La panacea de la fusión fría (Alternatiba)

La última crisis económica mundial, provocada por el ansia de beneficios a toda costa y la falta total de ética de los gestores del sistema financiero, ha vuelto a poner de actualidad las dos características que debe reunir el mercado del crédito para ser justo y eficiente.

La primera es que la casi totalidad del sector bancario debe ser público, salvando una pequeña porción en manos de cooperativas de crédito y otras instituciones sin ánimo de lucro personal. No se puede seguir dejando que los usureros decidan en contra de los intereses de la gran mayoría de la humanidad.

Porque eso es lo que hacen en su apuesta por desarrollos insostenibles, infraestructuras faraónicas, créditos a la carrera de armamentos y al mercado de las armas, apoyo a las nucleares y los transgénicos, a políticas fiscales y laborales regresivas… y un largo etcétera, todo con el fin de amasar fortunas obscenas. Cuando sus excesos se han vuelto delirantes, estos aprendices de tíos gilitos llevan su descaro hasta pedir la nacionalización de la banca (y de sus deudas) como ha pasado en Irlanda, con el fin de socializar las pérdidas antes de iniciar un nuevo ciclo de privatización del crédito.

Pero constatamos continuamente que el carácter público del sector es insuficiente. Una casta parasitaria de políticos sin escrúpulos puede ser igual de depredadora que la tradicional oligarquía financiera. Y así hemos visto la quiebra de las cajas de ahorros estadounidenses en tiempos de Reagan o Bush padre, o bastante más cerca geográficamente las tropelías de los consejeros de Caja Castilla La Mancha y de tantas otras.

De ahí surge la segunda característica necesaria: Una transparencia total y la elección del Consejo directamente por los impositores, sin que sea de recibo que su voluntad se vea secuestrada por representantes nombrados por las instituciones políticas.

Pues bien, cuando la propia crisis de la que hablábamos ha hecho inevitable la fusión de nuestras cajas de ahorros (¡cuánto camino sin recorrer desde aquella federación vasco-navarra de cajas y embarcada ya la navarra en un rumbo reaccionario!), esperábamos que por lo menos los clientes tuviésemos oportunidad de elección, que pudiesen escoger una entidad que profundizase en los dos aspectos señalados.

Pero ni por esas, la ley sobre las cajas de ahorros vascas ahonda en la opacidad (la llaman “profesionalidad”) y en sustituir a los impositores por representantes políticos para dificultar todo tipo de control ciudadano.

Esto queda patente tras el 22M, ya que las tres cajas parecen querer acelerar ahora su bancarización, con al menos dos claros objetivos: impedir que el voto recogido por Bildu, en Gipuzkoa sobre todo, dibuje un nuevo mapa en las asambleas de las tres entidades y evitar, al mismo tiempo, la nueva Ley de Cajas. Es cuando menos alarmante la nula representatividad del voto ciudadano en las actuales asambleas de BBK, Kutxa y Vital, y ahora calientan motores antes de que puedan trasladarse los resultados electorales a los ámbitos de decisión de las mismas.

En el terreno de los hechos, la ideología neoliberal se impone. En vez de crear una caja vasca con fuerte identidad pública, se avanza hacia una “fusión fría” que diluya el carácter público en una entidad cada vez más cercana a la concepción de un banco privado. Y los partidos unionistas también se han impuesto en el otro aspecto, sustituyendo lo que se convertiría en una nueva seña de identidad vasca por la yuxtaposición de tres provincianismos paletos a mayor gloria de sus mentores.

O sea que, gracias a ellos y al entreguismo de los “foralistas” del PNV, seguiremos sin enterarnos de muchas cosas. Porque ¿Cuánto ganaron las cajas por la venta de su participación en Airtel, cuántos impuestos pagaron por ella y en qué invirtieron los beneficios? ¿Quiénes decidieron elevar las comisiones para pasar de ser las cajas que menos cobraban a ser de las más careras del Estado? ¿Quiénes y cómo deciden que la obra social  no se limite a suplir las carencias sociales del Estado?…

Y por cierto, no nos oponemos a una muy moderada expansión de las cajas fuera de su ámbito natural, ya sea para prestar servicio a los vascos y vascas que viajan por el mundo, ya sea para extender un “saber hacer” sostenible y alternativo a los de la banca tradicional. Pero no parece ser el caso cuando se abren oficinas basándose en la promoción de segundas residencias. Y máxime cuando esas promociones conllevan compartir mesa y mantel con delincuentes de altos vuelos, mezclarse con ayuntamientos que perpetran barbaridades urbanísticas y/o medioambientales y financiar infraestructuras contrarias a cualquier criterio de sostenibilidad ecológica. Y todo esto no solo en Málaga, Almería o Murcia. La cornisa cantábrica está llena de otros (malos) ejemplos.

En resumen, se está aprovechando la crisis no para avanzar hacia un cambio progresista sino para implementar una regresión neoliberal que, además, no podrá ser reconducida en los próximos diez años. Eso supone el proyecto de fusión fría.

Ahora bien, si en la comunidad científica está aceptada la idea de que la fusión fría nuclear no estará lista ni servirá para justificar el desastre medioambiental y su utilización como panacea solo responde a la propaganda de políticos ineptos y “expertos” interesados, esperamos que la sociedad vasca llegue a una conclusión similar sobre este engendro frío… aunque tarde diez años.

 

http://alternatiba.net/old-files/Referencias en internet- Privatización de cajas de ahorros.pdf

Alternatiba: “El PNV vuelve a traicionar a la ciudadanía vasca dando vía libre a la reforma de las pensiones”

Alternatiba ha denunciado la decisión del PNVde seguir apoyando, con su abstención en el Congreso, “una de las reformas más restrictivas, injustas y antisociales de cuantas el Gobierno de Zapatero ha llevado a cabo desde el inicio de la crisis”. Así lo ha expresado Ander Rodriguez, portavoz de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa, en referencia a la sesión del congreso que tumbó este jueves la iniciativa de varios grupos para retirar el texto sobre la reforma de las pensiones, de modo que la postura de los jeltzales, junto con el apoyo de PP y UPN y la abstención de CIU y CC, tiene “vía libre” para aprobarse en verano.

Rodriguez ha censurado a quienes “apenas una semana después de hacerpromesas en campaña traicionan a la ciudadanía vasca”. Ha recordado al PNV que son “cómplices de un nuevo ataque frontal contra los derechos de la clase trabajadora”, que perjudicará la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras al “condenarles a trabajar más años y cobrar menos en una de las etapas más vulnerables de su vida”.
 
Desde Alternatiba, Rodriguez ha matizado las palabras del ministro de trabajo Valeriano Gomez, al asegurar que “resultaría simplificador presentar la reforma como un mero retraso de la edad de jubilación”, ya que en verdad supone mucho más: “Explotar a los mayores que aún conserven sus puestos de trabajo, condenar a la misería a las mujeres y a los jóvenes que son quienes menos han cotizado y, sobre todo, impulsar descaradamante los planes de pensiones privados para favorecer los beneficios infames de la banca”.
 
Por todo ello, Alternatiba solicita a todos los agentes implicados que impidan que “la barbarie liberalizadora arrase otra vez los ya maltrechos derechos laborales y sociales” de la ciudadanía, y pide a sindicatos y partidos que “no avalen con su silencio ni apoyen con sus votos la reforma de pensiones de un gobierno rendido hace tiempo a los dictados del mercado”.

¿Qué es Zabalgarbi? (Alternatiba)

¿Qué es Zabalgarbi?

Zabalgarbi S.A. es la empresa quegestiona el negocio de la incineración de los resíduos urbanos en Bizkaia a través de la planta incineradora Zabalgarbi. La empresaobtiene el 75% de sus ganancias a través de  la venta de la energía generada durante la combustión, por eso sus defensores hablan de «valorización energética» como eufemismo para evitar mencionar la incineración.

¿Quién compone Zabalgarbi S.A.?

A pesar de que la Diputación tiene la competencia en la gestión de residuos en nuestro herrialde, la participación pública en la empresa es escasa. La constructora FCC de Esther Koplowitz y la ingeniería Sener se reparten el 60% de las acciones, mientras que el resto corresponde a la Diputación de Bizkaia (20%), Gobierno Vasco (10%), Mancomunidad de Margen Izquierda (5%) y BBK (5%). Aunque existe un acuerdo de las Juntas Generales para reducir la presencia de capital privado, la tendenciaes inversa, y en 2008 FCC y Sener se hicieron con el 8% que poseíael Ministerio de Industria.

¿A quién beneficia este sistema privatizado de la gestión de las basuras?

Como es obvio, al interés privado, que en su lógica de obtención del máximo beneficio,  pondrá todos los obstáculos posibles para evitar la reducción del resíduo en origen y su reciclaje, porque eso restaría materia prima para la combustión, y por lo tanto, menguaría su beneficio.

¿Cómo gestionan el capital-público y privado- los responsables de Zabalgarbi S.A.?

En 2009, la mercantil Zabalgarbi perdió 3’7 millones de euros en la estafa piramidal de Bernard Madoff al haber invertido su capital en actividades especulativas (fondos de alto riesgo, sin ninguna regulación y bajo la jurisdicción de Bahamas) a través de Banco Santander. Esta entidad bancaria aportóun préstamo de 129 millones para la construcción de la planta en 2001, y a cambio obligó a Zabalgarbi S.A. a destinar 11 millones desu capital a depósitos de seguridad que terminaron dedicados a la especulación financiera.

¿Qué futuro le espera a Zabalgarbi?

Tras el escándalo de Madoff, el Diputado de Medio Ambiente, Iosu Madariaga asumió la presidencia de Zabalgarbi con el objetivo de reforzar el control público en la sociedad, aunque la mayoría del consejo de administración le es desfavorable. Por entonces, el propio Diputado se comprometió a renunciar a la construcción de la segunda planta de Zabalgarbi-contemplada en el actual Plan de Resíduos- mientras siga existiendo un control privado en el accionariado.

¿Por qué una segunda línea incineradora?

Zabalgarbi ha conseguido hacerse conlas basuras de la mayoría de municipios de Bizkaia mediante convenios con cada ayuntamiento. Sin embargo, aún no han sido capaces de firmar un convenio con el ayuntamiento de Bilbao, que aportaría una monumental cantidad de materia prima para la combustión. Por eso, uno de los objetivos de los tres partidos incineradores (PNV,PSE y PP) durante esta próxima legislatura será hacerse con las basuras de Bilbao, y por lo tanto, justificar la construcción de lasegunda línea incineradora.

¿Cuáles son los principales motivos para oponernos a la incineración?

En primer lugar, porque alimenta el círculo vicioso que lleva al capital privado a generar más residuo y reciclar menos para poder quemar más. Por otro lado, quienes argumentan que la incineración es una alternativa más limpia que el mantenimiento de vertederos, ocultan que la combustión no logra eliminar por completo el resíduo, con lo que las cenizas deben ser depositadas también en un vertedero. Además, la incineración genera muchos otros elementos tóxicos con graves afecciones al medioambiente y a la salud humana. Precisamente, Zabalgarbi tuvo que abonar el año pasado una multa de 30.000 euros por llevar a cabo tareas de limpieza en áreas no impermeabilizadas, con la consiguiente contaminación de los terrenos aledaños a la planta. El peligro persiste, ya que el canal de Ordunte -que lleva agua potable a la mayoría de los hogares de Bilbao- atraviesa por vía subterránea los terrenos de la incineradora.

Por un nuevo modelo socioeconómico alternativo y socialista (Alternatiba)

La clase trabajadora vasca está sufriendo en los últimos años la mayor conculcación de derechos de la últimas tres décadas. Así, la crisis sistémica que azota al planeta no ha hecho reflexionar a los gobiernos del Reino de España, de la CAPV y de Nafarroa, sobre la inviabilidad, la insostenibilidad y la injusticia intrínseca del sistema capitalista. Al contrario, éstos mantienen una cobarde estrategia de huída hacia delante de la mano de las patronales y de los mercados, agudizando aún más la situación de vulnerabilidad para las y los trabajadores. De esta manera, la ciudadanía no decide, sino que se impone la dictadura del mercado; no se defienden los derechos de las y los trabajadores, sino los privilegios e intereses de las empresas transnacionales, verdaderas causantes de la crisis; no se va a la raíz del problema –el sistema capitalista-, sino que se pretende apagar el fuego con gasolina.

No obstante, este panorama es reversible, sí hay alternativa, y ésta no pasa precisamente por el mal llamado diálogo social. La pretensión de un diálogo de igual a igual entre clase empresarial y clase trabajadora, bajo el arbitraje del gobierno de turno, no es más que una quimera y una ilusión democrática que ha demostrado su irrelevancia política. Nunca habrá equidistancia entre los derechos de las mayorías y los intereses de la casta poseedora; nunca los gobiernos de derechas y/o liberales serán ecuánimes; nunca las cartas estarán sin marcar para las y los trabajadores, ya que las decisiones se toman en otro lado, como ya hemos visto. De esta manera, apostar por el diálogo social en la coyuntura actual es acompañar y ser cómplice de las reformas y de la conculcación de derechos.

Así, la alternativa pasa precisamente por la confrontación con el capital y con los demás sistemas de opresión que impiden la emancipación de los y las vascas, a partir de la articulación de luchas, de la unidad de acción de la clase trabajadora en torno a una agenda incluyente anticapitalista, feminista, ecologista, soberanista y antirracista. Un modelo socialista es posible, es necesario, es urgente, y sólo esta articulación nos podrá revertir esta coyuntura y avanzar hacia una Euskal Herria emancipada. En este sentido, este primero de mayo tiene que apuntalar la unidad de acción para la confrontación directa con el capital como estrategia política de las izquierdas, para construir una alternativa socialista al capitalismo salvaje actual. Como primer paso, debemos revertir las reformas aprobadas, debemos parar las siguientes reformas con las que nos amenazan:

  • Frente a la reforma laboral, apuesta por la contratación indefinida con derechos, por un salario mínimo interprofesional equivalente al de la media de la UE15, y por la reforma integral de la ley de extranjería.
  • Frente a la reforma de las pensiones, jubilación a los 60 años, que permita la contratación de las y los jóvenes, cerrando completamente las puertas a los insostenibles sistemas privados de pensiones y garantizando pensiones públicas dignas.
  • Frente a la privatización creciente y fusión de las Cajas de Ahorro vascas, la apuesta por un sistema financiero público vasco, que acabe con la especulación y que cumpla con las funciones sociales con las que éstas surgieron, bajo estricto control democrático.
  • Frente al desmantelamiento de las políticas públicas sociales, aumento de servicios sociales y un modelo económico basado en el cuidado; frente al copago, las políticas fiscales progresivas que generen fuertes políticas sociales que frenen la privatización y la subcontratación –a la que son abocadas muchas personas, muchas de ellas mujeres-.
  • Frente a los salarios vinculados a la productividad, revertir el insultante desequilibrio entre rentas del capital y rentas de los salarios.
  • Frente a los ataques constantes al sindicalismo confrontativo vasco, reforzamiento del marco vasco de relaciones laborales y de la negociación colectiva como herramienta de defensa de los derechos de la clase trabajadora.

EN ESTE PRIMERO DE MAYO, ALTERNATIBA DICE NO AL DIÁLOGO SOCIAL
SÍ A LA ARTICULACIÓN DE LUCHAS, SÍ A UN MODELO SOCIALISTA ALTERNATIVO
GORA EUSKAL LANGILERIA!

Alternatiba denuncia que Enkarterri está a la cola de Euskadi en innovación y desarrollo

Los últimos datos publicados por el Eustat sobre el gasto en I+D de la Comunidad Autónoma Vasca, vienen a confirmar el abandono que sufre la comarca de Enkarterri, que se sitúa a la cola del gasto sobre PIB en investigación y desarrollo. Según ha denunciado el portavoz de Alternatiba en las Juntas Generales de Bizkaia, Jonathan Martínez, «no sólo está en la última posición del ranking, sino que hablamos de un porcentaje ínfimo, del 0,01%». La realidad, por tanto, es que en esta comarca se invierte en I+D, en proporción a la riqueza de cada una, 185 veces menos que en la media de Bizkaia, 200 veces menos que en la Europa de los 27, 400 veces menos que en Finlandia y 460 veces menos que en Debagoiena.

Según ha denunciado Martínez, «frente al triunfalismo oficial», el dato de Enkarterri es reflejo de lo que la comarca ha venido sufriendo en los últimos años, «una pérdida de empleos constante e imparable, y un proceso de desertificación industrial que ha repercutido duramente en el empleo», tal y como Alternatiba ha venido denunciado estos últimos años. En los últimos cinco años, el número de personas paradas ha crecido un 77,4% y la comarca presenta una tasa de paro del 12,5%, situándose Alonsotegi, Güeñes, Balmaseda y Turtzioz entre los 12 municipios con más paro de toda la CAV.

Ante la grave situación que vive Enkarterri, Alternatiba subraya que estos datos vienen a reafirmar que la «Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco han relegado al olvido a toda una comarca, de la que la propia sociedad vizcaína sólo tiene noticias cuando alguna empresa cierra la persiana, como lamentablemente ha ocurrido en más de una treintena de ocasiones en los últimos años, o cuando se destapan escándalos de la talla de Karrantzako Minda». Más allá del ámbito industrial, el sector primario tampoco sale bien parado, con datos igualmente alarmantes, y el número de explotaciones agroganaderas ha descendido estrepitosamente como resultado de las políticas agroindustriales.

El juntero de Alternatiba ha censurado que el Gobierno de José Luis Bilbao haya hecho «oidos sordos» ante esta terrible situación, y le insta a responder «dónde están los cientos de puestos de trabajo que prometieron crear, y los proyectos que anunciaron durante las últimas elecciones pero que nunca llegaron, como el caso de Habidite en Alonsotegi». En este sentido, Martínez ha exigido al gobierno foral el cumplimiento inmediato de la proposición no de norma presentada por Alternatiba, y aprobada por unanimidad en la cámara foral, en la que se reclama la puesta en marcha de un plan especial para la creación de empleo en Enkarterri.

A nacionalizar por narices > Alberto Montero Soler

Hace unos días escribía que el plan del gobierno para la capitalización de las cajas de ahorro, más que salvarlas, las ponía a los pies de los «fondos buitre». Estos, conscientes de la necesidad imperiosa de capital por parte de las cajas, no dudarían en tratar de hacerse con ellas a precios irrisorios para, a continuación, comenzar a desguazarlas y salir en cuanto hubieran rentabilizado sobradamente la inversión. No había que ser un mago de las finanzas para anticiparlo, bastaba con ponerle un poco de sentido común y tener cuatro nociones básicas de cómo funciona el mundo financiero.

Pues bien, los hechos han venido rápidamente a confirmar la predicción. Estos días podíamos leer en la prensa que «los fondos buitre» piden descuentos del 70% para inyectar capital a las cajas. Así, tras conocer los resultados sobre la situación de solvencia de las cajas publicado por el Banco de España y desconfiando de ellos, están lanzando unas ofertas que a todas luces son excesivamente agresivas pero que, dada la opacidad con la que se ha gestionado la crisis del sector financiero en nuestro país, no dejan de ser razonables. ¿O es que alguien pensaba que ahora iban a creerse los resultados publicados por la misma institución que, en un clara dejación de sus funciones, ha hecho todo lo posible por camuflar la gravedad de la crisis de la situación de esas instituciones financieras?

Y, ante esa situación, qué hacen las cajas. Pues algunas de ellas ya han anunciado lo que era previsible: que prefieren que las nacionalicen temporalmente a malvenderse, es decir, que están dispuestas a permitir que entre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) antes de entregarse en bandeja de plata a los especuladores financieros internacionales como, por otra parte, este gobierno pretendía que hicieran.

Con lo cual asistimos, nuevamente, a que la reforma de las cajas de ahorro impuesta desde el gobierno sitúa a éste ante un escenario frente al que no se quería encontrar; síntoma de que quien diseña las estrategias en Moncloa y sus aledaños no es que sea, precisamente, un discípulo aventajado de Sun Tzu.

Así, por un lado, el gobierno compelía a las cajas a capitalizarse en los mercados financieros buscando inversores institucionales que estuvieran dispuestos a aportar el capital que les era necesario para llegar a los niveles de “core capital” impuestos desde el Ministerio de Economía. Esa era la línea preferida de acción del Ministerio, reforzada por la amenaza de la nacionalización para aquellas instituciones que no lograran acceder al capital necesario en los mercados.

No es que el gobierno no tuviera otras opciones. Las tenía y casi al mismo precio. Así, por ejemplo, podía haber optado por nacionalizar aquellas cajas de ahorro que no pudieran capitalizarse en los mercados (no digamos ya, por nacionalizarlas todas) para, una vez saneadas, convertirlas en un músculo financiero de naturaleza pública que permitiera al gobierno tener un margen de soberanía sobre la política crediticia del país especialmente necesario en un contexto en el que se ha cedido toda la soberanía en materia de política monetaria.

Sin embargo, el gobierno decidió apostar por la vía más neoliberal: forzar a la absoluta bancarización de las cajas de ahorro y asumir, como un mal menor y temporalmente, que tal vez tendría que nacionalizar algunas de ellas.

La opción frente a la que no se esperaba encontrar es, precisamente, aquélla frente a la que ha acabado encontrándose: unos fondos depredadores que quieren hacerse con las cajas a precio de saldo para desmembrarlas y unas cajas que, conscientes de lo que eso supondría, prefieren ser nacionalizadas y saneadas con dinero público para, posteriormente, retornar a la esfera privada previsiblemente dirigidas por sus actuales gestores.

La nacionalización, que era el recurso de última instancia que tenía el gobierno en mente, acabará convirtiéndose así en la regla general. Y eso tiene repercusiones que todos debemos conocer.

En primer lugar, que será ahora el gobierno el que deba buscar la financiación necesaria para sanear las cajas de ahorro. O, lo que es lo mismo, dado que los mercados financieros han decidido penalizar la mala gestión de esas instituciones no concediéndoles capital, ahora el gobierno ha decidido que corresponde al Estado asumir como propios los riesgos que aquéllas tomaron en exceso en su momento y socializarlos entre toda la población. La vieja historia que se repite: privatización de beneficios y socialización de pérdidas, ¿les suena?

En segundo lugar, que ese ejercicio de nacionalización exigirá, evidentemente, nuevas emisiones de deuda pública por parte del Estado. Nuevas emisiones que pueden provocar un incremento del ratio deuda/PIB en dos puntos, como ha llegado a reconocer la propia ministra. En qué se traduce eso: en que, previsiblemente, se encarecerá el precio de las emisiones de deuda y, con ello, los pagos por el servicio de la misma. Y eso, a su vez, se traduce en que o bien aumenta el déficit público (cosa altamente improbable en un contexto en el que su reducción se ha convertido en el principal objetivo de la política económica de este gobierno) o bien se reducen otras partidas de gasto público para compensar el incremento de la de gastos financieros. La resultante, en uno u otro caso, es clara: aumentará el trasvase de riqueza hacia los propietarios de activos financieros mientras se retrasa el recurso a los estímulos fiscales para impulsar la economía real.

En tercer lugar, que este contexto de incertidumbre genera un efecto claramente contractivo sobre el crédito. Las cajas están restringiendo la concesión de créditos porque cada nueva operación de activo implica el consumo de unas reservas que le son necesarias para alcanzar el nivel mínimo exigido desde el gobierno y esa restricción es mayor cuanto más elevado es el gado de incertidumbre sobre su futuro. En tanto que no se clarifique la situación y pasen a ser nacionalizadas, difícilmente podrá desmantelarse la restricción crediticia que está ahogando a la economía.

Y finalmente hay que resaltar que si la estrategia hubiera estado diseñada para nacionalizar, por una vía indirecta, a la gran mayoría de las cajas de ahorro estaríamos ante un éxito absoluto de sus promotores; pero como se diseñó precisamente para lo contrario se trata de un fracaso rotundo del que, como siempre, nadie asumirá la responsabilidad: pagaremos entre todos el coste de la nacionalización y saneamiento de las cajas, podremos seguir sacando pecho porque en este país ningún banco o caja ha quebrado y seguiremos cantando bajito no vayamos a molestar a los poderosos y sus títeres.

Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La otra economía.

Fuente: Rebelión

Ahora más que nunca: No a la energía nuclear > Kaos en la Red

Un sistema energético insostenible

El actual modelo energético está basado en el consumo ineficiente de energía y en su producción ilimitada y siempre creciente, principalmente a partir de fuentes de energía contaminantes, peligrosas y no renovables, como son la energía nuclear y los combustibles fósiles, produciéndose una gran variedad de impactos negativos sobre el medio ambiente.
 
Ante una demanda de energía creciente, el actual sistema responde siempre aumentando su producción (es decir, instalando más centrales), con el objetivo de generar más y más unidades de energía, obviando el hecho de que gran parte de esta energía se está despilfarrando, y sin importar el alto coste que ello tiene para el medio ambiente y la salud pública. Esta forma de actuar se llama “Enfoque Oferta”.

Los impactos medioambientales y de salud pública de este tipo de planificación energética tienen un enorme coste socio-económico, el cual, invariablemente, es traspasado al conjunto de la sociedad, siendo los ciudadanos quienes finalmente sufragan, vía impuestos o a través de la tarifa de la luz, los “platos rotos” por este sistema energético.

Pero existe otro tipo de planificación energética, que puede proporcionar a la sociedad el conjunto de servicios energéticos que hacen posible nuestro bienestar y la realización de nuestras actividades utilizando la mínima cantidad de energía posible, es decir con la máxima eficiencia energética. Es lo que se denomina “Enfoque Demanda”.

Con este tipo de planificación es posible producir los mismos bienes y servicios utilizando mucha menos energía, evitando así despilfarros inútiles, y de esta manera, al reducir el consumo de energía, disminuir también notablemente los daños al medio ambiente y a la salud pública.

Obviamente, aún con una planificación basada en el “enfoque Demanda” seguirá siendo necesario generar cierta cantidad de energía, aunque por lógica, lo será en mucha menor proporción. Esto puede y debe hacerse con fuentes renovables. Afortunadamente, existen y están tecnológicamente maduras, fuentes energéticas renovables que permiten una generación de energía más limpia, más segura y menos costosa que la energía nuclear y los combustibles fósiles, tales como la solar termoeléctrica, la solar fotovoltaica, la eólica terrestre, la eólica marina, la geotérmica, la procedente de la biomasa, etc.

Estos recursos energéticos renovables, además de su mucho menor impacto ambiental y a la salud, permiten una generación distribuida, descentralizada, cercana al consumidor y, por tanto, más eficaz.

Por ello es importante que se establezcan urgentemente las medidas necesarias para poner en marcha una planificación energética sostenible, que ponga fin al crecimiento ilimitado en el consumo de energía y al actual despilfarro energético, y cuyos ejes fundamentales sean el ahorro y la eficiencia energética y la generación distribuida con energías renovables. De tal manera que podamos alcanzar un modelo energético libre por completo del peligro que supone la energía nuclear y de la dependencia actual de los combustibles fósiles.

 

El ciclo nuclear

Desde que el uranio es extraído del suelo produce en cada etapa enormes cantidades de residuos radiactivos con los que no se sabe qué hacer con ellos. La secuencia de operaciones encaminadas a la producción de armas nucleares o combustible para el funcionamiento de reactores nucleares, se denomina ciclo del combustible.

En muy pocos lugares del mundo hay uranio lo suficientemente concentrado como para que su extracción resulte económicamente rentable. Aún así en estos lugares hay que remover ingentes cantidades de tierra para conseguir cantidades apreciables de mineral útil.

El uranio después de ser aplastado, molido y bañado en ácido, es secado y empaquetado como concentrado de uranio o torta amarilla. Aunque ésta es sólo ligeramente radiactiva, la extracción y el proceso de molido del uranio expone a los trabajadores a la inhalación de polvo y del gas radón causando altos porcentajes de cáncer de pulmón en los mineros.

Más del 99% del mineral extraído se convierte en residuo radiactivo (estériles). Para conseguir una sola tonelada de torta amarilla se generan varios centenares de toneladas de estériles.

Para concentrar el uranio suficientemente para su uso, la torta amarilla debe ser primero convertida en un gas llamado hexafluoruro de uranio y posteriormente envasado y enviado a una planta de enriquecimiento.

El enriquecimiento es un complejo y costosísimo proceso por el que se incrementa artificialmente el porcentaje del isótopo U-235, que es capaz de fisionarse. Este proceso genera el cuádruple de residuos radiactivos que el uranio útil.

Una vez que el uranio ha sido enriquecido, se envía a una planta de fabricación de combustible donde se convierte en óxido de uranio, pasando a tener forma de polvo negro. Este polvo es comprimido en pequeñas pastillas que se introducen en largos tubos de metal llamados barras de combustible, que son cerradas herméticamente e insertadas en unos cartuchos, denominados elementos combustibles, y así el uranio ya está listo para ser utilizado en un reactor nuclear.

Dentro de un reactor nuclear tienen lugar una serie de reacciones nucleares que provocan que parte del combustible de uranio original se transforme en elementos extremadamente radiactivos, lo que convierte al combustible gastado en material sumamente peligroso, que emitirá una gran cantidad de radiactividad a lo largo de decenas de miles de años.

En algunos casos el combustible gastado no sufre más transformaciones y se considera ya residuo de alta actividad. En otros casos, los elementos gastados se mandan a una planta de reprocesamiento de combustible nuclear. Es un proceso que produce un volumen final de residuos radiactivos entre 160 y 189 veces mayor que el que entra inicialmente en el proceso.

Las barras de combustible gastado, después de cortadas, son disueltas en soluciones de ácido. Después de diversos tratamientos químicos, se separan algunos de los productos radiactivos. De este proceso surgen tres productos:

Residuos de alta radiactividad, uranio que puede ser reintroducido en el ciclo de fabricación del combustible y plutonio, el material utilizado para la fabricación de bombas atómica. 

Tipos de reactores nucleares

A principios de 2005 había 441 reactores nucleares operativos en un total de 31 países.

La antigüedad, tamaño y diseño de estos reactores varían considerablemente: algunos son aún diseños de ‘primera’ generación, construidos entre los años 50 y 60 a partir de usos militares (producción de plutonio o propulsión submarina), pero la mayoría de ellos son de segunda generación, desarrollados a partir de los 70.

La gran mayoría son reactores de agua ligera (LWR), que se clasifican según tres categorías: los reactores de agua a presión (PWR) de los que hay 215 operativos, los reactores de agua en ebullición (BWR), 90 operativos, y los reactores con agua a presión de diseño soviético (VVER), 53 operativos.

En España tenemos 7 reactores de agua a presión (PWR), 2 reactores de agua en ebullición (BWR) y un reactor del tipo GCR- grafito/gas en Vandellós I, el cual ya no está en funcionamiento tras sufrir un accidente 1989.

Reactores de agua a presión

Reactores de agua en ebullición

Reactores de alta temperatura enfriado por gas

Reactores de agua en ebullición moderado por grafito

Reactores tipo CANDU

Instalaciones nucleares en España

En el pasado hubo planes para construir en España hasta 39 centrales nucleares, afortunadamente varios factores políticos y económicos dieron al traste con ellos, aunque no completamente.

Así, a pesar de que en 1984 el Gobierno socialista implantó una moratoria nuclear, en España se llegaron finalmente a construir 10 reactores: La central nuclear José Cabrera (Guadalajara), inaugurada por Franco en 1968, forma, junto con las de Santa María de Garoña (Burgos, 1971) y Vandellós I (Tarragona, 1972), el grupo de las centrales llamadas de primera generación.

A estas siguieron las de segunda generación: Almaraz I y Almaraz II (Cáceres, 1981 y 1983), Ascó I y Ascó II (Tarragona, 1983 y 1985) y Cofrentes (Valencia, 1984). Y, las de tercera generación, Vandellós II (Tarragona, 1987) y Trillo (Guadalajara, 1988).

De esas diez actualmente hay 8 en funcionamiento porque la central nuclear de Vandellós I, tras sufrir un grave accidente en 1989, fue cerrada definitivamente en 1990. Y  la central nuclear Zorita fue clausurada el 30 de abril de 2006 debido a la peligrosidad de su funcionamiento,  a sus defectos de diseño, sus numerosos problemas técnicos y la falta de cultura de seguridad de la compañía propietaria, Unión Fenosa.

La moratoria nuclear aprobada por el Gobierno socialista en 1984, canceló un gran número de proyectos de centrales nucleares – Trillo II, Valdecaballeros I y II y los dos grupos de Lemóniz -. La decisión fue adoptada por motivos económicos, el elevadísimo coste de la energía nuclear; y energéticos, el exceso de potencia instalada. Esto ha costado a los consumidores más de 10.000 millones de euros. El negocio siempre fue la construcción de las centrales nucleares, aunque nunca llegasen a funcionar. En resumen, el canon por la moratoria nuclear consiste en un aumento de las tarifas, para devolver a las eléctricas su inversión en centrales nucleares que no llegaron a funcionar.

La entrada en vigor de la Ley de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN), a principios de 1995, zanjó la polémica. Así pues, en España, desde entonces, no hay ninguna central nuclear en construcción ni proyectada.

Hoy la industria nuclear está sumida en una profunda crisis. Hay en el mundo 440 reactores nucleares comerciales en operación que apenas representan el 6% de la energía primaria consumida a nivel mundial y el 16% de la energía eléctrica.

Fuente: Kaos en la Red

X