de la petición de reconocimiento: su carácter aislado, sin formar parte de una estrategia global; el temor a que sirva para legitimar el statu quo actual de enclaves territoriales fragmentados, asentamientos ilegales y poblaciones desplazadas; las dudas sobre su utilidad para volver a un esquema de negociación basado en las resoluciones internacionales; el abandono de la “solución de un único” estado y la consagración de la “solución de dos estados”; la inviabilidad del Estado palestino en las actuales circunstancias; el miedo a que la AP renuncie al derecho de retorno de las personas desplazadas a cambio de una entelequia sin efectos prácticos…

En gran medida, la cuestión central del debate radica en saber si la iniciativa permitirá un cambio en el esquema que ha guiado las “negociaciones de paz” desde los Acuerdos de Oslo, cuando las resoluciones de NNUU se sustituyeron por el principio de «territorios a cambio de paz», sin atender a la realidad de un proceso de colonización incesante.

El derecho internacional público es claro respecto al conflicto palestino-israelí: las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU obligan a Israel a retirarse a las fronteras acordadas en el armisticio de 1949 y a desmantelar los más de 140 asentamientos que albergan a medio millón de colonos en territorio palestino. Además, La IV Convención de Ginebra, relativa a la Protección de las Personas Civiles en tiempo de Guerra, aplicada de iure sobre estos territorios está reconocida por todas las partes firmantes así como por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero el Estado israelí se niega a cumplirla.

El fracaso de las sucesivas «iniciativas de paz» es fruto de haber ignorado los derechos nacionales y la unidad del pueblo palestino, con el objetivo de construir una paz bajo los criterios de la ocupación israelí. Así, hasta la fecha, Israel ha evitado la creación de un Estado Palestino mediante una política de cambios territoriales y demográficos impuestos sobre el terreno en base a su superioridad militar y el apoyo inquebrantable de EEUU. El objetivo último no es otro que arrinconar la legalidad internacional y obligar a los representantes palestinos a aceptar como hechos consumados los asentamientos, la expropiación de tierras, el muro y el desplazamiento de la población palestina.

Por lo tanto, resulta imprescindible que la reclamación de reconocimiento de soberanía no vincule su ejecución al “proceso de paz” y reivindique la vigencia de las resoluciones internacionales. En cualquier caso, el simple recurso a las Naciones Unidas no será suficiente si no se inserta en una estrategia de resistencia pacífica, tanto en los territorios ocupados como a nivel internacional, que es precisamente lo que le parece faltar a la AP.

Es seguro que una hipotética victoria simbólica en la escena internacional no va acabar con la política de apartheid y discriminación racial de Israel. Por otra parte, el reconocimiento del Estado Palestino tampoco puede convertirse en una coartada para que los gobiernos se libren de sus responsabilidades respecto al cumplimiento de la legalidad internacional. En este sentido, conviene recordar que el Estado Español, favorable a este reconocimiento, autorizó en 2009 la venta de armas a Israel por un valor de 2,8 millones de euros.

Frente a la hipocresía de la realpolitik y el desprecio por la legalidad internacional del Estado israelí, uno de los instrumentos más eficaces para apuntalar la lucha del pueblo palestino por sus derechos es la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones (BDS). Esta campaña, siguiendo el modelo de la dirigida contra el apartheid en Sudáfrica, está formada por un conjunto de acciones destinadas a suspender la cooperación económica, académica, cultural y deportiva con Israel por parte tanto de los estados como del sector privado y ya ha cosechado varios éxitos como el procesamiento de israelíes responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; el boicot de universidades a homólogas israelíes o empresas que han dejado de hacer negocios con fabricantes israelíes por la presión de sus clientes.

Una de las mayores campañas internacionales de boicot de la actualidad está dirigida contra la transnacional francesa Veolia, por su participación en el consorcio que construirá el tren ligero que une Jerusalén Oeste con asentamientos ilegales en Jerusalén Este y Cisjordania, lo que permitirá ampliar la ocupación. Además, Veolia ha obtenido una concesión de 30 años para la explotación de su primera línea y gestiona servicios de autobuses y de recogida de basuras para los colonos de los asentamientos de Cisjordania. Todas estas actividades son consideradas como contribuciones a crímenes de guerra de acuerdo a la IV Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ante las protestas ejercidas en el marco de esta campaña, la transnacional ha sido apartada de un concurso público por el Ayuntamiento de Londres.

Precisamente, Veolia es la compañía adjudicataria del servicio de transporte público en Bilbao, cuyo ayuntamiento, a pesar de tener conocimiento de estos hechos, hasta la fecha ha ignorado las peticiones para la rescisión del contrato y para la inclusión de cláusulas relativas al cumplimiento de los derechos humanos y legalidad internacional por parte de las compañías adjudicatarias en los pliegos de condiciones de las contrataciones públicas.

Por lo tanto, nuestra contribución a la lucha pacífica del pueblo palestino no es una quimera imposible en un nivel ajeno al control de la ciudadanía, sino que es factible en un ámbito tan cercano como es la institución municipal, a la que no se le debe permitir que premie con dinero público a transnacionales con un historial tan lamentable como el de Veolia.

Ana Etxarte – Portavoz de Alternatiba

Mesa de Internacionalismo de Alternatiba

El Grupo PRISA no pierde oportunidad para mostrarnos su visión progresista sobre la coyuntura actual de América Latina. Por un lado, no ceja en atacar de manera sistemática a Cuba y al resto de gobiernos que defienden un cambio profundo para el continente -Venezuela, Ecuador, Bolivia-, siempre, por supuesto, con el loable motivo de la supuesta defensa de los derechos humanos; por el otro, establece una política de comprensión y de apoyo a los países alineados con el neoliberalismo que raya en lo indigno.

Así, y en el marco de las elecciones guatemaltecas del pasado domingo, 11 de septiembre, El PAIS nos lleva trasladando en diferentes artículos una imagen del candidato principal, el genocida militar Otto Pérez Molina, como el de un simple general retirado que, pobrecito él, busca atajar el gran problema de delincuencia y seguridad que azota al país. En ningún momento a lo largo de los artículos que han sido publicados alude al hecho de que este hombre está acusado de actos de tortura y asesinato durante el conflicto armado interno en Guatemala; no nos dice que él durante los ochenta estaba al mando de las operaciones militares en el llamado triángulo ixil (Quiché), donde se puso en marcha la estrategia de exterminio y masacre indígena; no nos dice que este hombre era llamado Capitán Fosforito, por estar especializado en arrasar comunidades rurales y ejecutar la política de tierra arrasada diseñada por la CIA en el occidente de Guatemala; nada dice del uso sistemático de la tortura durante el período que ocupó el cargo de Director Nacional de la división de inteligencia en 1992; no nos cuenta, en definitiva, que él es historia y parte activa de la violencia actual.

El periódico de más vendido en el Reino de España olvida todo esto, pareciera que sufre amnesia, pareciera que eso no es importante. ¿Pero no se trata de criticar toda conculcación de derechos humanos? ¿No se trata de desenmascarar a autoritarios, de defender la democracia y la libertad? Parece que no. Si bien no se pierde ocasión de atacar a gobiernos que sistemáticamente ganan elecciones celebradas en situación de normalidad –acusándolos de dictatoriales-, se mira para otro lado, se falta a la verdad en lo referente a los países neoliberales. Y esto es especialmente llamativo en un estado fallido como Guatemala, donde las estructuras represivas de los 80 son ahora un sector muy relevante de poder político y económico (robo de coches, tráfico de personas, tránsito de drogas, etc.), y en las que Pérez Molina participa activamente.

Será entonces que no son los derechos humanos los que importan, sino la defensa de un modelo económico que priorice a las transnacionales –como lo es ya PRISA, propietaria del periódico, con grandes intereses y negocios en el continente-. En su caso concreto, será que, por encima de todo, está la defensa de los países que mantienen el monopolio de la información en grandes grupos empresariales. El rigor informativo pasa a un segundo lugar cuando lo que está en juego son los beneficios de unas cuantas empresas españolas, así como los suyos propios.

Una vez más El PAÍS se ha retratado. Un periódico que presume de ser un medio de información veraz, serio, con fuentes fidedignas, no sólo está teniendo memoria selectiva, sino que también se está posicionando a favor de un genocida, recogiendo testimonios en los que se afirma que “el nuevo escenario es positivo para Guatemala, en la medida en que obligará a los contendientes a buscar consensos”. Pero lo que no nos dice es que esos consensos serán los que beneficiarán a unos pocos y excluirán a la mayoría, y en palabras de Andrés Cabanas, dará lugar “a un nuevo consenso de carácter neoautoritario, concebido como pacto de élites, renovadamente violento y desconocedor del espíritu mínimamente articulador de los Acuerdos de Paz”¹.

Y sobre todo este gran periódico no nos dice que con el triunfo de Otto Pérez Molina, Guatemala volverá a tener entre sus representantes institucionales, tal y como sucedió con Ríos Montt, a un hombre que debería ser juzgado por crímenes de guerra.