Tras el Tratado de Paz firmado por el Gobierno de Colombia y las FARC, la sociedad sigue convulsa por el paso lento de su desarrollo y por los muchos tropiezos existentes. Se puede decir que hay un alto incumplimiento por parte del Estado, reflejado con los jueces de facto en los tribunales de los circuitos departamentales, impidiendo emitir sentencias de libertad para las y los presos políticos de las FARC-EP recluidos en cárceles. Tras los barrotes del régimen de Juan Manuel Santos, numeroso campesinado, defensores de DDHH, mujeres, afrocolombianos, militantes LGTBI, etc. son violentados en sus derechos fundamentales.
Otra conmoción ha sido el Caso Odebrecht. Algunos sectores del paramilitarismo, representados en el Centro Democrático, generan opinión sucia frente a la implementación de los Acuerdos de Paz. Este grupo político, heredero de la estructura política generada por el conflicto colombiano, históricamente se ha basado en la corrupción, apoyado por los grandes medios de comunicación afines al proyecto neoliberal de Santos y, sobre todo, a la posición belicista del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El Caso Odebrecht ha destapado una trama donde funcionarios, concejales departamentales y campañas electorales fueron financiadas por esta multinacional brasileña que busca asegurar mega-contratos. Estos escándalos ocurren a la vez que se dan sistemáticos asesinatos a insurgentes y sus familiares que se encuentran en las Zonas Verdales de Transición y Normalización (ZVTN), espacio de reincorporación a la vida política legal.
Cumpliendo los Acuerdos, las FARC-EP dejaron de ser una organización militar para pasar a desarrollar su actividad política en el marco legal con el nombre FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria Común. Este nuevo agente se constituye como un partido político generador de dinámicas políticas no tradicionales donde millones de colombianos y colombianas inconformes con el actual sistema tengan un espacio de lucha y de conformación de debate, política y construcción de poder con nuevos aires. Así, se abre una ventana de oportunidad real para avanzar hacia una solución integral y duradera para los conflictos sociales y políticos del país.
En otra línea, se encuentra la reivindicación de la mesa de conversaciones de Quito entre el ELN y el Gobierno de Colombia, una pieza más para la construcción de la paz. Debe efectuarse un acompañamiento al cese al fuego bilateral vigente hasta el 9 de enero de 2018. Los Gestores de Paz de está organización insurgente, ponen en cuestión unas demandas que siguen vigente:
“Queremos apostarle a que la violencia sea parte del pasado, pero para que ello sea posible debemos caminar en construir un país con plenas garantías, con pluralidad, con democracia real, con participación y con cambios”, ELN 30-8-2017.
1. Aspectos quebrantados del acuerdo.
La Ley de Amnistía de diciembre de 2016 establece términos que son el soporte jurídico para la libertad de las y los presos políticos. De las 3.500 personas encarceladas por vínculos con las FARC-EP, 700 pueden tener derecho a la amnistía establecida en la Ley y el resto tiene derecho a ser excarcelado en distintas condiciones.
Otro elemento importante es el control en los centros carceleros. Se siguen estableciendo mecanismos de represión sistemática: dispersión, agresiones a presos, falta de acceso a servicios sanitarios… No debemos dejar de lado al preso político y académico Simón Trinidad, que queda pendiente de solución tras el Acuerdo.
En las ZVTN donde se realizó la dejación de las armas, insurgentes sufren constantes violaciones por parte de militares. Además, las condiciones mínimas acordadas que incluyen el suministro eléctrico y agua potable, están en un 60% de las infraestructuras; algo básico como la atención médica, está siendo manejada como primeros auxilios, muchas veces les toca asumir al cuerpo sanitario de la insurgencia.
Con el Nuevo Partido, muchos insurgentes que hicieron parte de la lucha armada, pasarán automáticamente hacer parte de las nuevas estructuras políticas, de las misma manera, las y los militantes del Partido Comunista Clandestino Colombia, PC3, expresión organizativa en las ciudades, pasarán a la vida política pública.
2. Aspectos legislativos en el acuerdo.
“Voces de Paz y Reconciliación”, que ha sido la encargada de verificar el proceso de cumplimiento del Acuerdo de Paz, ha logrado llevar al Senado y darle seguimiento en las siguientes iniciativas legislativas:
• Ley de innovación Agropecuaria.
• Participación de sectores rurales y urbanos al Consejo Nacional del Sistema.
• Falta de garantías a miembros del partido político FARC.
• Lento trámite de la Reforma Política en el Gobierno.
• La exequibilidad de actos legislativos.
• Bienes entregados por las FARC-EP a Naciones Unidas.
3. El denominado Bloque de Poder contrainsurgente (BPCIS).
El denominado “Paramilitarismo” –política Contrainsurgente con estrechos vínculos con el Estado, los políticos nacionales y regionales, Fuerzas Armadas y narcotráfico- asesinó de manera selectiva 8.903 personas entre los años 1985 y 2012. La Parapolítica sigue intacta, y sus grandes ideólogos tienen representación en el Centro Democrático.
El gobierno de Santos y el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira, se niegan aceptar la existencia de paramilitares en todo el territorio nacional, y siguen aplicando su “plan pistola” asesinando sistemáticamente a líderes sociales, comunitarios, defensores de DDHH, y militantes de izquierda. La presión social y la bandera del desmonte del paramilitarismo debería seguir siendo un estandarte de las víctimas de crímenes de Estado y del conjunto del movimiento social y político, reconocido por la Constitución para rechazar públicamente y judicializar cualquier expresión de paramilitarismo que pueda existir.
Las investigaciones deben ser profundas en relación con el Paramilitarismo, que seguirá siendo la mayor amenaza de la fase de implementación de los Acuerdos de Paz, y de las conversaciones con el ELN.
4. Elecciones y la Unidad Popular.
La tensión aumenta por la implementación de los Acuerdos y que se proporcione garantía a estos y a las conversaciones con el ELN. El Centro Democrático, Partido de Álvaro Uribe Vélez, Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, y otras figuras de extrema derecha, están por la no continuidad al proceso, pues consideran que se está dando participación política a “terroristas y comunistas”. Un discurso de odio que puede calar en los sectores más manipulables, como ocurrió en el plebiscito de 2016.
La tarea fundamental para afianzar una verdadera Paz estable y duradera, es construir una fuerte comunidad política diversa y mayoritaria -Unidad Popular o Frente de Izquierda- que pueda democratizar la política desde abajo, como decía Iván Márquez (FARC): “Seremos partido territorial y poder urbano”.
Con el nuevo escenario político, surgirán nuevas propuestas de instituciones, quizás no para derribar al Estado, pero sí para forzarlo a defender el bien soberano de respetar nuestros recursos. Las fuerzas populares comprometidas con el cambio tienen retos grandes como acabar con la pobreza extrema de amplias capas sociales. O luchar contra la maquinaria clientelista y corrupta que ha venido imperando. También consolidar la paz tras más de 60 años de conflicto.
La nueva FARC alza sus banderas para la construcción de un nuevo orden político. Empieza así a trabajar por el respeto claro a la soberanía, las mujeres, el medio ambiente, la democracia plena y el internacionalismo. Con una perspectiva clara de clase, que enfrente la “Necropolítica” que se está acentuando cada vez más en las periferias de grandes urbes, pero también en los municipios recónditos. Se vislumbran batallas ideológicas de gran calado y de estrategia en pro del logro máximo de la Unidad Popular de los sectores progresistas y de izquierdas, para juntos, a través de la movilización social y política como músculo de esa lucha de clases en el espacio electoral, lograr “la toma del poder”. Todo este cúmulo de esfuerzos tiene que seguir a la par que la movilización social. Es fundamental intervenir en una dinámica social y política en clave democrática que supere la polarización y movilice a sectores sociales que todavía no manifiestan su apoyo explícito al Proceso de Paz.
Desde Euskal Herria el compromiso con Colombia debe ser irreversible, para que no sea olvidada en las agendas sociales y políticas. Es imprescindible realizar un acompañamiento internacional en clave de defensa de los DDHH y fortalecimiento de los procesos de participación política en lo local.
