Oskar Matute – Portavoz de Alternatiba y diputado de EH Bildu en Madrid
A menudo, y más en Euskal Herria, surgen dudas sobre la utilidad y sentido de instituciones con un elevado olor a naftalina como el Congreso de los Diputados. Hay quien pone en cuestión si dicha institución sirve para algo más que la confrontación teatralizada de las fuerzas políticas que sueñan con gobernar España. Y no les falta razón. Sin embargo, hay espacios generados en esa rancia institución que pueden traspasar sus muros y servir para alertar, informar y/o determinar si en algún espacio de la esfera pública ha habido actuaciones ilegales y señalar con claridad quién ha procedido de tal manera.
Y uno de esos espacios útiles es, sin duda, la comisión que investiga la financiación irregular del Partido Popular que ha arrancado este trepidante 2017. Muy a pesar de muchos, EHBildu forma parte de la misma, y estamos teniendo la oportunidad de ayudar a visibilizar el saqueo alevoso y premeditado a las arcas públicas del estado perpetrado por una organización delictiva, como la propia fiscalía ha certificado, para denominar al PP.
Es útil porque, más allá de las conclusiones y el efecto práctico que pueda alcanzar, puede y debe servir para arrojar luz a una práctica sistemática, sostenida en el tiempo y extendida como una hiedra a todos los niveles de decisión política para robar dinero público y depositarlo en bolsillos privados, los suyos.
Pese a la actitud obstruccionista del PP, la comisión va avanzando, aunque lentamente. Los populares pretendían que la comisión fijara un arco temporal que exonerara a Rajoy e impidiera investigar procesos como la trama Gürtel, sugiriendo ahora a cada persona citada los riesgos penales, a modo de amenaza, en los que pudiera incurrir si asevera tal o cual cosa.
Hasta la fecha han comparecido los tesoreros del PP, con Bárcenas como estrella, el Inspector Jefe de la UDEF, el excomisario de la Policía Judicial en la época de investigación y destape de Gürtel, y dos periodistas que bien a través del trabajo en su diario de referencia o mediante la publicación de un libro pasan por ser personas con un conocimiento importante sobre los llamados «papeles de Bárcenas». Y solo con esto y a la espera de las muchas que quedan, podemos afirmar con rotundidad que nuestra tesis principal sobre el origen, alcance y dimensión de la corrupción en el estado español se está corroborando.
EHBildu muestra y expone su certeza de que la corrupción es sistémica en el estado. Que todo el modelo económico y de desarrollo se basa en la convivencia entre la administración de los recursos públicos, una cohorte de empresarios que se benefician de las adjudicaciones públicas y las mordidas derivadas de estas adjudicaciones a los políticos de turno. Que los empresarios ordenan y los políticos dóciles y subvencionados disponen. Evidentemente, no por el interés general de la ciudadanía sino por el interés particular de las grandes empresas españolas.
Los informes periciales revelan que el PP actuó de forma generalizada y coordinada como una “organización delictiva” especializada en detraer dinero de forma directa o indirecta del erario público para su beneficio particular a través del cobro de comisiones ilegales y obtención de adjudicaciones públicas amañadas. Así lo refrendó el Inspector Jefe de la UDEF y, no se trata de una definición subjetiva. Denomina “organización delictiva” a la estructura del PP porque cumple con los parámetros que para tal denominación, de evidentes consecuencias penales, establece la propia Interpol.
Con la misma crudeza hemos podido constatar que quienes han investigado tanto la trama Gürtel, como los llamados papeles de Bárcenas, otorgan total veracidad tras su análisis a los famosos papeles de “Luis el Cabrón”. Y en ellos queda de manifiesto quiénes eran los perceptores de los sobres de dinero. De igual manera que queda probado que esa práctica de sobresueldos en B asociados a donaciones generosas de grandes prohombres de la patria era una práctica habitual y sostenida en el tiempo y de la que participaban o eran conocedores muchos, muchísimos de los políticos conservadores que en la actualidad siguen en puestos de responsabilidad en muchos casos.
Sobres repletos de euros “donados” por empresarios que, como Fabra y su fortuna para ganar un premio de lotería tras otro, enganchaban con igual acumulación de “suerte” un sinfín de obras públicas. Que estas fueran de interés general o no es otro cantar. Entre esos “indiciariamente políticos comprados o corruptos” aparecen todos los prebostes del PP en las ultimas dos décadas: Mariano Rajoy, Javier Arenas, Paco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, María Dolores de Cospedal…
Pero en todo caso en el que existen corruptos, existen corruptores. Y fue el excomisario de la Policía Judicial hasta 2012 (casualidades de la vida su fecha de cese coincide con la llegada al poder del PP) quien señaló que en la investigación de la trama Gürtel aparecen como beneficiarios y donantes grandes empresas de la construcción y financieras del estado español. Tiempo tendremos de preguntarles cara a cara cómo lo hacían. Y digo que tiempo tendremos si es que antes no siguen saliendo a la luz más grabaciones como la del empresario Rafael Palencia que certifiquen tales entregas de dinero al PP.
El mismo ex comisario antes mencionado rubricó en los informes elevados a fiscalía la participación en este expolio de numerosas empresas como la ACS de Florentino, OHL de Villar Mir y otras tantas. Y el propio Correa, en sede judicial, señaló que lo que hacía no era anormal ni inédito, que en definitiva, así funcionaba este sistema.
Sin embargo, no es descartable que la comisión de investigación del congreso concluya como probada y cierta la participación activa de la cúpula del PP en el saqueo de lo público bajo la forma de corrupción generalizada y sistémica, y que eso a la vez no acarree consecuencias penales en los juzgados, que es el ámbito en el que se dirimen esas cuestiones, ni para corruptores ni para corruptos, salvo para los chivos expiatorios por todos y todas conocidos.
¿Por qué? Porque el carácter generalizado de la práctica corrupta de las “mediaciones y comisiones” afecta a tanto preboste del estado español que el propio sistema caería con él. Y eso conociendo solo la punta del iceberg de la corrupción.
Por eso se explica el relativo escaso eco mediático de lo revelado en el congreso. ¿Acaso la mayoría de los medios de comunicación españoles no tienen ligazón notoria con los próceres económicos señalados en la Gürtel, Púnica y demás procesos abiertos? ¿Acaso no están actuando en defensa del sistema y su orden constitucional en esta y otras cuestiones como la catalana? Hace tiempo que, en su gran mayoría, han preferido ser medios de formación de opinión en lugar de medios de información. Y por eso se explica que sean capaces de que la masa en el estado se ocupe y preocupe más de si la camiseta de la selección incluye una tricolor republicana naif o de si en Catalunya se cumple la legalidad del régimen del 78 vía artículo 155 o no.
Probablemente quieran zanjar este incómodo trance para ellos con más oscuridad mediática, algunas penas de cárcel simbólicas, a tenor de lo que han robado y no han devuelto, para los Correa, Ignacio González, Bárcenas, etc. y la promesa de más reformas legales para impedir, a futuro, nuevos casos de corrupción. Es decir, tapar el asunto y a otra cosa, que el show debe continuar.
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