Tal y como se ha conocido recientemente, a causa de las irregularidades que presenta el proyecto de la incineradora de Zubieta, no se cumplen las especificaciones medioambientales que había previsto el Gobierno Vasco. Como consecuencia de ello, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha decidido no construir la planta. Desde EH Bildu hoy queremos hacer una valoración de todo ello.

Antes que nada queremos exigir a los diferentes medios y agentes de Gipuzkoa que muestren el respeto institucional que se merece una entidad pública como es GHK. Porque GHK no es ninguna institución privada “controlada por EH Bildu” ni nada por el estilo. GHK es un consorcio público en que están representados los ayuntamientos y mancomunidades del territorio y no ha sido creada por EH Bildu, ni mucho menos. GHK tiene toda la legitimidad democrática para tomar las decisiones que mejor defiendan los intereses de la ciudadanía de Gipuzkoa.

En concreto, GHK se encarga de la “gestión en alta” de los residuos, es decir, los pueblos y mancomunidades se encargan de recoger los residuos urbanos y se los entregan a GHK para que los trate. A GHK le corresponde construir y gestionar las diferentes infraestructuras que son necesarias para llevar a cabo su cometido: plantas de transferencia, plantas de compostaje, plantas de biomecanización y, en su caso, una incineradora si así lo considerara oportuno.

GHK es una institución pública, cuya legitimidad emana de las urnas y en este caso la mayoría del Consorcio ha correspondido a EH Bildu por voluntad popular. A nadie se le ocurriría,  por ejemplo, decir que PNV, PSE y PP “controlan” las Juntas Generales porque tienen la mayoría.

Hemos creído necesaria esta aclaración porque no vamos a admitir ni una sola vez más que se ponga en entredicho la composición de GHK ni su legitimidad democrática para tomar decisiones.

La paralización de la incineradora de Zubieta ha sido justificada con argumentos sólidos, de los que se derivan responsabilidades claras. En muchas ocasiones hemos dicho que el PNV quería que la incineradora se construyera a toda costa. El PNV hizo caso omiso a las denuncias por las irregularidades detectadas en el proceso de diseño y licitación. Tampoco fueron suficientes la alarma social que creó la incineradora por las consecuencias que se ha demostrado tiene en la salud pública. Tampoco por los 500 millones que iban a arruinar Gipuzkoa ni las protestas populares.

Sin embargo, las irregularidades que ha denunciado GHK son abrumadoras. Y es que los anteriores gestores no se molestaron ni en respetar las autorizaciones que les había concedido el Gobierno Vasco. Cometieron modificaciones sustanciales y, entre otras cosas, hicieron desaparecer del proyecto la planta para tratar los residuos tóxicos que iba a producir la incineradora. En estas condiciones, con permisos concedidos para un proyecto sustancialmente diferente al inicial, construir la incineradora sería cometer una ilegalidad.

GHK ha dado información precisa y amplia sobre todo ello, por lo que no vamos a detenernos en explicar las razones técnicas y de carácter medioambiental de la paralización. Es más, los promotores políticos de la planta no han dado ni un solo  dato para desmentir los argumentos expuestos públicamente por GHK.

En lo que sí vamos a detenernos es en la nefasta gestión de todo el affaire de la incineradora de Zubieta protagonizada por los anteriores gestores de GHK y del Gobierno Foral. Los intereses ocultos del PNV están detrás de todo lo que tiene que ver con la construcción de la incineradora. En este caso no se puede decir que todo el mundo tiene su parte de culpa, no, toda la responsabilidad política y todas las consecuencias económicas causadas por esta nefasta gestión son únicas y exclusivamente del PNV.

Estos días han intentado anunciar que la no construcción de la incineradora causaría la ruina de GHK y que habrá que pagar indemnizaciones millonarias. El PNV oculta deliberadamente a la ciudadanía que fueron ellos los que contrataron un swap, un producto financiero altamente tóxico, que está lastrando las cuentas de GHK y que fue el PNV el que firmó un acuerdo con las empresas constructoras tras la modificación del proyecto inicial, un acuerdo que ahora se comprueba que es ilegal cumplirlo. Lo diremos con otras palabras: Que no se atrevan desde el PNV a atribuir las irresponsabilidades que ellos cometieron y los agujeros que ha provocado su nefasta gestión al actual gobierno foral. Que no tomen a la sociedad guipuzcoana por tonta.

De cualquier forma, nuestra intención hoy no es alimentar ninguna lógica de enfrentamiento. Llegados a este punto, con el proyecto de la incineradora de Zubieta en vía muerta, desde EH Bildu nos comprometemos a seguir realizando una gestión responsable y razonable de todo este asunto. Por un lado, es prioritario defender el patrimonio y los intereses de la sociedad guipuzcoana, garantizando la solvencia y la viabilidad de GHK. Pero, por otro lado, es evidente que la incineradora de Zubieta no se puede hacer y que estamos ante un nuevo escenario. Este nuevo escenario post-incineradora exige por parte de todos responsabilidad para definir la nueva gestión integral de los residuos que producimos en Gipuzkoa y poder construir las nuevas infraestructuras necesarias para ello.

Este nuevo escenario exige diálogo y capacidad de acuerdos entre los partidos, los agentes sociales y las instituciones implicadas. Desde EH Bildu vamos a impulsar en los próximos días y semanas distintas dinámicas para promover un debate abierto que posibilite encontrar soluciones definitivas para el tema de los residuos en el territorio de Gipuzkoa.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha pedido que se suspenda el proyecto de líneas de 400.000 voltios entre Dicastillo y Ezkio-Itsaso y Castejon-Muruarte. Según el ente foral, el proyecto que quiere desarrollar la empresa Red Eléctrica Española no se encuentra dentro de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica del Estado, en relación a la cual el Real Decreto Ley 13/2012 indica lo siguiente: «hasta la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica queda suspendida el otorgamiento de nuevas autorizaciones administrativas para instalaciones de transporte competencia de la Administración General del Estado». Por lo tanto, dado que el proyecto de líneas entre Dicastillo y Ezkio-Itsaso y Castejon-Muruarte no se encuentra en la planificación actual, y dado que queda suspendido el otorgamiento de nuevas autorizaciones hasta que se apruebe una nueva planificación, las administraciones competentes deberían suspender el proyecto en cuestión. «De lo contrario, actuarían contra la normativa», ha señalado el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación.

Cabe recordar que ambas líneas suman un total de 120 kilómetros, de los cuales 14 transcurrirían por Gipuzkoa; concretamente, entraría en el territorio a través de la Parzonería de Gipuzkoa, y afectaría a los siguientes municipios: Idiazabal, Zegama, Segura, Zerain, Mutiloa y Gabiria. La línea se sostendría sobre torres de acero de hasta 80 metros de altura. Concretamente, en Gipuzkoa se requerirían 28 torres, con un espacio entre ellas de 400 o 500 metros. Para la protección de la línea, se debería hacer un corredor de 40 metros de ancho, con restricciones para la arboleda. Por otra parte, se necesitarían 5,3 kilómetros de nuevos caminos para la realización de labores de instalación y del mantenimiento posterior de las torres.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado diferentes recursos al informe medioambiental del proyecto de línea de alta tensión, entre los que destaca el comentado anteriormente. Además, según afirma la Diputación, «la información presentada no es suficiente para justificar la necesidad objetiva de las instalaciones. Tal carencia básica debería traer consigo una reflexión real y seria en torno a la conveniencia o no del proyecto».

La Diputación sostiene, además, que hay que tener en cuenta el notable descenso a nivel estatal, en los últimos seis años, del consumo bruto de energía eléctrica y que se espera que tal tendencia se mantenga en el futuro. Por ello, «los datos de bajada de demanda demuestran que no existe necesidad de nuevas instalaciones de generación y transporte de electricidad y que, desde un punto de vista sostenible, lo pertinente en este momento deberían ser el ahorro y la eficiencia energética». En ese sentido, el proyecto carece tanto de datos relativos a nuevas plantas de energía que justifiquen la necesidad de nuevas líneas, como de una hipotética saturación de las líneas existentes.

Según La Diputación Foral, no se ha realizado una correcta valoración del impacto medioambiental. No se debe olvidar, por ejemplo, que la línea de alta tensión supondría un importante impacto en diferentes zonas protegidas por la red Natura 2000 y que resultaría perjudicial para diferentes especies –aves, especialmente–. Asimismo, la Diputación ha subrayado la preocupación y rechazo que el proyecto ha generado entre la ciudadanía.

«Resulta evidente que este macroproyecto tiene notables carencias y lagunas: los promotores no han justificado debidamente su necesidad; no se ha realizado un análisis medioambiental serio, pese a que tendría, tanto en el entorno como en los espacios protegidos y las especies que los habitan, un impacto enorme; cuenta con la clara oposición de la ciudadanía; y, además, no cumpliría con la normativa vigente. Por lo tanto, hemos pedido al Gobierno español que deniegue el permiso y que el proyecto sea suspendido», ha dicho Iñaki Errazkin, diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DFG

A la vista de lo ocurrido este fin de semana en la consulta popular que la plataforma Tolosaldea Txukun había convocado en Zizurkil en torno al sistema de reciclaje, EH Bildu denuncia enérgicamente que estamos ante un fraude político de primera magnitud.

En primer lugar, constatar que alrededor de 750 vecinos y vecinas de Zizurkil respondieron a la convocatoria de Tolosaldea Txukun, personándose en el lugar de la votación. Un número apreciable, pero que representa al 34% de las personas censadas en la localidad. Dos de cada tres vecinos con derecho a voto hicieron oídos sordos al llamamiento, en sintonía con los requerimientos del gobierno municipal.

Pese a los intentos por engordar las cifras a toda costa, Tolosaldea Txukun, esgrimiendo la existencia de alrededor de 300 votos «delegados», tan sólo ha sido capaz de contabilizar un 45% de participación virtual. Es decir, utilizando cualquiera de las fórmulas de contabilidad imaginables, esta consulta popular sólo ha agrupado a quienes en las últimas elecciones votaron con una papeleta diferente a la de EH Bildu. Magra constatación si de cuestionar la legitimidad del gobierno municipal se trata.

En cualquier caso, la artimaña del «voto delegado» ha sido el talón de Aquiles de esta escenificación. Pese al intento de algunos medios de ocultarlo, la noticia del fraude se ha abierto camino rápidamente por las redes sociales. Los dos documentos gráficos que hemos visto estos días son una clara muestra de cómo trastocar y falsificar los resultados. Este fin de semana en Zizurkil se ha pisoteado sin ninguna vergüenza una de las reglas de oro de la democracia, que es «una persona un voto». Para EH Bildu esto es muy grave, es la crónica de un fraude a la ciudadanía. Esos trescientos votos «sacados de la manga» mediante prácticas como la que esos videos han sacado a la luz, marcan una línea divisoria entre quienes sirven al pueblo y quienes se sirven de él.

El uso de las consultas populares como instrumento de participación es algo muy serio y se merece un mínimo de respeto. Pero este fin de semana hemos sido testigos de hasta dónde está dispuesto a llegar el PNV para desgastar los gobiernos de EH Bildu. Hasta el punto de cometer uno de los mayores fraudes a pie de urna que se reccuerda. Al PNV la voluntad popular le importa bien poco. Se sirve de este tipo de consultas de encargo, no porque crea en la participación ciudadana, sino porque cree que les sirve como arma para atacar al adversario político.

Un fraude que tiene nombres y apellidos, como vemos en los vídeos. La plataforma Tolosaldea Txukun tiene como portavoz en Zizurkil al concejal del PNV llamado Egoitz Sorozabal. Otra de las personas que manejaron el fraude es la ex alcaldesa y ahora concejal Marian Lazkano. También se puede apreciar la colaboración de Zorione Etxezarraga, juntera del PNV por Gipuzkoa. Estas tres personas son las protagonistas principales de este gran fraude. Pero lo peor es que las tres tienen responsabilidades políticas en Zizurkil y en Gipuzkoa. Desde EH Bildu pensamos que este tipo de comportamientos no tienen cabida en una sociedad democrática. Egoitz Sorozabal, Zorione Etxezarraga y Marian Lazkano deberían dimitir inmediatamente como forma de asunción de las graves responsabilidades en las que han incurrido.

Si delante de las cámaras son capaces de manipular y mentir sin pestañear, ¿de qué serán capaces si se les da la facultad de dirigir un pueblo o una provincia?

Por otro lado, queremos emplazar al PNV para que aclare si este tipo de comportamientos tienen cabida en su partido, y si van a dar explicaciones a los ciudadanos de Zizurkil por el vergonzoso comportamiento de algunos de sus responsables. EL PNV y los responsables de Tolosaldea Txukun han provocado «vergüenza ajena» entre la ciudadanía de Zizurkil. Esperamos que en las próximas citas de Irura, Anoeta y Ordizia los vecinos y vecinas tomen buena cuenta de lo ocurrido y den la espalda a los intereses fraudulentos de sus impulsores.

Por último, desde EH Bildu queremos subrayar nuestro compromiso con la participación ciudadana, que es la base de nuestra actividad política. Pero lo que está claro es que nuestro modelo de participación dista mucho del que se vio el fin de semana en Zizurkil, porque deja vía libre al fraude.

EHBildu Gipuzkoa