El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha criticado duramente el carácter electoralista de las palabras de candidato del PNV, Iñigo Urkullu, al proponer que el próximo Gobierno Vasco sufrage la construcción del Tren de Alta Velocidad: “Es cuando menos irónico y contradictorio que en un mismo discurso hable de la enorme deuda y la carga financiera que soportará Lakua en los próximos años, mientras anuncia que pretende asumir el gasto que supone el TAV”. Por ello, Matute ha denunciado la incoherencia del discurso de Urkullu, “que demuestra su nula capacidad de gestión y que está dispuesto a vender cualquier cosa con tal de llegar a la lehendakaritza”.
Desde Alternatiba han señalado como “prioritario frenar todo tipo de recortes sociales impuestos desde Madrid acatando las políticas sumisas a la banca alemana”, por lo que resulta “irresponsable hacerle pagar, más aún, a la ciudadanía vasca el coste de una macro infraestructura que no ha contado con ningún debate social previo y cuya utilidad es cada vez más dudosa, habida cuenta de que ni siquiera hay garantía de que vaya a llegar más allá de Gasteiz”.
El portavoz de la formación de izquierdas y candidato por EHBildu ha preguntado a Urkullu “si prefiere pagar el TAV y recortar en sanidad, educación y políticas sociales, habida cuenta de que lo único seguro es que el Gobierno Vasco que saldrá de las urnas el 21 de octubre dispondrá de un presupuesto mermado”. Por eso mismo y, finalmente, le ha instado a pronunciarse sobre “si va a recortar en todas esas áreas para pagar el TAV, ya que lo contrario es mentir a la ciudadanía”.
El Gobierno español, en manos del Partido Popular, ha adoptado en el escaso tiempo que lleva en el poder, las medidas económicas más regresivas y los recortes más graves de las últimas décadas en contra de las clases populares. Y todavía anuncian más.
Rajoy ejecuta las decisiones de los poderes económico-financieros de Europa, profundizando aún más en las políticas neoliberales, con funestas consecuencias para nuestras instituciones, para las y los trabajadores, estudiantes, pensionistas y para nuestro tejido social. Están acabando con los derechos conseguidos durante años de lucha y de trabajo, aumentando la pobreza y generando situaciones de emergencia. Apuestan además por la destrucción y la privatización del sector público.
Queremos denunciar una vez más todo lo que se oculta detrás de estas medidas anti-sociales: detrás de la reforma de las pensiones, de las sucesivas reformas laborales, de los recortes salariales en el sector público y de la subida del IVA; arrebatar derechos a la clase trabajadora y a la ciudadanía, saquearlos para seguir asegurándoles sus beneficios a la banca y a los mercados. Eso, un gran saqueo, es lo que realmente están llevando a cabo. Porque los recortes no traerán beneficio alguno, ni económicos ni muchos menos sociales. Al contrario, nos llevan directamente a la ruina.
En la medida en que somos representantes electos de diferentes instituciones, queremos mostrar nuestra especial preocupación por las repercusiones que tendrán estas medidas a la hora de desarrollar políticas propias, dado que también están imponiendo recortes de competencias y de capacidad de gestionar, sobre todo en los ayuntamientos. Corremos el riesgo de ver despojado de autonomía y capacidad de financiación todo el tejido institucional de Euskal Herria.
Las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy conllevan la desarticulación del sistema público. En vez de optar por una administración eficaz, han elegido dedicar cada vez menos recursos al sistema público y a las personas que trabajan en el mismo, personas cuya función es dar servicio a la ciudadanía. Con la excusa de reducir la deuda, están vaciando el sistema público, tanto de dinero como de coberturas; quieren dejar nuestras instituciones más básicas sin capacidad de adoptar medidas ni políticas propias.
Nos quieren obligar a adoptar decisiones que son perjudiciales desde todos los puntos de vista posibles, poniendo el futuro de nuestro pueblo así como el de las personas que lo conforman en un momento crítico.
Por eso, como electos y electas, rechazamos las medidas políticas y económicas impulsadas desde el Gobierno del PP, porque condicionan y ponen en riesgo el futuro de nuestro pueblo, además de suponer un grave desprecio por las instituciones que representamos.
Desde Bildu y Aralar queremos hacerle frente a toda esta situación. No queremos recortes, le decimos un no rotundo a todas estas medidas, porque son impuestas y especialmente injustas y crueles, además de no haber sido elegidas por nosotros y nosotras. Las medidas adoptadas en nombre de la austeridad ya han provocado graves consecuencias sociales: tasas de desempleo inasumibles, recortes en la protección social que abren las puertas de par en par a la pobreza, vulneraciones generalizadas de los derechos de las personas trabajadoras… Una crisis cuyas primeras víctimas son los y las jóvenes, así como las mujeres, que ya sufrían las consecuencias y las desigualdades de un sistema patriarcal.
Además de su futuro político, Euskal Herria debe trabajar por construir un marco económico soberano. Necesitamos soberanía económica en todos los ámbitos, en el laboral, en el fiscal y en el social, para tomar nuestras propias decisiones y para cambiar de raíz el modelo actual. Precisamente en eso consiste la alternativa que defendemos frente al sistema que nos domina.
Representantes de diferentes instituciones de Hego Euskal Herria comparecemos hoy para llamar a hacer frente y a responder desde las instituciones a las medidas que se nos imponen, a adoptar otra política fiscal y concretar una política presupuestaria que ayude realmente a la economía.
Debemos construir un sólido muro social para hacer frente y responder a los recortes y a las imposiciones. El próximo 26 de septiembre tendremos la oportunidad de dar un nuevo paso, apoyando la convocatoria de huelga de los sindicatos y agentes sociales de Euskal Herria. Por eso en ese día las y los representantes en las instituciones de Bildu y Aralar secundaremos la huelga.
Haces días que venimos presenciando una polémica artificial, carente de todo fundamento, entre PNV y PSE. Sin duda, estamos ante un debate meramente electoral, interesado y de cara a la galería. Porque es totalmente estéril, en la medida en que no muestran la menor intención de abordar la gravísima situación económica que sufren algunas instituciones. Y es que en el la raíz del problema está el modelo de gestión de PNV, PSE y PP.
El nefasto modelo que estos tres partidos han puesta en marcha, ha supuesto el endeudamiento de muchas instituciones y la quiebra económica más absoluta de otras tantas. Tiene mucho que ver en esto el despilfarro de ingentes cantidades de dinero, la gestión ineficaz y opaca, basada en la política del cemento. Pero también son responsables las políticas fiscales regresivas impulsadas y pactadas por jeltzales, populares y socialistas.
No olvidemos que, al inicio de la pasada legislatura, cuando empezaban a atisbarse los primeros indicios de la crisis financiera, PNV, PSE y PP aprobaron varias reformas fiscales cuyo objetivo no era otra que reducir la progresividad. Bajaron el Impuesto de Sociedades, introdujeron cambios en los tramos del IRPF y eliminaron el Impuesto sobre el Patrimonio. Todo en perjuicio de la progresividad y la equidad; es decir, fueron en contra del principio de que quienes más tienen más paguen; eso que el señor Urkullu llama demagogia y que nosotros y nosotras llamamos justicia social.
Pero más allá de las palabras, esas reformas fiscales han hecho disminuir la recaudación de todas las instituciones, han empobrecido sus arcas. Esta situación se vio recrudecida cuando afloraron las primeras consecuencias de las crisis. Pero, incluso ante esta situación, el PNV sigue sin ver la necesidad de hacer una reforma fiscal seria y contundente.
Vivimos, como decíamos, las consecuencias del modelo de la política del despilfarro y la falta de transparencia. El PNV exige ahora una auditoría de las finanzas del Gobierno de Gasteiz para analizar sus cuentas. No ponemos en duda que el gobierno de López haya dejado la institución en una situación grave, pero ¿por qué no mencionan la situación en la que ha dejado el propio PNV otras instituciones? Por poner un ejemplo, cuando Markel Olano llegó a la Diputación de Gipuzkoa esta tenía un superávit de 300 millones de euros. Cuatro años después no había ni rastro de remanente alguno.
Podríamos mencionar una larga serie de municipios que, sin lugar a dudas, deberían hacer sonrojar a quienes hablan de buena gestión municipal por la situación en la que los dejaron: Agurain, Orduña, Beasain, Azkoitia, Lemoa, Getaria, Ondarroa…
Además, el PNV ha sido el gran valedor de proyectos como la SuperSur o el BEC, que en estos momentos suponen un enorme agujero económico, un agujero que tardaremos décadas en pagar tal y como torpemente reconoció en su día el diputado general de Bizkaia. Desgraciadamente, el PNV sigue sin hacer reflexión alguna en torno a las grandes infraestructuras. ¿Qué decir de Bidegi? Una empresa pública que dejaron con 900 millones de deuda. ¿Por qué no exigen aquí las auditorias?
Como consecuencia de estas políticas y de este m7odelo de gestión, mucho municipios están endeudados o arruinados; tenemos infraestructuras gigantescas que apenas dan servicio y suponen una ruina económica, y la Diputación de Gipuzkoa no puede afrontar ningún proyecto de envergadura. Volvemos a preguntarnos ¿dónde está el PNV para exigir auditorías también para todas estas instituciones e infraestructuras?
El problema de fondo reside en el modelo de gestión que se ha aplicado en diferentes instituciones de nuestro país.Precisamente por eso, desde Euskal Herria Bildu planteamos un modelo que traiga aire fresco a las instituciones: Una gestión eficaz y transparente, que garantice la participación de la ciudadanía, que priorice los intereses de la sociedad y la dignidad de las personas frente a quienes han venido defendiendo exclusivamente los intereses de la banca privada y de las grandes constructoras, para terminar así con el insostenible modelo de las macro infraestructuras. Proponemos un modelo de gestión que evite la creación y el enriquecimiento de una casta política que privilegia sus propios intereses.
La Diputación de Gipuzkoa da buena muestra de este nuevo modelo de gestión. Esta misma semana hemos obtenido los datos de persecución del fraude fiscal, que fruto del endurecimiento de los controles, ha duplicado las sospechas de delito fiscal en el territorio.
En esa misma dirección, y considerando que la financiación de las instituciones publicas es fundamental para mantener las políticas y servicios sociales, así como para la redistribución de la riqueza, desde Euskal Herria Bildu planteamos estas primeras medidas:
– Implantar el uso de herramientas para prevenir, controlar y detectar casos de gestión ineficiente o poco transparente.
– Llevar a cabo una reforma fiscal que garantice que todos los ingresos serán tratados de forma progresiva.
– Reformas con el fin de aumentar la eficacia en la gestión, aumentando la coordinación entre instituciones.
Del mismo modo, anunciamos que en los próximos días, EH Bildu presentará una batería de medidas concretas que complementarán las hoy anunciadas.
Curro Cuberos, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) participó el pasado 24 de agosto en una charla organizada por Alternatiba en plena Aste Nagusia de Bilbao, y gracias a la colaboración de la comparsa Zaratas que nos facilitó la megafonía de su txosna. Una charla abierta, en la que hizo una breve presentación del sindicato, de su historia y de sus objetivos, que se completó con las preguntas y reflexiones de una docena de personas por espacio de una hora. Aprovechamos su estancia para entrevistarle en AlternatTB y preguntarle así por la la lucha del sat, por acciones tan mediáticas como la del Mercadona y sobre la huelga general convocada para el 26 de septiembre en Hego Euskal Herria.
Euskal Herria Bildu denuncia que la decisión adoptada en el día de ayer en el Parlamento Vasco con los votos favorables de PNV, PP y PSE de autorizar al Gobierno Vasco a vender a Euskaltel la red pública de telecomunicaciones, que la compañía ha utilizado en régimen de alquiler desde su nacimiento, supone un paso más en el desmantelamiento del sector público, con el agravante de que en esta ocasión se hace con poca transparencia y en una operación con tintes especulativos.
Una vez más las derechas olvidan sus rencillas y apoyan las políticas de privatización del sector público, políticas a las que el PSE no solo no se opone sino que colabora y contribuye.
En este primer paso el Gobierno Vasco venderá parte de la red de telecomunicaciones, que en la actualidad alquila a Euskaltel, al operador de telecomunicaciones. El objetivo de dicha venta es tratar de hacer más atractivo el paquete de acciones públicas que el gobierno vasco quiere sacar a la venta para hacer caja. Para ello Euskaltel realizará el pago al Gobierno Vasco en forma de acciones.
En una segunda fase se producirá una venta, posiblemente de forma conjunta, de parte de las participaciones del gobierno vasco, hasta quedar por debajo de un 5%, y de parte de las participaciones de Kutxabank, accionista mayoritario, hasta situarlas por debajo del 50%. Con esta última operación Kutxabank pretende eliminar de su balance los resultados de Euskaltel, así como el préstamo de 222 millones que realizó a la operadora de telecomunicación para hacer frente a la indemnización que tiene que abonar a Orange.
En definitiva, nos encontramos ante una operación que se caracteriza por su falta de información, con claros tintes especulativos y en la que el patrimonio público se utiliza en beneficio de empresas privadas, avanzando de esta forma en el progresivo desmantelamiento del sector público. Los beneficiarios exclusivos de esta operación serán los accionistas de Euskaltel, los accionistas de Kutxabank, y los posibles compradores de las acciones de Euskaltel, mientras que la sociedad vasca ve como el patrimonio público obtenido con sus impuestos desaparece y el Gobierno Vasco des-invierte en sectores estratégicos, lo cual solo servirá para empeorar aún más la actual gestión de la compañía.