La educación financiera de 36.000 escolares en manos del BBVA > Plataforma contra el BBVA

La educación financiera de 36.000 escolares en manos del BBVA: ¿Ética empresarial? ¿Filantropía financiera? ¿Atraco a mano armada?

BBVAGHHH!!!, Plataforma contra el BBVA

El programa “Valores de futuro”, que desarrolla desde hace dos años el BBVA con el objetivo de potenciar la educación financiera entre alumnado de 6 a 14 años, ha multiplicado el número de participantes en Euskadi, al pasar de 14.206 a 36.158. Se trata de potenciar actitudes positivas frente al dinero.

Conmueve la dimensión de la iniciativa. Imaginamos que al BBVA le hubiese gustado añadir su desinteresada colaboración con las universidades vascas, con la investigación, con las iniciativas sociales, culturales, deportivas, e incluso, humanitarias. Todo un arsenal de “buenas prácticas empresariales.” Pero ¡qué lástima! al BBVA se le han olvidado algunas cuestiones, que quizás quieran incluir en su programa “Valores de futuro”. También queremos recordárselas a la Sra. Consejera de Educación, a los equipos rectorales de las universidades vascas y a los equipos directivos de los centros y colegios que han participado en tan trascendental iniciativa.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, ONGs, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos de países donde el BBVA actúa directa o indirectamente,  la Plataforma contra el BBVA, las participantes en campañas como BBVA sin armas… aportan denuncias muy concretas y precisas sobre la otra cara de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del banco. Veamos algunas de ellas.

         Los beneficios con los que el BBVA cerró 2010 ascendieron a 4.606 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9,6% sobre el año anterior. Aumentan sus beneficios afianzando su poder y facilitando su ingerencia sobre las políticas del Estado. Y lo hace, pisoteando los derechos humanos, promocionando los conflictos armados, y destruyendo el medio ambiente. Las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, tanto en concepto de salario fijo y variable, han ascendido durante el 2009 a la cantidad de 24.157.000 euros, frente a los 16.197.000 percibidos en el 2008. El incremento en el 2009 alcanza el 49,15% pese a la reducción del número total de consejeros, aumento que se acumula al 10,59% de 2008. Por su parte, el presidente tiene un plan de pensiones con cargo al Banco de 79.775.000 euros, un 10% más que en el 2008. En 2010 la retribución extra (incentivación individual) constituía ya el 60% del conjunto del gasto salarial. No obstante, su distribución es totalmente piramidal ya que menos de un 10% de la plantilla se lleva el 50% del total.

         Mientras tanto, el BBVA ha iniciado un proceso de destrucción de empleo, a través del cual, ya se han cerrado el 15% de las oficinas y se ha despedido a más del 10% de la plantilla. Este proceso de desmantelamiento del banco persigue pasar de 5.000 personas en los servicios centrales (Madrid y Bilbao) a 800, reducir de 13 edificios a 5, y en la red de oficinas, rebajar un total de 1.500 puestos. Mediante la externalización de todas las tareas bancarias la empresa reduce costos salariales. Los servicios operativos se han externalizado a Málaga por la mitad de precio y con IBM-Global (tarjetas) a Uruguay, ahorrando gastos a costa de salarios de 300 euros al mes. Esta dinámica hace perder peso a lo colectivo- convenio- y crea relaciones contractuales trabajador-empresa, lo que sustituye o minimiza las negociaciones sindicatos-empresa. Por otra parte, el BBVA acude solidariamente al rescate de Grecia comprando deuda de aquél país con el Fondo de empleo de los trabajadores, quienes   pierden 9 millones de euros (-28,11%). En 8 meses, más de 1500 millones de las antiguas pesetas.

         En relación al pago de impuestos, en el 2009 fueron 1.441 millones de euros, un 26% menos que en el ejercicio 2008 y un 45% menos que en el 2007. Este descenso no se corresponde con el de los beneficios que en el 2009 sufrieron una caída del 17% y desde el 2007 del 31,3%.

         El 82% de las empresas que cotizan en el Ibex 35 utilizan paraísos fiscales. El BBVA tiene 23 empresas participadas en los paraísos fiscales.

         La ética del BBVA se expresa en el recurso ante el Tribunal Supremo de la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra que ha permitido ejecutar una hipoteca impagada con el pago de la vivienda en cuestión, pese a que el banco exigía más dinero por la depreciación sufrida por el inmueble en los últimos años. Es decir, aunque no pueda pagarse la hipoteca y se devuelva la vivienda, el BBVA reclama que la deuda y sus intereses permanezcan encadenados a la persona hasta que ésta pueda cancelarlos.

         Tiene inversiones por valor de cerca de 45 millones de euros en empresas que han vulnerado los derechos humanos.

         Una parte creciente del negocio del BBVA en América Latina está constituido por las pensiones privadas, del que controla el 30%. Y ello a pesar que durante los años de la crisis financiera el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras ha caído en cifras de dos dígitos mientras que, por supuesto, las «comisiones de gestión» se mantenían. Según datos del propio BBVA, en México ganó con los fondos de pensiones 250 millones de euros durante los ocho primeros meses de 2010 y en América del Sur 148 millones, con aumentos importantes sobre el mismo período de 2009. Eso sí, el BBVA realiza continuos estudios sobre la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones.

         A pesar de la adhesión del BBVA a los Principios de Ecuador, que obliga al banco a tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que financia, éste entrega créditos corporativos para desarrollar actividades de grave impacto medioambiental con absoluta impunidad. Más de 340 millones de euros para la minería en Brasil, Venezuela, Guatemala, Indonesia, etc., cerca de 855 millones de euros para la Planta hidroeléctrica Barra Grande o la Presa de Campos Novos, en Brasil, que supone la completa destrucción del ecosistema, además de serias amenazas de riadas para la población local. Financia a empresas muy contaminantes como la papelera ENCE, respalda económicamente proyectos de construcción de oleoductos de crudo pesado en áreas protegidas como las de Ecuador o gaseoductos en Bolivia. Con la reciente adquisición del 26% de las acciones de Garantibank, institución financiera turca, el BBVA se convierte en precursor del proyecto de construcción de la presa de Ilisu en el río Tigris. El mismo que llevó a los gobiernos de Alemania, Austria y Suiza a retirar los créditos de garantía de exportación para la financiación de las obras por el flagrante incumplimiento de los estándares internacionales de respeto a las condiciones ambientales y sociales.

         El BBVA mantiene relación comercial con EADS, de la que posee acciones por valor de 200.000 $. EADS participa en la producción de armas nucleares, en concreto fabrica el misil nuclear M51³ a través de su filial ASTRIUM. El otro misil nuclear, el ASMPA, lo fabrica a través de la compañía MBDA. Además, a través de un fondo de inversión del BBVA se está financiando a la empresa estadounidense Lockheed Martin, L-3 Communications y Textron. Estas compañías venden proyectiles con cargas de dispersión. Estas cargas, según la Convención sobre Bombas de Racimo, han pasado a ser un arma prohibida de adquirir o utilizar por los Estados firmantes, entre ellos el español. Además, mantiene un crédito sindicado de 300 millones de euros a MAXAM (antigua Unión española de Explosivos), entre las empresas que agrupa MAXAM, se encuentra EXPAL (conocido fabricante de bombas).

         El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de 2009 apunta algunas cuestiones más: la valoración general de los contenidos de la memoria de RSC del BBVA se califica como de información escasa; la información suministrada varía según a quien vaya dirigida; los datos recogidos en la memoria tienen como fuente exclusiva al propio BBVA; presenta escasa información acerca de los sistemas implantados para gestionar los impactos sociales o medioambientales; la Fundación para las Microfinanzas no proporciona información sobre los requisitos que debe reunir un potencial beneficiario, ni qué garantías exige el banco y qué finalidades de crédito están contempladas; no aclara la estructura de los depósitos sobre clientes, las cuentas por nivel de rentas, los préstamos a pymes y micropymes, las aportaciones a la economía informal, el número de zonas rurales de difícil acceso apoyadas con financiación; no presenta información sobre el volumen de subvenciones recibidas; no facilita datos sobre el número de proveedores rechazados por cuestiones relacionadas con los derechos humanos; opera en países con presencia de comunidades indígenas, no encontrándose información alguna sobre compromisos claros y mecanismos que garanticen sus derechos.

¿Qué información es la que recibe el alumnado vasco del BBVA? Ya que hablamos de bancos, es un atraco a mano armada.

En definitiva, el individualismo y la propiedad son los referentes éticos centrales del BBVA y éstos parecen agotarse en las relaciones de mercado y en la codicia, entendida esta última, como trabajar por algo a expensas de otros. Se reinterpretan desde la ética de los negocios, los valores de la libertad y de la dignidad humana convirtiéndolos en ideas centrales del aparato conceptual dominante. Se mercantilizan y se subordinan a los intereses de las minorías.

La RSC  es una nueva forma en que se configuran las relaciones entre las empresas y el modelo capitalista. Sus obligaciones se enmarcan en los contornos de la impunidad, mientras que sus derechos se tutelan por normas multilaterales, regionales y bilaterales de comercio e inversiones.

Alta tensión, mayor capitulación

Alternatiba denuncia la desfachatez de construir la línea de alta tensión más grande de Euskadi

BILBO,  7 DE MARZO DE 2011 – Alternatiba ha denunciado la intención de Red Eléctrica Española (REE) de construir una nueva línea de alta tensión que devastaría espacios naturales a través de 72 kilometros entre Bizkaia y Gipuzkoa. Asier Vega, portavoz de la Mesa de Ecología de Alternatiba, ha acusado “a PSOE, PP y PNV de querer resarcir a REE del varapalo de la sentencia judicial del Tribunal Supremo” que anuló el último tramo de la línea Penagos-Guëñes, “impulsando un modelo energético a la medida de sus empresas amigas; no son políticos, son empresarios”.

Vega ha instado a los “artífices de la destrucción natural de Euskal Herria” a que expliquen a la sociedad vasca “qué necesidad tenemos de una nueva infraestructura de semejante magnitud y cuales son sus beneficios sociales, ya que la propaganda sobre la creación de empleo tan solo es pan para hoy y hambre para mañana”. Desde Alternatiba también han criticado que “pretendan justificar esta línea con otra mega construcción ineccesaria como el TAV”.

El miembro de la Mesa de Ecología de Alternatiba ha recordado la postura de su formación respecto al Tren de Alta Velocidad, infraestructura que Vega ha tachado de “innecesaria” para Euskal Herria, porque “no responderá a las necesidades reales de movilidad de la ciudanía vasca, y además tendrá un severo impacto ambiental que a la postre será el oscuro legado que dejemos a las generaciones venideras”. También ha subrayado que se trata de un “auténtico derroche” de dinero público, “todo un despilfarro que supone un insulto en plena crisis y con las administraciones recortando derechos sociales de forma vergonzosa”.

El que no trabaje, que no coma> Ander Rodriguez Lejarza (Alternatiba)

Poco o nada hemos avanzado. Dos mil años después, el Gobierno Vasco repite las mismas palabras escritas por Pablo de Tarso: “El que no trabaje, que no coma”. Quien rechace una oferta laboral perderá la Renta de Garantía de Ingresos y podría ver afectada su prestación por desempleo. Este y otros subsidios tienen por finalidad asegurar un sueldo mínimo que permita a la ciudadanía el acceso a los bienes necesarios para subsistir. Se lanza, de este modo, un claro mensaje: a quien no acepte un empleo remunerado no tenemos por qué garantizarle la supervivencia.

Un paréntesis. Utilizo el término “empleo remunerado” porque considero restrictivo y excluyente identificar “trabajo con “contrato laboral”. El Gobierno Vasco no reconoce que puedan desarrollarse otras modalidades de trabajo al margen del remunerado, como pueden ser el voluntario o el doméstico. Pero, como se preguntaba el sociólogo Claus Offe: “¿Por qué razón deberían enhebrase todas las actividades útiles que los seres humanos son capaces de hacer a través del agujero de un contrato laboral?”. Si aceptamos esta restricción nos encontramos con paradojas como la siguiente: una persona que durante una serie de horas realice tareas domésticas en su casa no realiza trabajo alguno, pero si realiza esas mismas tareas en otro domicilio y recibe por ello una remuneración, realiza un trabajo. En definitiva, dejamos la definición de “trabajo” en manos del mercado, ya que es éste quien decide qué actividades deben ser remuneradas y cuales no. 

Volviendo sobre mis pasos, parece que la consejera Gemma Zabaleta entiende que la garantía de existencia debe tener una contrapartida, por lo que una persona debe estar dispuesta a aceptar cualquier tipo de contrato, por precarias que sean sus condiciones, si es que quiere comer. Al parecer, es un problema para la Administración vasca que un pobre pueda alimentarse si decide no desarrollar un empleo remunerado. Sin embargo, esta disyuntiva no se plantea con otras clases sociales, ya que hay quien no trabaja y sí come, porque dispone de tierras o de capital. El problema, una vez más, son los pobres.

Para que la gente acepte con normalidad que se retiren las ayudas públicas que protegen la existencia de quienes menos tienen, se ha desarrollado durante los últimos meses una brutal campaña política y mediática que ha hecho énfasis en una supuesta estafa masiva en estas prestaciones. No resulta complicado desmontar la falacia. El fraude en la Renta de Garantía de Ingresos no alcanza el 2%. Todos los perceptores pasan al menos una revisión anual, mientras que la inspección de las rentas que provienen del capital sólo alcanza el 1,2%. ¿Dónde creen que debería centrar sus esfuerzos fiscalizadores la Administración?

Sorprende comprobar, como los mismos responsables políticos que colocan bajo sospecha a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos que no son capaces de encontrar un empleo remunerado, son los mismos que aprueban medidas como el retraso de la edad de jubilación, que restringe aún en mayor medida la posibilidad de acceder al mercado laboral.  

En la génesis de este discurso encontramos la llamada trampa de la pobreza: se desincentiva la búsqueda de una ocupación asalariada que no compense lo que se percibe en concepto de subsidio condicionado. Pero tratar de superar esta trampa obligando a las trabajadoras y trabajadores a aceptar labores especialmente penosas y mal pagadas resulta una rendición ideológica ante la clase empresarial. Ya lo dijo sin complejos la patronal vasca Confebask: “Hay que ser conscientes de que el nivel asistencial marca en muchos casos el listón para trabajar o no”. Es triste que el Gobierno Vasco no muestre inquietud alguna por la firma de contratos basura que se sitúan cerca o incluso por debajo del umbral de la pobreza, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar contratos precarios.

Esto nos conduce al único y terrible efecto de la medida anunciada: la pérdida de libertad. Si una persona no tiene cubiertos unos mínimos para vivir, no dispone de libertad real, ya que su libertad de elección se ve coartada por sus necesidades. Condicionar un ingreso mínimo a la aceptación de cualquier oferta de empleo conlleva reforzar el dominio del empresario en la relación laboral y debilitará aún más la posición de las trabajadoras y trabajadores a la hora de negociar. 

Si lo que se pretende es superar la trampa de la pobreza y el desincentivo que hipotéticamente pueden suponer las ayudas condicionadas, bien podría apostar el Gobierno Vasco por una Renta Básica de Ciudadanía. Definida por el Basic Income Earth Network como “una forma de renta mínima garantizada que difiere de las que existen actualmente en varios Estados europeos en tres importantes sentidos: primero, es pagada a los individuos y no a los hogares; segundo, es pagada independientemente de otras fuentes de rentas; finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o de la voluntad de aceptar un empleo ofrecido”.

Esta fórmula garantiza las condiciones materiales de la libertad, establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; garantiza mejor reparto de la riqueza; ahorra costes a la Administración; incentiva el autoempleo, el trabajo a tiempo parcial y el gusto por el riesgo; reconoce el trabajo voluntario y el doméstico; hace desaparecer el fraude y supera la trampa de la pobreza. Una Renta Básica de Ciudadanía que no conoce obstáculos técnicos, pero conoce obstáculos políticos. Simplemente, no es aceptable para quienes están mejor. 

Salarios x Productividad = + Beneficios – Sueldo > Jonathan Martínez (Alternatiba)

La propuesta de la canciller alemana Angela Merkel de vincular los salarios a la productividad ha arrastrado una oleada de adhesiones. José Luis Bilbao, diputado general de Bizkaia, ha calificado la propuesta de Merkel de “gran idea” y en similares términos se han expresado Nuria López de Gereñu, actual secretaria general de Confebask y ex consejera de Transportes y Obras Públicas -¡vivan las puertas giratorias!-, la consejera del Gobierno Vasco Gemma Zabaleta, los portavoces de Adegi, CEOE, Banco de España, BBVA, Emilio Botín, Felipe González y Pedro Solbes.

Se trata de un intento de elevar el lucro empresarial a costa de bajar los salarios. Lejos de los focos que los medios de comunicación han dedicado a todos los anteriores, el economista Vicenç Navarro remarca que «el objetivo no es la defensa de la economía o de la competitividad, sino de los intereses de las grandes empresas a costa de los intereses de los trabajadores. Es lo que antes se llamaba lucha de clases, lo cual ahora se enmascara bajo el discurso de la competitividad».

Durante los últimos lustros, los beneficios han engordado por encima de las nóminas e, incluso, en muchos casos, las subidas salariales han quedado por debajo de la inflación, un crecimiento real negativo que disminuyó la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras. Evidentemente, los emolumentos no se quisieron ligar a las ganancias en época de bonanza. Según datos del Eustat, la remuneración de los empleados y empleadas de la CAV ha pasado de representar el 57% del PIB en 1980 a caer al 50% en 2009, mientras que el excedente neto de explotación o los beneficios empresariales subían del 24% al 32%. Es decir, se han sustituido los salarios por los beneficios en el reparto de la riqueza. ¡Y todavía tienen la desvergüenza de exigir que concuerden con el aumento de la productividad! Por si fuera poco, el trozo de tarta de los impuestos netos sobre producción e importaciones ha caído en sólo tres años, de 2006 a 2009, a niveles de hace dos décadas, lo cual ha limitado la capacidad de mantener el gasto público por parte de las Administraciones.

En la situación de hoy en día, con una tasa de desempleo elevada, la clase empresarial y su representación política quieren aprovechar el estado de shock actual, en el que ven cómo se realizan reformas antisociales sin contestación alguna, para reducir los costes de las nóminas e hinchar aún más sus dividendos. Pero, al contrario de lo que afirman, son los bajos salarios los que determinan un menor rendimiento, puesto que éstos desincentivan al empresario a invertir en productividad. Además, tal y como afirma la Organización Internacional del Trabajo, el aumento de la productividad provoca más desempleo.

En suma, se trata de un nuevo movimiento para engrosar los beneficios a costa de los trabajadores y trabajadoras. Desestiman la posibilidad de aprovechar los avances tecnológicos para reducir las jornadas laborales. ¡Nada de pensar en repartir las horas de trabajo para que más gente pueda tener un empleo, mejorar el bienestar de la sociedad con más horas para la acción social y el ocio! De lo que se trata es de explotar más a la plantilla mientras ésta ve cómo merma su capacidad adquisitiva. Sin embargo, ¿qué ocurrirá cuando el colectivo asalariado no pueda adquirir lo que él mismo produce? ¿Qué ocurriría en un escenario, nada descartable, en el que la productividad cae por la subida del precio de la energía? Si no se han ligado los emolumentos al incremento de beneficios hasta ahora, ¿por qué hablan ahora de vicularlos a la productividad?

Lo cierto es que quienes con mayor voluntad apoyan estas medidas son quienes más tienen que callar. José Luis Bilbao actúa como un hooligan del neoliberalismo, y eso a pesar de haberse dejado engañar por la estafa de Madoff en el caso de Zabalgarbi. Otro que se ha sumado al carro ha sido Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, quien también se alinea con la opinión de la canciller alemana a pesar de que la productividad en su tarea de prever las crisis inmobiliaria y financiera sea más que discutible. El Gobierno Vasco tampoco se ha quedado al margen. Gemma Zabaleta, consejera de Empleo y Asuntos Sociales, augura un “futuro poco próspero” si no se introduce el factor de la productividad en los salarios, lo cual invita a preguntarle: ¿Cómo afectará a su sueldo el retraso productivo de 20 leyes que acumula el Gobierno de Patxi López?

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Nuevos recortes en las Ayudas de Emergencia Social

DONOSTIA, 23 DE FEBRERO DE 2011 – El grupo de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha presentado a la Comisión de Política Social una propuesta en la que exige al Gobierno Vasco que deje de castigar a las familias con más necesidades y revoque el endurecimiento de los requisitos de percepción de las Ayudas de Emergencia Social (AES).

Así lo ha anunciado hoy el portavoz de Alternatiba Jon Lasa, quien ha considerado que “resulta intolerable que la consejería de Gemma Zabaleta cierre el grifo de las AES a uno de cada tres perceptores en un momento crítico como el actual, marcado por el azote de la crisis económica, el desempleo y la necesidad”.

Lasa ha recordado que las AES constituyen la última red de asistencia a familias y ha criticado que se apliquen recortes “ahora que son más necesarias que nunca”. Así, ha rechazado los nuevos baremos establecidos que, según los cálculos de Eudel, excluirán a uno de cada tres perceptores, con especial perjuicio de personas mayores con pensiones mínimas, mujeres solteras con hijos o autónomos sin ocupación, que quedarían excluidos.

Esta política de recortes sociales, esta manera de cargar la crisis aún más sobre las espaldas de quienes más la sufren es del todo inadmisible”, ha afirmado el juntero de izquierdas. Por ello, Alternatiba ha presentado a la Comisión de Política Social de las Juntas Generales de Gipuzkoa una propuesta en la que “se rechaza el acuerdo del consejo del Gobierno Vasco del 18 de enero de 2011 que establece una nueva regulación para las Ayudas de Emergencia Social”.

Las pensiones. Verdades y mentiras> Miren Etxezarreta (Social Art Productions)

Charla realizada en Zaragoza y organizada por diferents colectivos críticos con el sistema capitalista.

Grabado por Social Arts Producciones

<iframe src="http://player.vimeo.com/video/19077269" width="400" height="226" frameborder="0"></iframe><p><a href="http://vimeo.com/19077269">Las pensiones. Verdades y mentiras. (Miren Etxezarreta)</a> from <a href="http://vimeo.com/user2410226">Social Art Producciones</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

La fusión de las cajas vascas, ¿Qué está en juego?

Alternatiba ha criticado hoy que, en el debate sobre la fusión de las Cajas vascas, “lo único que les interesa a PNV, PSE y PP es el reparto del pastel, cuando lo que urge es hacer una lectura crítica del papel que deben cumplir estas entidades en la sociedad para proponer una verdadera reforma que nos conduzca a una banca pública regida por criterios éticos, participativos y de rentabilidad social”.

El juntero Ander Rodríguez se ha referido de este modo al conflicto en torno a la fusión de las Cajas vascas que se está produciendo estos días y que, principalmente, se centra en la representación que obtendrán jeltzales, socialistas y populares en los consejos de administración de las entidades.

Esto demuestra que lo único que les importa es cómo repartirse el pastel”, ha afirmado el dirigente de izquierdas, quien ha tachado de “lamentable” el papel que están jugando PSE, PNV y PP y ha exigido “luz y taquígrafos” sobre las negociaciones que están llevando a cabo. Al mismo tiempo, Rodríguez ha subrayado que “urge articular medidas para evitar que una eventual fusión se convierta en un proceso de privatización, en lugar de en una herramienta para la reconstrucción de una banca pública deseable, lo cual no es posible con la fusión fría”.

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