Hacia una Edad Media digital
Iagoba Itxaso – Militante de Alternatiba
Últimamente hemos oído mucho sobre derechos de autor y la neutralidad de la red: La SGAE y sus gestores bajo sospecha – más que fundadas sospechas – una Ley Sinde aprobada sin consenso, un Canon Digital que desaparece, los proyectos de ley SOPA y PIPA en Estados Unidos, un apagón digital luchando contra ellas, el FBI cerrando Megaupload tras una espectacular operación internacional…
Algunos sabremos de qué va el tema y otros habremos oído campanas. Es la guerra: la World War Web. Pero… ¿cuáles son los bandos?
Por un lado tenemos a las industrias derivadas de obras intelectuales. Por el otro tenemos a los defensores de la neutralidad y la libertad en la red. Por un lado tenemos a grupos de empresarios, de trabajadores y de autores que defienden sus modelos de negocio, amenazados por una revolución digital que hace tambalear gran parte de sus formas de generar ingresos. Por el otro tenemos a los defensores del progreso a todos los niveles, de una Internet global sin tijeras ni límites, de unos derechos en cuanto a libertad de información y comunicación que consideran fundamentales. También en este segundo bando, se incluirían las industrias que producen beneficios gracias a esta libertad en la red.
Aunque bien es sabido que el medievo no fue una época tan oscura como la cultura popular a veces nos muestra, esta imagen habitual de la Edad Media nos sirve para mostrar que uno de estos dos bandos en la World War Web, busca retrotraernos al pasado. Como esa Iglesia medieval luchando contra la Ciencia, las industrias derivadas de los derechos de autor luchan contra el mundo digital, contra la red y la tecnología.
Pero al igual que esa lucha por parte de la Iglesia fue inútil, y la Ciencia se abrió camino, resulta absurdo pensar que este grupo de industrias van a poder frenar el progreso ahora. Una lucha fútil por perpetuar modelos de negocio ya obsoletos.
Una industria editorial que intenta vendernos libros electrónicos al mismo precio que en papel; una industria discográfica que quiere convencernos de que el CD aún es un formato servible y lógico como producto; una industria cinematográfica y audiovisual que no plantea alternativas válidas a sus clientes, ciñéndose a productos de usabilidad reducida que no plantan cara a la gran versatilidad de los “piratas”; y en todos los casos, como perro de hortelano, ni siquiera explotan todas sus propiedades, deseando que nadie acceda a ellas, esperando el momento adecuado para volver a venderlas o introducirlas en una región concreta. Es el caso de los libros, discos y películas descatalogados de toda la vida, y de los productos que tardan en llegar a alguna región o nunca lo hacen, barreras que siempre han derrumbado esos mismos «piratas».
El progreso camina hacia contenidos en la nube, streaming, cantidad de información ilimitada, servicios globales, accesibilidad inmediata, etc. pero las industrias se aferran al formato físico y a fórmulas anacrónicas. Por otro lado, las gestoras de derechos, no sólo no ayudan, sino que constituyen gran parte del problema.
Tal vez si tuviéramos las herramientas legales y las personas adecuadas para, desde nuestras instituciones, luchar contra esta industria y este sistema desfasado, podríamos realmente tener un acceso a la cultura adecuado, ético y justo con los autores y con el resto de la ciudadanía.
Si encontráramos la forma, las personas adecuadas y los apoyos necesarios para crear una gestora de derechos de autor vasca, de pleno derecho, pública y transparente; si contáramos con un sistema editorial, también público, adaptado a la misma, aprovechando y modernizando en el camino entes públicos actuales como EITB y revolucionando la explotación y exportación de nuestras obras; tal vez podríamos tener nuestro pequeño oasis con ciudadanos con acceso de primera calidad a la cultura, que competiría ya no sólo con las industrias y los sistemas actuales, sino con una “piratería” que debería perder todo sentido.
Debemos luchar contra quien tenga intención de coartar la red y, al mismo tiempo, plantear alternativas y dar soluciones a los problemas que suponen la distribución de la cultura y la retribución de los autores. No es sencillo, pero el resultado de la World War Web no puede ser una Edad Media digital, no podemos dar pasos atrás. No podemos permitir que con la excusa de la defensa de los derechos de autor, los más reaccionarios obtengan herramientas para limitar nuestra libertad de expresión en Internet; una red de comunicación global que demuestra ser más importante cada día, como agente en cualquier revolución, levantamiento o simple necesidad de expresión de cualquier colectivo. Sólo hay que echar un vistazo a los hechos más importantes acaecidos en 2011 para comprenderlo. Porque Internet ha cambiado nuestro mundo y nuestra capacidad de comprensión del mismo, y porque nunca antes hemos tenido una capacidad de informar y ser informados tan enorme y democráticamente.
Terminaré con unas palabras de David Bowie del año 2002 en las que vaticinaba una revolución en la industria musical.
“No creo que el trabajo con los sellos y los sistemas de distribución de la música sean los mismos. Dentro de diez años se dará una transformación absoluta de todo lo que conocemos acerca de la música, y nada va a ser capaz de detenerlo. Estoy convencido de que los derechos de autor ya no existirán en diez años, y la autoría y la propiedad intelectual van a recibir una revolución. La música en sí misma va a ser como el agua corriente o la electricidad. Es terriblemente emocionante, pero poco importa si opinas que es emocionante o no, es lo que va a ocurrir”.
Gritar antes de que lo prohíban: Contra la reforma laboral
Ana Etxarte y Asier Vega – Portavoces Alternatiba
En abril del año pasado se publicó un dato llamativo: las empresas del Reino de España sumaban más deuda que las alemanas, pese a que Alemania cuenta con un PIB dos veces superior. Este considerable endeudamiento se debe a diferentes motivos: modelo productivo español de escaso valor añadido frente al alemán; incapacidad española para la exportación frente a la excesiva dependencia alemana de las exportaciones; o a la regulación del Impuesto de sociedades, tanto en el Reino de España como en los Territorios Históricos, que promueve el uso de capitales ajenos frente a la reinversión de beneficios y demás fondos propios.
Motivos aparte, esta deuda comparativa tiene una consecuencia obvia: las empresas necesitan ganar más para saldar su deuda. De esta forma, haya crisis o pleno empleo, la patronal y sus aliados siempre proponen aumentar su tasa de ganancia por la vía rápida: reducir los salarios de las personas trabajadoras. Esa parece ser la única solución, y no para cambiar de modelo productivo, ni para avanzar en bienestar general, sino para aumentar la renta empresarial de cara a pagar deudas, manteniendo la cultura del enriquecimiento fácil y rápido. Además, Europa y las instituciones financieras multilaterales siempre avalan estas tesis, por lo que no es de extrañar que en los últimos lustros el reparto de la renta cada vez favorezca más al capital y menos a las personas trabajadoras.
Es el capitalismo del desastre. Su estrategia pasa por la desregularización, en este caso, se trata de privar a los convenios sectoriales y territoriales de su fuerza normativa, pues han sido hasta ahora una fuente de derecho exigible ante los tribunales. A partir de hoy, si existen, sólo serán papel mojado. Continuando con esta tendencia, asistiremos a la desnormativización incluso del convenio de empresa y nos quedará como fuente de derechos, únicamente, el contrato individual de trabajo.
En plena crisis sistémica, cuando mayor número de personas desempleadas hay, y cuando más necesario es alterar la correlación de fuerzas a través de la confrontación, algunos sindicatos se pliegan a participar en las reuniones para reformar la negociación colectiva. Una herramienta que, sin ser perfecta, sirve a trabajadores y trabajadoras para sumar fuerzas ante un enemigo poderoso. Ahora, gracias a la colaboración inestimable de estos sindicatos, el enemigo conseguirá su objetivo: «mejor pasen de uno en uno, que negociaremos caso por caso». Ya sabemos el resultado, como lo saben estos sindicatos cuando reconocen que «con o sin reforma laboral no se va a generar empleo». La reforma se hace para rebajar salarios, obtener más producción con menos personal. Como consecuencia, traerá menos empleo y más beneficios empresariales. ¿A quién defienden realmente estos sindicatos?
El gobierno de extrema derecha de Rajoy ha recibido con agrado los acuerdos y desacuerdos del paripé de negociación entre sindicatos y patronal (paripé orquestado para evitar una mayor confrontación social). Así, la jugada es colectiva y con responsabilidades compartidas en este funesto ataque a los derechos laborales: Primero, los sindicatos conciliadores abrieron el camino para aplicar un arbitraje en los conflictos laborales y judiciales. También han sido ellos los que han aceptado el descuelgue, posibilitando que un empresario se salte las condiciones salariales de un convenio cuando la comisión de arbitraje lo estime oportuno. Después, el gobierno del PP ha continuado su propio camino, facilitando una mayor flexibilidad para cambiar los horarios o las condiciones de trabajo y reduciendo el número de contratos, priorizando así el contrato de fomento del empleo, que principalmente rebaja el coste del despido al nivel de los contratos temporales. Esto, en la actual situación de desempleo masivo, reducirá la capacidad de presión de las y los trabajadores para hacer frente a la dirección de las empresas.
Asimismo, la generalización de los convenios de empresa en perjuicio de los convenios provinciales, dará lugar a un empeoramiento de las condiciones laborales, más aún si se facilita que las empresas no apliquen el contenido de los convenios firmados. De igual modo, al eliminar la ultraactividad de los convenios, las personas trabajadoras pierden de facto todo logro conseguido en luchas anteriores. Ahora, toca volver a negociar desde de cero y, si no se consigue un acuerdo, no se prorrogará automáticamente la vigencia del anterior convenio por bueno que fuese, será un árbitro el que decidirá y con un plazo máximo. Todo sea por rebajar las condiciones laborales.
Mariano Rajoy tampoco se ha olvidado del 50% de desempleo juvenil en el Reino de España y ofrece su propia solución: que trabajen prácticamente gratis. Los jóvenes, hasta los 30 años, podrán tener un sueldo menor al salario mínimo y el gobierno perdonará a los empresarios las cotizaciones de la Seguridad Social. Una perla más de la derecha.
Pese a que el 92% de los contratos firmados en el Reino de España en 2011 fueron temporales, que en su mayoría dan derecho a solo 8 días por año de indemnización, el Gobierno ha escuchado el “quítame de ahí esos jueces” de la patronal CEPYME, que había pedido que el despido objetivo no fuese interpretable por un juez. De este modo, los contratos indefinidos rotos por los empresarios sobrevivirán a la intervención judicial generalizándose el despido con 20 días. Y como guinda al pastel, el Gobierno también plantea la liberalización de los EREs, de modo que ya no será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral.
Afortunadamente, en Euskal Herria existe una contestación sindical que promueve y realiza otro modelo de confrontación. Sindicatos que no pueden permitir que se les ate de pies y manos en su lucha contra la patronal, dispuestos a luchar y a construir alternativas frente a esta reforma, tanto a nivel sectorial como a nivel de empresa, para neutralizar sus efectos. Madrid queda muy lejos, estas decisiones se tienen que definir aquí. No es suficiente con pedir más competencias, hay que parar esta reforma ahora. Y hay que pararla tomando las calles, mostrando nuestra indignación ante la enésima claudicación ante la patronal. ¡Si no gritamos ahora lo siguiente será que nos prohíban gritar!
Alternatiba afirma que esta reforma es razón “más que suficiente” para llamar a la huelga general
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha vuelto a denunciar hoy, al igual que en la manifestación del pasado sábado en Bilbao, la magnitud del ataque que supone la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy ha instaurado este fin de semana. Asimismo, ha asegurado que las medidas en contra de los salarios, aumentando la precarización del empleo y ahondando en la pérdida de derechos laborales son razón “más que suficiente” para llamar a la huelga general. En este sentido, ha recordado que la nueva norma “legaliza el despido libre y da carta blanca a los empresarios para saltarse la negociación colectiva”.
En este sentido, y al hilo de lo expresado por la formación de izquierdas en las últimas semanas, desde Alternatiba se han mostrado dispuestos a secundar y apoyar en las calles aquellas iniciativas que desde los agentes sindicales, sociales y políticos de Euskal Herria se articulen para “confrontar las políticas de extrema derecha del PP” y revertir una reforma que, en palabras de Matute, “ni pretende crear empleo, tal y como ha reconocido Cristobal Montoro, ni tiene más objetivo que contentar a patronal y a la banca abaratando el despido y debilitando a la clase trabajadora”.
Para el portavoz de Alternatiba, son “reveladoras” las posturas de la canciller Alemana Angela Merkel alabando la reforma y del vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández asegurando que Mariano Rajoy ha agarrado el toro por los cuernos: “Palabras que demuestran al dictado de quién se ha redactado esta reforma”.
Alternatiba llama a la ciudadanía a llenar las calles frente a los recortes
A dos días de las movilizaciones convocadas por Alternatiba, Aralar, EA e Izquierda Abertzale contra los graves recortes laborales y sociales anunciados desde el Gobierno de Mariano Rajoy, queremos hacer un nuevo llamamiento a los hombres y a las mujeres de Euskal Herria para que salgan a la calle a secundar las manifestaciones que recorrerán las calles de Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea el próximo sábado. Una llamada para dar respuesta conjunta y articular resistencias frente a los ataques a la dignidad de trabajadores y trabajadoras, de todas las personas a las que se les quiere hacer creer que la crisis es coyuntural y no sistémica. Una llamada a todas aquellas personas que aspiramos a construir Euskal Herria desde la izquierda, desde el ejercicio colectivo de la toma de decisiones, desde la exigencia de respeto a lo que determinemos también en la apuesta por la emancipación social de nuestro pueblo.
Hemos denunciado, desde el día en que se presentó, un gobierno que desde la izquierda solo podemos calificar como bochornoso pero que la derecha exhibe sin pudor alguno. No han mostrado complejos al poner la economía en manos de un ex Leman Brothers, causante directo de la crisis; no disimularon al regalar el ministerio de defensa a un empresario de la industria armamentística y asienten cómplices cuando Emilio Botín se atreve a decir que la culpa de la crisis es de los políticos.
Es obvio que el Gobierno del PP ni nos gusta ni nos representa. Como tampoco representa a las casi 180.000 personas desempleadas de Hego Euskal Herria. No nos creemos que vayan a crear empleo ampliando las jornadas laborales en el sector público mientras paralizan la creación de nuevos puestos y dejan sin cubrir los existentes; tampoco van a crear empleo entre los jóvenes incentivando el trabajar más allá de los 67 años; ni abaratando aún más el despido; asimismo, condenamos el atentado contra la dignidad que supone el fomento de contratos de 4 horas con sueldos de 320 euros. Tienen la desfachatez de poner eso encima de la mesa y asegurar que no implantarán los llamados minijobs. Los que provocaron la crisis ganan más en el tiempo que dedican a firmar un desahucio, a pesar de haber limitado, dicho sea entre comillas, el salario de algunos de ellos a 600.000 euros anuales. Mientras, en el Reino de España el salario mínimo interprofesional, que sigue a la cola de Europa, se congela en 641 euros. Incluso Grecia, que nos venden como símbolo de la debacle, tiene un SMI mayor, de 750 euros concretamente.
Una vez más, serán las mujeres las doblemente castigadas, por ser el colectivo más expuesto a la precariedad laboral, a los contratos a tiempo parcial y a los remunerados con el salario mínimo. También son las que reciben las pensiones más bajas.
Tenemos la responsabilidad de hacer frente a sus políticas de recortes, a la enésima reforma laboral, a la negación de derechos individuales y colectivos y a la sumisión de los poderes públicos a los dictados de instancias financieras internacionales. Llamamos por tanto a las manifestaciones del sábado, pero también secundamos los paros de hoy en el sector público, la manifestación en Ezkerraldea el 17 de este mes que convocamos los mismos partidos que saldremos el sábado a la calle y la marcha que sindicatos y agentes sociales han llamado para el día 25 en Bilbao. La respuesta debe ser proporcional a la magnitud del ataque que estamos sufriendo y, por lo tanto, toda protesta es poca.
Denunciamos hoy los recortes de derechos laborales y las medidas económicas, pero no podemos ni queremos dejar de lado el resto de colectivos que sufrirán las reformas que desde los demás ministerios del Gobierno de Rajoy pretenden llevar a cabo, cuyo máximo exponente es un ministro de justicia que parece representar todo lo contrario. Nos hablan ya de cadenas perpetuas, de regresión en el aborto para vulnerar una vez más el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y de su nula voluntad para avanzar en la pacificación y normalización de Euskal Herria.
Terminamos reafirmando la necesidad de articular resistencias, de confrontar y ofrecer alternativas a un modelo caduco, regresivo y creador de desigualdades. Ante la mayoría absoluta que esgrime la derecha en Madrid debemos construir una mayoría de agentes sociales, sindicales y políticos que desde Euskal Herria se erija como un contrapoder, aliados con las izquierdas y las resistencias puestas en pie tanto en el estado como en Europa, porque padecen los mismos ataques.
No dudamos que el PP, que la derecha, aún tiene muchas ideas para complacer a banca y patronal, a las agencias de rating y a la Comisión Europea; serán privatizaciones, coopagos, desmantelamiento de lo público… Y será casi con toda seguridad tras las elecciones andaluzas, a partir del 25 de marzo. La izquierda ha demostrado que puede ser hegemónica en Euskal Herria y debe ser, por tanto, la base para la defensa de nuestra clase trabajadora, la piedra angular para hacer frente y revertir los recortes.
Alternatiba destaca que la ciudadanía vasca ha legalizado el voto que los Gobiernos españoles se empeñan en secuestrar
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha lamentado hoy que un año después de la presentación de Sortu como formación política siga sin ser legal a los ojos de la justicia española. Matute ha recordado que la izquierda abertzale dio un paso determinante al presentar una nueva formación que rechazaba el uso de la violencia, y citaba expresamente la violencia de ETA en este rechazo, “llegando incluso a condenar sucesos concretos y posibles atentados pocas semanas después de su creación, cumpliendo por tanto todos los requerimientos planteados por una injusta ley de partidos”.
El portavoz de la formación de izquierdas también ha subrayado el hecho de que en este tiempo haya desaparecido la actividad armada de ETA y que, “a pesar de todo, los sucesivos Gobiernos del Reino de España siguen vulnerando el derecho a la participación política y el voto de decenas de miles de hombres y mujeres de Euskal Herria”. Personas que, en contraposición a la actitud mostrada por el ejecutivo de Madrid, “han constatado su deseo de avanzar en la normalización política de este país, y han legalizado de facto el voto que antes Zapatero y ahora Rajoy se empeñan en secuestrar”.
Finalmente, Matute ha exigido por enésima vez que se atienda al “clamor mayoritario de la sociedad vasca que, con la misma intensidad que ha reclamado la paz y el cese de toda violencia, sigue reclamando el restablecimiento de los derechos civiles en Euskal Herria, superando así el inmovilismo y la cerrazón que demuestra el gabinete de Rajoy con posicionamientos tan reaccionarios como los proferidos hoy por el ministro Gallardón al asegurar que no pondrá fin a la dispersión de ninguna manera”.
Kutxabank, cada día menos público
Ana Etxarte y Oskar Matute – Portavoces de Alternatiba
La treta antidemocrática de PNV y PP para evitar que los legítimos representantes gipuzkoanos ocupen sus puestos en el Consejo de Administración de Kutxabank no es más que el primer paso en una estrategia bien planificada de privatización, de conformación de un gran banco vasco privado en la economía globalizada. Esta entidad, como todo banco que se precie, no se dedicará a dar crédito al consumo responsable, a la inversión productiva, o a cualquier tipo de bien social, no. Se centrará, como todos, en la especulación, en el beneficio a corto plazo y a toda costa, y en favorecer el amiguismo con el statu quo.
Precisamente esta estrategia es la que queremos desenmascarar, porque aún estamos a tiempo de pararla. Lo que la derecha vasca y española pretende emular es el proceso seguido en los años 90 en Italia, mediante el cual las cajas de ahorro se convirtieron en bancos privados, sin dejar rastro de obras sociales ni de capital público. Los pasos fueron las siguientes: uno, obra social separada de la actividad bancaria, aun controlando vía fundación; dos, cambios legislativos que permiten entrada de capital privado; tres, entrada masiva de capital privado; cuatro, irrelevancia del capital publico, que acaba vendiéndose al privado. Resultado: banco totalmente privado, fin de la obra social.
Ya se ha dado el primer paso, ahora sólo quedan los otros tres, que seguirán a rajatabla. En realidad sí que existe una diferencia significativa, en Italia tuvieron que pasar 10 años, aquí ni mucho menos pretenden esperar tanto. Las últimas declaraciones de Mario Fernández abren el camino y comienzan a buscar cómo autojustificar sus siguientes pasos, excusándose en que «alguien nos puede obligar».
Para ellos, era importante hacer lo que han hecho con el Consejo de Administración: limpiar la casa de rojos, evitar que nadie desde dentro conozca la estrategia, que nadie desde dentro exija una banca pública. Una vez resuelto esto, continúan con la estrategia, pero en un contexto político inmejorable para sus intereses. El dictador del Banco de España está encantado con la llegada del PP al gobierno – que no al poder, que está en otra parte-: ¡Ya anuncian las trompetas una nueva reforma del sistema financiero¡ Quizá no sea la prioridad absoluta; primero hay que acabar con el sindicalismo y aplastar a la clase trabajadora eliminando la negociación colectiva, pero enseguida llegará esa reestructuración, en la que se obligará a aumentar capital a las entidades financieras para sobrevivir en este mundo globalizado, garantizando así su solvencia. Kutxabank, entonces, se verá obligada a seguir estas órdenes: seguramente comenzará rapiñando cajas de ahorro españolas a precio de saldo, para dar con posterioridad el salto definitivo al capital privado…¡y voilá, pasos 2, 3 y 4 en tiempo record! Cuarto y mitad de PNV, abundante PP, cocinero jefe de la extrema derecha en el Banco de España, y ¡plato preparado!
La meta, continuar en la lógica capitalista que nos ha conducido directamente a la profunda crisis actual: liberar dinero para el sector privado, desmantelar lo público, generar nuevas oportunidades de ganancia para los insaciables mercados, domesticar a la clase trabajadora. Ese es su verdadero objetivo. Y está lejos, muy lejos, de la apuesta de la izquierda por un sistema financiero público, transparente y democrático para Euskal Herria; que defina y delimite su función social, y que trascienda el rol de banca comercial para ser una banca que facilite la inversión productiva, en base a criterios ecológicos, sociales; que conceda los préstamos y la inversión adecuadas a las prioridades de una economía del cuidado, que fomente la generación de empleo de calidad y la lucha contra el cambio climático, que apoye la soberanía alimentaria y el consumo de los sectores más vulnerables, que priorice, en definitiva, la justicia social, y se rija por principios de democracia participativa y transparencia. Al contrario, el dirigente de Kutxa Bank ya ha expresado que están pendientes de «mover ficha» para buscar nuevas fusiones que alejen la inversión de Euskal Herria con intereses meramente especulativos.
En vista del camino emprendido hacia privatización, debemos pasar a una etapa de confrontación total, ya que ambos modelos son irreconciliables. Uno busca la ganancia rápida; otro, dar pasos en una Euskal Herria emancipada, socialista, basada en la justicia y los derechos para todas las personas. A día de hoy, los diques de contención que se establecieron se han mostrado insuficientes, y debemos enfrentar esta estrategia diabólica desde la calle, desde la contestación social. Por supuesto que exigiremos una representación democrática en el Consejo de Administración, pero eso no basta, no es suficiente.
Tenemos que defender lo público en la calle, y este es un tema estratégico y fundamental. Tienen una estrategia, nosotros y nosotras también la tenemos. Debemos pararlos, estamos a tiempo. Confrontación, contestación y lucha deben ser las palabras clave de este momento histórico. Por una banca pública, social y transparente, ¡No a la privatización!
La responsabilidad social corporativa al servicio del capital > Juan Hernandez
Juan Hernandez – Profesor de la EHU/UPV
El poder político, económico y jurídico del que disponen las empresas transnacionales les permite actuar con un alto grado de impunidad. Sus derechos se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal y a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil. En los contornos de las realidades jurídicas mencionadas, surge la Responsabilidad Social Corporativa y los códigos de conducta voluntarios, unilaterales y sin exigibilidad jurídica. El Derecho blando, el Solft Law.
Las «buenas prácticas de las empresas transnacionales» se fundamentan en la ética empresarial. Esta se expresa en dos vertientes, la relacionada con el modelo de sociedad y sus valores, y la referida a las prácticas empresariales. En el plano de los valores se establece la pugna entre la mercantilización de los derechos humanos que apuntala el aparato conceptual dominante, frente a la categoría universal e indivisible de los derechos humanos. La idea fuerza neoliberal reside en la universalización de las libertades mercantiles y de las normas que las sustentan mediante la generalización de aparatos normativos internacionales del Derecho Corporativo Global. Mientras tanto, las libertades y valores de igualdad y solidaridad se reterritorializan hacia aparatos normativos nacionales de intensidad cada vez menor, cuyo desplazamiento hacia sistemas blandos de regulación van consolidándose. Este es el hilo central de la doble moral, discurso fuerte en valores mercantiles e imperativos en su regulación, frente a la exaltación de la libertad y la dignidad vinculada a buenas prácticas empresariales y envueltas en retórica jurídica pero carente de sus núcleos normativos esenciales. Este modelo utiliza todo tipo de estrategias para mantener y restaurar el poder de las clases dominantes.
La otra vertiente de la ética empresarial, la de las prácticas de las multinacionales ajustadas a los valores de la empresa ciudadana, no consigue reconducir la distorsión existente entre la realidad de las mismas y las declaraciones, informes, códigos de conducta y auditorías de buen gobierno. Son múltiples los ejemplos de esta flagrante contradicción, pero en el ámbito de las relaciones laborales, los nuevos modelos de organización empresarial basados en programas de calidad, en el diseño de planes individuales y nuevos equipos de trabajo, en los círculos de calidad, en la formación en valores, en la visión y misión de la empresa etc. colisionan con la flexibilidad en toda la cadena del iter laboral. Así, la externalización, la subcontratación, la individualización, la precariedad y pérdida derechos laborales y sociales junto a la proliferación de formas diversas de trabajo informal, son ejemplos muy evidentes. Estos nuevos principios requieren de nuevos aparatos normativos de imposición donde la fusión entre flexibilidad, individualización y normas voluntarias fundamentadas en la ética de la empresa se convierten en la expresión de la RSC.
Las ideas seudo normativas sobre las que bascula la Responsabilidad Social Empresarial son la voluntariedad, la unilateralidad, la autorregulación y la no-exigibilidad, que se suman a la categoría que vincula la globalización con el modelo capitalista neoliberal, es decir, un modelo inalterable en el que la lucha de clases debe sustituirse por la corresponsabilidad entre empresariado, trabajadores y trabajadoras y sociedad civil. En este marco, el control de las empresas transnacionales debe ajustarse a la mencionada corresponsabilidad, a la colaboración con las instituciones internacionales y a la armonía con los Estados.
Ante modificaciones tan extremas, la Responsabilidad Social Corporativa se presenta como la alternativa más adecuada. Este diagnóstico encubre la realidad sobre la que se articula el poder de las multinacionales, que se materializa en su capacidad de «legislar» y delimitar el concepto y alcance de su responsabilidad y de las normas materiales sobre las que se sustenta. Además, frena todo sistema jurídico de control elaborado desde instituciones públicas. De ahí que esta no sea una respuesta ante determinadas protestas sociales, ni tan siquiera un mero lavado de cara de su actividad, sino una nueva forma en que se configuran las relaciones entre las empresas y el modelo capitalista. Este es el marco de sus obligaciones, que se mueve en los contornos de la impunidad, mientras que sus derechos se tutelan desde la fortaleza jurídica de un Derecho Corporativo Global al servicio de las clases dominantes.
No más mega-infraestructuras en Gipuzkon, declaración
Gipuzkoa es un territorio pequeño, pero en los últimos años debido al crecimiento y a la ola de la globalización económica se han llevado adelante muchos proyectos en nombre del progreso, muchos de ellos irreversibles. Hoy, nos hemos juntado aquí para pedir la paralización de todos los proyectos que tenemos encima de la mesa. El TAV, la incineradora, el Superpuerto de Jaizkibel, el metro de Donosti, la Plataforma Logística Oiartzun-Lezo-Gaintxurizketa, la ampliación del aeropuerto de Hondarribia, la macro cárcel de Zubieta, las circunvalaciones, las líneas de alta tensión, etc..
No son meras infraestructuras, ni proyectos que afecten a un lugar físico concreto, no. Y no las queremos parar solamente por su severo impacto ecológico, aunque en muchos casos sea una razón más que suficiente. Las personas que hoy nos hemos manifestado queremos cuestionar el modelo de desarrollo que nos quieren imponer; además pedimos que se realice un debate social que nunca hasta ahora se ha dado para abrir un período de reflexión y terminar con la falta de transparencia y con la política negadora de la participación ciudadana.
Queremos un modelo cuyo eje principal sea el bienestar social. De ninguna manera queremos un modelo que responda a intereses empresariales y que se base en empobrecer a una parte importante de la sociedad para beneficio de unos pocos. El hasta ahora modelo antisocial dominante despilfarra los recursos imprescindibles para responder a necesidades sociales tan básicas como el derecho a la sanidad, la cultura, la educación y el bienestar social.
Queremos un modelo social que se base en el respeto a la naturaleza. No queremos un modelo que metropolice nuestro territorio, destrozando los recursos naturales y el medio ambiente, despoblando zonas rurales y artificializando de forma irreversible las tierras que necesitamos para la agricultura. Algunos representantes políticos quieren neutralizar y bloquear en las instituciones las demandas sociales, manteniendo la presión a favor de proyectos destructores. Desean proseguir con esta política de hechos consumados promoviendo macroproyectos. Estos agentes políticos son defensores de los grandes intereses económicos privados que están detrás de todas las grandes infraestructuras. No quieren ningún tipo de cambio. Queremos denunciar su intransigencia en esta materia y por esto les pedimos una cosa muy concreta: que abran el camino del debate social y de la reflexión pública, abandonando las posturas obstaculizadoras.
Sin embargo, todas las respuestas no están en las instituciones. Para conseguir éxito es imprescindible agitar la conciencia de la población. La clave está en la transformación de la conciencia colectiva y en la iniciativa popular. Por tanto tenemos que seguir trabajando y manteniendo la lucha para paralizar todas las grandes infraestructuras y proyectos destructores, subrayando una y otra vez la importancia que se le debe al cambio de modelo de desarrollo y a la defensa de la tierra. Queremos una Gipuzkoa diferente en una Euskal Herria diferente. Hay que parar los grandes proyectos de infraestructuras y abrir el camino para el debate social. Queremos un nuevo modelo social y lo vamos a lograr.
Alternatiba apoya la iniciativa del GIC y afirma que es el momento de abordar los debates políticos no resueltos
Tras la reunión mantenida hoy con representantes del Grupo Internacional de Contacto (GIC), el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha reiterado su “total apoyo a la labor que el CIG viene realizando, así como a la propuesta que estos días están presentando a los diferentes agentes políticos y sindicales de Euskal Herria”. Matute ha asegurado que “ha llegado el momento de poner en pie un diálogo resolutivo entre los partidos políticos para encauzar los conflictos políticos que por la violencia de ETA han sido ocultados o desplazados de la actualidad”.
En el mismo sentido, el portavoz de la formación de izquierdas ha manifestado que, una vez que la violencia de ETA ha cesado de manera definitiva, “como así lo reiteran diferentes organismo y ya casi nadie duda”, es el momento de “abordar los debates políticos pendientes o no resueltos”. Matute, finalmente, ha mostrado el total acuerdo de su formación, Alternatiba, con la apertura de un diálogo político “sin condiciones y sin exclusiones”.