Es un principio ya asumido, debiéndose formular en un futuro un protocolo específico para la rotación de cargos, así como su inclusión en los estatutos. Éste debe impedir la conformación de estructuras burocráticas sostenidas por tiempo indefinido.

Por otro lado, se aboga por el sueldo único para personas liberadas y cargos públicos.

Finalmente, se deberán establecer un sistema de rendición de cuentas para los y las representantes.

Se aboga por la paridad total en los órganos ejecutivos (pudiendo establecerse alguna cláusula de salvaguarda para casos muy concretos, donde fuera realmente imposible cumplir este criterio). Esta paridad alcanza también a las personas que conforman la secretaría técnica.

En este punto se mantiene el debate entre quienes no ven necesario mantener esta diferenciación, y entre los que sí ven necesario esta diferencia a la hora de acceder a cargos o puestos.

No obstante, se parte de la dificultad a la hora de establecer un criterio de separe claramente una figura de la otra. Así, se quiere evitar que quien no asista nunca voluntariamente a las reuniones luego quiera participar sólo en la decisión o votación; pero también hay que ser flexible con aquellas personas interesadas pero que, por diferentes razones, no pueden participar activamente, y puedan ver lesionados sus derechos.

Como resultado, se aboga por algo que ya se ha hablado previamente sobre la cultura democrática dentro de la organización: todo el mundo debe tener acceso a la información; las decisiones se deben tomar en ámbitos formales; debe haber una buena reglamentación sobre sistemas de recogida de información en las reuniones, así como de preparación de las mismas; canales específicos de comunicación interna; protocolos de funcionamiento equitativos, etc.

Pero además, y sin cerrar el debate, se resuelve que en algunos casos se podrían tomar cautelas, en base a dos principios: pagar la cuota y participar, que son mínimos necesarios. De esta manera, cada ámbito de decisión (municipal, mesa, etc.) podrá tomar las cautelas que estime oportuno en el marco de estos principios.

Finalmente, también se aboga que, cada cierto tiempo, y con carácter consultivo, se organicen Asambleas de Simpatizantes para recibir propuestas de gente cercana pero no involucrada como militante en el proyecto.

Las estructuras democráticas sin voluntades, políticas, formas y métodos participativos, claros y transparentes, no funcionan. Por ello, a dichas estructuras hay que sumarles medidas que avancen en este sentido, y refuercen la estrategia global. Señalamos a continuación algunos puntos fundamentales.

Para la conformación de esta propuesta de organigrama, hemos tenido en cuenta los siguientes principios:

• La apuesta por la democracia radical supone la búsqueda de un equilibrio entre la democracia directa (decisión directa de la militancia), la democracia participativa (procesos y estructuras de elaboración colectiva y programática a largo, medio y corto plazo) y la democracia representativa (en base a una conceptualización diferente del representante, y en base a sistemas de funcionamiento que evitan la acumulación de decisiones y responsabilidades).

• En este sentido, los órganos de debate y decisión que se generen deben compatibilizar la máxima autoridad de la asamblea general, con la importancia de equilibrar la dinámica territorial y la de elaboración colectiva. De esta manera, la asamblea general decidirá sobre el enfoque estratégico de la organización así como las cuestiones fundamentales, mientras que en los órganos y estructuras ejecutivas estarán presenten tanto las personas representantes territoriales como las representantes de los órganos de elaboración colectiva.

• Los representantes en las estructuras ejecutivas lo serán en función de sus asambleas de base (bien sean agrupaciones locales o de territorio histórico, bien sean mesas de elaboración colectiva), y siempre podrán ser revocados en todo momento por las mismas. Además, existirán sistemas de rotación de cargos, así como de obligaciones de información de los representantes con la militancia, los movimientos sociales y la ciudadanía. Los cargos públicos deberían manejar los idiomas oficiales en Euskal Herria.

• La democracia del conjunto de la organización se basa en sistemas de información transparentes y claros para el conjunto de las personas afiliadas, así como en la promoción de una cultura democrática que priorice la figura del y de la militante, realizando un ejercicio explícito de formación política para el conjunto de la militancia.

En este sentido, el organigrama que se propone es el siguiente, basándonos en un sistema piramidal que comienza en las asambleas de base, bien sean territoriales, bien asambleas de las mesas de elaboración colectiva. A partir de esta base, se conforman estructuras de representación del territorio histórico (siempre combinando la lógica territorial y de elaboración colectiva); finalmente, y en base a estas estructuras, se conforma la estructura de representación nacional, que no sólo tiene miembros y miembras provenientes de ambas lógicas, sino que además suma una tercera: los y las seleccionadas por la asamblea nacional.

De esta manera, el proceso sería el siguiente:

• La asamblea nacional es el sujeto soberano máximo en lo referente a la propuesta estratégica de la organización.

• Cada asamblea municipal tiene autonomía en el ámbito de sus competencias, dentro de los parámetros marcados por el conjunto de la organización en asamblea nacional. La asamblea municipal elige a sus representantes (habiendo que definir el papel y el sistema de funcionamiento, responsabilidades y obligaciones establecido previamente); a su vez, también nombra representantes para la ejecutiva del territorio histórico, en los términos estatutarios establecidos.

• Cada mesa de territorio histórico de elaboración colectiva, con labores de elaboración, información y difusión de su ámbito sectorial en el territorio, también nombra sus personas representantes para la ejecutiva del territorio histórico.

• La ejecutiva del territorio histórico, de esta manera, está conformada entonces por representantes elegidos en el ámbito municipal, más los representantes que provienen de las mesas de elaboración colectiva del territorio histórico. Se establece un número proporcional entre ambas lógicas, de manera que se garantice que el proceso continuado y permanente de elaboración colectiva tenga un peso significativo en los órganos ejecutivos, de manera que en éstos tenga tanto peso la coyuntura como la propuesta política a medio y largo plazo.

• La ejecutiva nacional también será fruto de el encuentro de estas dos lógicas: elaboración colectiva y dinámica territorial; por un lado, las mesas nacionales de elaboración colectiva elegirán directamente a una serie de representantes en este órgano; por otro lado, las ejecutivas del territorio histórico, en función de su peso ponderado, también elegirán a sus representantes; además, la asamblea nacional elegirá directamente también a un porcentaje de sus representantes. Se evitará e impedirá la duplicidad de cargos en diferentes ejecutivas.

• Por otro lado, se genera también una secretaría técnica (conjunto de personas liberadas), encargada de ámbitos fundamentales de la organización: sistemas de comunicación e información interna; comunicación externa; formación política como prioridad de la organización; especialistas en técnicas participativas y en definición de agendas y planes; internacionalismo, fomento de la equidad, etc.

• Finalmente, se propone la creación de un Espacio Autónomo de Mujeres que, complementariamente a la mesa feminista (en la que participen mujeres y hombres para desarrollar una agenda en este sentido), pueda servir de estructura de empoderamiento y de formación y debate específico para las mujeres de la organización. Contaría con sus recursos específicos, y se insertaría en las lógicas propias de la organización, pese a su especificidad.

A lo largo del presente documento hemos venido haciendo hincapié en la importancia de que el nuevo paradigma que estamos construyendo incorpore una nueva cultura política, nuevas formas y metodologías de actuación, que garanticen una estructura realmente democrática, abierta, dinámica, cooperativa y equitativa. Sólo este tipo de organización será capaz de articular a diferentes sujetos e integrar sus diversas luchas por la emancipación en una misma agenda.

En este apartado presentamos las bases que se han definido para la conformación de una nueva organización tras el proceso constituyente de convergencia. Fundamentalmente es fruto de los debates y las reflexiones de la mesa de democracia radical, pero también ha tenido las aportaciones de otras mesas, fundamentalmente de la mesa feminista y la mesa internacionalista.

El conjunto de estas propuestas las hemos dividido en dos partes. La primera, recoge la propuesta de organigrama de la nueva organización, en base a la conjunción de la lógica territorial y la lógica de elaboración colectiva; la segunda, llamada metodologías democráticas, hace referencia a todos aquéllos aspectos vinculados a fomentar una cultura de participación activa y de calidad en la organización: formación, información, etc.

En este apartado se incluirán aquellas medidas y políticas vinculadas al control de los recursos naturales necesarios para la aplicación de un modelo agro-ecológico.

Gestión de la tierra

El problema de la falta de tierra es un condicionante general para el sector agrario de Hego Euskal Herria y supone un serio obstáculo para el desarrollo de una agricultura sostenible. Los motivos de esta perdida de tierra son el fuerte abandono de explotaciones sin relevo, la extensión de plantaciones forestales y especialmente el crecimiento de suelo urbano y urbanizable a costa del agrario. En ese sentido, las políticas encaminadas a conservar tierra agraria y frenar la urbanización son fundamentales.

Para ello, es necesario la Creación de un órgano, vinculante para todas las administraciones, interdepartamental y autónomo de la administración pública, con una dirección independiente y control político de todas las administraciones implicadas (Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos, y una representación transversal del Ministerio de Hacienda, Medio Ambiente, Agricultura) y por los representantes del sector agrario. Este órgano asumiría las siguientes funciones:

• Realizar estudios de la tierra a fin de establecer la clasificación agrológica del suelo, teniendo en cuenta las funciones de protección del medio ambiente y creación de empleo en la agricultura y ganadería.

• Identificar del suelo público disponible y trabajar con las Administraciones que detenten ese suelo para conseguir la mayor rentabilidad social del mismo.

• Labor de mediación entre particulares para la compra/venta y/o alquiler de la tierra.

• Adquirir terrenos para su posterior redistribución a precios agrarios entre los agricultores/ganaderos que quieran acceder a ese recurso básico para dimensionar las explotaciones, con preferencia para los jóvenes con continuidad. Esta medida toma especial importancia en casos de recalificación de tierras definidas como de alto valor agrológico dentro del PTS Agroforestal.

• Informar continuamente a todos aquellos baserritarras que necesiten acceder a más tierra, así como a personas ajenas al sector (alumnos de Escuelas Agrarias, parados, etc) que quieran instalarse en esta profesión.

• Realizar un seguimiento a nivel estadístico sobre la evolución del suelo agrario en su ámbito territorial, número de explotaciones, niveles de rentabilidad, creación de empleo.

• Asesoramiento en las políticas públicas de agricultura y territorio.

• Seguimiento de las explotaciones de los titulares mayores, en especial en aquellas que no tengan relevo generacional para facilitar ese relavo.

• Intermediación en materia de cese anticipado de la actividad agraria.

• Puesta en marcha de un Programa de Recuperación  y Régimen de cesión para usos agropecuarios de terrenos de titularidad pública.

Otras medidas son también:

• Freno a la extensión de la malla urbana e industrial: Intentar poner freno a la extensión de la malla urbana limitando la construcción de nueva vivienda, en la medida de lo posible, al relleno de casco o mediante operaciones de «cirugía urbanística» (recuperación de zonas degradadas, etc.). Idéntica dinámica con los polígonos industriales. Muchas veces los ayuntamientos consideran que deben ofertar suelo industrial como única receta contra el paro -entrando en absurdas competiciones con el resto de pueblos de la comarca sin una planificación real- y sin plantearse la recuperación de las zonas industriales degradada.

• Evitar la proliferación de edificios aislados y oposición a la construcción de zonas residenciales de baja densidad.

Gestión del agua

• Gestión pública del agua.

• Aplicación de una tasa reducida para el uso del agua de los agricultores/as.

• En caso de sequía, garantizar el abastecimiento de las explotaciones afectadas por la falta de agua.

• Estudiar el establecimiento de diferentes redes de distribución, uno para uso doméstico y otro para uso agro-ganadero. Posible aplicación de una tarifa reducida a la red destinada a la actividad agro-ganadera.

• Uso de agua adecuado a la extensión de tierra y al número de animales.

El destino de la mayor parte de los fondos públicos para la agricultura hoy en día van dirigidos a implementar otra serie de servicios o habilitar infraestructuras no agrarias, que deberían de recibir fondos de otra serie de departamentos. De esta manera, los fondos de desarrollo rural no pueden servir para tapar la falta de inversión pública de muchos departamentos en el medio rural y la falta de financiación adecuada de nuestros Ayuntamientos.

Los fondos deben ir dirigidos  a mejorar de la situación y las posibilidades productivas agrarias de las diferentes comarcas, mejora de accesos, luz, agua, apoyo a proyectos de transformación, comercialización, instalación de jóvenes en la agricultura y otra serie de servicios necesarios para que la actividad agraria sea posible y viable.

Se debe avanzar hacia una tributación en la que se pague en función de la renta que se percibe, teniendo en cuenta las especificidades del sector. El tratamiento fiscal y su funcionamiento deben tener una homogeneización para evitar las actuales diferencias de tratamiento en temas como regímenes de tributación, subvenciones, venta directa, agroturismo, etc.

La escasa rentabilidad de las explotaciones ha influido en el descenso de la población agrícola. El relevo generacional es casi testimonial. A la escasa rentabilidad de las explotaciones hay que sumarle las características asociadas al actual modelo dominante de producción y las grandes dificultades de acceso a tierra, la cual es escasísima y está sometida a una gran presión especulativa.  La política de creación de empleo en el sector primario debe fomentar el apoyo a los jóvenes agricultores y estimular la atracción de la fuerza laboral hacia el sector primario.