Ante los avances neoliberales hoy en día tan en boga que proponen desfiscalizar las rentas, es decir, bajar e incluso eliminar algunos impuestos directos, desde Alternatiba reivindicamos que las dos funciones que tienen los impuestos, recaudación y distribución, son inseparables. Unos servicios sociales de calidad, es decir justos y que lleguen a todos los ciudadanos y ciudadanas que los necesiten, para ser posibles precisan de una política fiscal recaudatoria progresista: que los que mas tienen, más tributen o aporten. 

La presión fiscal es directamente proporcional con el bienestar.  Es una realidad que en la UE los países que cuentan con mayores niveles de bienestar y protección social son los países nórdicos. Así en Suecia la presión fiscal supera el 50 % del PIB mientras que en la CAV apenas supera el 30 %. Las políticas desfiscalizadoras atentan directamente contra las coberturas sociales, promoviendo la privatización de las mismas y que los ciudadanos tengan que pagar por unos servicios que no van a poder prestarse desde las instituciones públicas.  Y esto se concreta en un incremento de las desigualdades entre quienes pueden permitirse pagar unos servicios y los que no.

A continuación presentamos algunas propuestas en materia de fiscalidad.

I.R.P.F. Rentas del trabajo: Elevar el tipo impositivo de las rentas más elevadas del 45 % actual al 55 %. Esta medida debe ir acompañada de la eliminación o limitación de desgravaciones por cotizaciones a EPSVs y por compra de vivienda, que han dado más opciones de desgravación a quienes más tienen.

Rentas del Capital: Que tributen como las rentas del trabajo y no al 18 % fijo actual. Necesariamente debe acompañarse de la eliminación de los paraísos fiscales.

Rendimientos de Actividades Económicas: El control debe ser mayor, para evitar situaciones de fraude

Impuesto de Sociedades: Aumento del 28 % en que ha quedado después de las últimas reformas al 35 %.

Impuestos de Patrimonio: Reinstaurar este impuesto recientemente eliminado por la poca relevancia de la cifra recaudada, pero revisado para que todos los ciudadanos que les corresponda por disponer de un patrimonio significativo tengan que  cumplirlo y no acogerse a exenciones por constituir sociedades u otros mecanismos evasivos de impuestos similares.

Es necesario reforzar la inspección fiscal incorporando más recursos humanos. Inspecciones centradas en las actividades económicas, especialmente de empresarios y profesionales que es donde se encuentran las bolsas de fraude fiscal.

Alternatiba considera que las fronteras son límites artificiales establecidos por los poderes dominantes para organizar mejor la explotación de las personas y de los bienes naturales. Rechazamos la existencia de unas líneas, a veces imaginarias, a veces marcadas a sangre y fuego por muros y alambradas, que establezcan a dónde pueden ir o no ir las personas.

Las personas nunca pueden ser ilegales, no pueden ser tratadas como mercancías cuyo acceso se permite o no en función de intereses económicos cambiantes. Las personas tienen derecho a moverse por el planeta y a establecerse y trabajar allá donde les parezca más conveniente, sin ninguna restricción de ningún tipo, y con los mismos derechos y obligaciones que las personas locales. Ahora bien, nos oponemos rotundamente a quienes pretenden que algunos trabajadores y trabajadoras trabajen aquí al precio de sus países de origen, debiéndose aplicar los convenios colectivos del lugar de trabajo.

Frente a quienes defienden las medidas policiales de restricción de la entrada y presencia de personas extranjeras, defendemos la protección de los derechos humanos en todos los países.

Las personas que cuenten con un tiempo mínimo de residencia en un lugar deben contar con derechos políticos plenos en ese país.

Hasta los años 80 del siglo pasado, los procesos de desventaja tenían que ver con aspectos materiales y distributivos y se describían en torno al concepto de pobreza. La crisis de los 70 y las políticas económicas implementadas para superarla, han originado fuertes transformaciones en el ámbito laboral y en el de la protección social, a los que se han añadido una serie de cambios demográficos y en las redes de solidaridad primaria. Todo ello ha originado nuevas necesidades sociales y un aumento de los colectivos amenazados por las privaciones, no ya sólo materiales y económicas, sino también referidas a otros ámbitos como el educativo, el cultural, el de la salud, el de la vivienda y el relacional. El concepto de exclusión social surgió en los años 80 para explicar estos procesos en los que su acumulan diversas carencias tanto económicas como de otra naturaleza. Se trata de  pobreza económica, pero también salud deficiente, vivienda deficiente y de carencias educativas y relacionales.

Al igual que en el caso de la pobreza, se debe enfatizar el carácter sistémico de la exclusión social: ocurre en un sistema socioeconómico concreto con una dinámica de desarrollo concreta, y determina, no sólo la vida de los individuos y colectividades excluidas, sino también las de los individuos y colectividades integrados. Por un lado, el modelo socioeconómico provoca la aparición de pobreza y exclusión social y por otro, la existencia de pobreza y exclusión social posibilita que el modelo socioeconómico sea tal y como es.

Bajo este punto de vista, queda de manifiesto la insuficiencia de los sistemas de garantía de rentas como política de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Estas transferencias simplemente alivian las situaciones de privación pero no consiguen que desaparezcan de forma definitiva, dado que no alteran los mecanismos generadores de exclusión. Además, intervienen en un solo ámbito, el económico, dejando de lado las actuaciones en los demás. Las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social deben entonces orientarse en dos sentidos.

En primer lugar, y con una perspectiva fundamentalmente preventiva, es decir, dirigida a frenar el crecimiento de la exclusión, habría que modificar las desiguales relaciones en las que se produce el reparto del producto en nuestras sociedades, lo que implica frenar la cada vez mayor precarización del trabajo y reconocer formas de actividad que van más allá del empleo remunerado. Un número importante de la población vulnerable y excluida trabaja, pero su trabajo está insuficientemente remunerado  o es inestable o no está reconocido. Asimismo debe llevarse a cabo una renovación de los sistemas de protección social para adaptarlos a las nuevas necesidades sociales que tienen que ver con el envejecimiento poblacional, los procesos migratorios, el debilitamiento de las redes sociales y de parentesco y la mayor discontinuidad de las trayectorias laborales. A inicios de 2008, los informes de Foessa, Caritas y la OCDE recogían índices de pobreza del 20% de la población en el Estado Español,  lo que significa unos ocho millones de pobres, una de las cifras más altas de la UE. Según los últimos datos de la OCDE el porcentaje habría llegado al 30%, unos 13 millones, casi al mismo nivel que los países de la OCDE. Según el Banco de España, en el año 2002, el 20% de los hogares más pobres percibía una renta de 8.700 euros anuales, mientras que el 10% de las familias más ricas percibía 85.100 euros. Pues bien, en el año 2005, el 20% de los hogares más pobres percibía 6.900 euros, mientras que el 10% más rico alcanzaba 85.800 anuales, lo que muestra que la injusticia social no para de aumentar.

Segundo, y dado el carácter multidimensional de la exclusión social, son necesarias políticas con una perspectiva integral. Se trata de proporcionar a las personas medios económicos suficientes y, al mismo tiempo, favorecer su plena integración social. Son necesarias intervenciones en ámbitos diversos como el laboral, el educativo, el cultural, el relacional y el de la vivienda, teniendo en cuenta dos reglas básicas: que las actuaciones deberán ser personalizadas y que son necesarios mecanismos de seguimiento y acompañamiento. Para que el derecho a la inserción exista efectivamente es necesario que exista una conexión institucional entre las prestaciones y las actividades de integración, pero estas actividades no deben tener como objetivo limitar al beneficiario ni controlarle o vigilarle, sino darle una oportunidad o apoyarle para que pueda llevar a cabo determinados proyectos.

Desde hace años se ha construido todo un discurso en torno al inevitable colapso del sistema de pensiones, que solo podría evitarse con una prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años. Al igual que ha hecho el capital, hay que ofrecer una alternativa a este posible colapso desde los intereses de clase de los trabajadores, lo que implica trasladar el debate al sistema actual de cotizaciones y a la necesidad de aumentar las cotizaciones a cargo de las empresas, de forma que permitan hacer frente a los tiempos de no-trabajo (incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación-maternidad-paternidad…).

El periodo laboral que actualmente computa para el cálculo de la renta de jubilación lo constituyen los últimos 15 años. Ampliarlo o reducirlo (o sea, jugar con el número de años) no ofrece mejoras sustanciales para el/la jubilado/a, ya que la precarización laboral es creciente y los últimos años (sean 5, 15 o 20) pueden presentar condiciones tan adversas como los primeros. La clave estaría en reivindicar como periodo de cómputo los mejores años de la vida laboral de una persona, independientemente de su ubicación cronológica.

Actualmente las revisiones de las pensiones se realizan en función del IPC, cuya elevación tiene a ser menor que el porcentaje negociado en los diversos convenios. Aún cuando las condiciones de la jubilación sean buenas, este factor contribuye a una progresiva desigualdad social en perjuicio de las personas jubiladas de mayor edad, por el alejamiento progresivo de las pensiones sobre los salarios. Por ello es necesario reivindicar una revalorización de las pensiones en función de la media salarial.

Desde hace años se han puesto en marcha política activas para propiciar el fortalecimiento de los fondos de pensiones privados, los cuales tienden a erigirse (a través de la promoción de una “cultura inversora” de carácter “popular”) como una alternativa al sistema público de pensiones. Es necesario confrontar este proceso de valorización de los sistemas privados de capitalización. Para la clase trabajadora, la lucha por el carácter público de las pensiones de reparto es estratégica:

• Es indudablemente más inclusivo que los sistemas privados, comportando mayor bienestar social, al permitir criterios redistributivos, tales como las pensiones mínimas garantizadas, la consideración como cotizado de períodos dedicados a actividades de cuidado, la no reducción de las pensiones de las mujeres por la mayor esperanza de vida de las mismas… 
• Reduce el nivel de fondos disponibles para actividades especulativas, lo que reduce las desestabilizaciones como la que vivimos actualmente y evita la contradicción de intereses entre los trabajadores aportantes a fondos de pensiones (interesados en el aumento de la rentabilidad de las inversiones de los fondos) y los trabajadores de las empresas en las que se invierten los fondos (que pueden ver afectados a la baja sus condiciones laborales por la presión de los fondos de pensiones).

La existencia de topes de cotización y de pensiones parece en principio una medida igualitaria, pero en la práctica conduce a un desvío de rentas hacia los fondos de pensiones privados por parte de las personas con rentas altas. Así pues, la elevación de los topes de cotización puede ser una medida para limitar el fortalecimiento de la alternativa privada de jubilación.

Especial atención merece la situación de las personas expulsadas del mercado de trabajo antes de acceder a la jubilación como consecuencia de la política de rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas, lo que contribuye a disminuir las pensiones por aplicación de coeficientes reductores, aspecto que se vería aumentado si aumenta la edad de jubilación. Para quienes trabajan en pequeñas y medianas empresas  el ingreso de espera hasta la jubilación consiste en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, de cuantía muy reducida y que, además, va unido a cotizaciones reducidas que afectarán a la futura pensión de jubilación (para las grandes suele venir acompañado de complementos a cargo de la empresa y mejora de las cotizaciones). Para impedir esos efectos, una reivindicación de inicio puede ser la exigencia de la jubilación a los 60 años sin penalizaciones, sin perjuicio de exigir una edad de jubilación más baja para el caso de las profesiones con determinados riesgos para la salud. Por el contrario, hay que evitar la trampa de aceptar las jubilaciones anticipadas, a la cual suelen adherirse trabajadores/as con problemas de salud y fatiga derivados de la actividad laboral realizada, que a veces todavía se ha prolongado durante 40 y más años, para los cuales no hay compensación alguna. Además, el subsidio de mayores de 52 debe ser sustituido por una prestación de desempleo ordinaria que dure hasta la jubilación, acompañada del mantenimiento de las cotizaciones a cargo de las empresas. 

Las pensiones de viudedad de las generaciones mayores deben inspirarse en el reconocimiento de una situación histórica en el que las mujeres desempeñaron un decisivo papel las mujeres en la reproducción de la vida, lo que demanda la atribución a las mismas de las pensiones de sus cónyuges.

Actualmente la llamada prestación contributiva está ligada al tiempo de trabajo cotizado y a la renta percibida, lo que deja en una situación vulnerable a colectivos con empleos precarios y contribuye a la fragmentación de clase. Hay que revertir esta concepción de la prestación de desempleo, de modo que, progresivamente, deje de estar ligado a los factores tiempo de trabajo-cotización y salario. Los efectos de esta nueva concepción serían tres: reducción de la vulnerabilidad social, recomposición de clase y socavamiento de la idea de que el/la trabajador/a es responsable de su suerte.

Por otra parte, existe una presión creciente para propiciar la colocación y movilidad de los/as trabajadores en función de las necesidades del capital. Este fenómeno se contempla claramente en las medidas que pretenden obligar a las personas paradas a aceptar las ofertas de trabajo recibidas, reduciendo su capacidad de decidir en función de sus propios intereses y capacidades y las condiciones ofertadas.  Es un imperativo invertir este concepto de movilidad: hay que reducir la movilidad impuesta en función de los intereses empresariales y aumentar aquella relacionada con los intereses de la fuerza de trabajo, al hilo de lo arriba comentado en torno a la nueva cultura laboral.

Empleo: Crítica de los conceptos y políticas capitalistas

El pensamiento humano y el desarrollo personal en el mundo capitalista han sido enfocados cuantitativamente, ignorando la dimensión ética que debe estar en la base de una vida socialmente saludable individual y colectiva. Para el capitalismo, las personas son simples números con los que se opera para obtener el máximo beneficio. La vida que el capitalismo desea para las personas trabajadoras es aquella que se parezca lo más posible a la de una máquina: encefalograma plano, autonomía cero, y que no dé problemas.

Para el movimiento anticapitalista, sin embargo, cada persona trabajadora es un miembro activo de la sociedad. Por eso, su implicación, su compromiso, su voluntad de crecer y de cambiar es indispensable para conseguir una sociedad diferente, en la que podamos contemplar las tres dimensiones, libertad, igualdad y solidaridad, como una realidad, sin que la consecución de una anule a la otra.

Reivindicamos de esta manera el derecho a llevar las riendas de nuestras propias vidas: compromiso, activismo, humanización, socialización, austeridad, lucha, son conceptos más necesarios que nunca en un mundo en el que todo se ha desmesurado y en el que se ha devaluado el valor del trabajo en sí mismo.

Para poder avanzar en esta lucha, es necesario identificar y analizar los conceptos que componen el discurso del capital, como flexibilidad laboral o competitividad. Estas categorías cumplen las siguientes funciones:

• Tratan de ocultar el carácter político de las relaciones de producción, a través de la tecnificación del lenguaje. De ese modo, cuestiones que antes se contemplaban desde el punto de vista de la confrontación/negociación (como por ejemplo, el abaratamiento del despido), salen progresivamente de ese espacio y se convierten en elementos incuestionables de cualquier propuesta laboral responsable.
• Reducen el costo político que tiene para la clase empresarial la adopción de medidas impopulares. Al dejar de contemplarse como decisiones políticas y pasar a convertirse en técnicas, se proyecta la idea de que su adopción resulta inevitable. La clase empresarial borra, de este modo, sus huellas de la escena del crimen.
• Atomizan a la clase trabajadora. Son nociones (flexibilidad, competitividad, etc.) que tienen como objetivo des-estructurar los marcos colectivos de relaciones laborales y sustituirlos por marcos individuales o fragmentados. El desmantelamiento de estos marcos es clave para la desorganización sociopolítica de la fuerza de trabajo y su división en organizaciones corporativas, sin carácter de clase.

De todos modos, hay que tener en cuenta que algunos de estos conceptos, como el de flexibilidad, también guardan cierta la relación con los cambios socioculturales que se han dado en las sociedades occidentales desde los años 60. La posibilidad de cambio es parte integrante de las aspiraciones del nuevo individuo, y un modelo laboral basado en la obtención de un empleo para toda la vida, a pesar de ser estable, no respondería a determinadas demandas sociales en la actualidad.

En este sentido, es interesante el informe Supiot, un documento que explora los contenidos que debiera tener una propuesta que contemple la nueva cultura del trabajo. Se mencionan, concretamente, los derechos de giro social, es decir, un sistema para financiar la movilidad voluntaria de los trabajadores.

A pesar de la seducción de estas propuestas, también advertimos los riesgos de priorizarlas en un contexto en el que la ofensiva para eliminar las barreras de protección de los derechos laborales sigue adelante. Por tanto, debemos concentrar nuestros esfuerzos en el mantenimiento y la ampliación de las garantías de protección, sin renunciar al impulso de políticas que permitan el desarrollo personal y laboral de los y las trabajadoras, mediante la mutualización de su coste entre el conjunto de las empresas de un territorio o nación.

Por otro lado, para recomponer a la clase trabajadora vasca es importante mantener la reivindicación sobre el marco vasco de relaciones laborales. Sin embargo, la utilización regresiva que tanto la CAV como Navarra han realizado y realizan de sus competencias en materia de fiscalidad (supresión del impuesto de patrimonio, reducción de los tipos en el impuesto de sociedades, fiscalidad más favorable de las rentas de capital, elevado fraude en este tipo de rentas), muestra que los marcos vascos no son suficientes para asegurar que las políticas fiscales, laborales y de protección social se realicen a favor de las mayorías sociales, sino que se requiere una fuerte presión social y política, que logre contrarrestar la tendencia institucional a favor de la gente más rica y de mayores ingresos.

Relaciones entre trabajo y capital                                                                           

Frente a una cultura neoliberal que se deshace en alabanzas, exenciones de impuestos y subvenciones hacia los dueños de las empresas y de los bancos, desde Alternatiba  reivindicamos un mundo sin explotadores ni personas explotadas.

Frente a quienes obtienen beneficios a costa del trabajo, la salud e incluso la vida de los demás, frente a quienes entienden la economía del trabajo como elementos periféricos del análisis, frente a quienes confunden trabajo y empleo, reivindicamos el trabajo como una forma de disfrutar de una autonomía y de una vida personal y comunitaria rica, equilibrada y saludable.

Intentan presentar como un avance de la libertad el hecho de que los contratos estables o indefinidos vayan siendo una reliquia social. Y no negamos el interés que puede tener una persona en dar un giro a su vida en un momento dado, cambiando de actividad, pero eso es precisamente lo que está penalizado. Por el contrario, la precariedad que cada vez más nos imponen nada tiene que ver con la libertad. No hay una libertad más coartada que la de aquella persona que sabe que decir no ante cualquier petición de la patronal puede suponer quedarse en la calle, o la de quien ha de trabajar sin ver el fruto de su trabajo reconocido socialmente.

Frente a ese modelo defendemos un nuevo concepto de trabajo, que incluya tanto las acciones productivas y las reproductivas, a partir de un empleo estable y con derechos, que permita a las personas garantizar su autonomía económica, planificar su futuro, defenderse de las arbitrariedades de la patronal y ver reconocido su esfuerzo. Para ello hay que incrementar notablemente el conjunto de los salarios, de manera que se pueda recuperar la pérdida de valor de éstos en relación con la producción, mediante incrementos para todos y todas de 300 euros/mes y fijando el salario mínimo en 1200 euros, acabar con la contratación temporal y las ETTs, prohibir los despidos colectivos y limitar y penalizar duramente los despidos individuales, garantizando el reingreso de la persona despedida si el despido es considerado improcedente.

Defendemos un modelo en el que las personas no sean instrumentos de usar y tirar a los que se le prohíbe hasta pensar, en el que se fomente la participación de las personas trabajadoras en las decisiones que les afectan, en el que se busque el enriquecimiento del trabajo, haciéndolo más variado y creativo,  e incrementando la formación de los trabajadores y trabajadoras para que puedan adaptarse a los cambios y hacer frente a nuevas situaciones.

Frente a quienes imponen las horas extras y el trabajo de lunes a domingo desde los 14 a los 70 años, frente a quienes imponen que hasta las personas con contratos de media jornada vivan sólo para su empresa, defendemos un modelo en el que el trabajo sea una parte más de la vida y nos deje tiempo para disfrutar de nuestras aficiones, de nuestros amigos y amigas, de nuestra familia, de la participación en la vida social y política y de la vida en general.

Frente a quienes dicen que cualquier actividad es lícita si genera beneficios, sin importar si contamina, si destruye el medio ambiente o la vida humana, defendemos una actividad económica sostenible, ética y basada en criterios de interés público. La carrera productivista ilimitada impulsada por el capitalismo, al empujar hacia un consumo desmesurado de los recursos naturales, es insostenible, convirtiendo un medio en un fin en si mismo, ya que la economía debe estar al servicio de las necesidades humanas. El capitalismo propicia la obsolescencia programada de los artículos de consumo, el machaque publicitario para crear nuevas necesidades de bienes de consumo que permitan el funcionamiento a pleno ritmo de la industria y el fomento artificial de la necesidad de movilidad en transporte privado, aunque mantengan en funcionamiento el sistema económico no contribuyen a la felicidad humana. La industria del automóvil, basada en una utilización de la energía que resulta imposible de generalizar para todo el planeta dada la finitud de los recursos petrolíferos, está conduciendo a un recurso de los llamados biocombustibles que conduce a una destrucción de fuentes alimenticias para buena parte de las poblaciones campesinas más pobres y a un aumento desmesurado de los precios de los alimentos. La actual crisis de esta industria debe ser resuelta mediante una reconversión ecológica hacia otra industria de transporte sostenible (ferrocarril, etc.), manteniendo las condiciones laborales y sociales de las personas que trabajan en la misma.

Los y las neoliberales siempre encuentran dinero para respaldar a los bancos, para incrementar el gasto militar, para las grandes infraestructuras cuya principal virtud es incrementar los beneficios de los bancos y de las empresas constructoras. Nuestras prioridades, por el contrario, son apoyar a las personas, incrementando los servicios sociales, adelantando la edad de jubilación y mejorando las pensiones y las coberturas de desempleo, invirtiendo en los servicios públicos fundamentales como la sanidad o la educación. Estas medidas crearán una cantidad de puestos de trabajo mayor, más duradero y sostenible.

Intentan presentar como parásitos sociales a todas aquellas personas que en un momento dado se benefician de las prestaciones sociales públicas que se han conseguido gracias a la lucha de muchas generaciones: los usuarios de la sanidad son incultos y pastilleros, mientras que no se cuestiona la derivación de los presupuestos sanitarios para satisfacer los intereses de las grandes empresas farmacéuticas en lugar de atender las necesidades de la mayoría de la población; las personas que están de baja laboral son defraudadoras a las que hay que atar en corto mediante revisiones y reducción de los tiempos máximos de baja e introducción en los controles de las mutuas patronales; las personas paradas y quienes reciben la renta básica son vagas y delincuentes y ello mientras los banqueros y otros dirigentes empresariales que han conducido a la humanidad al desastre, mediante fraudes de todo tipo a la vez que cobraban sueldos y pensiones multimillonarios y contratos blindados, siguen reclamando reducciones de salarios y de prestaciones sociales.

Frente a este modelo, defendemos una protección social universal para todas las situaciones en las que no es posible trabajar, garantizando en todo momento un nivel de vida mínimo digno a todas las personas en todas las situaciones de adversidad social.

A partir de un nuevo concepto de trabajo, que le concede valor como forma de que las mujeres y hombres disfruten de su autonomía y de una vida digna y plena, se definen una serie de propuestas en ámbitos estratégicos como el desempleo, las pensiones, la fiscalidad, la lucha contra la pobreza y la exclusión, la inmigración y la política fiscal. Finalmente, se analiza la coyuntura actual de crisis y se proponen medidas concretas que apuntan a un nuevo orden social, político y económico superador del capitalismo.

Si bien la crisis ecológica afecta a toda la humanidad, el reparto de responsabilidades y repercusiones es desigual. Mientras los problemas ambientales del Norte se deben a su sobredesarrollo (contaminación industrial, lluvia ácida, residuos peligrosos), el deterioro ambiental del Sur es en gran medida sino una consecuencia del modelo de desarrollo impuesto por los anteriores.  A diferencia de lo que pasa en los países del norte, para el Sur el medioambiente no es un lujo, sino su sustento, con lo que de su conservación depende su supervivencia. Por tanto, cualquier consideración sobre la ecología global debe abordar conjuntamente el problema de la equidad y el problema de la sostenibilidad, desde una triple perspectiva:

• En primer lugar, la responsabilidad casi exclusiva del Norte en la crisis ecológica global (con diferente responsabilidad también dentro las sociedades del Norte y del Sur).

• En segundo lugar, la explotación, mayoritariamente occidental, de los bienes y servicios comunes del planeta.

• En tercer lugar, el uso insostenible que actualmente realizan estos países de los recursos naturales del Sur.

En la práctica esto supondría:

• la abolición de la deuda externa de los países empobrecidos.

• el reconocimiento de la deuda ecológica.

• la denuncia de las actividades o inversiones de transnacionales vascas que vulneran los derechos sociales y ambientales de los países del Sur.

• la denuncia de los sistemas de compra de derechos de emisiones.

La idea del crecimiento ilimitado implícita en la mayor parte de los discursos políticos y económicos -tanto de la derecha como de la izquierda- contrasta con una realidad finita, con unos límites biofísicos en el planeta. Es por ello que una apuesta práctica por el decrecimiento -en términos de producción y consumo de bienes- supone una verdadera revolución ideológica.

El decrecimiento no implica un deterioro de las condiciones de vida para la mayoría de los habitantes, sino mejoras sustanciales vinculadas a la redistribución de recursos, creación de nuevos sectores, preservación del medio ambiente, el bienestar de las generaciones futuras, la salud, las condiciones laborales o el crecimiento relacional. En última instancia, es necesario partir de la certeza de que si el decrecimiento no se produce de forma voluntaria y ordenada, habrá de hacerse forzosamente como consecuencia de la sinrazón económica y social actual:

• El decrecimiento en el contexto de una sociedad occidental opulenta no debe ser visto como una merma del nivel actual de bienestar, sino como una oportunidad de aumentar el bienestar. Eso sí, entendiendo el bienestar no como un concepto cuantitativo, basado en una acumulación infinita de bienes materiales, sino como un concepto cualitativo donde prime el tiempo de ocio, el altruismo, las relaciones humanas, la solidaridad, la equidad, la justicia y la espiritualidad.

• El decrecimiento está relacionado con la reducción/eliminación de actividades que perpetúan la insostenibilidad del sistema, como la industria militar, nuclear, automovilística, agricultura industrial, etc. Estos empleos podrían ser canalizados por un lado, hacia actividades relacionadas con la satisfacción de necesidades sociales o ambientales y por otro, al reparto del trabajo mediante la reducción de la jornada laboral. A su vez, habría que fomentar las industrias facilitadoras de la transformación hacia la sostenibilidad: energías renovables, transporte colectivo, agricultura ecológica, educación y cultura, etc.

• El decrecimiento debe ir orientado a lograr un desacoplamiento entre bienestar, consumo de recursos y generación de residuos, y una reducción de la huella ecológica.

• El decrecimiento implica reducir las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte.

• El decrecimiento implica primar lo local frente a lo global.

La crisis ambiental global muestra la incompatibilidad manifiesta entre la economía actual y la ecología debido a la existencia de diferentes ritmos biológicos -lentos, con horizonte temporal largo- y económicos -rápidos, con horizonte temporal corto-. Un ritmo económico superior al biológico y geológico implica infravalorar problemas ambientales futuros -escasez de recursos, pérdida de biodiversidad o efecto invernadero- en favor de rendimientos económicos presentes aumentando, así, la explotación intensiva de los recursos naturales. En la medida en que los ritmos económicos no se adapten a los biológicos asistiremos a un progresivo aumento de la degradación ambiental global de consecuencias imprevisibles. El sistema económico ha de ser cíclico y analizarse como un organismo vivo, es decir: en primer lugar, ha de cerrar el ciclo de los materiales, sin contaminación y sin toxicidad; en segundo lugar, ha de cumplir con los principios bióticos y adaptarse a la diversidad local; y, en tercer lugar, la energía utilizada en todo el proceso ha de ser renovable.

En otras palabras, la economía humana será sostenible en la medida en que sea capaz de adaptarse el comportamiento de la economía de la naturaleza, idea que se sintetiza en el concepto de biomímesis. La biomímesis implica: funcionar a partir de la luz solar, usar la energía imprescindible, adecuar forma y función, reciclaje, recompensa de la cooperación, fomento de la diversidad, contrarrestar los excesos desde el interior, utilizar la fuerza de los límites, aprender de su contexto y cuidar de las generaciones futuras.

Aplicar los fundamentos de la economía ecológica a la práctica política implica la consecución de múltiples objetivos:

• Creación de modelos de producción y consumo sostenibles a través de distintas herramientas como el desarrollo de ecosistemas industriales. Así, las industrialdeas y parques tecnológicos deberían buscar formas de aprovechar sinergias en el ahorro de energía e inputs materiales y en la minimización de residuos generados.

• Reforma fiscal ecológica (gravar los aspectos negativos del sistema productivo, como la contaminación o el consumo de materiales, en lugar de aspectos positivos, como el empleo, etc.). En este sentido, es necesario apostar por una reforma total de sistema impositivo vigente: por un lado, reduciendo el peso de los impuestos indirectos a favor de los impuestos directos y, por otro, gravando el consumo de recursos naturales en lugar del trabajo.

• Limitar los procesos de artificialización de suelo. Urge imponer una moratoria a la artificialización del escaso suelo fértil que resta en Euskal Herria.

• Fomento de las energías renovables. El consumo de energías fósiles debe ir siendo sustituido por energías renovables. Como primer paso, es necesario el cierre de todas las centrales nucleares.

• Impulso de la movilidad sostenible. Los recursos públicos deben dedicarse mayoritariamente a garantizar la movilidad de la mayoría de la población vasca. Esto supone invertir prioritariamente en medios de transporte colectivos y socialmente equitativos. Los grandes proyectos de infraestructuras como el TAV, la Supersur y el puerto exterior de Pasaia deben ser paralizados. El TAV debe dejar lugar a un tren social y con un impacto mínimo en el territorio. Hay que imponer una moratoria a la construcción de carreteras en Euskal Herria. Los recursos públicos deben destinarse a garantizar la accesibilidad de todas las personas, primando los desplazamientos intracomarcales.

• Apoyo a la agricultura ecológica (ver eje de soberanía alimentaria).

• Conservación de la biodiversidad. En este apartado resulta prioritario restringir el consumo de suelo y recuperar los ecosistemas autóctonos