Euskal Herria Bildu denuncia que la decisión adoptada en el día de ayer en el Parlamento Vasco con los votos favorables de PNV, PP y PSE de autorizar al Gobierno Vasco a vender a Euskaltel la red pública de telecomunicaciones, que la compañía ha utilizado en régimen de alquiler desde su nacimiento, supone un paso más en el desmantelamiento del sector público, con el agravante de que en esta ocasión se hace con poca transparencia y en una operación con tintes especulativos.
Una vez más las derechas olvidan sus rencillas y apoyan las políticas de privatización del sector público, políticas a las que el PSE no solo no se opone sino que colabora y contribuye.
En este primer paso el Gobierno Vasco venderá parte de la red de telecomunicaciones, que en la actualidad alquila a Euskaltel, al operador de telecomunicaciones. El objetivo de dicha venta es tratar de hacer más atractivo el paquete de acciones públicas que el gobierno vasco quiere sacar a la venta para hacer caja. Para ello Euskaltel realizará el pago al Gobierno Vasco en forma de acciones.
En una segunda fase se producirá una venta, posiblemente de forma conjunta, de parte de las participaciones del gobierno vasco, hasta quedar por debajo de un 5%, y de parte de las participaciones de Kutxabank, accionista mayoritario, hasta situarlas por debajo del 50%. Con esta última operación Kutxabank pretende eliminar de su balance los resultados de Euskaltel, así como el préstamo de 222 millones que realizó a la operadora de telecomunicación para hacer frente a la indemnización que tiene que abonar a Orange.
En definitiva, nos encontramos ante una operación que se caracteriza por su falta de información, con claros tintes especulativos y en la que el patrimonio público se utiliza en beneficio de empresas privadas, avanzando de esta forma en el progresivo desmantelamiento del sector público. Los beneficiarios exclusivos de esta operación serán los accionistas de Euskaltel, los accionistas de Kutxabank, y los posibles compradores de las acciones de Euskaltel, mientras que la sociedad vasca ve como el patrimonio público obtenido con sus impuestos desaparece y el Gobierno Vasco des-invierte en sectores estratégicos, lo cual solo servirá para empeorar aún más la actual gestión de la compañía.
El portavoz de Alternatiba, Asier Vega, ha trasladado hoy la solidaridad de su formación con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, que “sufre estos días el acoso del Gobierno del Partido Popular, con órdenes de detención y amenazas de denuncia” tras la acción en la que varios trabajadores y militantes tomaron alimentos de primera necesidad de dos grandes centros comerciales para repartirlos entre personas necesitadas.
Vega ha recordado que, tal y como han afirmado portavoces del sindicato, “ha sido una llamada a la rebeldía y al despertar ciudadano en un momento en el que las clases populares son cada vez más castigadas por recortes y ataques perpetrados al dictado de quienes han propiciado esta crisis”. Así, ha subrayado la ironía de que el mismo día en que se siguen practicando detenciones de sindicalistas en Andalucía, el departamento de justicia de los EEUU anuncie que no va a procesar a la cúpula de Goldman Sachs, una de las mayores responsables de la crisis financiera.
Desde Alternatiba han exigido que cesen las detenciones contra los miembros del SAT, “porque responden a la lógica de obediencia debida por parte de un gobierno que defiende a los más ricos, mientras no hace nada por aliviar la situación de las clases populares. El portavoz del partido de izquierdas también ha recordado que las gigantes del sector de la alimentación como Mercadona, lanzan grandes cantidades de comida en buen estado a la basura, mientras cada vez más personas viven en condiciones de pobreza. Esta deplorable realidad “legitima aún más expropiar productos básicos para la supervivencia con objeto de repartirlos entre los más desfavorecidos, tal y como hicieron en Andalucía”.
Tampoco ha querido dejar de señalar que Juan Roig, presidente de Mercadona, “tiene la talla moral de quien solo ha hablado de la reforma laboral para asegurar que se ha quedado corta, además de dirigir una empresa que Greenpeace ha nominado como una de las peores de 2011 por apoyar con su política de compras la opresión marroquí del pueblo saharaui y que impone maquillarse a sus trabajadoras, por citar algunas de sus muchas virtudes”.
En la misma línea, Vega ha subrayado la “necesidad de seguir confrontando la lógica de los que crearon una crisis y de los que siguen especulando y enriqueciéndose con ella, a costa de personas con cada vez menos recursos y menos derechos”. Por eso, para recuperarlos y plantar cara a las políticas económicas que conducen a la miseria de la gran mayoría de la población, Alternatiba llama a “tejer alianzas entre movimientos sociales, sindicales y políticos; y a crear y fomentar nuevas formas de lucha que sirvan para desenmascarar tanto la mano invisible como los hilos que mueve”.
La portavoz de Alternatiba, Amaia Agirresarobe, ha criticado hoy duramente la imposición del copago farmacéutico en la CAV, tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la “normativa electoralista” aprobada por el Gobierno López. Agirresarobe ha recordado que “el copago supone el enésimo hachazo a los derechos y a la dignidad de las personas, además de una estafa desde su nomenclatura, ya que los medicamentos ya eran sufragados por la ciudadanía a través de una fiscalidad cuyas reformas siguen perjudicando a las clases populares y beneficiando a los de siempre”. Por este motivo, ha asegurado que “solo cabe tildarlo de repago”.
Desde Alternatiba han denunciado la injusticia de hacer pagar más por los tratamientos farmacéuticos a buena parte de la sociedad y de condenar a la falta de cobertura sanitaria a uno de los colectivos sociales más débiles. Y todo, ha subrayado la portavoz de la formación de izquierdas, para lograr “un supuesto ahorro de 33 millones de euros al año, apenas una décima parte de la inversión anunciada en los Presupuestos Generales del Estado para el TAV durante el presente año”. Suma, además, “a la que habrá que descontar el coste de implantación y gestión del nuevo sistema”. También ha señalado que la CAV es, junto con Nafarroa, la comunidad autónoma del Reino de España con una menor deuda farmacéutica.
Al hilo de las excusas y maniobras ofrecidas estos días por Bengoa y López en torno a la imposición del copago, Agirresarobe ha acusado al Gobierno Vasco de “agitar propaganda electoral en forma de insumisión cuando vienen implantando recortes, sin ningún tipo de injerencia externa, en áreas como educación, prestaciones sociales y también en sanidad”. Por ello, ha instado al lehendakari a “defender los servicios sociales desde sus competencias y más allá de la propaganda”. En este sentido, también ha criticado a los que desde otras instituciones vascas siguen haciendo recaer el peso de la fiscalidad en las y los trabajadores, perdonando impuestos a los que más ganan y a los que disponen de mayores patrimonios: “Es indignante recordar cómo cuando había superávit aprovecharon para bajar impuestos a empresas y grandes fortunas dejándonos en una peor situación para ahora que falta dinero”.
Ante las asambleas de las cajas vascas que va a tener lugar este próximo jueves, desde Eh Bildu queremos en el día de hoy denunciar la inminente privatización que el PP, PNV y PSE quieren abocar a Kutxabank.
Desde Eh Bildu también queremos destacar que la realidad del sistema financiero vasco es realmente alarmante, y lo es en buena medida por la Ley de Cajas Vasca negociada entre las derechas vasca y española, la derecha de Urkullu y del señor Rajoy; y secundada por el PSE.
Tanto el PNV, el PP se pusieron de acuerdo para garantizarse el reparto del poder en Kutxabank y para negar la pluralidad de la sociedad vasca en sus órganos de control y así evitar la entrada de cargos públicos soberanistas y de izquierdas en los mismos para avanzar más rápido hacia la privatización. Asimismo, la Ley de Cajas que estos tres partidos aprobaron, discrimina a los ayuntamientos, restándoles representatividad en la composición de las asambleas, limitando la representación de las instituciones públicas en la asamblea del 50% al %40%.
Queremos denunciar que la inminente privatización que comienza a apuntarse en los últimos días, fue una de las razones por las que Aralar no apoyó la fusión, y contraviene lo pactado con Bildu en el contrato de integración. Los obstáculos que se pusieron a la privatización no han sido suficientes ante el conchabeo del PP y del PNV y los deseos de privatizar de capitalistas y especuladores. Según el mismo, es decisión de las asambleas de las tres cajas la entrada de capital privado. Sin embargo, la regulación del Banco de España, las intenciones del ministro Luis de Guindos, la Ley de Cajas Vasca, los estatutos que se someterán el jueves a votación y la apuesta de estos tres partidos empujan la balanza a favor de la privatización de las cajas.
Es más, un reciente “memorandum” de la Unión Europea sobre las ayudas financieras exige al gobierno español que para noviembre decrete la separación entre las cajas y los bancos, por lo cual podemos concluir que para esa fecha se puede producir la privatización de Kutxabank. Es en esa dirección, dónde se entiende la conversión de las cajas en fundaciones.
Por lo tanto, debemos denunciar lo que el PP y el PNV quieren llevar a cabo, convertir las cajas de ahorro en bancos privados, sin dejar rastro de obras sociales ni de capital público. La conversión de las cajas vascas en fundaciones hará desaparecer la obra social y abrirá las puertas a la privatización. Por eso, el PP y PNV han pactado lograr todo el poder en el consejo de administración, porque su modelo y su apuesta es dejar en manos privadas el futuro de Kutxabank, y el PSE les ha apoyado servilmente.
No podemos permitir que privaticen Kutxabank. Necesitamos y reivindicamos una banca pública al servicio de la ciudadanía y de la planificación social y económica. Necesitamos un sistema financiero público, social, transparente y democrático, que se adecúe al tamaño y al tejido empresarial y social de nuestro país. Un sistema financiero público que ayude a cambiar el sistema, no uno que compita con la banca privada en una carrera de barbaridades y especulación sin límite, en busca de beneficios a toda costa. Defenderemos, por lo tanto, un sistema financiero público y social que sirva para ayudar a superar la crisis del sistema.
EH Bildu reivindica, en definitiva, una entidad pública que defina su función social para ser una banca de inversión que facilite la inversión productiva, en base a criterios ecológicos y sociales. Que no apueste por la especulación financiera, que rechace la inversión militar y los megaproyectos. Necesitamos una caja que cumpla con unas funciones sociales concretas, que conceda los préstamos e inversión adecuados a las prioridades de una economía que fomente la generación de empleo de calidad y la lucha contra el cambio climático, que apoye la soberanía alimentaria. Que priorice, en definitiva, la justicia social y se rija por principios de democracia participativa y transparencia.
Como gustaba afirmar Galbraith, es inmoral y propio de una sociedad enferma que haya personas que ganen más de 100 veces el sueldo medio y cuya principal meta parezca ser ganar todavía más.
De esa y parecidas reflexiones ha surgido siempre la necesidad de limitar y regular las escandalosas diferencias salariales propiciadas por el capitalismo salvaje. Esta limitación no suele ser una prohibición directa, dada la facilidad que tienen las rentas altas de disfrazar parte de su sueldo. Más bien se intenta poner tipos altísimos en las rentas del trabajo (del 90% o superiores) a partir de un umbral de ganancias.
Una versión light la tenemos en la propuesta socialista francesa en el impuesto sobre la renta, gravando al 75% todo lo que supere el millón de euros de sueldo. Es decir, a un IRPF más bajo que el de Gipuzkoa e incluso que los de los otros herrialdes, le ponen un estrambote para rentas estratosféricas (más de 30 veces el salario medio de Euskadi). Y antes de que se empiecen a oír tonterías sobre pasadas por la izquierda y demás, conviene estudiar sus consecuencias aquí, para ver si estamos hablando de nóminas o de fútbol.
Porque podríamos afirmar que Euskadi no es Madrid, Barcelona, París o Londres y que aquí esas rentas o menores apenas existen. Y que las pocas que hay corresponden a retribuciones de consejos de administración de empresas muy grandes o a alguna jubilación de oro, con una facilidad enorme para cambiarse de domicilio fiscal. Por lo que incrementos como el descrito solo servirían para tranquilizar conciencias, sin ninguna importancia práctica.
Pero una mirada más cautelosa sí nos muestra empresas cuyos ejecutivos realizan trabajos ligados al terreno y perciben esas millonarias cantidades. Son las dedicadas al espectáculo de fútbol o baloncesto, en las que abundan los sueldos brutos (por todos los conceptos) superiores a 300.000 euros. E incluso en Athletic, Real Sociedad u Osasuna hay bastantes que superan el millón de euros.
¿Se podría aplicar entonces la reforma Hollande en Hegoalde? Sí, pero teniendo claro que eso casi supondría para los clubes citados bajar a la segunda división española. Y claro, el enorme despilfarro de dinero público y privado dedicado al deporte profesional en todo el Estado, los valores reaccionarios que transmiten tan disparatadas prebendas, los estúpidos ritos tribales que lo sustentan… todo eso tiene su reflejo en Euskadi.
Sin contar con el empeño de la derecha nacionalista en sublimar la cuestión nacional con los éxitos deportivo-cirquenses, que tan buenos réditos le dio en la transición.
Lógicamente, con ligas vascas esta dependencia enfermiza del deporte espectáculo se reduciría drásticamente. Un Athletic-Amurrio sirve de chiste para nacionalistas españoles, pero a mí me merece más respeto que trasladar miles de forofos a 5.000 km. de distancia para ver jugar a tu equipo contra otro de Madrid (y viva el desarrollo sostenible).
Y entonces podremos abordar ese cambio fiscal. Mientras tanto, conformémonos con que los deportistas profesionales tributen igual que el resto de los mortales, aunque sea a partir de 300.000 euros. Porque, para asombro de propios y extraños, actualmente pagan la mitad en tres de los cuatro herrialdes merced a unas disposiciones enterradas en lo más profundo de la normativa foral. Un ejemplo para ilustrarlo: Bizkaia subvenciona fiscalmente a los jugadores del Athletic con varios millones de euros, como si no hubiera necesidades más urgentes y solidarias en estos tiempos de crisis.
¿Y por qué en Gipuzkoa no se ha eliminado totalmente y siguen pagando la mitad por los primeros 300.000?. Pues sí, es injusto, pero aquí hay que ser posibilista. Porque en caso contrario, el IRPF francés sería más bajo y el agujero a la recaudación fiscal considerable si todos se mudan a Iparralde. Pegas de tener una nación con tantas soberanías fiscales distintas.
Como veis, lo que amenazaba con ser una discusión fiscal puede transformarse en otra sobre la hipertrofia del deporte profesional en nuestra sociedad y sus prebendas. Espero que este debate no se obvie con argumentos tontos del tipo: «es que a ti no te gusta el deporte». Porque se podría responder como hizo recientemente un concursante televisi- vo para pasmo de la presentadora: «A mí me encanta hacer el amor y no soporto las películas pornográficas». Pues eso.
A pesar de que fueron anunciados unos días antes, hoy hace una semana desde que el presidente del gobierno español Mariano Rajoy aprobara algunos de los más salvajes ataques en contra de los derechos sociales y la dignidad de las personas. Ataques en forma de recortes que se suman a los lanzados en los últimos meses y, no lo olvidemos, los aprobados por anteriores gobiernos bajo la omnipresente excusa de la crisis.
Desde Euskal Herria Bildu ya hemos denunciado, y seguiremos haciéndolo mientras persistan los ataques, todas y cada una de estas medidas, orientadas a saciar a unos mercados que no buscan más rescate que el de los mercados financieros y el sistema capitalista que son el germen de lo que ellos llaman crisis pero la ciudadanía hace tiempo llama estafa. El Gobierno de Madrid, al dictado de las instituciones y, sobre todo, de la banca alemana, con la dócil respuesta de Gasteiz y Madrid, nos sitúa en una situación de excepción. Una situación en la que vemos, sin embargo, una consecuencia positiva: La ciudadanía no va a permanecer impasible ante semejantes atropellos.
Durante esta semana han sido docenas los actos de protesta que han tenido lugar en los pueblos, las plazas y los centros de trabajo de Euskal Herria en protesta por los graves recortes establecidos por el Gobierno del Partido Popular. Han sido miles y miles los hombres y mujeres que han salido a la calle en defensa de sus derechos vulnerados una y otra vez al dictado de los mercados, tanto en Euskal Herria como en el estado español. Y ayer mismo se llamó, por segunda vez en lo que va de año, a la huelga general en Hego Euskal Herria. Nada menos que 8 sindicatos y cerca de cien plataformas y movimientos sociales se han puesto de acuerdo para paralizar el país el 26 de septiembre. EH Bildu secunda y se suma a esta convocatoria, y espera que sean aún más los agentes que llamen a participar en la misma.
Del mismo modo, también queremos reiterar el llamamiento que desde esta coalición hemos realizado a la ciudadanía a mostrar su indignación en las calles en la manifestación nacional que partirá mañana sábado desde el Sagrado Corazón de Bilbao bajo el lema «Murrizketarik ez, burujabetza ekonomikoa. Invitamos al conjunto de la ciudadanía a acudir, porque son los derechos y la dignidad de todos y todas los que están en juego, y porque solo trabajando de manera conjunta conseguiremos frenar los ataques y construir alternativas.
Frente a quienes aseguran que la movilización no sirve para nada, EH Bildu responde que en esta situación de emergencia instituciones, agentes sociales, sindicatos, partidos políticos y, por supuesto, la ciudadanía pueden y deben actuar para cambiar la situación. Quienes creemos que hay una alternativa posible tenemos la oportunidad de actuar cada uno en su ámbito y, siempre que sea posible, de manera complementaria para frenar el modelo de sociedad, de economía y de país que quiere imponer el PP. Y precisamente mañana reivindicaremos también la soberanía económica para nuestro pueblo, porque sabemos que es posible tomar las riendas para levantar un sistema que defienda los intereses colectivos y no la avaricia de unos pocos. Exigimos soberanía para construir una alternativa socioeconómica creíble, eficaz y popular frente a un capitalismo injusto y fracasado pero dispuesto a subsistir a toda consta y al precio que sea necesario.
La derecha vasca y la española, el cuarteto formado por PNV, PP, PSOE y UPN pretenden seguir haciéndonos creer que las políticas que nos han conducido a esta situación son las mismas que nos sacarán de ella. Y lo creen porque en realidad no quieren que cambie nada por temor a perderlo todo, porque defienden un sistema hecho a la medida del capital y a consta de las personas.
Debemos demostrarles que estamos más que dispuestos y dispuestas a resistir, que tenemos alternativas y que seguiremos reclamando todas las herramientas necesarias para ponerla en marcha. Mañana sábado todos y todas a la calle y el 26 de septiembre a paralizar por completo Hego Euskal Herria, y entre tanto, seguiremos vigilantes ante los nuevos ataques que, sin duda, llegarán con estivalidad y alevosía.
Cuenta la Biblia que Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac sin confensarle si quiera que era precisamente él, su vástago, el sacrificio que se disponía a ofrecer a Dios. Estaba a punto de cumplir la orden divina cuando un ángel apareció y le dijo: “No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo”. Mucho nos tememos que el episodio no dista demasiado del que ocupa las portadas de los periódicos en las últimas semanas.
El presidente del Reino de España, Mariano Rajoy, presentó el navajazo en el cuello del pueblo en forma de recortes, subida del IVA y reducción de las cotizaciones sociales, bajando así parte del salario de las personas trabajadoras. Para justificar el atropello, el sucesor de Aznar afirmó que era el momento de “aceptar el sacrificio y renunciar a algo” en vez de “rechazar los sacrificios y renunciar a todo”. La todopoderosa Banca pide sangre y no enviará ningún ángel a detener a Abraham. Ha de ser el pueblo el que se libere y se rebele, pues aceptar el sacrifico ahora significa renunciar a todo.
Rajoy dijo que la ayuda a España no llevaba condiciones impuestas. Tras ver el memorando de entendimiento, MoU, en el que se marcan las exigencias que ha seguido punto por punto es evidente que mentía, y por partida doble. La ayuda no es a España; es una ayuda a la banca alemana y al resto de acreedores de la banca privada. Además, las condiciones leoninas impuestas solo servirán para agravar aún más la mala situación económica de las clases más desfavorecidas, colocando al Reino de España en la antesala de otro rescate por no ser capaz de pagar la deuda. La vigilancia para que se cumplan todas las condiciones impuestas estará en manos del BCE, la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea.
A diferencia de la troika vigilante de Grecia los ortodoxos del FMI, que recientemente había sugerido una quita hipotecaria para mitigar el lastre de la deuda privada, han sido sustituidos por la Autoridad Bancaria Europea, entidad que dice promover la estabilidad del sistema financiero y la transparencia de los mercados y productos financieros y tiene su sede en el corazón de la opaca City londinense.
El navajazo supone la subida del IVA, impuesto que grava a los contribuyentes por igual independientemente de su capacidad económica. Los bienes empleados en actividades agrícolas y ganaderas pasan del 8 al 21%, mientras Montoro admite que pagarán justos por pecadores (quienes defraudan el IVA y los que aprovechan la amnistía fiscal, o quienes se aprovecharán de las deducciones por patrocinar el enésimo intento olímpico de la Capital del Reino). También supone la rebaja las cotizaciones sociales en perjuicio del sistema público de pensiones y reduce las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes de desempleo con el pretexto de incentivar la búsqueda de un trabajo inexistente. Los recortes suman 65.000 millones de euros, pero se olvidan de recortar las obras social y medioambientalmente insostenibles o figuras antediluvianas como el ejército, la monarquía o el Senado. También rebajan, de nuevo, el sueldo al funcionariado (regalándole parte de sus sueldos a la banca) y reducen la contestación y el control político al eliminar el 30% de las y los concejales.
Podría parecer que no han dejado títere con cabeza pero, lamentablemente, podemos tener la certeza de que los recortes no acaban ahí: la rebaja de las pensiones y la aceleración en el retraso de la edad de jubilación están a la vuelta de la esquina.
Desde la aprobación del Tratado de Maastricht, pasando por el Tratado de Lisboa y la reforma de la inmaculada constitución para incluir el límite al déficit público, el Reino de España ha ido renunciando paso a paso a sus herramientas para hacer política económica. El memorando MoU marca las 37 condiciones que tiene que cumplir el sistema financiero español, incluso apostilla que si quiere tomar alguna medida que no esté incluida tienen que pedir permiso a los vigilantes. Esta renuncia a la soberanía, el tener que pedir permiso a terceros se vio reflejando en las declaraciones del ministro de Exteriores Margallo cuando señaló que «es una estupidez hablar ahora de soberanías nacionales, porque vivimos en un mundo de soberanías compartidas».
El MoU también establece que España confeccionará una ley para obligar a las cajas de ahorro a tener una participación inferior al 50% de los bancos. Cuando esto suceda, las cajas vascas dejarán de controlar Kutxabank y solo faltará un paso para perder la obra social. Así pues, queda en evidencia que los bienintencionados límites que se negociaron desde las entidades fundadoras en Gipuzkoa no han sido suficientes para paralizar la privatización, lo cual es más doloroso en estos momentos en los que una banca pública es tan necesaria.
La solución, una vez más, va en la dirección contraria a las medidas adoptadas. Si las entidades financieras eran demasiado grandes para dejarlas caer, no se entiende que la solución de Europa fuese plantear nuevas fusiones. Antes de rescatar la banca privada habría que estudiar por qué esa deuda tiene que ser cubierta por la ciudadanía. Cuando la banca alemana de Ackermann compraba esa deuda, ¿acaso ignoraba que jamás podría devolverse? Es necesaria una auditoria para decidir qué parte de la deuda es ilegítima, qué parte se paga y cuál no.
Las políticas e intervenciones futuras ponen el beneficio y la renta financiera por encima de todo. La austeridad, los recortes de derechos, la privatización, son todas políticas de desposesión y depredación social. La solución pasa por la distribución de renta y riqueza, y por la ampliación de los derechos sociales. No aceptaremos sacrificios, ni a Dios ni a la banca.
Ante la nota difundida por ELA en relación a la manifestación convocada con el lema “Murrizketarik ez. Burujabetza ekonomikoa”, Euskal Herria Bildu quiere manifestar lo siguiente:
Consideramos que ante la grave situación y el malestar social generalizado generados por las medidas adoptadas por el Gobierno español, todos los colectivos y personas que lo consideren oportuno tienen derecho a movilizarse para denunciar los graves recortes adoptados por el PP y, a su vez, reivindicar la soberanía económica para Euskal Herria.
Del mismo modo, queremos expresar que aunque respetamos la actitud de ELA, no compartimos ni sus formas ni su decisión. Consideramos que nadie puede arrogarse la titularidad del espacio social y sindical, ya que son propiedad de toda la ciudadanía. Como también lo son otros ámbitos como el institucional y las calles.
ELA limita al ámbito sindical y social la responsabilidad de dar respuesta a las medidas económicas y sociales del Gobierno español, restringiendo el ámbito de actuación de las fuerzas políticas a las instituciones. Consideramos que esta lectura es errónea. En esta situación de emergencia, es responsabilidad de todos, de los agentes políticos, sindicales y sociales dar respuesta y proponer alternativas.
Así pues, Euskal Herria Bildu defenderá los derechos de la ciudadanía vasca en todos los ámbitos, tanto en la calle como en las instituciones, y lo hará con todos los agentes que estén dispuestos a ello, ELA incluida, ya que consideramos que todos y todas somos imprescindibles para hacer frente a este golpe de estado económico. Nadie está de sobra ni nadie puede condicionar o limitar la participación de nadie.
Finalmente, queremos realizar un llamamiento a todos los hombres y mujeres de Euskal Herria para que el sábado 21 participen en la marcha que recorrerá las calles de Bilbao en protesta por los recortes y reivindicando soberanía.
Ana Etxarte y Carmen García – Mesa Feminista de Alternatiba
Parece que hay un empeño general en hablar exclusivamente de crisis económica o de estallido financiero, cuando lo que realmente estamos viviendo es una crisis civilizatoria en toda su extensión. Esto es, una crisis que afecta a los parámetros básicos del sistema vigente -sociales, ecológicos, alimentarios, climáticos, políticos, económicos y de género- y que además no nace en 2007, sino que estalla en ese año, siendo su gestación muy anterior en el tiempo. De esta manera, la punta se confunde con el conjunto del iceberg, y la dimensión financiera oculta múltiples crisis, espacialmente la crisis perpetúa que asola a más de la mitad de la población mundial, las mujeres.
Es inaceptable constatar cómo los diagnósticos sobre la crisis son absolutamente ciegos a la realidad de precariedad, explotación y subordinación de las mujeres, y cómo las medidas que se toman en base a estos diagnósticos, en ningún caso estudian ni priorizan su impacto sobre las mujeres. El resultado de todo ello es que nuestra crisis no es LA CRISIS y por tanto las lógicas de dominación de acentúan exponencialmente.
Especialmente significativa es la invisibilización y el desprecio del trabajo reproductivo y de cuidados, básicamente desarrollado por mujeres, y cómo se está tratando en esta etapa de crisis. No nos engañemos, la famosa economía -real y financiera- también es otra punta del iceberg, que se sostiene sobre un sistema de trabajo reproductivo sin el cual todo el sistema se vendría abajo. Así de claro, las mujeres sostenemos la vida y el planeta, y el mercado y la economía oficial sólo pueden existir si existe un trabajo reproductivo, y éste, por supuesto, o es no remunerado o es precario. A pesar de ello, y en vez de dar valor a este trabajo, se le discrimina como si no fuera parte de la crisis real. Así, se están tomando decisiones que ahondan en esta lógica. Es necesario denunciar que con la excusa de la crisis y mediante los recortes de derechos, nos quieren encerrar de nuevo en el hogar, en el hogar propio y en el ajeno, y en una situación cada vez más precaria.
Prueba de esto son los recortes anunciados en la Ley de Dependencia, una ley que ya fue del todo insuficiente en su formulación, y que no solucionó, ni mucho menos, la cuestión del reconocimiento social del trabajo de cuidados ni de la corresponsabilidad -en muchos casos, perpetuó a las mujeres en el trabajo doméstico y promocionó la precarización del empleo sumergido y sin derechos a través de la contratación de mujeres migrantes-, pero que al menos sacó a la luz pública la realidad y la relevancia de estos trabajos mayoritariamente, como decimos, desarrollados por mujeres.
Pero en vez de mejorar la ley y de avanzar en el reconocimiento de la explotación y dominación histórica de las mujeres, lo que plantea la derecha con la crisis es cargarse de un plumazo las tímidas medidas tomadas. Ya nos lo anunció el PP hace unos meses: “La ley de dependencia no es viable y se hará lo que se pueda”. Y lo que se pueda es recortarla y eliminar derechos, precarizando aún más su situación, y reforzando un sistema patriarcal cada vez más conservador y represivo para con las mujeres.
De esta manera, el gobierno de Rajoy nos ha anunciado, primero, que las CCAA tienen libertad para reducir como mínimo un 15% la prestación económica a percibir, como si los 400 euros mensuales que se recibían de media fueran un exceso inasumible. Segundo, que las personas cuidadoras, mujeres la mayoría, ya no cotizarán a la Seguridad Social, siendo de nuevo un trabajo de segunda; tercero, las cuidadoras deberán vivir con las personas dependientes para percibir las ayudas: la mujer en casa y con la pata quebrada, que es donde mejor está. Y cuarto, como última desfachatez, se aprueba que para resolver las solicitudes y otorgar las ayudas, las administraciones tendrán un plazo máximo de dos años -frente a los 6 meses actuales-. Han oído bien, dos años. Parece una tomadura de pelo, pero no lo es. Para los bancos, todo. Para la economía productiva, poco, pero algo. Para el trabajo de cuidados, nada, para las mujeres, las lógicas patriarcales más nauseabundas.
Aun con ello, el gobierno tiene la desvergüenza de afirmar que este tipo de medidas creará más empleo, ya que las familias, las mujeres mejor dicho, optarán por contratar estos servicios. Lumpen-empleo, por supuesto.
¿Pero no deberían ser las instituciones públicas quienes garantizaran los derechos en situación de dependencia? Este es un ejemplo más de cómo mientras hay rescates millonarios para los culpables, las personas inocentes vemos nuestros derechos conculcados, privatizando la responsabilidad pública y aumentando la pesada mochila de piedras que las mujeres tenemos que asumir hoy en día.
Basta ya. Por ello hacemos una llamada a la movilización, una llamada a que los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones sociales a que se manifiesten con fuerza en contra de estos recortes. Es vergonzoso ver cómo la eterna alianza entre capitalismo y patriarcado se agudiza aún más, manteniéndonos en crisis permanente mediante la discriminación y la violencia como método de control de nuestras cuerpos, de nuestras decisiones, de nuestros deseos y necesidades, en definitiva, de nuestras vidas. Nuestras vidas primero, no a los recortes de dependencia, no al capitalismo, no al patriarcado.
Desde Alternatiba solo encontramos un modo de describir lo que hoy va a suceder en un consejo de ministros presidido por Mariano Rajoy y con el monarca español como comparsa: Golpe de estado. Un golpe de estado dirigido desde los mercados y que busca acabar con la dignidad de las clase populares, la recentralización del poder político y la destrucción absoluta de esa farsa que desde hace décadas nos venden como «estado del bienestar».
En el Reino de España la mentira y la inutilidad campan a sus anchas, tanto en el actual gobierno del PP como anteriormente en el del PSOE. Nos dijo el ministro de Guindos que “las consecuencias de la crisis bancaria la pagarían los bancos”, y Rajoy decía hasta anteayer que “España no estaba intervenida” y que “no subiría el IVA”. Y, ¿Cuál es la realidad que hoy nos imponen? Un recorte brutal y mezquino, que situará en la exclusión a centenares de miles de personas, también aquí en Euskal Herria.
– La subida del IVA de entre dos y tres puntos nos equipara con los países con IVA más alto de Europa como Bélgica o Reino Unido. Países con un Salario Mínimo dos o tres veces mayor al del estado español, lo que provoca una pérdida de poder adquisitivo que hace más que difícil el sostenimiento de una vida digna.
– Aún más insultante resulta la reducción de la prestación por desempleo, argumentando que así se animará a las personas paradas a la búsqueda de empleo. Es un ejercicio de cinismo tan grande que debería hacer dimitir inmediatamente tanto a la ministra de trabajo como al presidente del gobierno. Condenan así a otras 600.000 personas a la más absoluta miseria.
– La supresión de la paga de navidad para los funcionarios con la promesa de recuperarla en el 2015 como aportación al fondo de pensiones es sencillamente atroz. No solo recortan salarios sino que aprovechan la jugada para seguir beneficiando a la banca con los fondos de privados de pensiones, una vez que han hecho lo posible, tanto PSOE como PP, para acabar con el sistema público de pensiones.
– La reforma de la Ley de Dependencia, ley que ya nació insuficiente, ahondará todavía más en las condiciones de absoluta precariedad en las que se realizan los trabajos de cuidados, ejercidos mayoritariamente por mujeres y fundamentales para el sostenimiento de nuestras vidas.
– La reducción del 30% de los concejales no es sino la eliminación de la pluralidad y la contestación política. Perpetuará el bipartidismo que los mercados necesitan entre los igualmente serviles y sumisos PP y PSOE.
En resumen, un golpe de estado en el que los gobiernos títeres de Madrid, Gasteiz e Iruñea no dudarán en alinearse con quienes nos llevan a la ruina sacrificando y reprimiendo a las clases populares, como hemos podido ver estos días en Madrid con los mineros a los que desde Alternatiba enviamos todo nuestro apoyo.
Es este un momento crucial en el combate que el capitalismo mantiene contra cualquiera que se oponga a su pervivencia. No les va a temblar el pulso al reprimir y criminalizar a cuantas personas sea necesario. Porque saben, al igual que nosotros y nosotras, que asistimos a una batalla sin cuartel entre nuestras vidas o su capital.
Nos quieren hacer creer que no hay más remedio, que no existe otra solución, que no son responsables. Y nuevamente mienten. Porque saben que esta estafa global es responsabilidad exclusiva de ellos, de los adoradores del capitalismo. Esta vez no pueden achacar a la izquierda nuevos desmanes. Ha sido su sistema, su aceptación de la sumisión de la política a los mercados y su forma de organizar la sociedad la que ha quebrado.
Desde Alternatiba tenemos claro que podemos salir de esta. Y esa salida se encuentra en medidas que nos permitan construir un país y un modelo más justo. Por eso es urgente poner en pie desde ya una alternativa que reclame la soberanía plena para Euskal Herria como única forma de desprendernos de la servidumbre a los mercados. Y es urgente confrontar sus recortes con propuestas que salvaguarden la dignidad de las personas.
– Hoy es más vigente que nunca la reclamación de las 35 horas. Es necesario el reparto del trabajo existente pero sobre todo de la riqueza concentrada cada vez en menos manos.
– Es inaplazable abordar una reforma fiscal que haga de la progresividad, la persecución del fraude fiscal y la eliminación de privilegios a las rentas altas su columna vertebral.
– Para construir una sociedad más justa debemos aumentar ya el SMI por encima de los míseros 641 euros actuales hasta un umbral por encima de los 1000 euros.
– Podemos evitar todos los desahucios, al igual que en Grecia, exigiendo e impidiendo a los bancos ejecutar desalojos por impago de hipotecas.
– Detengamos los macro proyectos que solo buscan el lucro de constructoras por obra y gracia del PP, PSE, UPN y PNV. Ejemplos como la Supersur son prueba de que tan solo sirven para cubrir de asfalto nuestra amalurra mientras que hipotecan a las instituciones públicas. Esas inversiones deben ir hacia políticas sociales, mucho más necesarias.
– Tenemos que seguir reivindicando un banco público nacional vasco que haga de su función social y la planificación económica su tarea. En este sentido, la privatización de Kutxabank deseada por el PP, PSE y PNV es un grave retroceso.
– Exijamos una auditoria real de la deuda que, atendiendo a los criterios de definición de la misma nos permita proceder a pagar la legítima y no pagar la injusta. Los tecnócratas de Europa saben que no se va a pagar, porque es una mentira más; los recortes, por el contrario, son muy reales.
Estas son los caminos que desde Alternatiba invitamos a recorrer a las mujeres y hombres de Euskal Herria, a la izquierda sindical, social y política. Es el momento de responder, de movilizarnos codo con codo y pueblo a pueblo. Podemos parar esta barbarie porque estamos en pie, dispuestos a salir a la calle por el respeto a todos los derechos para todas las personas. Por eso, animamos a toda la ciudadanía a construir desde abajo y a la izquierda el sujeto político del cambio que solo puede venir de la izquierda soberanista de Euskal Herria.
En este sentido, llamamos a secundar las movilizaciones que agentes sociales y sindicales anuncian hoy, porque es momento de unir fuerzas y contestar en la calle a la brutal agresión perpetrada desde el Gobierno de Mariano Rajoy.
