Por una ley del aborto sin recortes

Silvia Piris
Mesa de Feminismo de Alternatiba

Ante los últimos hechos relacionados con la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del 14 de mayo de 2008, y las reacciones ultraconservadoras y religiosas que esta aprobación está despertando queremos reivindicar y defender la ciudadanía plena de las mujeres.

Lo que no se puede obviar es que las reacciones y manifestaciones que se están sucediendo, tanto desde algunos sectores de la iglesia católica como desde organizaciones “pro-vida” y partidos políticos y asociaciones afines, responden a un intento claro de control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. Hemos asistido con creciente perplejidad en los últimos meses a todo tipo de discursos, prácticas, campañas y apariciones públicas -cada cual más desafortunada- con las que las organizaciones antes mencionadas, con los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica a la cabeza, han intentado llevar el debate sobre la nueva regularización del aborto al terreno de la supuesta moral que defienden. Se ha intentando en todo momento culpabilizar a las mujeres, llegando en algunos momentos a comparar la interrupción voluntaria del embarazo con el asesinato y el genocidio, discurso éste envenenado que atenta contra la dignidad de todas las mujeres.

El aborto libre y gratuito es una cuestión vinculada a los derechos individuales y colectivos de las mujeres y a la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad. Es obligación del estado salvaguardar el ejercicio de tales derechos y garantizar su cumplimiento.

La apuesta de las y los que defienden la libertad de opción en esta y otras materias que entran en colisión con el respeto al derecho a decidir de las mujeres debe de pasar por la construcción de estados laicos, en los cuales el papel de las religiones se restringa a la esfera privada. Por ello resulta vital solicitar a la jerarquía de la Iglesia católica que deje de ocupar debates y espacios que no le corresponden, y que abandone su empeño histórico en generar y profundizar situaciones de desigualdad para las mujeres. Las mujeres no necesitamos ser tuteladas.

Los portavoces de los sectores más conservadores de la iglesia católica deberían de preocuparse por canalizar esa necesidad de mostrar su opinión sobre “temas de actualidad” condenando cuestiones como la violencia contra las mujeres o los abusos sexuales, sobre las que no encontramos pronunciamientos tan rotundos.

El Movimiento Autónomo de Mujeres y Feminista merecen nuestro total e incondicional apoyo, apoyo que sin duda afecta también a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Apoyamos a todas las organizaciones de mujeres que se han adherido al “Manifiesto Feminista ante la nueva regulación del Aborto”, y exigimos que la voz del movimiento feminista sea escuchada. Exigimos una regulación que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde se asegure la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a disfrutar de su sexualidad, independientemente de la reproducción y desde todas las opciones sexuales.

Y porque todavía queda mucho camino por delante, y ahora que los sectores más reaccionarios de la Iglesia han decidido tomar las calles para manifestarse, llamamos a la movilización para poder mostrar que es mayoritaria la ciudadanía que apuesta por otro tipo de sociedad que se construya sobre el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, empezando por una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo más amplia y progresista.

Argazkia: Libertinus

El municipio 51> Johnny Salgado (Alternatiba Gasteiz)

Johnny Salgado

Alternatiba

La SIEP (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) acaba de dar el pistoletazo de salida definitivo a la construcción en Araba de una macro-cárcel. La envergadura del proyecto es tal que el penal ocupará una superficie similar a una veintena de campos de fútbol y supondrá una inversión de 103 millones de euros. Así, los 720 reclusos y el medio centenar de funcionarios penitenciarios (carceleros) que custodiarán el recinto convertirán al penal de Zaballa en el decimosexto ‘municipio’ alavés de un total de 51. Albergará a tantas personas entre sus muros como habitantes tienen Labastida o Laguardia, llegando incluso a superar a localidades como Santa Cruz de Campezo.

El proyecto no se ha librado de una agria polémica entre las diferentes instituciones y, a día de hoy, está pendiente de la resolución que dictamine el Tribunal Supremo tras la demanda interpuesta por las Juntas Generales de Araba. Pero que nadie se engañe, la controversia no viene dada por la propia infraestructura en sí, sino por el impacto medioambiental de la misma. Es más, tal debe ser la imperiosa necesidad que, mientras en un principio esta moderna y súper-segura prisión iba a sustituir a la vetusta ya existente, parece ser que, de un tiempo a esta parte, la SIEP valora la posibilidad de mantener ambas por necesidades de saturación. Sin embargo, pocas son las voces que se alzan o cuestionan el fondo de la cuestión: el propio sistema penitenciario.

“Se ha instalado la simplista e inexacta idea de que la manera de combatir la delincuencia es mandar cada vez más gente a la cárcel. España se ha puesto a la cabeza de Europa en población penada, pese a que no es de los países donde se cometen más delitos ni de más gravedad. Esta filosofía ha puesto al sistema penitenciario español al borde del colapso. (…) Cada cuatro años (el tiempo que cuesta hacer un centro de 1.000 plazas) la población reclusa se incrementa en 6.000 personas. (…) Si los legisladores siguen valorando que la manera más efectiva de abordar los problemas sociales es enviar a más gente a la cárcel, desoyendo la opinión de los expertos que dicen que la privación total de libertad es antitética con el tratamiento de determinadas patologías; si no se generaliza la utilización de medidas alternativas de cumplimiento de las penas que las leyes ya contemplan, la situación será inasumible.” Esta reflexión ha sido realizada por la propia Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones Penitenciarias.

Ha llegado el momento de que la sociedad moderna supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que incumplen las normas penales. No es razonable. No es útil. No es realista. He aquí 10 razones por las que oponerse a la construcción de más cárceles:

1º Ineficacia de la rehabilitación: Más del 90% de la población reclusa lo es por delitos menores. Normalmente no tienen dinero, ni empleo, ni educación, ni vivienda y, en muchos casos, son adictos a las drogas. Estos problemas no son solucionados en la cárcel y, por tanto, al salir de ella, se verán abocados a reincidir. Mientras no se traten los problemas sociales, la teórica política de rehabilitación de las cárceles será tan solo una quimera populista.

2º Ineficacia preventiva: A mayor dureza de las penas (mayor duración de las mismas), mayor masificación de las cárceles, sin embargo, salvo en casos marginales, no han producido una reducción de los delitos.

3º Ineficacia incapacitadora: El desarrollo penal en los EEUU puede verse como un macro-experimento de incapacitación colectiva: las tasas de criminalidad no han dejado de crecer. Cada año, nuevas generaciones de jóvenes delinquen y nada se soluciona manteniendo a las viejas en prisión. Todo lo que se logra es un aumento de la población reclusa pasmosa.

4º ¿Justicia?: Se convierte el comportamiento criminal en tiempo cual simple fórmula matemática. Sin embargo, ¿quién puede considerar justa una sentencia de 2 años de cárcel por robar una pizza, cuando grandes estafadores apenas tienen que pisar un centro penitenciario?

5º Irreversibilidad: Sólo se plantea el derribo de una prisión cuando ha quedado en medio del casco urbano. La teoría social de “no en mi patio” y una falsa y demagógica humanidad de los mandatarios lleva a la vieja prisión a ser sustituida por otra, por supuesto más segura.

6º Insaciabilidad: Es la misma cárcel la que fagocita insaciablemente desde su nacimiento todos los cambios que se puedan proponer. Planifíquense cien cárceles y las cien estarán sobresaturadas antes de ser terminadas.

7º Inhumanidad: Las cárceles modernas no son más humanas: la vídeo-vigilancia suprime los lugares de intimidad, los controles físicos son tan exhaustivos que a veces se obliga al preso a colocarse desnudo sobre un espejo para observar su interior o se le sienta en un retrete hasta obtener sus excrementos… Pero el control total no se logra completamente y, por tanto, la espiral de desarrollo de nuevos métodos y de inhumanidad continúa.

8º Quiebra de los valores: La construcción de nuevas cárceles es, en sí misma, la intensificación de la guerra contra los pobres. Cientos de estudios (muy recomendable Demasiado de nada… las condiciones de vida y la procedencia social de las personas condenadas, de Lotte Rustad) muestran que cuanto “más involucrado” se está en el sistema penitenciario, más pobre se es.

9º No ayuda a las víctimas: La creación de nuevas cárceles no alivia el dolor de las víctimas y, sin embargo, sí promociona en el subconsciente colectivo una psicología personal de venganza. Debieramos aumentar las ayudas a las víctimas de delitos ‘serios’ en vez de incrementar el castigo a los infractores.

10º La masificación puede ser resuelta por otras vías: La mayor parte de los reos cumplen condenas de larga duración por delitos menores reiterados. Si realizásemos una escala condenatoria a la inversa, donde la pena mayor se impusiera por grandes delitos y desde ésa fuésemos reduciendo los tempos condenatorios, nuestra población reclusa tomaría una senda de decrecimiento.

Quizás aún no sea el momento de hablar de abolición del sistema penitenciario, pero lo que no podemos permitir es que éste nos fagocite y atrape. 6.000 reclusos más cada cuatro años es una cifra más que considerable como para que alguien pueda plantear el fracaso de este sistema desde su planteamiento. Mientras esto ocurre, demos la bienvenida al ‘municipio 51’ del Territorio Histórico de Araba.

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