Amaia Agirresarobe «En Bizkaia cada vez son más las personas en situación de precariedad que no reciben ayudas»
En nombre de EHBildu y de la totalidad del Tercer Sector dedicado a la lucha contra la exclusión social en Bizkaia proponemos en este pleno una medida para fortalecer el sistema de protección social, concretamente, la modificación de las actuales Ayudas Especiales de Inclusión Social con el objetivo de que todas las personas en Bizkaia en situación de pobreza y precariedad tengan derecho a unos ingresos económicos que contribuyan a paliar su situación.
Desafortundamente, este derecho no se contempla a día de hoy en Bizkaia. Así, el número de personas en situación de necesidad y desprovista de cobertura es cada vez mayor en el territorio. Este diagnósitco no es exclusivo de EHBildu, sino que lo sostiene la totalidad del tercer Sector, sin excepciones, muy crítico con un sistema de prestaciones cada vez más débil a pesar de las crecientes desigualdades. En el actual contexto de crisis y ante los recortes que al incio de la legislatura aprobó la Diputación, nuestra propuesta pretende fortalecer el sistema de protección social, proponiendo una profunda revisión de las Ayudas de Inclusión Social, para evitar que esta ayuda, una de las más importantes después de la Renta de Garantía de Ingresos, sea cada vez más inaccesible para cada vez un mayor número de personas.
Esta propuesta está respaldada por todos los agentes sociales dedicados a los procesos de inclusión social en Bizkaia y su propósito no es otro que modificar los requisitos y los procedimeintos de las Ayudas de Inclusión Social para garantizar el cumplimeinto de los objetivos para los que incialmente se crearon: cubrir el coste asociado a las necesidades básicas y a los gastos derivados de un proceso de incusión social y/o laboral de las personas en situación de pobreza y precariedad. Esta propuesta no pretende, por lo tanto, alterar las objetivos de esta prestación sino garantizar su cumplimiento a través de tres vías:
(1) En primer lugar, extendiendo el derecho a acceder a estas ayudas a todas las personas que la necesitan, sin limitaciones, es decir, revertirendo los últimos recortes que efectuó el gobierno de la Diputación de Bizkaia y que en un sólo año dejaron a más de 1583 familias sin ningún tipo de prestación, según cifras aportadas por la propia Diputación,
(2) En segundo lugar, ampliando la duración de la prestación, limitada de manera arbitraria a 30 meses tras los últimos recortes que efectuó el PNV (3), en tercer lugar, introduciendo cambios en un decreto obsoleto que a través de diferentes mecanismos – sanciones desproporcionadas, interpretaciones restricitivas e injsutificadas de los requisitos, expulsa injustamente del sitema de protección a muchas personas, interrumpiendo sus procesos de inclusión y avocándolos sin ninguna justificación, salvo el ahorro presupuestario, a la pobreza, la precariedad y a la exclusión.
No quiero detenerme en cada una de las modificaciones que hemos propuesto. La proposición que que hemos registrado incluía con detalle todos los cambios y ha estado a disposición de todos los partidos, que han tenido la posibilidad de introducir enmiendas o hacer propuestas. En todo caso, antes de conocer la opinión del resto de los partidos, sí me gustaría finalizar diciendo que todas estas medidas son el resultado de un dialogo con las organizciones que día a día se enfrentan a la compleja situación de muchas personas que corren el riesgo de pasar de una situación de precariedad a una situación de exclusión crónica, quedándose absolutamente al margen, relegadas y relegados a un sistema perfiérico, donde los derechos dejan de entenderse como tal.
Ante estos complejos procesos, ante las crecientes desigualdades y la creciente pobreza, la Diputación tiene una responsabilidad y las actuales Ayudas de Inclusión Social no están a la altura de este reto. Lo dicen todas las personas implicadas en estos procesos que proponen un nuevo instrumento que facilite su labor, en lugar, de obstaculizarlo.