Concentración de EH Bildu en Durango, contra la política devastadora del medioambiente del PNV

EH Bildu de Durango se ha concentrado esta mañana durante la inauguración de la feria por la sostenibilidad Berdeago, que se celebra este fin de semana en la localidad. Los concejales de la coalición han llegado al lugar en bicicleta, y tras desplegar una pancarta que rezaba «Urkullu, iruzurrik ez, porlana ez da berdea!» (¡Urkullu, no más fraudes, el cemento no es verde!), han denunciado la política medioambiental que lleva a cabo el Gobierno Vasco.

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario Oskar Matute y la concejal Eider Uribe han denunciado que el Gobierno Vasco, Urkullu y el PNV no llevan a cabo, «en absoluto, una posición respetuosa con el medioambiente. Es una posición que llena Euskal Herria con cicatrices como el Tren de Alta Velocidad, que apuesta por devastar nuestro medio natural con el fracking», han puesto como ejemplo. Lo que hace el PNV, según EH Bildu, es «colgarse un pin durante un fin de semana, financiando una feria por la sostenibilidad, pero enmascarando su política agresiva con el medioambiente». Esa actitud del PNV y su «marketing verde, no va a hacer que nuestro territorio sea un país con futuro y respetuoso con el medio natural».

«Queda patente que la sostenibilidad no es la prioridad del Gobierno Vasco, aunque se apunte a estos actos y vengan a sacarse una foto. Queda patente que en realidad priorizan el negocio de algunas empresas privadas , en detrimento de las políticas ecológicas y la salud de las personas», han criticado.

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Urkullu responderá si los desorbitados sobrecostes en las obras del TAV no son motivo suficiente para paralizarlo

EH Bildu ha registrado una interpelación dirigida al lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre los sobrecostes en las obras del Tren de Alta Velocidad, que podrían suponer duplicar el presupuesto inicial estimado. Este «despilfarro adicional de dinero público con los desorbitados sobrecostes» debería ser, según la coalición, «motivo suficiente para que el Gobierno Vasco se replantee la mayor infraestructura y la más agresiva que se ha construido en suelo vasco». Según el parlamentario Oskar Matute, encargado de materializar la interpelación, «Urkullu debería, como mínimo, ser transparente y explicarle a cada ciudadano y a cada ciudadana el coste real de esta infraestructura trasnochada».

«Cuando todavía falta por construir un alto porcentaje de la obra, y por presupuestar otros costos adicionales como las estaciones, la catenaria, las medidas de seguridad, la señalización, etc., parece demostrado que el TAV costará, como mínimo, el doble de la estimación que se le explicó a la sociedad vasca cuando se iniciaron las obras; a ello se le deben añadir otras previsiones dilapidadas durante estos años, como la de que transportará mercancias o la de que nos conectará con el resto de Europa», ha argumentado Matute. Ante ello, «Urkullu tiene dos opciones: paralizar la obra, o actualizar y publicar todas las previsiones económicas, técnicas y sociales de la misma; pero que no trate de ignorante a la ciudadanía».

«La realidad es que los portavoces del ejecutivo se muestran cómodos con los sobrecostes del TAV. De hecho, el único argumento que puso la consejera de Medioambiente y Política Territorial en una entrevista para excusarlos fue que ‘las previsiones fueron hechas con buena voluntad’. Esta actitud deja patente que al PNV no le duelen prendas despilfarrar dinero público, para que empresas que recurren a las pujas a la baja para hacerse con la licitación, y aprovechan los sobrecostes posteriores para rentabilizar la obra, sigan engordando sus cuentas bancarias». «Si lo único que ha habido para diseñar el TAV y su gasto es buena voluntad, los que siguen defendiéndolo desde la administración pública deberían dimitir inmediatamente», ha sentenciado.

La consejera Ana Oregi tendrá que responder también tres preguntas parlamentarias sobre los sobrecostes, el supuesto transporte de mercancias y los argumentos por los que el Gobierno Vasco apuesta por seguir gastando dinero público en esta infraestructura.

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Y también el sol

Juan Maria Sanchez y Diana Urrea – Mesa de Ecología de Alternatiba

La película Y también la lluvia transcurre durante la llamada Guerra del agua de Cochabamba, en la Bolivia del año 2000, cuando se pretendía cobrar hasta por recoger el agua de la lluvia.

El Real Decreto que propone el Gobierno de Plasmariano Rajoy que regula el autoconsumo eléctrico tiene el mismo espíritu: cobrar por utilizar los rayos del sol y, además, dar la puntilla al autoconsumo, asegurando los beneficios al oligopolio eléctrico y consiguiendo que producir electricidad propia sea un 27% más caro que comprarla. ¿Alguien dijo soberanía energética?

Por un lado, crea el llamado «peaje de respaldo» que viene a ser cobrarte por generar tu propia energía, con la excusa de que lo que no produces lo consumes de la red y eso tiene un coste. Como si te cobrasen por plantar tus propias lechugas, ya que cuando necesites más de las que produces puedes ir a la tienda a comprarlas. Y esa disponibilidad hay que pagarla.

Por otro lado, sube un 70% el gasto fijo de la factura, la potencia contratada, mientras baja un 23% el término de energía, osea, lo que consumes. Así, se crea de facto una tarifa plana en la que la parte fija es tan alta que cualquier intento de ahorro disminuyendo el consumo no se notará en la factura. ¿Que baja el consumo de energía como consecuencia de la estafa que llaman crisis? ¿Que aumentamos la eficiencia para disminuir el consumo eléctrico? Pues lo compensamos cobrando más por la parte fija, desincentivando el ahorro pero asegurando beneficios. ¿Consumo responsable?

Esto del autoconsumo con balance neto debe ser de perroflautas rojos. Pero, ¿qué países tienen regulado este autoconsumo eléctrico? A saber; Alemania, Italia, EEUU, Bélgica, Dinamarca, Japón, México. Y en ninguno de ellos existe el peaje de respaldo, impuesto único en el mundo, para que los autoconsumidores costeen con él, entre otras cosas, los errores estratégicos de las eléctricas que apostaron por el gas y las subvenciones a fondo perdido que recibe el gas natural, tecnología considerada de respaldo.

¿De dónde sale la idea de incrementar el término de potencia y la propuesta de crear este peaje? Casualmente, son propuestas de Gonzalo Sáenz de Miera, Director de prospectiva regulatoria de Iberdrola en «El análisis del autoconsumo en el sector eléctrico español» presentado el 12 de abril de 2012. Pues bien, cambiamos el logotipo de Iberdrola por el del BOE y voilá.

Conviene saber que el principal accionista de Iberdrola es el Fondo Soberano de Catar y que el Emirato de Catar es el tercer mayor suministrador de gas de España tras Argelia y Nigeria. Entre 2005 y 2012 el gas fue la primera fuente de generación eléctrica de Iberdrola con un 40% mientras que los ciclos combinados, quemar gas, tuvieron un índice de utilización del 10% en el primer trimestre de 2013.

Tampoco olvidemos las puertas giratorias tan bien engrasadas. El exministro Acebes asciende en Iberdrola, pero en su nómina también figuran Fernando Becker (PP), así como Manuel Marín y Amparo Moraleda (PSOE). José Mª Aznar es consejero de Endesa, Felipe González de Gas Natural Fenosa. El ministro Soria hace méritos para conseguir su sillón para cuando deje el ministerio. ¿A quién le extraña esta ley que, para colmo, incentivará a las empresas que cierren sus instalaciones de renovables?

Iberdrola protesta con la boca pequeña porque la reforma le va a costar 170 millones de euros; lo que no dice es que se va a ahorrar 1.500 millones en impuestos gracias a la ingeniería contable que  una ley del Ministro Montoro le pondrá en bandeja.

El artículo 19 del decreto establece que la inspección de la aplicación de las modalidades de autoconsumo será por cuenta de la administración general del estado en colaboración con las administraciones autonómicas. En este punto es dónde pedimos al Gobierno Vasco la desobediencia a este despropósito, que se posicione en contra y se niegue a colaborar; que regule para impulsar y proteger el autoconsumo eléctrico en un país energéticamente dependiente. Demandamos una apuesta firme por la soberanía energética, la responsabilidad ciudadana, apostando por energías no contaminantes y generadoras de empleo.

Cuando en Bolivia su gobierno nacionalizó la filial de Iberdrola porque el servicio que daba no era el adecuado, el gobierno de Rajoy hablaba de inseguridad jurídica. Los cambios propuestos en esta ley suponen una completa revisión del sistema que remunera a los productores. Las sociedades que han invertido en fotovoltaica han denunciado la inseguridad jurídica que representa pasar de cobrar primas a la producción a obtener la rentabilidad que el gobierno considera «razonable»; se habla del 7,5%. Como se va a contabilizar sobre toda la vida de la instalación se da por seguro que eso implica un efecto retroactivo que castigará a las instalaciones que llevan más tiempo funcionando. A los pequeños inversores en renovables, y en particular para los ahorradores que han invertido en huertos solares, la pérdida de retribución les puede llevar a la ruina.

Todo esto como excusa para acabar con el del déficit de tarifa, mito inventado por políticos de puerta giratoria y oligopolio para expoliar a la ciudadanía un poco más. Exigimos una auditoria seria del déficit de tarifa, con datos reales, no los inventados por el oligopolio. Por ello llamamos a la desobediencia a este decreto, apostar por el autoconsumo y comprar la electricidad a cooperativas eléctricas que comercializan electricidad de origen 100% renovable como Goiener.

Ilustración: Manel F.

Los intereses ocultos del PNV están detrás de la construcción de la incineradora

Tal y como se ha conocido recientemente, a causa de las irregularidades que presenta el proyecto de la incineradora de Zubieta, no se cumplen las especificaciones medioambientales que había previsto el Gobierno Vasco. Como consecuencia de ello, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha decidido no construir la planta. Desde EH Bildu hoy queremos hacer una valoración de todo ello.

Antes que nada queremos exigir a los diferentes medios y agentes de Gipuzkoa que muestren el respeto institucional que se merece una entidad pública como es GHK. Porque GHK no es ninguna institución privada “controlada por EH Bildu” ni nada por el estilo. GHK es un consorcio público en que están representados los ayuntamientos y mancomunidades del territorio y no ha sido creada por EH Bildu, ni mucho menos. GHK tiene toda la legitimidad democrática para tomar las decisiones que mejor defiendan los intereses de la ciudadanía de Gipuzkoa.

En concreto, GHK se encarga de la “gestión en alta” de los residuos, es decir, los pueblos y mancomunidades se encargan de recoger los residuos urbanos y se los entregan a GHK para que los trate. A GHK le corresponde construir y gestionar las diferentes infraestructuras que son necesarias para llevar a cabo su cometido: plantas de transferencia, plantas de compostaje, plantas de biomecanización y, en su caso, una incineradora si así lo considerara oportuno.

GHK es una institución pública, cuya legitimidad emana de las urnas y en este caso la mayoría del Consorcio ha correspondido a EH Bildu por voluntad popular. A nadie se le ocurriría,  por ejemplo, decir que PNV, PSE y PP “controlan” las Juntas Generales porque tienen la mayoría.

Hemos creído necesaria esta aclaración porque no vamos a admitir ni una sola vez más que se ponga en entredicho la composición de GHK ni su legitimidad democrática para tomar decisiones.

La paralización de la incineradora de Zubieta ha sido justificada con argumentos sólidos, de los que se derivan responsabilidades claras. En muchas ocasiones hemos dicho que el PNV quería que la incineradora se construyera a toda costa. El PNV hizo caso omiso a las denuncias por las irregularidades detectadas en el proceso de diseño y licitación. Tampoco fueron suficientes la alarma social que creó la incineradora por las consecuencias que se ha demostrado tiene en la salud pública. Tampoco por los 500 millones que iban a arruinar Gipuzkoa ni las protestas populares.

Sin embargo, las irregularidades que ha denunciado GHK son abrumadoras. Y es que los anteriores gestores no se molestaron ni en respetar las autorizaciones que les había concedido el Gobierno Vasco. Cometieron modificaciones sustanciales y, entre otras cosas, hicieron desaparecer del proyecto la planta para tratar los residuos tóxicos que iba a producir la incineradora. En estas condiciones, con permisos concedidos para un proyecto sustancialmente diferente al inicial, construir la incineradora sería cometer una ilegalidad.

GHK ha dado información precisa y amplia sobre todo ello, por lo que no vamos a detenernos en explicar las razones técnicas y de carácter medioambiental de la paralización. Es más, los promotores políticos de la planta no han dado ni un solo  dato para desmentir los argumentos expuestos públicamente por GHK.

En lo que sí vamos a detenernos es en la nefasta gestión de todo el affaire de la incineradora de Zubieta protagonizada por los anteriores gestores de GHK y del Gobierno Foral. Los intereses ocultos del PNV están detrás de todo lo que tiene que ver con la construcción de la incineradora. En este caso no se puede decir que todo el mundo tiene su parte de culpa, no, toda la responsabilidad política y todas las consecuencias económicas causadas por esta nefasta gestión son únicas y exclusivamente del PNV.

Estos días han intentado anunciar que la no construcción de la incineradora causaría la ruina de GHK y que habrá que pagar indemnizaciones millonarias. El PNV oculta deliberadamente a la ciudadanía que fueron ellos los que contrataron un swap, un producto financiero altamente tóxico, que está lastrando las cuentas de GHK y que fue el PNV el que firmó un acuerdo con las empresas constructoras tras la modificación del proyecto inicial, un acuerdo que ahora se comprueba que es ilegal cumplirlo. Lo diremos con otras palabras: Que no se atrevan desde el PNV a atribuir las irresponsabilidades que ellos cometieron y los agujeros que ha provocado su nefasta gestión al actual gobierno foral. Que no tomen a la sociedad guipuzcoana por tonta.

De cualquier forma, nuestra intención hoy no es alimentar ninguna lógica de enfrentamiento. Llegados a este punto, con el proyecto de la incineradora de Zubieta en vía muerta, desde EH Bildu nos comprometemos a seguir realizando una gestión responsable y razonable de todo este asunto. Por un lado, es prioritario defender el patrimonio y los intereses de la sociedad guipuzcoana, garantizando la solvencia y la viabilidad de GHK. Pero, por otro lado, es evidente que la incineradora de Zubieta no se puede hacer y que estamos ante un nuevo escenario. Este nuevo escenario post-incineradora exige por parte de todos responsabilidad para definir la nueva gestión integral de los residuos que producimos en Gipuzkoa y poder construir las nuevas infraestructuras necesarias para ello.

Este nuevo escenario exige diálogo y capacidad de acuerdos entre los partidos, los agentes sociales y las instituciones implicadas. Desde EH Bildu vamos a impulsar en los próximos días y semanas distintas dinámicas para promover un debate abierto que posibilite encontrar soluciones definitivas para el tema de los residuos en el territorio de Gipuzkoa.

Gipuzkoa pide que se suspenda el proyecto de línea de alta tensión

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha pedido que se suspenda el proyecto de líneas de 400.000 voltios entre Dicastillo y Ezkio-Itsaso y Castejon-Muruarte. Según el ente foral, el proyecto que quiere desarrollar la empresa Red Eléctrica Española no se encuentra dentro de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica del Estado, en relación a la cual el Real Decreto Ley 13/2012 indica lo siguiente: «hasta la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica queda suspendida el otorgamiento de nuevas autorizaciones administrativas para instalaciones de transporte competencia de la Administración General del Estado». Por lo tanto, dado que el proyecto de líneas entre Dicastillo y Ezkio-Itsaso y Castejon-Muruarte no se encuentra en la planificación actual, y dado que queda suspendido el otorgamiento de nuevas autorizaciones hasta que se apruebe una nueva planificación, las administraciones competentes deberían suspender el proyecto en cuestión. «De lo contrario, actuarían contra la normativa», ha señalado el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación.

Cabe recordar que ambas líneas suman un total de 120 kilómetros, de los cuales 14 transcurrirían por Gipuzkoa; concretamente, entraría en el territorio a través de la Parzonería de Gipuzkoa, y afectaría a los siguientes municipios: Idiazabal, Zegama, Segura, Zerain, Mutiloa y Gabiria. La línea se sostendría sobre torres de acero de hasta 80 metros de altura. Concretamente, en Gipuzkoa se requerirían 28 torres, con un espacio entre ellas de 400 o 500 metros. Para la protección de la línea, se debería hacer un corredor de 40 metros de ancho, con restricciones para la arboleda. Por otra parte, se necesitarían 5,3 kilómetros de nuevos caminos para la realización de labores de instalación y del mantenimiento posterior de las torres.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado diferentes recursos al informe medioambiental del proyecto de línea de alta tensión, entre los que destaca el comentado anteriormente. Además, según afirma la Diputación, «la información presentada no es suficiente para justificar la necesidad objetiva de las instalaciones. Tal carencia básica debería traer consigo una reflexión real y seria en torno a la conveniencia o no del proyecto».

La Diputación sostiene, además, que hay que tener en cuenta el notable descenso a nivel estatal, en los últimos seis años, del consumo bruto de energía eléctrica y que se espera que tal tendencia se mantenga en el futuro. Por ello, «los datos de bajada de demanda demuestran que no existe necesidad de nuevas instalaciones de generación y transporte de electricidad y que, desde un punto de vista sostenible, lo pertinente en este momento deberían ser el ahorro y la eficiencia energética». En ese sentido, el proyecto carece tanto de datos relativos a nuevas plantas de energía que justifiquen la necesidad de nuevas líneas, como de una hipotética saturación de las líneas existentes.

Según La Diputación Foral, no se ha realizado una correcta valoración del impacto medioambiental. No se debe olvidar, por ejemplo, que la línea de alta tensión supondría un importante impacto en diferentes zonas protegidas por la red Natura 2000 y que resultaría perjudicial para diferentes especies –aves, especialmente–. Asimismo, la Diputación ha subrayado la preocupación y rechazo que el proyecto ha generado entre la ciudadanía.

«Resulta evidente que este macroproyecto tiene notables carencias y lagunas: los promotores no han justificado debidamente su necesidad; no se ha realizado un análisis medioambiental serio, pese a que tendría, tanto en el entorno como en los espacios protegidos y las especies que los habitan, un impacto enorme; cuenta con la clara oposición de la ciudadanía; y, además, no cumpliría con la normativa vigente. Por lo tanto, hemos pedido al Gobierno español que deniegue el permiso y que el proyecto sea suspendido», ha dicho Iñaki Errazkin, diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DFG

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