Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado hoy, por unanimidad, una enmienda transaccionada por todos los grupos junteros a partir de una propuesta de Alternatiba en la que se insta al Gobierno Vasco a “culminar el desarrollo de la Ley estatal de Memoria histórica” en Euskadi.

“Desde Alternatiba, estamos convencidos que la creación de una cultura democrática ciudadana pasa por que en las escuelas se enseñe lo que fue la dictadura, su represión y el retraso económico, cultural y social que impuso. Pasa por que se enseñe la trágica epopeya de los exiliados que sufrieron los campos de concentración y que lucharon contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Pasa por el reconocimiento a los militares leales a la República. Y pasa, sobre todo, por el homenaje y reparación a las víctimas, que no es posible sin denunciar a quienes los mataron, los esclavizaron, les incautaron sus bienes o los depuraron”, ha explicado el juntero Ander Rodríguez en su discurso ante el Pleno del Parlamento foral.

En la iniciativa impulsada por Alternatiba, las Juntas ratifican los acuerdos adoptados en 2006 y 2007 sobre “las violaciones de derechos humanos ocurridas en la guerra posterior al alzamiento militar de 1936, de manera que mantienen su compromiso de colaborar con todas las instituciones competentes para recuperar totalmente la memoria histórica, honrando a todas las víctimas que padecieron las injusticias de la dictadura, fomentando el conocimiento de nuestra historia reciente y el de la memoria democrática”.

Rodríguez ha explicado que el acuerdo insta también al Gobierno Vasco y a la Diputación de Gipuzkoa a llevar a cabo políticas destinadas a la recuperación de la memoria de las víctimas, así como a culminar el desarrollo de la Ley Estatal de Memoria Histórica; mantener el convenio que permita completar el mapa de las fosas de Euskadi y habilitar los fondos necesarios para la concesión de indemnizaciones, entre otros aspectos.

“Desde Alternatiba, estamos convencidos de que todo lo anterior implica la actuación de los poderes públicos para lograr los objetivos irrenunciables de investigación de la verdad; elaborando en todos los pueblos y ciudades un censo de víctimas, elaborando un mapa de fosas, procediendo a las exhumaciones y análisis de restos. El segundo de los objetivos, la reparación, exige la retirada de símbolos, topónimos, nombres de pueblos, calles, monumentos y placas, así como de cualquier mención o título honorífico que aún conserven personas relacionadas con el régimen. El tercer objetivo, la justicia, implica garantizar asistencia jurídica a las víctimas, impulsar iniciativas que promuevan la anulación de todos los sumarios y expedientes incoados por el régimen franquista”, ha subrayado el juntero de Alternatiba.