Alternatiba llama a los partidos autodenominados del cambio a denunciar sentencias injustas como la de las Herriko
Estos últimos días, la izquierda soberanista de este país ha participado de importantes hitos. La caída del régimen de Nafarroa, el destierro del racismo institucional en Gasteiz, la prohibición del fracking y los transgénicos en la Comunidad Autónoma Vasca o la aprobación del reconocimiento efectivo del derecho a la vivienda. Y es que, precisamente a esto se dedica la izquierda soberanista de este país, a defender los derechos y la dignidad de las personas. Sin embargo, hay quien se empeña en ocupar las portadas de los periódicos con las reminiscencias de un conflicto que pretenden perpetuar y rentabilizar políticamente.
La ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia que supondrá la incautación de las Herriko Taberna, así como las condenas contra varios dirigentes de la izquierda abertzale –por más que no tengan que ingresar en prisión-, supondría un esperpento en cualquier sistema democrático con separación de poderes. El Reino de España, por el contrario, se vuelve a mostrar tal y como es, la herencia de un régimen agonizante que por negarse a morir y desaparecer, niega también la paz, a la vez que multiplica la represión y manipula la justicia.
Desde Alternatiba, creemos que ha llegado el momento de decir ya basta; una sociedad democrática no puede permitir el expolio de más de un centenar de sedes sociales levantadas por la militancia de una parte significativa de este pueblo. Y tampoco pueden permitirlo aquellas fuerzas políticas del estado que se reivindican a sí mismas ‘de cambio’; porque no serán tal sino lo contrario, partidos de recambio para apuntalar el sistema, si permanecen en silencio ante un escándalo jurídico como este; no cambiará nada si enmudecen mientras se siguen castigando la militancia y la disidencia política como en plena dictadura.
La izquierda no puede titubear ante la sinrazón, no puede mirar hacia otro lado cuando encarcelan a jóvenes por el mero hecho de participar en una huelga; ni aquí en Euskal Herria ni en Madrid. Por eso quienes realmente quieren cambiar las cosas levantan muros humanos de solidaridad, igualmente dignos y plausibles se construyan en Gasteiz o en Vallecas. Tan lamentable es que el pueblo vasco se haya convertido en laboratorio represivo del estado en las últimas décadas, como esperanzador que en apenas un mes y 400 kilómetros de distancia las clases populares defiendan a sus jóvenes de la misma manera.
La derecha lleva tiempo demostrándose dispuesta a extender la tristemente célebre doctrina del “todo es ETA” mucho más allá de nuestras fronteras, y se puede constatar cómo arremete ahora, con todo lo que tiene, contra quien le ha arrebatado el poder de numerosas instituciones. No tardará en aplicarles las mismas herramientas que aplica a la disidencia vasca, ya ha empezado, por ello insistimos: bien harán las fuerzas del cambio en decidir si están con los oprimidos o solo quieren sustituir a los opresores; si quieren ayudar a superar para siempre un conflicto que ha causado un gran dolor, o si quieren manipular este para blindar la sacrosanta unidad territorial.
Denunciamos por tanto el enésimo montaje político-judicial contra la militancia de la izquierda abertzale y sus dirigentes, que están pagando con la cárcel su compromiso con la paz, la determinación, la apuesta y el reconocimiento expreso y notorio, por más que algunos prefieran no escucharlo, del dolor causado. Nuestra solidaridad está con todas y todos ellos, al tiempo que nos preguntamos quién pedirá perdón por tropelías como la sentencia conocida ayer.
Finalmente, invitamos al Gobierno Vasco y al partido que lo ostenta a pronunciarse con claridad frente a este nuevo atropello, instándole a que, en caso de juzgarlo injusto, no envíe a ejecutarlo a las fuerzas policiales de su competencia. Porque del mismo modo que la gran mayoría de la sociedad comparte que unos bomberos se nieguen a ejecutar un desahucio, también compartirán que no se envíe a la Ertzaintza a expoliar a su pueblo.
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Han transcurrido 8 años desde que se iniciaran las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV). En este tiempo hemos podido constatar el derrumbe de un mito. En estos últimos 8 años se ha demostrado la inviabilidad del TAV y su nulo beneficio social. El fracaso de un proyecto que dilapida millones, obliga a recortar partidas destinadas a la necesidades sociales básicas y está originando importantes daños a nivel social, económico y ambiental. 
