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Hacia la construcción de un gran bloque de izquierdas (Alternatiba)

Desde Alternatiba, consideramos que algo está cambiando en la plural izquierda vasca, en la izquierda comprometida, en la izquierda soberanista. Parece que, por fin, han pasado los años de darnos la espalda los unos a los otros, de poner sobre la mesa primero aquello que nos separaba, en lugar de lo mucho que nos unía. Pero para llegar a este estadio, han tenido que conjugarse al mismo tiempo factores diversos.

En primer lugar, cada una de las familias de la izquierda soberanista de este país nos hemos tenido que mover, desde nuestro propio análisis, desde nuestra propia historia, dejando a un lado el patriotismo de partido, de sigla. La reflexión producida en la Izquierda Abertzale, la evolución de EA y nuestra irrupción en el panorama político son ejemplos de ello. Y esperamos que se dé algún otro movimiento, ya que todas las partes son necesarias. Aunque el camino tiene que ir recorriéndose siempre con la puerta abierta, siempre con el brazo extendido, respetando el proceso interno de cada organización, pero sin dejar de caminar.

En segundo lugar, hemos realizado un análisis de situación en el plano social y económico sobre la falta de respuestas que desde la izquierda política se está dando a la crisis; sobre los recortes que se están produciendo en el ya de por sí raquítico Estado del Bienestar del que disponíamos; las contrarreformas laborales, la reforma de las pensiones, el paro, los EREs; la situación de la sanidad y la educación pública. Y todo ello, mientras desde los Gobiernos de Madrid, Gasteiz, o Iruña se siguen a pies juntillas los dictados de las grandes multinacionales, de los grandes bancos, del F.M.I, en definitiva, de todos aquellos que han ocasionado esta crisis. Políticas de generosidad con los poderosos despilfarradores y de recortes y austeridad con los que menos tienen y más sufren la crisis generada por los anteriores.

En tercer lugar, hemos madurado una reflexión sobre las políticas de recortes de derechos y libertades públicas que se han ido produciendo en este pueblo; de negación no sólo del derecho a decidir, sino incluso del derecho a ser y a existir como pueblo. De la necesidad también de articular respuestas y propuestas en este aspecto, de buscar puntos de encuentro, de recuperar la capacidad de activación y de movilización de la mayoría social de este país, sobre la base del respeto de todos los derechos, para todas las personas, para todas las ideas.

En cuarto lugar, partimos de una reflexión sobre la crisis de la política, sobre la necesidad de que desde la izquierda se pueda hacer realidad otra forma de entender y de hacer política. Volviendo a priorizar el esfuerzo y la elaboración colectiva, la articulación social, la participación radicalmente democrática, la no profesionalización, y la rotación de cargos. El cambio político y social que este país necesita sólo se puede lograr si conseguimos hacer protagonista del mismo a la mayoría social. Una sociedad altamente articulada y organizada es la mejor garantía para la consecución de una sociedad más justa.

En quinto lugar, estamos convencidos de que desde la izquierda debemos tener una interacción clara entre los fines que defendemos y los medios que utilizamos para conseguirlo. En el día a día, en nuestra forma de lucha, en nuestra forma de organizarnos, tenemos que ser capaces de ir proyectando ya el modelo de sociedad al que aspiramos. Una izquierda radicalmente democrática, participativa, comprometida con las luchas sociales y con todos los derechos humanos, tanto individuales como colectivos.

Y, por último, es preciso constatar que la situación en lo político, en lo nacional, en lo social y en lo económico es lo suficientemente grave para que no existan excusas para no ponernos a trabajar de forma conjunta. Las razones que ayer eran obstáculos insalvables hoy ya no existen. La apuesta por vías única y exclusivamente políticas y democráticas nos exige romper inercias del pasado, derribar muros de incomprensión y recelo, construir puentes de recuperación de confianzas y de trabajo conjunto, apostando por construir ese gran bloque plural de izquierda soberanista que dispute la hegemonía a las fuerzas del centro y de la derecha vasca o española.

Sabemos que la labor es difícil y que no estará exenta de obstáculos y contradicciones, pero tenemos la obligación de ir superándolos. Sabemos que esta apuesta sólo se puede hacer desde el acuerdo estratégico a medio y largo plazo, teniendo claro que el primer paso es recuperar confianzas entre las estructuras políticas, sindicales y sociales, pero después eso se tiene que trasladar a los diferentes sectores sociales que cada uno representa, al conjunto de la sociedad, que también se han estado dando la espalda.

Lo que nos une es mucho y merece la pena arriesgar por conseguirlo: un modelo de país, un modelo de sociedad radicalmente distinto al existente.

Porque otra Euskal Herria es necesaria, hagamos entre todos que sea posible

http://alternatiba.net/old-files/20110116_eh_ezkerretik.pdf

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Tomás Fernández ya es edil de Alternatiba en Aretxabaleta

El concejal de Aretxabaleta Tomás Fernández se integra en las filas de Alternatiba y reafirma su compromiso con la transformación social desde la izquierda

EL EDIL DENUNCIA PRESIONES TRAS ABANDONAR EZKER BATUA-BERDEAK

ARETXABALETA, 14 DE ENERO DE 2010 – El concejal de Aretxabaleta Tomás Fernández ha pasado a formar parte de las filas de Alternatiba, desde donde trabajará por la confluencia de las diferentes izquierdas y defenderá los compromisos programáticos adquiridos con la ciudadanía a la que representa. 

El edil de izquierdas ha asegurado que “no ha sido una decisión fácil”, sino que ha “meditado largo tiempo” antes de dar el paso de abandonar su anterior partido e integrarse en Alternatiba, especialmente después de haber militado en Ezker Batua-Berdeak desde su fundación.

Fernández, sin embargo, ha subrayado que su determinación es “firme”, ya que es fruto de su “profundo desacuerdo con el modelo organizativo de EB-B, más preocupado en luchas intestinas que en promover la transformación social desde la izquierda”. En este sentido, ha hecho hincapié en que no renunciará a sus principios ni cederá a las presiones que viene sufriendo por parte de miembros de EB-B desde que tomó la decisión de abandonar el partido.

A juicio del nuevo concejal de Alternatiba, “EB-B es ajena a los movimientos que se están dando en el seno de la izquierda en Euskal Herria y no apuesta por un proyecto aglutinador, sino que sigue una estrategia unilateral y cerrada a cualquier acuerdo”. Por ello, Fernández ha decidido abandonar su anterior partido e integrarse en Alternatiba, bajo cuya sigla “trabajará por la confluencia de las diferentes izquierdas y seguirá con los compromisos programáticos adquiridos con la ciudadanía de Aretxabaleta”.

http://alternatiba.net/old-files/TOMÁS FERNÁNDEZ.JPG

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Por la unidad de las fuerzas soberanistas y de izquierda en Euskal Herria

Matute: «Alternatiba es coherente con su apuesta por la búsqueda de acuerdos estratégicos con todas las fuerzas soberanistas y de izquierda»

DONOSTIA, 13 DE ENERO DE 2011 – Alternatiba ha subrayado hoy que, en coherencia con el mandato de su Asamblea General, los responsables del partido han trabajado por la búsqueda de acuerdos estratégicos con todas las fuerzas soberanistas y de izquierda de Euskal Herria, una labor que, finalmente, ha dado sus frutos con la materialización de un ambicioso pacto «por el cambio político y social» suscrito con Eusko Alkartasuna y la Izquierda Abertzale.

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha recordado que la Asamblea General del partido celebrada el pasado mes de octubre acordó, entre otras cuestiones, la búsqueda de acuerdos estratégicos con todas las fuerzas de izquierda y soberanistas de Euskal Herria, un mandato que la Secretaría Técnica del partido acató iniciando conversaciones con Aralar, Eusko Alkartasuna y la Izquierda Abertzale. Estas dos últimas formaciones dieron una respuesta positiva a la propuesta, por lo que las tres partes iniciaron un proceso de conversaciones que ha culminado en un pacto que será presentado el domingo en Gasteiz.

En un encuentro mantenido con Aralar, por el contrario, los dirigentes del partido abertzale informaron a Alternatiba de su negativa a sellar acuerdos estratégicos en el actual tiempo político, no así de otro tipo. Alternatiba, en coherencia con el mandato de su Asamblea General, prosiguió buscando la unidad de acción en torno a un acuerdo estratégico con Eusko Alkartasuna y la Izquierda Abertzale, sin ocultar en ningún momento que dichas conversaciones y reuniones se estaban produciendo.

Matute ha explicado que, en consecuencia, Alternatiba se ha mantenido fiel a sus principios y a la decisión de sus militantes, perseverando en su apuesta por sellar acuerdos estratégicos con aquellas fuerzas soberanistas y de izquierdas que han mostrado su disposición. «Gracias a este trabajo, hemos dado un nuevo paso adelante en el fortalecimiento de la izquierda vasca aunando esfuerzos para abordar la construcción nacional y la transformación social, avanzando decididamente, y siempre por vías exclusivamente políticas, en la consecución de una Euskal Herria soberana y solidaria«, tal y como se recoge en el acuerdo estratégico que será presentado este domingo, ha apuntado Matute.

En este sentido, el portavoz de Alternatiba ha añadido: «Entendemos que estos esfuerzos deben seguir produciéndose para que, desde el respeto a los tiempos y decisiones políticas de cada cual, cada vez ofrezcan una foto más inclusiva. Eso es lo que una buena parte de la sociedad vasca nos demanda y en eso estamos comprometidos».

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¿ A quién interesa y como sería el rescate de España?> Juan Torres (ATTAC)

Artículo publicado en ATTAC

Autor: Juan Torres López, miembro del Consejo científico de ATTAC

Cuando se está hablando tanto de la necesidad, de la inminencia o de la posibilidad de un «rescate» de la economía española conviene reflexionar y poner algunas cosas en claro.

Se dice que un grupo de países o instituciones, como podrían ser la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional,»rescatan» a un país cuando le conceden un crédito a pagar en un determinado plazo que le permite cubrir los «agujeros» que por diversas razones (generalmente por acumulación de déficit y deudas) hayan podido producir su insolvencia. Pero hay que tener en cuenta que esos agujeros pueden ser de naturaleza muy variada. Así, muchas dictaduras y gobiernos militares de los años setenta y ochenta endeudaron a sus países, con la connivencia de los grandes bancos internacionales, con préstamos que en ocasiones ni siquiera llegaron a ellos sino que se utilizaron fuera del país para negocios corruptos. Otras veces los utilizaron en obras completamente inútiles o directamente para enriquecer a los grandes empresarios y banqueros.
En el reciente caso de Irlanda, la necesidad perentoria de «ayuda» se debe a que hay que cubrir las pérdidas multimillonarias del sector bancario. Y una parte importante de la deuda pública griega que ha sido «rescatada» recientemente se originó para comprar armamento a Francia o Alemania.

Cuando la acumulación de deuda a la que no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros interesados en que se produzca el «rescate» del país pues de esa manera se aseguran su reintegro. Y suelen ser ellos los que lo promueven. El dinero que llega con el «rescate» se dedica a saldar sus deudas y la nueva que se origina con las instituciones que rescatan la pagan los ciudadanos en su conjunto a lo largo del tiempo. Los «rescates» consisten, pues, en convertir deuda privada, que por lo general han generado y disfrutado los sectores más ricos, en deuda pública que pagarán principalmente las clases de rentas más bajas.
Pero la cosa no queda ahí. El «rescate» no se produce nunca como una dádiva sino a condición de que el país «rescatado» cumpla una serie de condiciones. La primera, que esta nueva deuda tenga siempre carácter preferente y, además, que se tomen las medidas de política económica y cambio estructural que convengan a quien «rescata».

Gracias a ese procedimiento, la deuda externa que se originó en muchos países a lo largo de los años setenta y ochenta fue la antesala de la aplicación de las políticas neoliberales que promueven el Fondo Monetario Internacional y los grupos más poderosos del mundo que, para cerrar el círculo, son además los que se benefician del saldo de la deuda.

Pues bien en relación con la situación española habría que preguntarse si el «rescate» es necesario, es decir, si es que España es insolvente y no puede o no va a poder pagar su deuda, y qué efectos tendría.

La deuda española tiene dos componentes, la deuda pública y la privada. La primera es de unos 600.000 millones de euros pero en relación con el PIB es casi veinte puntos menor que la media europea. Se puede afirmar que es sostenible y que a poco que la economía crezca incluso moderadamente se puede ir amortizando sin problemas. Además, como todo el mundo sabe, ha crecido extraordinariamente en los últimos meses pero como consecuencia del impacto también extraordinario de la crisis. Si bien es un problema al que siempre hay que hacer frente, no tendría por qué generar una situación de insolvencia ni muchísimo menos. Los problemas que está provocando actualmente podrían aliviarse casi por completo si se recuperase la actividad económica aplicando las políticas adecuadas para ello, si se frenara la actividad de los especuladores y, con más seguridad aún, si hubiera una estrategia de apoyo por parte del Banco Central Europeo como expliqué en otro texto (El Banco Central Europeo frente a la deuda: se necesita algo más que comprar bonos).

Sin embargo, es cierto que podría plantear una grave problema si la actividad económica se sigue deteriorando como consecuencia de la aplicación de las políticas equivocadas que se vienen adoptando y si no se cambia de rumbo pronto hacia otra base de generación de actividad pues el modelo anterior es justamente el que provocó los problemas que sufrimos, si no encuentra financiadores a pesar de ser limitada en su cuantía o si se encarece en demasía, lo que suele ser el resultado de que se recurra al mercado en lugar de a los bancos centrales y de que se permita que los especuladores que lo controlan aprovechen la situación para provocar alzas en los tipos o para extorsionar a los gobiernos. Y también si alguna o varias de estas circunstancias, aunque se dieran en pequeña medida, coinciden al mismo tiempo en momentos en los que se concentre una cantidad más importante de ventas de títulos de la deuda (como va a ocurrir en los primeros meses de 2011).
La deuda privada española es mucho mayor que la pública. Las familias españolas deben aproximadamente un billón de euros a los bancos y las empresas algo más de 1,3 billones. Y, por otro lado, los bancos españoles tienen deudas, por su parte, tanto con el Banco Central Europeo (aunque fluctúa mucho, algo más de 60.000 millones de euros en estos momentos) como con otros bancos del resto del mundo, en una cantidad global muy difícil de cuantificar pero de cuya magnitud da idea el que tengan que amortizar unos 200.000 millones de euros en 2011 y 2012.

El problema se plantea lógicamente cuando toda esa deuda empieza a fallar, cuando la economía no genera suficientes ingresos y aumenta la morosidad como viene ocurriendo como consecuencia de la crisis, y es especialmente grave cuando el incumplimiento afecta a extranjeros y cuando, además, está concentrada en pocos acreedores, como en gran medida está ocurriendo con España.

Según el último informe del Banco Internacional de Pagos, España tiene una deuda de alrededor de un billón de dólares con bancos extranjeros, de la cual un 11% procede del sector público, un 25,7% de los bancos españoles, un 36% de empresas y el resto (26,6%) de operaciones con derivados que implican principalmente a la banca.

La cuestión, pues, está en dilucidar, por un lado, si los bancos españoles podrían absorber sin problemas la morosidad al alza y las pérdidas patrimoniales derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria porque estos bancos, a su vez, han financiado esa deuda con préstamos que han recibido de bancos extranjeros. Y, por otro lado, si los bancos extranjeros, y principalmente europeos, van a esperar a que todo vaya solucionándose o si van a tratar de garantizarse el pago de deuda mediante un «rescate».
Aquí, precisamente, radica el quid de la cuestión.

El incremento de la deuda privada española es el resultado de dos circunstancias coincidentes. Por un lado, los bancos de países con exceso de ahorro como los alemanes tuvieron un excedente muy grande en los últimos años y en lugar de dedicarlo a impulsar el desarrollo económico alemán y a favorecer el incremento de las rentas en aquel país, lo dedicaron a financiar a bancos de otros países, entre ellos los españoles. Por otro, para obtener esa financiación lo que hicieron los bancos españoles fue vender a los alemanes activos financieros vinculados al negocio inmobiliario (cédulas hipotecarias por ejemplo).

Cuando estalla la crisis eso produjo un hecho singular que a grandes rasgos es el siguiente. Gracias a las normas contables existentes, los bancos españoles podían seguir valorando los activos relativos al negocio inmobiliario al precio de adquisición (y no al más bajo que tienen cuando estalla la burbuja). Pero los bancos alemanes tienen su inversión en títulos secundarios (no la hipoteca original que tiene el banco español, sino el derivado de ella que han comprado para financiarlo) que han de valorar al precio actual de mercado.

Así, los bancos españoles han podido ocultar sus pérdidas verdaderas porque siguen contabilizando activos descapitalizados al valor anterior pero los alemanes sí las registran. Y la cuestión radica, por tanto, en saber si los bancos alemanes (en la mayor parte, aunque también el resto de los grandes acreedores de España) van a confiar en que se irá saliendo bien de la situación actual y así cobrando poco a poco si, por el contrario, prefieren asegurarse el cobro de su deuda «rescatando» a España antes de que ésta, si no mejora la situación económica o si se ve acosada por los especuladores y se ve obligada finalmente a declarar que no puede hacer frente a compromisos.

Si esto último ocurriera sería fatal, porque el “default” de España arrastraría con él a los bancos europeos y quizá a otras economía. De ahí que muchos acreedores piensen que es mejor forzar el «rescate».
Pero un «rescate» de España tiene graves inconvenientes. El mayor, que el dinero que habría que poner para llevarlo a cabo es mucho: se ha llegado a decir que incluso alrededor de 500.000 millones de euros, o incluso más, una cantidad que desestabilizaría a toda la zona euro no solo desde el punto de vista financiero o monetario, entre otras cosas, porque daría pie a que otros acreedores quisieran hacer lo mismo con la deuda de otros países…

Pero, por otro lado, la operación de «rescate» tendría para los grandes grupos de poder otras ventajas no solo financieras. Daría un extraordinario impulso a los bancos y justificaría un replanteamiento general de la estrategia europea en la líneas que al parecer desea, yo creo que muy equivocadamente, el gobierno y los grandes centros del poder económico alemanes. Además, el «rescate» iría acompañado de un programa de reformas de liberalización en España en la línea neoliberal que lógicamente sería proporcional al shock que provocaría la situación y a la inmensa cuantía del rescate, lo que daría satisfacción a los sectores que lo vienen reclamando desde hace tiempo.

De todo lo anterior se podrían deducir tres conclusiones fundamentales.

En primer lugar, que el «rescate» de España sería en realidad y como en otras ocasiones, el de sus acreedores y, en este caso, principalmente de los bancos alemanes y europeos, lo que da a entender que efectivamente éstos pueden estar altamente interesados en que se lleve a cabo. Y dado que el «rescate» justificaría la aplicación de medidas de liberalización excepcionales, podría aventurarse también que en él pueden estar igualmente interesados sectores nacionales que quieren «transformar» España en esta línea ya expresada al Rey por grandes empresarios y líderes de opinión.

En segundo lugar, que la economía española no es en estos momentos insolvente ni hay razones estructurales que aventuren que tenga que estar en esa situación (salvo que se sigan aplicando durante mucho más tiempo las equivocadas políticas de austeridad actuales y que se tarde en modificar las bases de nuestro modelo de crecimiento), de modo que su «rescate» solo podría ser consecuencia de un proceso provocado o inducido.
Tercero, que esa inducción del rescate podría venir por dos posibles vías. Una, la presión especulativa muy fuerte concentrada en algún momento, posiblemente a finales de enero o en febrero de 2011 cuando se negocie el gran volumen de emisiones de deuda inmediatamente posteriores. Otra, por una presión externa que fuerce a reconocer la situación patrimonial real de los bancos españoles hasta mostrarla como explosiva y de ahí se obligue a intervenir para actuar con ellos como con los irlandeses.

No sé si eso va a ser inevitable o no, o si las autoridades europeas ayudarán a evitar o a que se produzca el «rescate». Pero tengo la impresión de que un gobierno solo dispuesto a cumplir con las demandas constantes de los acreedores y especuladores para tratar de generarles confianza, como hizo precisamente el irlandés, lejos de ahuyentar el peligro, lo va a atraer sin remisión. Y también la seguridad de que si la ciudadanía no influye en el proceso será la que finalmente pague, en cualquier escenario que se produzca, sus consecuencias.

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Prohibido cerrar

Animamos a la ciudadanía a castigar mediante el no consumo en estas tiendas este modelo comercial y, en definitiva, de ciudad y de desarrollo económico y social. Los grupos municipales de la Izquierda Abertzale, EA y Alternatiba de Bilbo consideramos la apertura ayer de Opencor, tienda de El Corte Inglés que abrirá 18 horas al día los 365 días del año, como un ataque al derecho al descanso de trabajadores y trabajadoras en festivos. Lo que vimos ayer no es más que el inicio de una nueva agresión empresarial que busca la apertura del comercio grande en festivos con “normalidad” y que conllevará una mayor precarización de las condiciones de trabajo en el comercio, ya de por sí bastante precarias, un grave nuevo perjuicio al pequeño comercio, ademas de un obstaculo añadido a la conciliación entre la vida laboras, personal y familiar y la imposición de un modelo económico ajeno y basado en la “cultura” del negocio y del beneficio empresarial a cualquier precio.

Los grandes empresarios han perdido todo tipo de complejos y se han lanzado a una carrera sin límite cuyo objetivo final es la pérdida de derechos sociales y laborales y la precarización de las condiciones de trabajo como fórmula para multiplicar sus ya elevados beneficios.

Es en ese contexto en el que se multiplican los ataques al derecho al descanso, a no tener que trabajar en los días festivos. Y a ello no solo contribuye la clase empresarial, sino que tiene un gran aliado entre la clase política, en concreto, en este caso, entre PNV e IU, que han sido quienes han otorgado la licencia de apertura.

De nuevo se colocan a favor de los grandes intereses comerciales y en contra de trabajadores y trabajadoras y sindicatos. Especialmente grave nos parece la implicación de Azkuna, quien ayer mismo, con su patética y apresurada visita a la tienda como queriendo dar ejemplo, quiso dejar claro su inequívoco apoyo a este tipo de modelo económico extraño y ajeno que generará una gran fractura en las relaciones sociales y familiares, el incremento de la precariedad laboral con jornadas eternas y sin derecho al descanso, la desertización de los barrios y que sólo beneficia a una pequeña élite.

Izquierda Abertzale, EA y Alternatiba apoyamos la reivindicación laboral de trabajadores y trabajadoras, llamamos a secundar los actos de protesta que se convoquen (la concentración convocada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT para el 21 de enero a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento) y animamos a la
ciudadanía a castigar mediante el no consumo en estas tiendas este modelo comercial y, en definitiva, de ciudad y de desarrollo económico y social.

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Decálogo feminista de Bildu

Desde Bildu Euskal Herria presentamos este Decálogo feminista para un nuevo contrato social entre mujeres y hombres, con un triple objetivo: mostrar la trascendencia que en nuestra propuesta política damos a la lucha feminista; exponer la concepción del feminismo desde el que se plantea este nuevo contrato social entre mujeres y hombres; y presentar las diez premisas que sustentan dicho contrato y que van a guiar nuestras actuaciones a nivel institucional.

Años de lucha feminista han logrado la conquista de derechos para las mujeres, pero, a día de hoy, seguimos sin ser ciudadanas de pleno derecho. El sistema capitalista se nutre y, a su vez, refuerza el sistema patriarcal que históricamente se ha sostenido sobre la base de más derechos y más privilegios para los hombres; sobre un contrato social entre hombres y mujeres que reparte de manera desigual para unos y para otras, los espacios, los recursos, el poder. Hoy en día, esta desigualdad estructural, se materializa en una realidad marcada por las múltiples formas de violencia que sufrimos las mujeres, por los atentados constantes contra el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por la desigual incorporación al mercado de trabajo y a la vida pública, por el precario ejercicio de los cuidados… Se nos ha hecho creer además, que la igualdad legal suponía una igualdad real para la gran mayoría de las mujeres; que las cuestiones anteriormente mencionadas eran problemáticas específicas de algunas de nosotras (mujeres con menos recursos, mujeres migrantes…); que eran cuestiones a abordar de manera parcelada, y a las que, por tanto, desde las instituciones, se ha respondido con políticas parciales y desestructuradas. Esta ha sido la tónica y la práctica de las políticas auspiciadas por la derecha nacionalista vasca y española en Euskal Herria, que no han tenido el menor interés en abordar un cambio que sitúe a hombres y mujeres en pie de igualdad y que perpetúan la subordinación de las mujeres en todos los ámbitos del sistema patriarcal.

Desde Bildu creemos que no se puede construir Euskal Herria sobre la base de la ciudadanía parcial de las mujeres y que no es posible alcanzar el nuevo modelo socio-económico que pretendemos sin el concurso activo de las mismas en su definición. Para ello recogemos las demandas de los movimientos feministas, las propuestas de la teoría política feminista, y los incorporamos como núcleo central de todos nuestros planteamientos. Es imprescindible escuchar a las mujeres. Nos oponemos de forma tajante a la postergación de la lucha de las mujeres frente a otras dimensiones de la lucha política, nos oponemos al mercado vergonzoso de los derechos de las mujeres y la subordinación de nuestros innegociables derechos a criterios económicos. Esta nueva forma de entender y hacer política que proponemos desde Bildu, esta nueva propuesta que lanzamos a la ciudadanía de construir Euskal Herria desde abajo y a la izquierda, será feminista o no será.

Por todo ello, desde Bildu nos mostramos en contra de las propuestas liberales que intentan parchear el problema e incorporar a las mujeres, sobre una base de falsa igualdad, a un modelo social y económico generador de injusticias y desigualdades. La consecución de un sistema económico y social equitativo para mujeres y hombres es una tarea que involucra a toda la sociedad y que debe atacar las raíces del problema que no son otras que el sistema patriarcal y neoliberal en el que hunde sus raíces.

Frente a ello, proclamamos la existencia de una alternativa viable para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria: la firma de un nuevo contrato social entre mujeres y hombres, construido sobre un reparto justo y equitativo de los espacios, de la toma de decisiones, del cuidado, del trabajo remunerado…en definitiva, de la vida; de los derechos y obligaciones de todos y todas. Y nos comprometemos a aportar nuestro trabajo y esfuerzos para que esto sea posible.

Para ello, sin perder de vista que las mujeres somos diversas y por tanto diversas son también las estrategias de lucha, planteamos las siguientes diez medidas, presentes en nuestros programas forales y locales.

Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. La violencia que sufren muchas mujeres es la punta del iceberg del sistema patriarcal neoliberal, que carga con toda su fuerza para intentar mantener bajo control el cuerpo y la vida de las mujeres. Desde las administraciones rechazaremos firmemente cualquier tipo de violencia teniendo en cuenta su carácter integral y pondremos en marcha programas integrales de atención a las mujeres que la sufren, buscando la coordinación entre las distintas administraciones implicadas y el estableciendo de recursos específicos para cada uno de los ámbitos de actuación.

Colocar la vida y el cuidado de la misma como un elemento central de las políticas públicas. Dar valor social al trabajo no reumerado que históricamente ha recaido y recae sobre las mujeres. Todas las personas tenemos la necesidad y el derecho a ser cuidadas, y debemos  reconocer el valor que estas tareas, tradicionalmente realizadas por mujeres, tienen en nuestra sociedad. Es responsabilidad de las administraciones garantizar la existencia de servicios públicos y sin copago para el ejercicio de los cuidados (residencias, centros de día, servicio de atención domiciliaria, haurreskolas, ludotecas).

Garantizar que las mujeres que actualmente están ejerciendo cuidados, lo hagan en condiciones dignas y que su labor sea socialmente reconocida. Por lo tanto, nos comprometemos a abordar la situación de subcontratación de servicios de cuidado por parte de la administración y la precarización galopante de los mismos, desde el firme objetivo de construir un sistema público de atención a la dependencia. Por otro lado, impulsaremos medidas para corresponsabilizar a los hombres en el ejercicio de las tareas de cuidado, que son una responsabilidad que corresponde a todos y todas y no una labor exclusiva que las mujeres tengan que encargarse de conciliar con otras facetas de sus vidas

Impulsar la autonomía económica de las mujeres y acabar con la precarización de sus condiciones de vida, a través de actuaciones dirigidas a garantizar su acceso y permanencia en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad. Las mujeres estamos presentes en el mercado de trabajo en una situación de crisis permanente y de desprotección social (mayor precariedad, más contratos temporales, peor remuneración). Desde las administraciones, pondremos en marcha medidas específicas (ayudas, programas) y promoveremos una reorganización de los tiempos para el trabajo,  el empleo y el ocio equilibrada, evitando que las mujeres soportemos una presencia precaria en todos ellos.

Impulsar la necesaria toma de conciencia y la participación socio-política de las mujeres, desde un modelo de democracia real. Impulsaremos los proyectos de Escuelas de empoderamiento y pondremos en marcha espacios propios para las mujeres, como las Emakumeen Etxeak. Además abriremos la administración a la participación de las mujeres y al movimiento feminista, a través de la puesta en marcha de Consejos de las Mujeres  con el compromiso de que se tenga en cuenta sus aportaciones y procesos de presupuestos participativos. Prestaremos especial atención al impulso de la participación de las mujeres jóvenes y migrantes.

Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la diversidad sexual. Para ello consideramos necesario la definición de políticas públicas activas en este sentido, impulsando medidas que incluyan la sanidad, la puesta en marcha de modelos de educación afectivo-sexual y campañas de concienciación social. Ello implica que se garantice, también a las mujeres navarras, su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público de su propia Comunidad y se ofrezca a las nuevas generaciones los servicios de información, orientación sexual y asesoramiento que aportaban los antiguos COFES desmantelados por UPN.

Trabajar desde modelos coeducativos, que promuevan la autonomía de nuestras niñas y niños. El proceso de socialización, en el que la educación tienen un peso fundamental, sigue mostrando a nuestras niñas y niños y a nuestra juventud, un modelo diferenciado por género. Debemos romper con estos modelos de educación estereotipados e impulsar otros, tanto en la educación formal como informal, basados en la promoción de la autonomía individual y en las relaciones de equidad.

Construir ciudades y pueblos habitables para las mujeres. Para ello garantizaremos que todas las actuaciones relativas al urbanismo y la movilidad sean planificadas y desarrolladas desde la perspectiva de género. Queremos ciudades en las que no existan lugares a los que las mujeres no puedan acceder por el riesgo de ser agredidas. Queremos ciudades y pueblos accesibles, que garanticen que la diversidad funcional no sea nunca una barrera, ciudades donde el transporte público sea una realidad y se adecue a las necesidades de las mujeres, como principales usuarias del mismo. Por otro lado, no limitaremos nuestras propuestas al ámbito urbano, sino que tendremos en cuenta las necesidades y demandas específicas de las mujeres que viven en el entorno rural.

Impulsar una cultura en la cual se reconozca la aportación histórica y los saberes de las mujeres en este ámbito. Promoveremos medidas encaminadas a la recuperación de la memoria histórica de las mujeres de nuestras ciudades y pueblos. Impulsaremos la producción cultural de las mujeres y estableceremos medidas específicas para impulsar su acceso a las actividades de ocio. Desde la administración no se subvencionará ninguna actividad cultural que sea discriminatoria. Y pondremos en marcha distintas medidas para acabar con la desigualdad en el deporte.

Pintar de morado la administración pública. Creemos que la administración pública tiene que velar porque todas las medidas anteriormente mencionadas se lleven a la práctica. Para ello se necesita de planificación, de personal, de recursos…pero sobre todo, de un compromiso feminista convencido y firme.

Las personas que conformamos Bildu tomamos el presente decálogo como elemento fundamental de nuestra práctica política y asumimos la responsabilidad de llevarlo a la práctica en todos nuestros pueblos y ciudades. Somos conscientes de las dificultades, de la profundidad de las transformaciones necesarias, pero ante los obstáculos, tenemos la ilusión y la fuerza que nos da la certeza de que otro modelo político y socioeconómico, otra Euskal Herria feminista, de mujeres y hombres libres, es posible. 

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Batu gaitezen: ¡Qué viene el lobo! > Jon Lasa (Alternatiba)

Últimamente, el PNV se ha inventado una nueva amenaza. A través de su propuesta Batu gaitezen, ha hecho un llamamiento a la unidad de quienes creen en el derecho a decidir por vías pacíficas y democráticas ante la supuesta necesidad de parar la ola del pacto PSE-PP en las instituciones forales y municipales en las próximas elecciones. El PNV lanza una vez más su cortina de humo para dar la impresión de que son menos malos y más del país que “los otros”, cuando lo cierto es que representan los mismos intereses económicos.

Son cantos de sirena. No por la causa de la autodeterminación a la que alude el PNV, que compartimos desde Alternatiba, sino porque, reinterpretando a Mateo, “no sólo del derecho a decidir vive el hombre”. Entendemos la necesidad electoralista del partido de Urkullu de lanzar un frente en torno a su organización política, pero el derecho a decir no puede ser un mantra que nos haga olvidar que somos muchos y muchas quienes denostamos el resto de políticas de derechas lideradas por el PNV.

Es evidente que hace falta un frente común que ponga coto a las medidas neoliberales que impulsa el PSE, con la complicidad del PP, desde el Gobierno Vasco, pero este frente tiene que articularse en torno a un concepto de desarrollo diferente, a un sistema de infraestructuras sostenible, a un modelo de fiscalidad justo y redistributivo y a una apuesta decidida por lo público. El PNV es, junto con el PSE y el PP, punta de lanza de lo opuesto a estas políticas.

Por eso, resulta curioso que, mientras el Partido Nacionalista Vasco avala la contrarreforma del mercado laboral y los recortes presupuestarios de Zapatero, impulsa macroinfraestructuras insostenibles y apuesta por una estructura fiscal en la que los que más tienen son los que menos pagan, nos diga al resto que nos olvidemos, porque hay que fijarse sólo y exclusivamente en el derecho a decidir. Lanza sus soflamas de patriotismo vasco mientras avala con su voto la invasión de Afganistán, donde van a parar millones de euros del erario público en una guerra al servicio de los EE.UU. ¿Acaso no tienen los afganos derecho a decidir frente a la OTAN?

¿Qué sentido tiene decirnos “cuidado, que viene el lobo” cuando hay un compadreo absoluto entre PNV, PSOE y el PP? Es el mismo partido de Urkullu el que pacta con el PSOE el apoyo a los presupuestos del Estado, su complicidad con los de la CAV y un pase foral para las cuentas de los tres territorios históricos. Todo ello, bajo el manto del tan cacareado discurso de la “responsabilidad de Estado”, que no es más que el afán de mantener entre ellos el actual status quo económico.

No entendemos los discursos alarmistas que dicen que hay que evitar que PSE y PP lleguen a gobernar las instituciones forales del país, como si plantearan hacer cosas diferentes a las que hoy en día practica el PNV. ¡Sólo sería más de lo mismo! Hace falta construir una alternativa real a las políticas que nos han llevado a esta situación de crisis económica y pérdida de derechos sociales. Pretender hacer creer a la ciudadanía que sólo se puede elegir entre el PNV o el binomio diabólico PSE-PP, en el fondo, tiene el mismo nivel de debate político que elegir estas Navidades entre Barbie o Bratz.

Este país necesita un bloque de izquierdas con un marcado respeto en todo momento al conjunto de los derechos humanos y civiles, incluido el derecho democrático a decidir. Necesitamos centrar un discurso diferente, alejado de los cantos de sirena que ahora nos quieren vender. Otra dinámica es posible y, con la que está cayendo, es urgente y necesaria. El lobo hace años que se coló en el gallinero.

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Se abre un nuevo tiempo

Alternatiba: «Estamos avanzando hacia el afianzamiento de un proceso que debe ser irreversible»

  • OSKAR MATUTE AFIRMA QUE «HOY SE ABRE UN NUEVO TIEMPO EN LA POLÍTICA VASCA»

DONOSTIA, 10 DE ENERO DE 2011 – Alternatiba ha realizado hoy una lectura positiva del anuncio de alto el fuego permanente realizado por ETA, ya que «afianza de forma importante el proceso para la resolución del conflicto» y es «un paso adelante para alcanzar la meta definitiva e irreversible que la sociedad demanda y defiende».

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha afirmado que «hoy se abre un nuevo tiempo en la política vasca» porque el actual proceso «tiene otras características y muchas más posibilidades de éxito que los anteriores intentos, ya que ha sido impulsado y liderado por las fuerzas políticas y la sociedad civil de Euskal Herria».

En este sentido, ha querido poner en valor la importancia del Acuerdo de Gernika, «un texto impecable desde el punto de vista democrático que está sirviendo de punto de referencia para el proceso de paz y que está dando sus frutos a pesar de las zancadillas».

El dirigente de izquierdas ha añadido que es momento de «redoblar esfuerzos para hacer irreversible el proceso», por lo que ha urgido a la comunidad internacional a poner en marcha los mecanismos necesarios para verificar el alto el fuego «permanente y de carácter general» decretado por ETA.

El portavoz de Alternatiba ha expresado además su deseo y su esperanza de que ésta sea la antesala de la declaración del final de la lucha armada», al tiempo que ha instado al Gobierno del Reino de España a mover ficha para restituir derechos y libertades hoy suspendidos, ya que la sociedad vasca «clama por el fin de todo tipo de violencias, incluidas la extorsión y la vulneración de derechos humanos, civiles y políticos».

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Pensiones y trabajo doméstico > María Pazos (ATTAC)

Artículo de María Pazos publicado en la web de ATTAC

La Comisión del Pacto de Toledo ha propuesto que se estudien medidas para que las amas de casa lleguen a cobrar pensión de jubilación. El informe habla de reconocimiento de periodos cotizados por cuidado de hijos y dependientes, así como de establecer incentivos fiscales, que no concretan, para que coticen los matrimonios con régimen de gananciales. Todo muy vago aún pero muy preocupante, porque supone profundizar una vía ya iniciada hacia la consolidación de la división sexual del trabajo que las mujeres españolas habíamos soñado con desafiar. Pensábamos: puesto que nos hemos incorporado a la educación con inmejorables resultados, ¡queremos nuestros empleos y nuestras pensiones por derecho propio! Aún más, ahora que hemos demostrado nuestra valía para cualquier profesión, y la valía de los hombres para cualquier actividad doméstica, ¡queremos repartir al 50% todas las tareas! ¿No es posible? ¿Por qué no? ¿Se han planteado siquiera la pregunta los diputados y las diputadas de la Comisión del Pacto de Toledo?

Dirán que no es posible porque nosotras elegimos ser amas de casa, pero nadie se cree ya que las chicas que terminan sus estudios optan masivamente por esa vocación. Al contrario, para jóvenes menores de 30 años, la tasa de actividad femenina es prácticamente igual a la masculina. De hecho, muchas retrasan la decisión del primer hijo buscando estabilidad en el empleo; la bajísima tasa de fecundidad española es una muestra de que las mujeres no están dispuestas a optar por la maternidad sacrificando su profesión. Pero lo que no se dice es que las pocas que se deciden a tener hijos se encuentran, además de sin servicios públicos de educación infantil accesibles, con maridos que no comparten, con empresarios que les penalizan y con importantes incentivos económicos a las familias para que ellas abandonen definitivamente sus empleos. Ahí está la desgravación por declaración conjunta de los matrimonios en el IRPF, una ayudita si ella se queda en casa que se une a los permisos de maternidad cada vez más largos (y mucho más largos que los de paternidad), a los cuales suceden excedencias con reconocimiento de cotizaciones (aunque, nótese: ¡solamente durante un periodo y nunca para el desempleo!).

Ayuditas y promesas: el régimen matrimonial de gananciales ya les promete que todo será de los dos al 50%. Además, ella no debe preocuparse, porque con las cotizaciones de él tendrán una pensión de jubilación y, si pasara lo peor, ella quedaría con la de viudedad. Como parece que todo esto no está siendo suficiente, ahora se les promete una pensión de jubilación (que la Comisión del Pacto de Toledo llama ‘propia’) por sus trabajos de ama de casa ¡Qué fácil es engañar a una joven madre que de todas formas no tiene otra alternativa! Porque del dicho al hecho va mucho trecho: nadie le advierte que la pensión de viudedad se pierde en caso de divorcio; que la liquidación de gananciales es un infierno en muchas ocasiones; que los periodos reconocidos probablemente no les den para llegar a los 20 años de cotización que establecerá la nueva reforma de las pensiones; y que, si acaso llega a los 20 años, le quedará la pensión mínima porque las bases de cotización serán bajas y porque por ese camino no alcanzará los años necesarios para tener pensión completa. La Comisión del Pacto de Toledo, que en el informe citado reclama la “real equiparación de salarios entre hombres y mujeres”, debe de saber que reintegrarse a un empleo de calidad a partir de los 40 años después de un periodo largo de ausencia es casi imposible, aparte de que el coste de oportunidad ya no se recupera; y hoy en día queda mucho por vivir a partir de los 40 años, con maridos e hijos/as o sin ellos/as. Las mujeres, además de no haber sido educadas para pensar en ellas mismas, y menos a largo plazo, tienen que descubrir por sí mismas, en su propia carne, todos estos efectos previsibles. Curiosa inhibición del Sector Público en su tarea informativa/formativa, o mejor dicho, ¡bonita forma de tirar la piedra y esconder la mano!

Los estragos de estas propuestas ‘novedosas’ pueden comprobarse en los países, como Alemania, que nos preceden en ellas. En base a estas experiencias, ya en 1996, Diane Sainsbury estableció dos constataciones sobre los derechos/compensaciones otorgados en base al trabajo doméstico y de cuidados: 1) siempre son inferiores a los adquiridos por la permanencia en el empleo, y 2) nunca son suficientes para asegurarse una renta que permita vivir independientemente.

Si los incentivos siguen aumentando y prosperando, es posible que el gobierno de turno se quite de encima a unas cuantas buscadoras de empleo de esas que empañan las estadísticas del paro. Pero, ¿es bueno para el país? Paradójicamente, un efecto constatado, y obvio, de estas figuras desincentivadoras del empleo formal es el de potenciar la economía sumergida, enemigo principal del Pacto de Toledo. En efecto, en su declaración programática, el Pacto llama a ‘incentivar el trabajo regular y luchar contra la economía sumergida, permitiendo que aflore el empleo oculto existente en la actualidad’; y por ello propone que las bases de cotización se acerquen a los salarios reales y que se penalicen los huecos de cotización. ¿Soñarán con que se apliquen estas reglas para ‘todo el mundo’ excepto para el 50% de la población? Parece como si no se hubieran dado cuenta de que su imposible excepcionalidad se refiere justamente a la mitad más importante de la regla, porque son las mujeres las que tienen más huecos y las que están más afectadas por ese empleo sin derechos. Pero los perjuicios para la sociedad son mucho mayores que la precariedad y la pérdida de ingresos por impuestos y cotizaciones que supone la economía irregular. Ya nadie pone en duda que la especialización de las mujeres en el trabajo doméstico es ineficiente: desperdicio de su capital humano, segregación del mercado de trabajo, despilfarro del capital cuidador de los hombres… Aún más, sabemos que es insostenible: los países que continúan por esta vía, como Alemania, Japón, España o Italia, registran las menores tasas de fecundidad del mundo, en un fenómeno que se ha dado en llamar ‘suicidio demográfico’.

Entonces, ¿a quién le interesa la vía que la Comisión del Pacto de Toledo nos propone profundizar? Muy sencillo: a un sistema político-económico en el que, como afirma Vicente Navarro, el poder de clase se alía con el poder de género. El confinamiento de las mujeres en el hogar, tan perjudicial para ellas mismas y para la sociedad en su conjunto, proporciona a las empresas hombres totalmente disponibles y, como únicos sustentadores, absolutamente sumisos. ¿Qué más les da si se desperdicia la mitad del capital humano del país? ¿Qué les importa que los servicios públicos sean una inversión rentable, si no se apunta a su cuenta de resultados empresariales? El capitalismo salvaje no entiende de razones sociales. Por ello, hace ya casi un siglo, la comunidad internacional se unió en torno a la idea del Estado del Bienestar, precisamente para poner coto a este fenómeno depredador que ahora vuelve a campar por sus respetos.

Hay que reconocer también que el sistema tiene su base social. También la llamada izquierda está sucumbiendo ante los cantos de sirena de este poder patriarcal y económico que parece otorgar a los hombres la descarga sobre la parte débil. ¿Quién habla de estos temas? Mujeres en el 99% de los casos. Algunas feministas nos desgañitamos gritando que queremos ser iguales a nuestros compañeros de clase, de trabajo, de vida. Nuestros compañeros progresistas no niegan nuestras razones pero tampoco nos escuchan. La violencia de género se trata como algo abstracto. El Burka se tolera o se minimiza el problema con argumentos cuantitativos (“hay pocos”, repiten). Hemos crecido pensando que estábamos conquistando la igualdad y nos hemos topado con la diferencia. Algunos se sentirán privilegiados, sobre todo cuando el empleo es escaso y no parece haber para todos. Pero se equivocan quienes eligen ese camino, porque por él solo se va a la barbarie. Y al paso que vamos, como escribió Bertolt Brecht, cuando vengan a por ellos ya no quedará nadie para protestar.

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