La diversidad de los pueblos europeos impide configurar una identidad europea basada en la cultura o la religión, por lo que ha menudo se ha considerado que lo significativo de esta identidad estaba ligado a ciertos valores: el modelo social europeo, la defensa de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, la tolerancia, la solidaridad la igualdad entre hombres y mujeres, el estado de derecho, etc.

Sin entrar a valorar el carácter eurocéntrico de esta consideración, lo que queda claro es que la agenda neoliberal del proyecto europeo contradice esta identidad y se produce la paradoja de querer asegurar la viabilidad de este modelo desmontándolo. En fin, que más bien parece el intento de crear una identidad común europea basada en la asunción por parte de la población europea de la lógica del mercado y el miedo “al otro”, ejemplificado en la “Europa Fortaleza”.

La construcción europea padece una creciente falta de legitimidad. Hasta mediados de los ochenta, la existencia del estado de bienestar configuraba un capitalismo de rostro humano caracterizado por una situación de pleno empleo, que aunque excluía en gran medida a las mujeres del mercado de trabajo, permitía al proyecto de integración europea gozar de una relativa buena imagen. En cambio, a partir del giro neoliberal y de la asunción por parte de Bruselas de competencias que se han utilizado para desmontar el estado social, el rechazo ciudadano ha ido en aumento. Además, la ausencia de un imaginario común europeo se ha intentado superar fomentado el miedo al otro, interior y exterior y presentando a la ciudadanía la construcción europea como la mejor garantía para la seguridad interna y externa, con el fin de ganar legitimidad.

La imagen de policía bueno de la globalización de la UE se resquebraja a medida que se intenta perfilar un mayor poder político-militar para imponer los intereses económicos de la Unión en el mundo, acceder a los recursos naturales periféricos y cimentar la confianza monetaria y financiera. Como esta deriva militarista es rechazada por la población europea, se intenta vender a la imagen de un “poder blando”, basado en razones humanitarias, para aumentar su aceptación.

Por otra parte, el déficit democrático de las instituciones europeas se acentúa: si los dirigentes comunitarios valoraban como un gran avance democratizador el hecho de que la Constitución Europea se sometiera a referéndum y se hubiese elaborado a través del método de la Convención -formalmente participativo-, ante el fracaso de la misma no han dudado en volver al sistema de las opacas conferencias intergubernamentales para formular el Tratado de Lisboa. Y tras el triunfo del “no” en el referéndum irlandés, se prevé la celebración de uno nuevo, hasta conseguir que el “sí” venza.

Ante este panorama, no es de extrañar que la ciudadanía europea se sienta cada vez más alejada del proceso de construcción europea y surja la pregunta sobre cual es, en definitiva, la identidad sobre la que se está construyendo este proceso.

El giro neoliberal del proyecto europeo comienza tras las crisis económicas y energéticas de los setenta y principios de los ochenta, cuando las élites financieras y las principales empresas transnacionales reclaman a Bruselas la instauración de un mercado y moneda única en la línea de la globalización neoliberal preconizada por EEUU y Gran Bretaña. En los años noventa la deriva neoliberal progresa y se intensifica sobre todo a partir de la Estrategia de Lisboa del año 2000. Se produce así un crecimiento económico que genera unas desigualdades sociales y territoriales crecientes, en una Europa dominada por grandes regiones metropolitanas, cada vez más multiculturales y en las que aumentan los conflictos con la población extracomunitaria frente a las periferias rurales cada vez más deshabitadas y en las que las actividades agropecuarias son controladas por las grandes agroindustrias.

Por otra parte, las élites financieras y empresariales europeas, siguiendo el modelo  estadounidense de respaldar la fortaleza de su moneda nacional en la hegemonía política y militar, planean configurar un poder político y militar que respalde el euro a través de un doble proceso de profundización y ampliación del proyecto europeo. La profundización, consistente en la cesión por parte de los estados de sus competencias en materia de política exterior, seguridad, justicia e interior, se veía impedida por los ingreses nacionales divergentes y el derecho de veto. La ampliación, por su parte,  se basa en el aumento del mercado y en la posibilidad de beneficiarse de mano de obra cualificada y barata. Ambos procesos se han llevado a cabo de forma simultánea y la entrada de los nuevos países ha ido acompañada por la pérdida del derecho de veto por parte de los estados miembros y el establecimiento de nuevos procedimientos para la toma de decisiones.

Las consecuencias de las deriva neoliberal en la construcción europea son intensas, pero cabe destacar sus efectos en tres ámbitos: la política comercial comunitaria, los derechos sociales y la política europea de inmigración y asilo.

Respecto a la política comercial, desde el estancamiento de las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC, la UE ha apostado por la vía bilateral mediante el impulso de los Acuerdos de Asociación Económica (EPA en inglés), destinados a consolidar las reglas de inversión favorables a las empresas transnacionales europeas, liberalizando el acceso a recursos, condicionando compras públicas y rebajando estándares medioambientales y laborales. Desde la UE se argumenta que estos acuerdos son entre socios y que están basados en la cooperación y participación, pero el eje principal de los mismos es la reducción arancelaria y la asimetría comercial entre las partes los convierte en la práctica en una imposición. La eliminación de las tarifas arancelarias impide financiar el desarrollo social de los países empobrecidos y los acuerdos obligan a respetar los derechos de propiedad intelectual, lo que impide a estos países, por ejemplo, la importación de medicamentos genéricos. Además, estos acuerdos han contribuido a reforzar simbólica y políticamente la credibilidad de algunos regímenes autoritarios, al convertirlos en “socios” de la UE, obviando la situación de los derechos humanos.

En cuanto a los derechos sociales, las políticas de la UE tienden a reducir los sistemas de protección social. La agenda de Lisboa propone una modernización basada en modelos económicos liberales, cuyo fundamento es la reducción del gasto público. Además, la apuesta por la liberalización de los mercados a nivel continental ha provocado una progresiva privatización de las principales empresas públicas. Las instituciones comunitarias han promovido una modernización del Derecho del Trabajo basada en el complejo concepto de flexiseguridad, que pretende aunar la flexibilidad –precariedad- y seguridad. La idea es conjugar una mayor flexibilidad del trabajo -contratos más versátiles y más facilidad para despedir-  con una mayor seguridad social -subsidio de paro más alto, más formación y ayudas estatales al empleo-. Es, por lo tanto, una política con dos vertientes potenciales: el aumento de la precariedad y la posibilidad de reforzar el estado de bienestar. El riesgo evidente es que el modelo se aplique de forma desequilibrada, adoptando algunas medidas de seguridad social que sólo sirvan para justificar un posterior aumento de la precariedad laboral. Este modelo, nacido en Dinamarca, sólo es sostenible en contextos de impuestos elevados y escaso fraude fiscal, pero es muy dudoso que pueda ampliarse a toda la Unión Europea. Ejemplos concretos de la lógica liberal en la materia los encontramos en la directiva de las 65  horas semanales o la contestada Directiva Bolkenstein.

En lo relativo a la inmigración, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo apuesta por la inmigración escogida; es decir, la entrada de recursos humanos cualificados de países no comunitarios cerrando las puertas al resto de aspirantes a emigrar. Esta concepción utilitarista, en función exclusivamente del interés propio de la UE y de las necesidades de su mercado laboral supone un grave perjuicio para los países empobrecidos. Otra medidas destacables son la expulsión de las personas sin permiso de residencia, coordinando vuelos conjuntos y cerrando la vía a las regularizaciones colectivas, el establecimiento de una visa biométrica o el reforzamiento de la agencia europea de control de fronteras. Además las expulsiones podrán realizarse a los países de tránsito y no a los de origen y se establecen limitaciones a la reagrupación familiar, en contradicción con lo establecido en los pactos internacionales para la protección de la vida familiar. La directiva de expulsión permite el encierro de las personas inmigrantes irregulares durante 18 meses por orden administrativa hasta su expulsión, el encierro de menores y la prohibición de regreso a Europa durante cinco años.

Respecto a la armonización de las políticas de asilo, prevista para 2012, se teme que su definición se realice en el marco descrito de gestión restrictiva de la inmigración, control de fronteras y criterios de persecución de las personas indocumentadas y existen serias dudas sobre cómo se va a respetar el derecho de asilo si no se permite a los solicitantes que se puedan acercar a la fronteras debido a la política de externalización de la inmigración a los países vecinos de la UE.

La mesa internacionalista ha priorizado la construcción de alianzas en el marco de la Unión Europea, en base a organizaciones políticas que, más que estar adscritas a una o otra ideología, compartan parámetros comunes en torno al nuevo paradigma en construcción. Por otro lado, también se ha visto necesario el avanzar hacia la construcción de una nueva internacional, como estrategia de lucha en el ámbito mundial, que tenga una estrecha relación con los movimientos sociales alternativos. Finalmente, queda como debate sin cerrar la pertinencia o no de la apuesta por organismos supra-estatales mundiales con mayor recorrido y alcance democrático que los actuales, y con capacidad de actuación en asuntos globales.

La propuesta para debatir en la mesa comprendía tres líneas de trabajo:

• Construcción de un gobierno socialista mundial
• Construcción de una nueva internacional socialista
• Construcción de una articulación de organizaciones socialistas europeas

Finalmente, los debates y aportaciones se han centrado en el eje europeo, debido a que es este ámbito geográfico en el que se sitúa Alternatiba, pero sin que ello suponga una desestimación de los otros dos ejes, que constituyen aspiraciones a las que creemos que no se puede renunciar y en las que será posible ir avanzando en la medida que se progrese en el ámbito europeo.

Además, se ha debatido también sobre unos principios generales que consideramos deben guiar la actuación de Alternatiba en el ámbito del internacionalismo, siendo el punto de partida y elementos transversales de cualquier actuación en este ámbito.

En lo relativo al eje europeo, hemos partido de una análisis del modelo actual de la UE, que se caracteriza por el rechazo a la actual propuesta europea, caracterizada por la deriva neoliberal y el déficit democrático. Ante esta situación es necesario refundar Europa en clave socialista, sobre nuevas premisas e ideas, en línea con la construcción de una alternativa socialista radical para el sistema-mundo actual que preconiza Alternatiba. Para conseguirlo, la vía es la articulación con organizaciones socialistas en el ámbito europeo.

De esta manera, y antes de analizar nuestro rechazo de la actual construcción europea, así como de nuestra propuesta de una Europa defensora de los derechos de personas y pueblos, partimos de una serie de principios y premisas básicas:

• Un internacionalismo de pueblos y culturas, nacido de la iniciativa de los individuos y los pueblos, que no se agota en el concepto de Estado-nación. Éste no debe ser el marco delimitador ni de los sujetos que desarrollen el internacionalismo ni de las causas o actuaciones que se abanderen.

• El internacionalismo debe estar basado en el respeto de los derechos humanos, entendidos como un conjunto universal e indivisible, que abarca las tres generaciones de derechos humanos y tiene carácter omnicomprensivo y universal.

• La idea de ciudadanía universal es la piedra angular sobre la que descansa la concepción del ser humano de Alternatiba. Esta idea implica que todas las personas son sujetos de derechos y de responsabilidades en base a su condición humana. Por lo tanto, no pueden ser privadas de ninguno de sus derechos en función de su lugar de origen, raza, sexo, etnia o nacionalidad y todas las personas somos responsables de asegurar el disfrute de todos los derechos por parte de todos los seres humanos.

• Siendo Alternatiba una organización política, su actividad internacionalista pivotará sobre la articulación con otras organizaciones políticas, sin perjuicio de que se puedan considerar la coordinación con los movimientos sociales u otro tipo de iniciativas, pero su unidad de acción priorizará las fuerzas de carácter político.