La construcción europea padece una creciente falta de legitimidad. Hasta mediados de los ochenta, la existencia del estado de bienestar configuraba un capitalismo de rostro humano caracterizado por una situación de pleno empleo, que aunque excluía en gran medida a las mujeres del mercado de trabajo, permitía al proyecto de integración europea gozar de una relativa buena imagen. En cambio, a partir del giro neoliberal y de la asunción por parte de Bruselas de competencias que se han utilizado para desmontar el estado social, el rechazo ciudadano ha ido en aumento. Además, la ausencia de un imaginario común europeo se ha intentado superar fomentado el miedo al otro, interior y exterior y presentando a la ciudadanía la construcción europea como la mejor garantía para la seguridad interna y externa, con el fin de ganar legitimidad.

La imagen de policía bueno de la globalización de la UE se resquebraja a medida que se intenta perfilar un mayor poder político-militar para imponer los intereses económicos de la Unión en el mundo, acceder a los recursos naturales periféricos y cimentar la confianza monetaria y financiera. Como esta deriva militarista es rechazada por la población europea, se intenta vender a la imagen de un “poder blando”, basado en razones humanitarias, para aumentar su aceptación.

Por otra parte, el déficit democrático de las instituciones europeas se acentúa: si los dirigentes comunitarios valoraban como un gran avance democratizador el hecho de que la Constitución Europea se sometiera a referéndum y se hubiese elaborado a través del método de la Convención -formalmente participativo-, ante el fracaso de la misma no han dudado en volver al sistema de las opacas conferencias intergubernamentales para formular el Tratado de Lisboa. Y tras el triunfo del “no” en el referéndum irlandés, se prevé la celebración de uno nuevo, hasta conseguir que el “sí” venza.

Ante este panorama, no es de extrañar que la ciudadanía europea se sienta cada vez más alejada del proceso de construcción europea y surja la pregunta sobre cual es, en definitiva, la identidad sobre la que se está construyendo este proceso.

El giro neoliberal del proyecto europeo comienza tras las crisis económicas y energéticas de los setenta y principios de los ochenta, cuando las élites financieras y las principales empresas transnacionales reclaman a Bruselas la instauración de un mercado y moneda única en la línea de la globalización neoliberal preconizada por EEUU y Gran Bretaña. En los años noventa la deriva neoliberal progresa y se intensifica sobre todo a partir de la Estrategia de Lisboa del año 2000. Se produce así un crecimiento económico que genera unas desigualdades sociales y territoriales crecientes, en una Europa dominada por grandes regiones metropolitanas, cada vez más multiculturales y en las que aumentan los conflictos con la población extracomunitaria frente a las periferias rurales cada vez más deshabitadas y en las que las actividades agropecuarias son controladas por las grandes agroindustrias.

Por otra parte, las élites financieras y empresariales europeas, siguiendo el modelo  estadounidense de respaldar la fortaleza de su moneda nacional en la hegemonía política y militar, planean configurar un poder político y militar que respalde el euro a través de un doble proceso de profundización y ampliación del proyecto europeo. La profundización, consistente en la cesión por parte de los estados de sus competencias en materia de política exterior, seguridad, justicia e interior, se veía impedida por los ingreses nacionales divergentes y el derecho de veto. La ampliación, por su parte,  se basa en el aumento del mercado y en la posibilidad de beneficiarse de mano de obra cualificada y barata. Ambos procesos se han llevado a cabo de forma simultánea y la entrada de los nuevos países ha ido acompañada por la pérdida del derecho de veto por parte de los estados miembros y el establecimiento de nuevos procedimientos para la toma de decisiones.

Las consecuencias de las deriva neoliberal en la construcción europea son intensas, pero cabe destacar sus efectos en tres ámbitos: la política comercial comunitaria, los derechos sociales y la política europea de inmigración y asilo.

Respecto a la política comercial, desde el estancamiento de las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC, la UE ha apostado por la vía bilateral mediante el impulso de los Acuerdos de Asociación Económica (EPA en inglés), destinados a consolidar las reglas de inversión favorables a las empresas transnacionales europeas, liberalizando el acceso a recursos, condicionando compras públicas y rebajando estándares medioambientales y laborales. Desde la UE se argumenta que estos acuerdos son entre socios y que están basados en la cooperación y participación, pero el eje principal de los mismos es la reducción arancelaria y la asimetría comercial entre las partes los convierte en la práctica en una imposición. La eliminación de las tarifas arancelarias impide financiar el desarrollo social de los países empobrecidos y los acuerdos obligan a respetar los derechos de propiedad intelectual, lo que impide a estos países, por ejemplo, la importación de medicamentos genéricos. Además, estos acuerdos han contribuido a reforzar simbólica y políticamente la credibilidad de algunos regímenes autoritarios, al convertirlos en “socios” de la UE, obviando la situación de los derechos humanos.

En cuanto a los derechos sociales, las políticas de la UE tienden a reducir los sistemas de protección social. La agenda de Lisboa propone una modernización basada en modelos económicos liberales, cuyo fundamento es la reducción del gasto público. Además, la apuesta por la liberalización de los mercados a nivel continental ha provocado una progresiva privatización de las principales empresas públicas. Las instituciones comunitarias han promovido una modernización del Derecho del Trabajo basada en el complejo concepto de flexiseguridad, que pretende aunar la flexibilidad –precariedad- y seguridad. La idea es conjugar una mayor flexibilidad del trabajo -contratos más versátiles y más facilidad para despedir-  con una mayor seguridad social -subsidio de paro más alto, más formación y ayudas estatales al empleo-. Es, por lo tanto, una política con dos vertientes potenciales: el aumento de la precariedad y la posibilidad de reforzar el estado de bienestar. El riesgo evidente es que el modelo se aplique de forma desequilibrada, adoptando algunas medidas de seguridad social que sólo sirvan para justificar un posterior aumento de la precariedad laboral. Este modelo, nacido en Dinamarca, sólo es sostenible en contextos de impuestos elevados y escaso fraude fiscal, pero es muy dudoso que pueda ampliarse a toda la Unión Europea. Ejemplos concretos de la lógica liberal en la materia los encontramos en la directiva de las 65  horas semanales o la contestada Directiva Bolkenstein.

En lo relativo a la inmigración, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo apuesta por la inmigración escogida; es decir, la entrada de recursos humanos cualificados de países no comunitarios cerrando las puertas al resto de aspirantes a emigrar. Esta concepción utilitarista, en función exclusivamente del interés propio de la UE y de las necesidades de su mercado laboral supone un grave perjuicio para los países empobrecidos. Otra medidas destacables son la expulsión de las personas sin permiso de residencia, coordinando vuelos conjuntos y cerrando la vía a las regularizaciones colectivas, el establecimiento de una visa biométrica o el reforzamiento de la agencia europea de control de fronteras. Además las expulsiones podrán realizarse a los países de tránsito y no a los de origen y se establecen limitaciones a la reagrupación familiar, en contradicción con lo establecido en los pactos internacionales para la protección de la vida familiar. La directiva de expulsión permite el encierro de las personas inmigrantes irregulares durante 18 meses por orden administrativa hasta su expulsión, el encierro de menores y la prohibición de regreso a Europa durante cinco años.

Respecto a la armonización de las políticas de asilo, prevista para 2012, se teme que su definición se realice en el marco descrito de gestión restrictiva de la inmigración, control de fronteras y criterios de persecución de las personas indocumentadas y existen serias dudas sobre cómo se va a respetar el derecho de asilo si no se permite a los solicitantes que se puedan acercar a la fronteras debido a la política de externalización de la inmigración a los países vecinos de la UE.

La mesa internacionalista ha priorizado la construcción de alianzas en el marco de la Unión Europea, en base a organizaciones políticas que, más que estar adscritas a una o otra ideología, compartan parámetros comunes en torno al nuevo paradigma en construcción. Por otro lado, también se ha visto necesario el avanzar hacia la construcción de una nueva internacional, como estrategia de lucha en el ámbito mundial, que tenga una estrecha relación con los movimientos sociales alternativos. Finalmente, queda como debate sin cerrar la pertinencia o no de la apuesta por organismos supra-estatales mundiales con mayor recorrido y alcance democrático que los actuales, y con capacidad de actuación en asuntos globales.

La propuesta para debatir en la mesa comprendía tres líneas de trabajo:

• Construcción de un gobierno socialista mundial
• Construcción de una nueva internacional socialista
• Construcción de una articulación de organizaciones socialistas europeas

Finalmente, los debates y aportaciones se han centrado en el eje europeo, debido a que es este ámbito geográfico en el que se sitúa Alternatiba, pero sin que ello suponga una desestimación de los otros dos ejes, que constituyen aspiraciones a las que creemos que no se puede renunciar y en las que será posible ir avanzando en la medida que se progrese en el ámbito europeo.

Además, se ha debatido también sobre unos principios generales que consideramos deben guiar la actuación de Alternatiba en el ámbito del internacionalismo, siendo el punto de partida y elementos transversales de cualquier actuación en este ámbito.

En lo relativo al eje europeo, hemos partido de una análisis del modelo actual de la UE, que se caracteriza por el rechazo a la actual propuesta europea, caracterizada por la deriva neoliberal y el déficit democrático. Ante esta situación es necesario refundar Europa en clave socialista, sobre nuevas premisas e ideas, en línea con la construcción de una alternativa socialista radical para el sistema-mundo actual que preconiza Alternatiba. Para conseguirlo, la vía es la articulación con organizaciones socialistas en el ámbito europeo.

De esta manera, y antes de analizar nuestro rechazo de la actual construcción europea, así como de nuestra propuesta de una Europa defensora de los derechos de personas y pueblos, partimos de una serie de principios y premisas básicas:

• Un internacionalismo de pueblos y culturas, nacido de la iniciativa de los individuos y los pueblos, que no se agota en el concepto de Estado-nación. Éste no debe ser el marco delimitador ni de los sujetos que desarrollen el internacionalismo ni de las causas o actuaciones que se abanderen.

• El internacionalismo debe estar basado en el respeto de los derechos humanos, entendidos como un conjunto universal e indivisible, que abarca las tres generaciones de derechos humanos y tiene carácter omnicomprensivo y universal.

• La idea de ciudadanía universal es la piedra angular sobre la que descansa la concepción del ser humano de Alternatiba. Esta idea implica que todas las personas son sujetos de derechos y de responsabilidades en base a su condición humana. Por lo tanto, no pueden ser privadas de ninguno de sus derechos en función de su lugar de origen, raza, sexo, etnia o nacionalidad y todas las personas somos responsables de asegurar el disfrute de todos los derechos por parte de todos los seres humanos.

• Siendo Alternatiba una organización política, su actividad internacionalista pivotará sobre la articulación con otras organizaciones políticas, sin perjuicio de que se puedan considerar la coordinación con los movimientos sociales u otro tipo de iniciativas, pero su unidad de acción priorizará las fuerzas de carácter político.  

Los fundamentos básicos del modelo estadounidense están puestos en cuestión por la crisis financiera: el doble déficit, comercial en el exterior y de ahorro en el interior. En los dos casos, los mercados financieros gestionan esos desequilibrios, pero si éstos se desinflan, las bases de ese modo de crecimiento desaparecen, el endeudamiento de las familias queda bloqueado y no se garantizan las entradas de capitales del resto del mundo (lo que está ya ocurriendo con China). Por consiguiente, la crisis financiera va a dar lugar a una desaceleración duradera del crecimiento en los Estados Unidos, que va a trasladarse al resto del mundo. K. Schmidt-Hebbel, economista-jefe de la OCDE declaraba el 4 de marzo que “está materializándose el peor de los escenarios” y que esta crisis es la peor desde la de 1929.

El tiempo necesario para salir de la crisis es proporcional a la enormidad de las sumas consagradas al salvamento del sector financiero, que van a dar lugar a déficits públicos del doble de lo que supongan sobre el PIB.

La salida va a estar marcada por la lucha entre los grandes países para trasladar sus efectos sobre otros. En el terreno social implica una presión aumentada del capital contra los salarios y el gasto público social. A nivel internacional, la guerra económica y comercial entre grandes potencias toma una amplitud nueva (ver Sarkozy-Merkel en el G-20) y engendra una tendencia al fraccionamiento de la economía mundial. La contracción de la economía mundial está fomentando el proteccionismo, que se expresa de variadas formas, que incluyen desde las declaraciones de los gobiernos de los Estados Unidos y del Estado español a “comprar americano” y “comprar español” a las ayudas de los gobiernos europeos a sus sectores industriales.  Las contradicciones internas en la UE han impedido la puesta en marcha de un plan coordinado europeo y, en la práctica, el Pacto de Estabilidad, ha sido dejado de lado. Los planes de salvamento bancario  mediante fondos y garantías públicas han favorecido reestructuraciones y  concentraciones bancarias contrarias a la normativa comunitaria que prohíbe las ayudas de Estado y conceden a los bancos de los países ricos grandes ventajas sobre los de los países del sur. La OCDE ha indicado que el Gobierno español es el país de la OCDE ha dedicado más dinero a subsidiar las empresas nacionales (el 0,7% del PIB, frente al 0,5% de Eslovaquia y Corea-, lo que muestra el proteccionismo, en la mayoría de los casos contra países pobres, de los liberales españoles): De los 256 casos a examen de ayudas ilegales de los Estados a las empresas que estudia la Comisión Europea, 48 corresponden al Estado Español. El movimiento obrero debe negarse a disputar parte de mercado contra otros trabajadores. La defensa del proteccionismo, en  el marco de la economía de mercado, favorece el desarrollo de la xenofobia y de las guerras comerciales (y las guerras sin adjetivo). La alternativa no es el mantenimiento de la expansión internacional que defiende la orientación neoliberal sino en la abolición del capital y su sustitución por una planificación de la economía mundial basada en la cooperación y la solidaridad entre los pueblos basada en la satisfacción de las necesidades, especialmente de las poblaciones más pobres, y en la supervivencia de los recursos naturales a escala planetaria.

Salida Keynesiana.La ausencia de coordinación de los planes de relanzamiento europeos muestra que cada estado tira cada uno para si. La crisis va a ser el pretexto para un bloqueo salarial reforzado, con la esperanza de mantener la actividad por una competitividad aumentada. Todas las taras de la Europa neoliberal se muestran al desnudo: sin política de cambio, sin presupuesto y con la prohibición de emitir préstamos al BCE. Pero fundamentalmente la cuestión es política: para regular al capitalismo sería necesario un nivel de enfrentamiento que los nuevos regulacionistas no asumen.

Algunas voces avanzan la alternativa de un “capitalismo verde” como salida de la crisis. Aunque teóricamente es posible, en la práctica la transición hacia un capitalismo verde desde un capitalismo realmente existente, basado en el 80% en recursos fósiles es incompatible con las exigencias de lucha contra el cambio climático. La política de relanzamiento económico, en el actual marco, acrecentará las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que la reorganización ecológica de la economía mundial exige coordinación y normas internacionales y orientaciones a largo plazo, las leyes de la competencia y del mercado empujan  hacia la maximización del beneficio a corto plazo. Para cumplir con el convenio de Kioto la Unión Europea ha optado por  recurrir a los mecanismos de mercado, como la creación de mercados de emisión: un mercado del que han sido excluidos los sectores industriales más expuestos a la competencia internacional, reduciendo así su eficacia.

La alternativa anticapitalista.La extensión y duración de la actual crisis del capitalismo evidencia la necesidad y posibilidad de un programa de acción anticapitalista que incluya elementos tales como:

– El reparto de la riqueza, revirtiendo la tendencia de las últimas décadas de reducción de la parte salarial.

– La reconversión ecológica de la economía, asegurando la gestión pública y participativa de los recursos naturales y desarrollando trabajos públicos para las economías de energía, energías renovables, transportes en común, vivienda social…

– El desarrollo de los servicios públicos, paralizando y revirtiendo todos .los proceso de privatización y extendiendo el empleo en los servicios públicos  y sociales (atención a la infancia  y las personas dependientes, guarderías, etc.).

– La creación de un servicio público bancario bajo control social, nacionalización de la banca, acabando con los paraísos fiscales.

– Instaurando la prohibición de los despidos y procediendo a una reducción radical del tiempo de trabajo con mantenimiento de salarios, que permita el reparto del mismo entre  todas las personas asalariadas, precarias y paradas.

Según un reciente informe de la OIT, la mayor parte de los países de la Unión Europea ha gastado, proporcionalmente, más que los Estados Unidos, en el “salvamento” de la banca: desde un 28,6% del PIB en Gran Bretaña, hasta el 14,3% en el Estado Español, frente a un 5,1% de los Estados Unidos.  En lo que han gastado menos los países de la UE es en las intervenciones públicas para la creación de empleo mediante la inversión en infraestructura y en servicios públicos y sociales, tales como educación, sanidad, servicios sociales, etc. Frente a un gasto de este tipo del 5,6% del PIB en Estados Unidos, Alemania ha invertido un 2,8%, Gran Bretaña el 1,3%, Francia el 1,1% y el Estado Español, sólo el 0,8%. La Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, cuyo gasto en protección social es inferior incluso al del Estado Español, no ha mejorado ese reducido gasto.

Además, en la medida que de los 25 millones de personas paradas que la OCDE prevé alcanzarán las 28 economías más desarrolladas del mundo, más de cuatro millones –según la OCDE, ya que otras previsiones hablan de cinco o incluso de seis millones- corresponderán al Estado Español, tendrá lugar un gran aumento del gasto de desempleo. Por ahora se mantiene el nivel de las prestaciones de desempleo e incluso han aumentado en algunos supuestos por el RD Ley de febrero de 2008 que prevé que se pone el contador a cero cuando, en determinados supuestos, las extinciones de contratos hayan venido precedidas de suspensiones de contratos.      

La crisis social.La recesión global desarrollada durante el 2008 se está convirtiendo en una depresión global en el 2009, caracterizada por grandes caídas productivas y el aumento del desempleo en los países centrales y en la mayor parte de la periferia del mundo. La lluvia de millonesconcedida los mercados financieros y no financieros de los países ricos no consigue frenar la bajada.  Esa tendencia está aumentando y el crecimiento del paro se ha acelerado. Sólo en tres meses, había un millón de nuevos desempleados en los Estados Unidos. En el Estado español, el paro ha crecido vertiginosamente y, oficialmente, se espera que llegue al 18% a finales de 2009, aunque la Comisión Europea prevé una tasa de paro del 21,4% en el 2010. En la CAPV, aunque las cifras proporcionadas por el servicio vasco de estadística no tienen ninguna credibilidad, el desempleo habría aumentado el 67% en el primer trimestre de 2009.

En la última década, la economía española ha tenido una tasa de crecimiento del 3,6% anual, superior a la media europea, habiéndose creado unos seis millones de puestos de trabajo, la cifra más elevada de la zona euro. Sin embargo, el peso de la masa salarial de los trabajadores en el PIB se ha reducido del 72% en 1992 al 62% en el 2005, a pesar de que se ha pasado de 14 millones de personas trabajadoras en 1991 a 20 millones en el 2008, lo que significa que la reducción salarial por persona ha sido tremenda. Así pues, el crecimiento económico no ha dado lugar a un aumento de las remuneraciones salariales sino a las del capital. Por ejemplo, el Presidente del BBVA ha venido cobrando 20 millones de euros anuales, lo que no le impidió solicitar moderación salarial y que el despido fuera más barato, llegando incluso a decir que las pensiones eran demasiado elevadas y que era necesario reducirlas y ello  mientras él dispone de un Plan de Pensiones con un fondo acumulado de más de 60 millones de euros. Los directivos de las grandes entidades financieras, que se han enriquecido espectacularmente y cuya gestión ha conducto al desastre financiero y social actual, mantienen sus ingresos blindados ante la crisis. Por ejemplo, en 2007, los sueldos de los Presidentes ejecutivos de las 16 entidades financieras sumaron 334 millones de dólares, un 30% más que en 2005. Estas mismas compañías han despedido en 2007-8 a 80.236 empleados. En el Estado Español, los sueldos de los consejeros de los 15 mayores bancos sumaron 115,7 millones de euros en 2008. El 75% de las empresas del IBEX 35 tiene blindada a su cúpula directiva, es decir, 284 altos directivos disfrutan de cláusulas de garantía según las cuales cobrarían entre 2 y 5 anualidades en caso de despido.

Si esas cifras no son mayores aún se debe a las transferencias debidas a las pensiones públicas, que era reconocido por un  Informe de 2006 de la Comisión Europea que constataba que uno de los grandes éxitos de la política social del siglo XX ha consistido en que gracias a las pensiones públicas –las que FG pretende que se reduzcan- el envejecimiento ya no es sinónimo de pobreza o de dependencia de las personas mayores respecto a las ayudas que les aporten sus hijos. En la generalidad de los países de la Unión Europea las pensiones de la Seguridad Social constituyen la principal fuente de ingresos de las personas mayores, por lo que la pobreza y la desigualdad entre las mismas depende de la mayor o menor generosidad de los sistemas de pensiones. Según otro informe basado en la base de datos internacionales del Luxembourg Income Study (LIS),  las personas mayores de 65 años no disponen de ingresos suficientes provenientes de fuentes privadas para salir de la pobreza, alcanzando las tasas de pobreza antes de transferencia que en muchos casos superan el 90% (el 92,7% en el caso del Estado Español).

Durante los años ochenta y noventa los gobiernos de la mayoría de los países eliminaron las reglamentaciones sobre el crédito, permitiendo que los bancos se dedicasen a otras tareas que a los depósitos y créditos (bancos de inversión) y organizando la liberalización de los mercados internacionales de capitales y la des-reglamentación de los mercados de acciones. Se impulsan mercados financieros nuevos y se incorporan algunos países empobrecidos, los llamados mercados emergentes: Brasil, China, Rusia, India, etc., a la dinámica mundial de las finanzas, constituyéndose así en nuevos espacios de negocio para el capital financiero internacional.

El enorme crecimiento del negocio financiero se desconecta de la economía productiva. Sin embargo, esa acumulación de capital ficticio tiene límites, ya que hay lo que algunos llaman nudos de conversión entre la esfera financiera y la esfera real: una economía que crece al 2% o al 3% no puede proporcionar un rendimiento universal del 15%. Los beneficios derivados de la compra-venta especulativa de divisas, acciones, etc., acaban por desinflarse cuando quienes las compran a precios inflados se hacen conscientes que la desconexión con el valor real es tal que no seguirá siendo posible seguir vendiendo a precios muy elevados. Por eso, antes o después, todas las burbujas financieras estallan y los precios vuelven a conectarse con el valor real que incorporan las mercancías objeto de esa especulación y los valores especulativos desaparecen.

Esas burbujas no se basan sólo en ilusiones de especuladores codiciosos sino que están alimentadas por la creación permanente de capitales libres. La primera fuente es el crecimiento de las ganancias no acumuladas, que resulta de un doble movimiento: el retroceso generalizado de los salarios y, por otra parte, del estancamiento o retroceso de  la tasa de acumulación a pesar del restablecimiento de la tasa de ganancia. La tasa de ganancia y la de acumulación evolucionaban paralelamente hasta inicios de los ochenta pero después comenzaron a divergir. Los mercados financieros sirven para esa compensación, a través de 3 vías. La primera es el consumo de los poseedores de rentas financieras o rentistas, una parte de la plusvalía va a esos rentistas. De esta forma el modelo da lugar a un aumento de las desigualdades. La segunda es la introducción de una confusión entre salarios y rentas: una parte creciente de la renta de las personas asalariadas toma la forma de remuneraciones financieras, que son más una distribución de plusvalía que un verdadero salario. La tercera consiste en el desarrollo enorme del endeudamiento de los hogares, cuyo consumo aumenta no por la elevación de los salarios sino por la bajada del ahorro.

La transmisión de la crisis financiera a la economía real circula por varios canales, cuya importancia varía según los países:

• La contracción del crédito juega un papel importante en la difusión de la crisis financiera

• La caída de las cotizaciones bursátiles incita a consumir menos.

• La incertidumbre generalizada que influye sobre el consumo y la inversión. Ante el miedo al empeoramiento de la situación está aumentando el ahorro personal de quien puede hacerlo, lo que da lugar a un círculo recesivo de caída del consumo, la producción y la inversión. Sin embargo, está teniendo lugar un empobrecimiento de la mayoría de la población que combina las pérdidas de riquezas ilusorias en dinero virtual sobre todo por la caída en precio de la vivienda y también de las cantidades invertidas en acciones y planes de pensiones (el llamado “efecto riqueza”), con pérdidas reales de trabajo, sueldos y viviendas. Así, la tasa de morosidad de los préstamos personales concedidos por los establecimientos financieros se dobló en 2008 en relación con el 2007.

• La crisis inmobiliaria que repercute más fuerte en los países, como el Estado Español, en los que la actividad de construcción suponía una elevada parte sobre el PIB y el empleo. Su elevada utilización de mano de obra explica el aumento del desempleo, mayor que el de reducción del PIB

• La transmisión de la depresión  al conjunto de la economía mundial a través del comercio y las inversiones.

Los sindicatos son instrumentos fundamentales para la defensa de las trabajadoras y trabajadores, para frenar las continuas ansias del capital y de sus defensores políticos y para contribuir a un cambio social que nos haga avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Sin embargo, para que puedan cumplir esta función los sindicatos deben ser autónomos de los gobiernos, de las patronales y también de los partidos políticos, ser económicamente autosuficientes, de manera que sólo tengan que responder a los intereses de las personas trabajadoras.

Debemos impulsar la presencia sindical en todos los sectores donde la precariedad extrema dificulta la defensa de los derechos de las personas trabajadoras. Para ello debemos exigir la represión incluso penal de las conductas antisindicales de los empresarios, además de luchar contra la precariedad en todos los ámbitos de la vida laboral.

Debemos impulsar una acción unitaria de los sindicatos en la lucha por una mejora de las condiciones de trabajo y de empleo y en la defensa de los derechos laborales y sociales. La división sindical endémica que padecemos en Euskal Herria es un obstáculo para hacer frente a la patronal y a las administraciones neoliberales. Ante cada problema y cada actuación concreta se debe buscar el máximo grado de unidad posible entre los distintos sindicatos, sin vetos ni exclusiones. La respuesta a la crisis económica y a las muertes en el trabajo son dos aspectos en los que esta acción unitaria es tan necesaria como urgente.

Constatando la dificultad de las direcciones sindicales para alcanzar acuerdos, Alternatiba se plantea impulsar movimientos de base, de carácter abierto, unitario y con planteamientos no excluyentes que potencien respuestas amplias y unitarias a los problemas planteados.

Ante los avances neoliberales hoy en día tan en boga que proponen desfiscalizar las rentas, es decir, bajar e incluso eliminar algunos impuestos directos, desde Alternatiba reivindicamos que las dos funciones que tienen los impuestos, recaudación y distribución, son inseparables. Unos servicios sociales de calidad, es decir justos y que lleguen a todos los ciudadanos y ciudadanas que los necesiten, para ser posibles precisan de una política fiscal recaudatoria progresista: que los que mas tienen, más tributen o aporten. 

La presión fiscal es directamente proporcional con el bienestar.  Es una realidad que en la UE los países que cuentan con mayores niveles de bienestar y protección social son los países nórdicos. Así en Suecia la presión fiscal supera el 50 % del PIB mientras que en la CAV apenas supera el 30 %. Las políticas desfiscalizadoras atentan directamente contra las coberturas sociales, promoviendo la privatización de las mismas y que los ciudadanos tengan que pagar por unos servicios que no van a poder prestarse desde las instituciones públicas.  Y esto se concreta en un incremento de las desigualdades entre quienes pueden permitirse pagar unos servicios y los que no.

A continuación presentamos algunas propuestas en materia de fiscalidad.

I.R.P.F. Rentas del trabajo: Elevar el tipo impositivo de las rentas más elevadas del 45 % actual al 55 %. Esta medida debe ir acompañada de la eliminación o limitación de desgravaciones por cotizaciones a EPSVs y por compra de vivienda, que han dado más opciones de desgravación a quienes más tienen.

Rentas del Capital: Que tributen como las rentas del trabajo y no al 18 % fijo actual. Necesariamente debe acompañarse de la eliminación de los paraísos fiscales.

Rendimientos de Actividades Económicas: El control debe ser mayor, para evitar situaciones de fraude

Impuesto de Sociedades: Aumento del 28 % en que ha quedado después de las últimas reformas al 35 %.

Impuestos de Patrimonio: Reinstaurar este impuesto recientemente eliminado por la poca relevancia de la cifra recaudada, pero revisado para que todos los ciudadanos que les corresponda por disponer de un patrimonio significativo tengan que  cumplirlo y no acogerse a exenciones por constituir sociedades u otros mecanismos evasivos de impuestos similares.

Es necesario reforzar la inspección fiscal incorporando más recursos humanos. Inspecciones centradas en las actividades económicas, especialmente de empresarios y profesionales que es donde se encuentran las bolsas de fraude fiscal.

Alternatiba considera que las fronteras son límites artificiales establecidos por los poderes dominantes para organizar mejor la explotación de las personas y de los bienes naturales. Rechazamos la existencia de unas líneas, a veces imaginarias, a veces marcadas a sangre y fuego por muros y alambradas, que establezcan a dónde pueden ir o no ir las personas.

Las personas nunca pueden ser ilegales, no pueden ser tratadas como mercancías cuyo acceso se permite o no en función de intereses económicos cambiantes. Las personas tienen derecho a moverse por el planeta y a establecerse y trabajar allá donde les parezca más conveniente, sin ninguna restricción de ningún tipo, y con los mismos derechos y obligaciones que las personas locales. Ahora bien, nos oponemos rotundamente a quienes pretenden que algunos trabajadores y trabajadoras trabajen aquí al precio de sus países de origen, debiéndose aplicar los convenios colectivos del lugar de trabajo.

Frente a quienes defienden las medidas policiales de restricción de la entrada y presencia de personas extranjeras, defendemos la protección de los derechos humanos en todos los países.

Las personas que cuenten con un tiempo mínimo de residencia en un lugar deben contar con derechos políticos plenos en ese país.