Por un nuevo modelo socioeconómico alternativo y socialista (Alternatiba)

La clase trabajadora vasca está sufriendo en los últimos años la mayor conculcación de derechos de la últimas tres décadas. Así, la crisis sistémica que azota al planeta no ha hecho reflexionar a los gobiernos del Reino de España, de la CAPV y de Nafarroa, sobre la inviabilidad, la insostenibilidad y la injusticia intrínseca del sistema capitalista. Al contrario, éstos mantienen una cobarde estrategia de huída hacia delante de la mano de las patronales y de los mercados, agudizando aún más la situación de vulnerabilidad para las y los trabajadores. De esta manera, la ciudadanía no decide, sino que se impone la dictadura del mercado; no se defienden los derechos de las y los trabajadores, sino los privilegios e intereses de las empresas transnacionales, verdaderas causantes de la crisis; no se va a la raíz del problema –el sistema capitalista-, sino que se pretende apagar el fuego con gasolina.

No obstante, este panorama es reversible, sí hay alternativa, y ésta no pasa precisamente por el mal llamado diálogo social. La pretensión de un diálogo de igual a igual entre clase empresarial y clase trabajadora, bajo el arbitraje del gobierno de turno, no es más que una quimera y una ilusión democrática que ha demostrado su irrelevancia política. Nunca habrá equidistancia entre los derechos de las mayorías y los intereses de la casta poseedora; nunca los gobiernos de derechas y/o liberales serán ecuánimes; nunca las cartas estarán sin marcar para las y los trabajadores, ya que las decisiones se toman en otro lado, como ya hemos visto. De esta manera, apostar por el diálogo social en la coyuntura actual es acompañar y ser cómplice de las reformas y de la conculcación de derechos.

Así, la alternativa pasa precisamente por la confrontación con el capital y con los demás sistemas de opresión que impiden la emancipación de los y las vascas, a partir de la articulación de luchas, de la unidad de acción de la clase trabajadora en torno a una agenda incluyente anticapitalista, feminista, ecologista, soberanista y antirracista. Un modelo socialista es posible, es necesario, es urgente, y sólo esta articulación nos podrá revertir esta coyuntura y avanzar hacia una Euskal Herria emancipada. En este sentido, este primero de mayo tiene que apuntalar la unidad de acción para la confrontación directa con el capital como estrategia política de las izquierdas, para construir una alternativa socialista al capitalismo salvaje actual. Como primer paso, debemos revertir las reformas aprobadas, debemos parar las siguientes reformas con las que nos amenazan:

  • Frente a la reforma laboral, apuesta por la contratación indefinida con derechos, por un salario mínimo interprofesional equivalente al de la media de la UE15, y por la reforma integral de la ley de extranjería.
  • Frente a la reforma de las pensiones, jubilación a los 60 años, que permita la contratación de las y los jóvenes, cerrando completamente las puertas a los insostenibles sistemas privados de pensiones y garantizando pensiones públicas dignas.
  • Frente a la privatización creciente y fusión de las Cajas de Ahorro vascas, la apuesta por un sistema financiero público vasco, que acabe con la especulación y que cumpla con las funciones sociales con las que éstas surgieron, bajo estricto control democrático.
  • Frente al desmantelamiento de las políticas públicas sociales, aumento de servicios sociales y un modelo económico basado en el cuidado; frente al copago, las políticas fiscales progresivas que generen fuertes políticas sociales que frenen la privatización y la subcontratación –a la que son abocadas muchas personas, muchas de ellas mujeres-.
  • Frente a los salarios vinculados a la productividad, revertir el insultante desequilibrio entre rentas del capital y rentas de los salarios.
  • Frente a los ataques constantes al sindicalismo confrontativo vasco, reforzamiento del marco vasco de relaciones laborales y de la negociación colectiva como herramienta de defensa de los derechos de la clase trabajadora.

EN ESTE PRIMERO DE MAYO, ALTERNATIBA DICE NO AL DIÁLOGO SOCIAL
SÍ A LA ARTICULACIÓN DE LUCHAS, SÍ A UN MODELO SOCIALISTA ALTERNATIVO
GORA EUSKAL LANGILERIA!

Alternatiba denuncia que Enkarterri está a la cola de Euskadi en innovación y desarrollo

Los últimos datos publicados por el Eustat sobre el gasto en I+D de la Comunidad Autónoma Vasca, vienen a confirmar el abandono que sufre la comarca de Enkarterri, que se sitúa a la cola del gasto sobre PIB en investigación y desarrollo. Según ha denunciado el portavoz de Alternatiba en las Juntas Generales de Bizkaia, Jonathan Martínez, «no sólo está en la última posición del ranking, sino que hablamos de un porcentaje ínfimo, del 0,01%». La realidad, por tanto, es que en esta comarca se invierte en I+D, en proporción a la riqueza de cada una, 185 veces menos que en la media de Bizkaia, 200 veces menos que en la Europa de los 27, 400 veces menos que en Finlandia y 460 veces menos que en Debagoiena.

Según ha denunciado Martínez, «frente al triunfalismo oficial», el dato de Enkarterri es reflejo de lo que la comarca ha venido sufriendo en los últimos años, «una pérdida de empleos constante e imparable, y un proceso de desertificación industrial que ha repercutido duramente en el empleo», tal y como Alternatiba ha venido denunciado estos últimos años. En los últimos cinco años, el número de personas paradas ha crecido un 77,4% y la comarca presenta una tasa de paro del 12,5%, situándose Alonsotegi, Güeñes, Balmaseda y Turtzioz entre los 12 municipios con más paro de toda la CAV.

Ante la grave situación que vive Enkarterri, Alternatiba subraya que estos datos vienen a reafirmar que la «Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco han relegado al olvido a toda una comarca, de la que la propia sociedad vizcaína sólo tiene noticias cuando alguna empresa cierra la persiana, como lamentablemente ha ocurrido en más de una treintena de ocasiones en los últimos años, o cuando se destapan escándalos de la talla de Karrantzako Minda». Más allá del ámbito industrial, el sector primario tampoco sale bien parado, con datos igualmente alarmantes, y el número de explotaciones agroganaderas ha descendido estrepitosamente como resultado de las políticas agroindustriales.

El juntero de Alternatiba ha censurado que el Gobierno de José Luis Bilbao haya hecho «oidos sordos» ante esta terrible situación, y le insta a responder «dónde están los cientos de puestos de trabajo que prometieron crear, y los proyectos que anunciaron durante las últimas elecciones pero que nunca llegaron, como el caso de Habidite en Alonsotegi». En este sentido, Martínez ha exigido al gobierno foral el cumplimiento inmediato de la proposición no de norma presentada por Alternatiba, y aprobada por unanimidad en la cámara foral, en la que se reclama la puesta en marcha de un plan especial para la creación de empleo en Enkarterri.

A nacionalizar por narices > Alberto Montero Soler

Hace unos días escribía que el plan del gobierno para la capitalización de las cajas de ahorro, más que salvarlas, las ponía a los pies de los «fondos buitre». Estos, conscientes de la necesidad imperiosa de capital por parte de las cajas, no dudarían en tratar de hacerse con ellas a precios irrisorios para, a continuación, comenzar a desguazarlas y salir en cuanto hubieran rentabilizado sobradamente la inversión. No había que ser un mago de las finanzas para anticiparlo, bastaba con ponerle un poco de sentido común y tener cuatro nociones básicas de cómo funciona el mundo financiero.

Pues bien, los hechos han venido rápidamente a confirmar la predicción. Estos días podíamos leer en la prensa que «los fondos buitre» piden descuentos del 70% para inyectar capital a las cajas. Así, tras conocer los resultados sobre la situación de solvencia de las cajas publicado por el Banco de España y desconfiando de ellos, están lanzando unas ofertas que a todas luces son excesivamente agresivas pero que, dada la opacidad con la que se ha gestionado la crisis del sector financiero en nuestro país, no dejan de ser razonables. ¿O es que alguien pensaba que ahora iban a creerse los resultados publicados por la misma institución que, en un clara dejación de sus funciones, ha hecho todo lo posible por camuflar la gravedad de la crisis de la situación de esas instituciones financieras?

Y, ante esa situación, qué hacen las cajas. Pues algunas de ellas ya han anunciado lo que era previsible: que prefieren que las nacionalicen temporalmente a malvenderse, es decir, que están dispuestas a permitir que entre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) antes de entregarse en bandeja de plata a los especuladores financieros internacionales como, por otra parte, este gobierno pretendía que hicieran.

Con lo cual asistimos, nuevamente, a que la reforma de las cajas de ahorro impuesta desde el gobierno sitúa a éste ante un escenario frente al que no se quería encontrar; síntoma de que quien diseña las estrategias en Moncloa y sus aledaños no es que sea, precisamente, un discípulo aventajado de Sun Tzu.

Así, por un lado, el gobierno compelía a las cajas a capitalizarse en los mercados financieros buscando inversores institucionales que estuvieran dispuestos a aportar el capital que les era necesario para llegar a los niveles de “core capital” impuestos desde el Ministerio de Economía. Esa era la línea preferida de acción del Ministerio, reforzada por la amenaza de la nacionalización para aquellas instituciones que no lograran acceder al capital necesario en los mercados.

No es que el gobierno no tuviera otras opciones. Las tenía y casi al mismo precio. Así, por ejemplo, podía haber optado por nacionalizar aquellas cajas de ahorro que no pudieran capitalizarse en los mercados (no digamos ya, por nacionalizarlas todas) para, una vez saneadas, convertirlas en un músculo financiero de naturaleza pública que permitiera al gobierno tener un margen de soberanía sobre la política crediticia del país especialmente necesario en un contexto en el que se ha cedido toda la soberanía en materia de política monetaria.

Sin embargo, el gobierno decidió apostar por la vía más neoliberal: forzar a la absoluta bancarización de las cajas de ahorro y asumir, como un mal menor y temporalmente, que tal vez tendría que nacionalizar algunas de ellas.

La opción frente a la que no se esperaba encontrar es, precisamente, aquélla frente a la que ha acabado encontrándose: unos fondos depredadores que quieren hacerse con las cajas a precio de saldo para desmembrarlas y unas cajas que, conscientes de lo que eso supondría, prefieren ser nacionalizadas y saneadas con dinero público para, posteriormente, retornar a la esfera privada previsiblemente dirigidas por sus actuales gestores.

La nacionalización, que era el recurso de última instancia que tenía el gobierno en mente, acabará convirtiéndose así en la regla general. Y eso tiene repercusiones que todos debemos conocer.

En primer lugar, que será ahora el gobierno el que deba buscar la financiación necesaria para sanear las cajas de ahorro. O, lo que es lo mismo, dado que los mercados financieros han decidido penalizar la mala gestión de esas instituciones no concediéndoles capital, ahora el gobierno ha decidido que corresponde al Estado asumir como propios los riesgos que aquéllas tomaron en exceso en su momento y socializarlos entre toda la población. La vieja historia que se repite: privatización de beneficios y socialización de pérdidas, ¿les suena?

En segundo lugar, que ese ejercicio de nacionalización exigirá, evidentemente, nuevas emisiones de deuda pública por parte del Estado. Nuevas emisiones que pueden provocar un incremento del ratio deuda/PIB en dos puntos, como ha llegado a reconocer la propia ministra. En qué se traduce eso: en que, previsiblemente, se encarecerá el precio de las emisiones de deuda y, con ello, los pagos por el servicio de la misma. Y eso, a su vez, se traduce en que o bien aumenta el déficit público (cosa altamente improbable en un contexto en el que su reducción se ha convertido en el principal objetivo de la política económica de este gobierno) o bien se reducen otras partidas de gasto público para compensar el incremento de la de gastos financieros. La resultante, en uno u otro caso, es clara: aumentará el trasvase de riqueza hacia los propietarios de activos financieros mientras se retrasa el recurso a los estímulos fiscales para impulsar la economía real.

En tercer lugar, que este contexto de incertidumbre genera un efecto claramente contractivo sobre el crédito. Las cajas están restringiendo la concesión de créditos porque cada nueva operación de activo implica el consumo de unas reservas que le son necesarias para alcanzar el nivel mínimo exigido desde el gobierno y esa restricción es mayor cuanto más elevado es el gado de incertidumbre sobre su futuro. En tanto que no se clarifique la situación y pasen a ser nacionalizadas, difícilmente podrá desmantelarse la restricción crediticia que está ahogando a la economía.

Y finalmente hay que resaltar que si la estrategia hubiera estado diseñada para nacionalizar, por una vía indirecta, a la gran mayoría de las cajas de ahorro estaríamos ante un éxito absoluto de sus promotores; pero como se diseñó precisamente para lo contrario se trata de un fracaso rotundo del que, como siempre, nadie asumirá la responsabilidad: pagaremos entre todos el coste de la nacionalización y saneamiento de las cajas, podremos seguir sacando pecho porque en este país ningún banco o caja ha quebrado y seguiremos cantando bajito no vayamos a molestar a los poderosos y sus títeres.

Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y puedes leer otros textos suyos en su blog La otra economía.

Fuente: Rebelión

Ahora más que nunca: No a la energía nuclear > Kaos en la Red

Un sistema energético insostenible

El actual modelo energético está basado en el consumo ineficiente de energía y en su producción ilimitada y siempre creciente, principalmente a partir de fuentes de energía contaminantes, peligrosas y no renovables, como son la energía nuclear y los combustibles fósiles, produciéndose una gran variedad de impactos negativos sobre el medio ambiente.
 
Ante una demanda de energía creciente, el actual sistema responde siempre aumentando su producción (es decir, instalando más centrales), con el objetivo de generar más y más unidades de energía, obviando el hecho de que gran parte de esta energía se está despilfarrando, y sin importar el alto coste que ello tiene para el medio ambiente y la salud pública. Esta forma de actuar se llama “Enfoque Oferta”.

Los impactos medioambientales y de salud pública de este tipo de planificación energética tienen un enorme coste socio-económico, el cual, invariablemente, es traspasado al conjunto de la sociedad, siendo los ciudadanos quienes finalmente sufragan, vía impuestos o a través de la tarifa de la luz, los “platos rotos” por este sistema energético.

Pero existe otro tipo de planificación energética, que puede proporcionar a la sociedad el conjunto de servicios energéticos que hacen posible nuestro bienestar y la realización de nuestras actividades utilizando la mínima cantidad de energía posible, es decir con la máxima eficiencia energética. Es lo que se denomina “Enfoque Demanda”.

Con este tipo de planificación es posible producir los mismos bienes y servicios utilizando mucha menos energía, evitando así despilfarros inútiles, y de esta manera, al reducir el consumo de energía, disminuir también notablemente los daños al medio ambiente y a la salud pública.

Obviamente, aún con una planificación basada en el “enfoque Demanda” seguirá siendo necesario generar cierta cantidad de energía, aunque por lógica, lo será en mucha menor proporción. Esto puede y debe hacerse con fuentes renovables. Afortunadamente, existen y están tecnológicamente maduras, fuentes energéticas renovables que permiten una generación de energía más limpia, más segura y menos costosa que la energía nuclear y los combustibles fósiles, tales como la solar termoeléctrica, la solar fotovoltaica, la eólica terrestre, la eólica marina, la geotérmica, la procedente de la biomasa, etc.

Estos recursos energéticos renovables, además de su mucho menor impacto ambiental y a la salud, permiten una generación distribuida, descentralizada, cercana al consumidor y, por tanto, más eficaz.

Por ello es importante que se establezcan urgentemente las medidas necesarias para poner en marcha una planificación energética sostenible, que ponga fin al crecimiento ilimitado en el consumo de energía y al actual despilfarro energético, y cuyos ejes fundamentales sean el ahorro y la eficiencia energética y la generación distribuida con energías renovables. De tal manera que podamos alcanzar un modelo energético libre por completo del peligro que supone la energía nuclear y de la dependencia actual de los combustibles fósiles.

 

El ciclo nuclear

Desde que el uranio es extraído del suelo produce en cada etapa enormes cantidades de residuos radiactivos con los que no se sabe qué hacer con ellos. La secuencia de operaciones encaminadas a la producción de armas nucleares o combustible para el funcionamiento de reactores nucleares, se denomina ciclo del combustible.

En muy pocos lugares del mundo hay uranio lo suficientemente concentrado como para que su extracción resulte económicamente rentable. Aún así en estos lugares hay que remover ingentes cantidades de tierra para conseguir cantidades apreciables de mineral útil.

El uranio después de ser aplastado, molido y bañado en ácido, es secado y empaquetado como concentrado de uranio o torta amarilla. Aunque ésta es sólo ligeramente radiactiva, la extracción y el proceso de molido del uranio expone a los trabajadores a la inhalación de polvo y del gas radón causando altos porcentajes de cáncer de pulmón en los mineros.

Más del 99% del mineral extraído se convierte en residuo radiactivo (estériles). Para conseguir una sola tonelada de torta amarilla se generan varios centenares de toneladas de estériles.

Para concentrar el uranio suficientemente para su uso, la torta amarilla debe ser primero convertida en un gas llamado hexafluoruro de uranio y posteriormente envasado y enviado a una planta de enriquecimiento.

El enriquecimiento es un complejo y costosísimo proceso por el que se incrementa artificialmente el porcentaje del isótopo U-235, que es capaz de fisionarse. Este proceso genera el cuádruple de residuos radiactivos que el uranio útil.

Una vez que el uranio ha sido enriquecido, se envía a una planta de fabricación de combustible donde se convierte en óxido de uranio, pasando a tener forma de polvo negro. Este polvo es comprimido en pequeñas pastillas que se introducen en largos tubos de metal llamados barras de combustible, que son cerradas herméticamente e insertadas en unos cartuchos, denominados elementos combustibles, y así el uranio ya está listo para ser utilizado en un reactor nuclear.

Dentro de un reactor nuclear tienen lugar una serie de reacciones nucleares que provocan que parte del combustible de uranio original se transforme en elementos extremadamente radiactivos, lo que convierte al combustible gastado en material sumamente peligroso, que emitirá una gran cantidad de radiactividad a lo largo de decenas de miles de años.

En algunos casos el combustible gastado no sufre más transformaciones y se considera ya residuo de alta actividad. En otros casos, los elementos gastados se mandan a una planta de reprocesamiento de combustible nuclear. Es un proceso que produce un volumen final de residuos radiactivos entre 160 y 189 veces mayor que el que entra inicialmente en el proceso.

Las barras de combustible gastado, después de cortadas, son disueltas en soluciones de ácido. Después de diversos tratamientos químicos, se separan algunos de los productos radiactivos. De este proceso surgen tres productos:

Residuos de alta radiactividad, uranio que puede ser reintroducido en el ciclo de fabricación del combustible y plutonio, el material utilizado para la fabricación de bombas atómica. 

Tipos de reactores nucleares

A principios de 2005 había 441 reactores nucleares operativos en un total de 31 países.

La antigüedad, tamaño y diseño de estos reactores varían considerablemente: algunos son aún diseños de ‘primera’ generación, construidos entre los años 50 y 60 a partir de usos militares (producción de plutonio o propulsión submarina), pero la mayoría de ellos son de segunda generación, desarrollados a partir de los 70.

La gran mayoría son reactores de agua ligera (LWR), que se clasifican según tres categorías: los reactores de agua a presión (PWR) de los que hay 215 operativos, los reactores de agua en ebullición (BWR), 90 operativos, y los reactores con agua a presión de diseño soviético (VVER), 53 operativos.

En España tenemos 7 reactores de agua a presión (PWR), 2 reactores de agua en ebullición (BWR) y un reactor del tipo GCR- grafito/gas en Vandellós I, el cual ya no está en funcionamiento tras sufrir un accidente 1989.

Reactores de agua a presión

Reactores de agua en ebullición

Reactores de alta temperatura enfriado por gas

Reactores de agua en ebullición moderado por grafito

Reactores tipo CANDU

Instalaciones nucleares en España

En el pasado hubo planes para construir en España hasta 39 centrales nucleares, afortunadamente varios factores políticos y económicos dieron al traste con ellos, aunque no completamente.

Así, a pesar de que en 1984 el Gobierno socialista implantó una moratoria nuclear, en España se llegaron finalmente a construir 10 reactores: La central nuclear José Cabrera (Guadalajara), inaugurada por Franco en 1968, forma, junto con las de Santa María de Garoña (Burgos, 1971) y Vandellós I (Tarragona, 1972), el grupo de las centrales llamadas de primera generación.

A estas siguieron las de segunda generación: Almaraz I y Almaraz II (Cáceres, 1981 y 1983), Ascó I y Ascó II (Tarragona, 1983 y 1985) y Cofrentes (Valencia, 1984). Y, las de tercera generación, Vandellós II (Tarragona, 1987) y Trillo (Guadalajara, 1988).

De esas diez actualmente hay 8 en funcionamiento porque la central nuclear de Vandellós I, tras sufrir un grave accidente en 1989, fue cerrada definitivamente en 1990. Y  la central nuclear Zorita fue clausurada el 30 de abril de 2006 debido a la peligrosidad de su funcionamiento,  a sus defectos de diseño, sus numerosos problemas técnicos y la falta de cultura de seguridad de la compañía propietaria, Unión Fenosa.

La moratoria nuclear aprobada por el Gobierno socialista en 1984, canceló un gran número de proyectos de centrales nucleares – Trillo II, Valdecaballeros I y II y los dos grupos de Lemóniz -. La decisión fue adoptada por motivos económicos, el elevadísimo coste de la energía nuclear; y energéticos, el exceso de potencia instalada. Esto ha costado a los consumidores más de 10.000 millones de euros. El negocio siempre fue la construcción de las centrales nucleares, aunque nunca llegasen a funcionar. En resumen, el canon por la moratoria nuclear consiste en un aumento de las tarifas, para devolver a las eléctricas su inversión en centrales nucleares que no llegaron a funcionar.

La entrada en vigor de la Ley de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional (LOSEN), a principios de 1995, zanjó la polémica. Así pues, en España, desde entonces, no hay ninguna central nuclear en construcción ni proyectada.

Hoy la industria nuclear está sumida en una profunda crisis. Hay en el mundo 440 reactores nucleares comerciales en operación que apenas representan el 6% de la energía primaria consumida a nivel mundial y el 16% de la energía eléctrica.

Fuente: Kaos en la Red

La educación financiera de 36.000 escolares en manos del BBVA > Plataforma contra el BBVA

La educación financiera de 36.000 escolares en manos del BBVA: ¿Ética empresarial? ¿Filantropía financiera? ¿Atraco a mano armada?

BBVAGHHH!!!, Plataforma contra el BBVA

El programa “Valores de futuro”, que desarrolla desde hace dos años el BBVA con el objetivo de potenciar la educación financiera entre alumnado de 6 a 14 años, ha multiplicado el número de participantes en Euskadi, al pasar de 14.206 a 36.158. Se trata de potenciar actitudes positivas frente al dinero.

Conmueve la dimensión de la iniciativa. Imaginamos que al BBVA le hubiese gustado añadir su desinteresada colaboración con las universidades vascas, con la investigación, con las iniciativas sociales, culturales, deportivas, e incluso, humanitarias. Todo un arsenal de “buenas prácticas empresariales.” Pero ¡qué lástima! al BBVA se le han olvidado algunas cuestiones, que quizás quieran incluir en su programa “Valores de futuro”. También queremos recordárselas a la Sra. Consejera de Educación, a los equipos rectorales de las universidades vascas y a los equipos directivos de los centros y colegios que han participado en tan trascendental iniciativa.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, ONGs, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos de países donde el BBVA actúa directa o indirectamente,  la Plataforma contra el BBVA, las participantes en campañas como BBVA sin armas… aportan denuncias muy concretas y precisas sobre la otra cara de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del banco. Veamos algunas de ellas.

         Los beneficios con los que el BBVA cerró 2010 ascendieron a 4.606 millones de euros, lo que supuso un incremento del 9,6% sobre el año anterior. Aumentan sus beneficios afianzando su poder y facilitando su ingerencia sobre las políticas del Estado. Y lo hace, pisoteando los derechos humanos, promocionando los conflictos armados, y destruyendo el medio ambiente. Las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración, tanto en concepto de salario fijo y variable, han ascendido durante el 2009 a la cantidad de 24.157.000 euros, frente a los 16.197.000 percibidos en el 2008. El incremento en el 2009 alcanza el 49,15% pese a la reducción del número total de consejeros, aumento que se acumula al 10,59% de 2008. Por su parte, el presidente tiene un plan de pensiones con cargo al Banco de 79.775.000 euros, un 10% más que en el 2008. En 2010 la retribución extra (incentivación individual) constituía ya el 60% del conjunto del gasto salarial. No obstante, su distribución es totalmente piramidal ya que menos de un 10% de la plantilla se lleva el 50% del total.

         Mientras tanto, el BBVA ha iniciado un proceso de destrucción de empleo, a través del cual, ya se han cerrado el 15% de las oficinas y se ha despedido a más del 10% de la plantilla. Este proceso de desmantelamiento del banco persigue pasar de 5.000 personas en los servicios centrales (Madrid y Bilbao) a 800, reducir de 13 edificios a 5, y en la red de oficinas, rebajar un total de 1.500 puestos. Mediante la externalización de todas las tareas bancarias la empresa reduce costos salariales. Los servicios operativos se han externalizado a Málaga por la mitad de precio y con IBM-Global (tarjetas) a Uruguay, ahorrando gastos a costa de salarios de 300 euros al mes. Esta dinámica hace perder peso a lo colectivo- convenio- y crea relaciones contractuales trabajador-empresa, lo que sustituye o minimiza las negociaciones sindicatos-empresa. Por otra parte, el BBVA acude solidariamente al rescate de Grecia comprando deuda de aquél país con el Fondo de empleo de los trabajadores, quienes   pierden 9 millones de euros (-28,11%). En 8 meses, más de 1500 millones de las antiguas pesetas.

         En relación al pago de impuestos, en el 2009 fueron 1.441 millones de euros, un 26% menos que en el ejercicio 2008 y un 45% menos que en el 2007. Este descenso no se corresponde con el de los beneficios que en el 2009 sufrieron una caída del 17% y desde el 2007 del 31,3%.

         El 82% de las empresas que cotizan en el Ibex 35 utilizan paraísos fiscales. El BBVA tiene 23 empresas participadas en los paraísos fiscales.

         La ética del BBVA se expresa en el recurso ante el Tribunal Supremo de la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra que ha permitido ejecutar una hipoteca impagada con el pago de la vivienda en cuestión, pese a que el banco exigía más dinero por la depreciación sufrida por el inmueble en los últimos años. Es decir, aunque no pueda pagarse la hipoteca y se devuelva la vivienda, el BBVA reclama que la deuda y sus intereses permanezcan encadenados a la persona hasta que ésta pueda cancelarlos.

         Tiene inversiones por valor de cerca de 45 millones de euros en empresas que han vulnerado los derechos humanos.

         Una parte creciente del negocio del BBVA en América Latina está constituido por las pensiones privadas, del que controla el 30%. Y ello a pesar que durante los años de la crisis financiera el patrimonio de los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras ha caído en cifras de dos dígitos mientras que, por supuesto, las «comisiones de gestión» se mantenían. Según datos del propio BBVA, en México ganó con los fondos de pensiones 250 millones de euros durante los ocho primeros meses de 2010 y en América del Sur 148 millones, con aumentos importantes sobre el mismo período de 2009. Eso sí, el BBVA realiza continuos estudios sobre la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones.

         A pesar de la adhesión del BBVA a los Principios de Ecuador, que obliga al banco a tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que financia, éste entrega créditos corporativos para desarrollar actividades de grave impacto medioambiental con absoluta impunidad. Más de 340 millones de euros para la minería en Brasil, Venezuela, Guatemala, Indonesia, etc., cerca de 855 millones de euros para la Planta hidroeléctrica Barra Grande o la Presa de Campos Novos, en Brasil, que supone la completa destrucción del ecosistema, además de serias amenazas de riadas para la población local. Financia a empresas muy contaminantes como la papelera ENCE, respalda económicamente proyectos de construcción de oleoductos de crudo pesado en áreas protegidas como las de Ecuador o gaseoductos en Bolivia. Con la reciente adquisición del 26% de las acciones de Garantibank, institución financiera turca, el BBVA se convierte en precursor del proyecto de construcción de la presa de Ilisu en el río Tigris. El mismo que llevó a los gobiernos de Alemania, Austria y Suiza a retirar los créditos de garantía de exportación para la financiación de las obras por el flagrante incumplimiento de los estándares internacionales de respeto a las condiciones ambientales y sociales.

         El BBVA mantiene relación comercial con EADS, de la que posee acciones por valor de 200.000 $. EADS participa en la producción de armas nucleares, en concreto fabrica el misil nuclear M51³ a través de su filial ASTRIUM. El otro misil nuclear, el ASMPA, lo fabrica a través de la compañía MBDA. Además, a través de un fondo de inversión del BBVA se está financiando a la empresa estadounidense Lockheed Martin, L-3 Communications y Textron. Estas compañías venden proyectiles con cargas de dispersión. Estas cargas, según la Convención sobre Bombas de Racimo, han pasado a ser un arma prohibida de adquirir o utilizar por los Estados firmantes, entre ellos el español. Además, mantiene un crédito sindicado de 300 millones de euros a MAXAM (antigua Unión española de Explosivos), entre las empresas que agrupa MAXAM, se encuentra EXPAL (conocido fabricante de bombas).

         El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de 2009 apunta algunas cuestiones más: la valoración general de los contenidos de la memoria de RSC del BBVA se califica como de información escasa; la información suministrada varía según a quien vaya dirigida; los datos recogidos en la memoria tienen como fuente exclusiva al propio BBVA; presenta escasa información acerca de los sistemas implantados para gestionar los impactos sociales o medioambientales; la Fundación para las Microfinanzas no proporciona información sobre los requisitos que debe reunir un potencial beneficiario, ni qué garantías exige el banco y qué finalidades de crédito están contempladas; no aclara la estructura de los depósitos sobre clientes, las cuentas por nivel de rentas, los préstamos a pymes y micropymes, las aportaciones a la economía informal, el número de zonas rurales de difícil acceso apoyadas con financiación; no presenta información sobre el volumen de subvenciones recibidas; no facilita datos sobre el número de proveedores rechazados por cuestiones relacionadas con los derechos humanos; opera en países con presencia de comunidades indígenas, no encontrándose información alguna sobre compromisos claros y mecanismos que garanticen sus derechos.

¿Qué información es la que recibe el alumnado vasco del BBVA? Ya que hablamos de bancos, es un atraco a mano armada.

En definitiva, el individualismo y la propiedad son los referentes éticos centrales del BBVA y éstos parecen agotarse en las relaciones de mercado y en la codicia, entendida esta última, como trabajar por algo a expensas de otros. Se reinterpretan desde la ética de los negocios, los valores de la libertad y de la dignidad humana convirtiéndolos en ideas centrales del aparato conceptual dominante. Se mercantilizan y se subordinan a los intereses de las minorías.

La RSC  es una nueva forma en que se configuran las relaciones entre las empresas y el modelo capitalista. Sus obligaciones se enmarcan en los contornos de la impunidad, mientras que sus derechos se tutelan por normas multilaterales, regionales y bilaterales de comercio e inversiones.

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