Etiqueta: Eskubide zibil eta politikoak

28J. Nosotrxs somos el punto de partida

Amets Martínez de Heredita – Lumagorriko kidea

Son ya 44 los 28J que celebra el movimiento de liberación sexual, 44 años de aquella revuelta de travestis, de transexuales, de gays y lesbianas que dijeron “ya basta, no nos vais a detener” e hicieron frente a una represión constante de manos de la policía, de los jueces, de la clase política, de la iglesia… de todo un sistema heteronormativo que prohibía y golpeaba a todo aquello que se salía de la norma, de su norma. Una policía que atosigaba a aquella juventud que había encontrado un exilio a su sexualidad y a sus deseos en el barrio de Greenwich y en el bar Stonewall Inn en Nueva York.

Han pasado 44 años de aquella revuelta que situábamos en una momento extremo, donde la homosexualidad era tratada psiquiátricamente y las terapias de curación estaban en el orden del día.

Hace unas semanas, saltaba la triste historia de Zulema, una joven ecuatoriana secuestrada por su padre e internada en la “Comunidad terapéutica femenina Esperanza” para curar su lesbianismo. Por otra parte, nos quedábamos atónitas ante una nueva aplicación para teléfonos móviles que trata de curar este mal a la heteronorma, o la recomendación de médicos católicos que insisten en que la homosexualidad se cura con homeopatía, mientras el Vaticano hace llegar a los curas españoles un manual contra la homosexualidad. Por cierto, que manuales de este tipo están a la venta en centros comerciales como Carrefour y El Corte Inglés.

Decían quienes participaron hace 44 años de aquella revuelta que era obligatorio llevar al menos tres prendas que te identificaran con tu sexo; en realidad, más que con el tuyo, con el que ellos querían que te identificaras, y en este recuento no entraban los calcetines, una medida absurda que pretendía ponerle puertas al campo y barreras al mar, y mientras leía con atención estos testimonios, me estremecía con la noticia de que el joven Raymond Buys de 15 años moría en el intento de volverlo hombre en un campamento de Sudáfrica.

Y todo esto pasa mientras Rusia aprueba una ley que prohíbe la propaganda homosexual con 434 votos a favor y una sola abstención, llenando las calles una vez más de esa homofobia, que hasta lo que yo sé, se ha cobrado ya dos vidas, en un contexto en el que no se libra ni Francia y donde lo llamativo es la capacidad movilizatoria de ciudadanos pidiendo que no se otorguen unos derechos, que si gozan otros ciudadanos y ciudadanas, y en esa labor de defensa férrea del heterofascismo nos hemos topado con caras desfiguradas a palos e incluso la muerte del joven Clement Meric, joven militante antifascista, estudiantil y curiosamente también activista LGTB, cuestión omitida por la mayoría de los medios a pesar de que, si contextualizamos la agresión, parece que alguna importancia debería de tener.

Y algo de todo esto pasa también en nuestro país, porque a pesar de lo que algunas personas quieran hacer ver u omitir, ya sea por su acción como por su no acción, estas expresiones homofobas existen en Euskal Herria; cabe mencionar la agresión homofoba contra dos jóvenes de 18 años por parte de otros tres jóvenes de entre 16 y 19 años en Iruñea, la concentración de fascistas ante el consulado de Francia en Bilbo pidiendo la libertad del asesino de Clement Meric o la detención por parte de la policía francesa esta misma semana de una persona en Baiona cuando se manifestaba a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien es cierto que la homofobia en nuestro país, y fuera de él, no es algo que surja de repente, que venga con la primavera o que aparezca cada mes de mayo o junio para tener algo que escribir en los periódicos, la homolesbotransfobia es constante en la calle, en los medios, en las aulas… Y alguien debería de poner algún tipo de atención porque las alarmas rojas deberían estar ya encendidas.

Como encendido debería estar ya el Congreso de los Diputados tras la declaración de asociación de utilidad publica, a una organización como “Hazte oir” por parte del Ministerio del Interior, una asociación que defiende que el matrimonio entre personas del mismo sexo “amenaza la pervivencia de la especie”. Para Canadá, en cambio, ahora si podemos ayudar a la pervivencia de esa especie ya que desde hace unas semanas las personas no heterosexuales pueden donar sangre si llevan 5 años de abstinencia, no sabemos si repartirán una especie de pasaporte donde se selle cada relación sexual a modo de garantía.

Esta semana también llenaremos las agendas de los partidos, de los sindicatos, de las instituciones… porque una fecha como esta es una golosina mediática difícil de dejar pasar, ellos también tienen que aparecer, olvidando que la lucha del movimiento de liberación sexual no sólo es la lucha por unos derechos más o menos justos, nuestra lucha, como la feminista, es una lucha que debe ser básica para una transformación social, porque si de verdad queremos construir una alternativa a lo que existe, a lo que sufrimos, el punto de partida esta aquí, con nosotras y solo con nosotras haremos una Euskal Herria para nosotras.

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Alternatiba llama a participar en la manifestación contra la impunidad franquista este sábado en las calles de Bilbao

El portavoz de Alternatiba, Asier Vega, ha llamado a llenar las calles de Bilbao este sábado por la tarde sumándose así a la manifestación convocada por una veintena de asociaciones por la memoria en contra de la impunidad de Franquismo y los crímenes cometidos por el régimen, “aún demasiado presente en nuestra sociedad, en nuestras calles y en determinadas expresiones políticas el Reino de España”, ha lamentado.

Alternatiba, al igual que el resto de partidos que conforman Euskal Herria Bildu, ha mostrado su adhesión a esta convocatoria, y mediante la coalición apoyará que el próximo día 20 en el Parlamento de Gasteiz apruebe una moción en apoyo de la querella presentada en Argentina por la magistrada María Servini de Cubría por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de los crímenes cometidos por la dictadura franquista, tal y como han hecho otras instituciones como los ayuntamientos de Donostia e Iruñea o las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Vega ha recordado que la plataforma vasca para la querella contra los crímenes franquistas espera poder realizar las declaraciones de manera remota, por videoconferencia, desde la embajada argentina este mes de junio, ya que en principio estaban contempladas para el pasado mayo, pero presiones del gobierno de Mariano Rajoy lograron suspenderlas. Desde la formación de izquierdas han denunciado estas maniobras de Madrid, “porque demuestra que el Partido Popular, que tan a menudo exige a otros condenar la violencia, sigue siendo incapaz de pronunciarse contra el régimen del que es heredero directo”.

Asimismo, ha exigido medidas y compromisos institucionales para el “reconocimiento y reparación de los miles y miles de represaliados y damnificados por los crímenes del franquismo, terminando con la impunidad de estos de una vez por todas”.

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El PNV le da la espalda a lograr un amplio acuerdo con la sociedad vasca

El inminente acuerdo que puede producirse entre PNV y PSE no va a sorprender a nadie. Y es que el PNV ha reiterado desde el principio donde sitúa sus prioridades, y tras ganar tiempo en devaneos con el PP, al final parece esclarecerse su verdadero objetivo.

En estos meses nos han querido hacer partícipes de una escenificación que aún perdura. Al fin y al cabo, PNV y PSE comparten el mismo modelo y mediante este posible acuerdo, el PNV quiere cubrir su debilidad mientras que PSE quiere hacer lo propio con su necesidad; las mismas que tenían tras las elecciones pero que en su momento no fueron capaces de solventar.

El PNV, sumido en su deriva, requiere estabilidad; y el PSE, tras perder el poder institucional estaba necesitado de presencia política, de modo que lo que no pudo conseguir con los votos intentará conseguirlo de la mano del PNV. Ahora falta saber a cambio de qué va a dárselo el PNV, cuál será el premio a conceder al PSE para cerrar el acuerdo.

Pero además de las necesidades de ambos partidos, lo que es evidente es que no pretenden hablar de modelos ni de las necesidades de la ciudadanía; por el contrario, solo plantean acuerdos para sostener el modelo actual. Así, su prioridad será consensuar soluciones a la medida de sus intereses, y no en función de lo que la sociedad reclama.

Este país necesita acuerdos sí, y no farsas que solo persiguen el objetivo de perpetuar la difícil situación que vivimos. Son necesarios acuerdos para instaurar otro modelo: que garantice el reparto de la riqueza y crear empleo estable, que reconozca los derechos sociales y laborales de las personas; y que permita desarrollar una vida digna… Pero lo que PNV y PSE van a escenificar no irá por ese camino, porque ha sido el modelo y las políticas que han defendido las que nos han sumergido en este abismo. Su propuesta son el cemento, la precariedad y el recorte de derechos; EHBildu, por el contrario, sitúa la dignidad de las personas en el centro de su actividad política. Por eso no nos quieren al lado.

Tal y como lo hicieron en la huelga general del pasado jueves, les siguen dando la espalda a las personas desempleadas, a aquellas en riesgo de exclusión, a quienes sufren la precariedad laboral… y lo hacen para garantizar sus negocios. Se atrincheran en el parlamento para no dar la cara ante la ciudadanía. La política debe hacerse en contacto con las personas, las decisiones deben adoptarse con y para la sociedad, y no en función de determinados intereses de las élites económicas y políticas.

Ya hemos señalado con anterioridad que el PNV debía de aclarar qué modelo de país quiere construir y con quién quiere hacerlo. Es evidente que está tomando la decisión, y lamentablemente, va a pactar con un partido que ni siquiera reconoce ni respeta la identidad de este país. Pactan para seguir imponiéndonos las decisiones de Madrid y la Troika, evitando a toda costa el debate sobre la legalidad y la legitimidad de las mismas.

Euskal Herria debe tener derecho a decidir su futuro, pero el PNV niega una y otra vez la posibilidad de abordar ese camino junto con EHBildu. Es difícilmente comprensible que la primera fuerza política del parlamento de Gasteiz no solo no traslade ofertas para llegar a acuerdos a la segunda, sino que además renuncie a toda oportunidad de trabajo conjunto. Con sus decisiones, el PNV sigue concediéndoles a PSE y PP la llave para gobernar este país.

¿Cuál es la razón para esta falta de voluntad y este miedo a debatir las propuestas de EHBildu? Nosotras y nosotros hemos dejado claro en estos meses dónde situábamos las necesidades para salir de esta situación: una fiscalidad basada en la justicia social y una auténtica lucha contra el fraude fiscal; terminar con los recortes, proteger los servicios públicos, adoptar soluciones con los agentes sociales, fomentar nuevas políticas de empleo frente a la reforma laboral… ¿Qué problema tiene el PNV en hablar de todo esto con EHBildu?

Que le pregunte a sus votantes si realmente quieren que llegue a acuerdos con quienes niegan toda clase de derechos a la ciudadanía vasca, desde el derecho a decidir hasta el de tener una vivienda y un trabajo dignos. Le están dando la espalda a la mayoría de la sociedad. Existe, por tanto, o una clara intención de arrinconar a EHBildu, o bien, tal y como creemos, un esfuerzo por dulcificar el modelo neoliberal imperante para mantenerse en el mimo.

Euskal Herria necesita auténticos acuerdos de país, con todos los agentes sociales y políticos para superar este modelo regresivo y construir uno nuevo, basado en la justicia social, desde abajo y desde la izquierda.

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Huelga al sistema

Oskar Matute y Diana Urrea – Alternatiba

Está usted de sobra señor Urkullu. Con esta contundencia interpelaba recientemente una compañera de bancada a un lehendakari que se limita a decir que no existe más alternativa que aplicar los salvajes recortes y los ataques contra la dignidad de las personas que recogía su fracasado proyecto presupuestario. Y es que si las únicas políticas posibles son las que dictan la troika y los mercados financieros, la derecha nos está diciendo que sobran los parlamentos, que sobran las y los representantes políticos y que sobra incluso la propia democracia. Lamentablemente, esto es ya una máxima del capitalismo, inmerso en una de las fases más voraces de la historia.

La crisis financiera, más de un lustro después de convertirse en excusa perfecta para dilapidar el llamado estado del bienestar, que apuntalaba el sistema silenciando pretensiones utópicas, ha generado todo un abanico de pretextos para unos dirigentes que tratan de cumplir fielmente su papel: administrar la miseria. Así, con la desvergüenza de quien habiendo provocado la ruina se dice mejor opción para superarla, los  títeres del sistema, llámense Rajoy, Barcina o Urkullu, niegan toda responsabilidad por sus políticas. Insultan nuestra inteligencia cuando pretenden convencernos de que no existe otro camino y nos invitan a resignarnos en silencio, una vez han agotado el lema de apretarse el cinturón, sabedores de que la mayoría hace tiempo que empeñó hasta la hebilla.

Y cuando las clases populares son sistemáticamente expoliadas, cuando ven pisoteados todos sus derechos, se hace imprescindible la contestación social. Porque la democracia, por más que le pueda doler a las derechas, se basa fundamentalmente en el reconocimiento y la consecución de libertades y derechos sociales. Porque no es democracia desahuciar, privatizar, despedir y condenar a la precariedad y a la miseria a las personas.

Desde la misma lógica con la que asume su rol sumiso al capital, la derecha rechaza la huelga general convocada para el 30 de mayo por la mayoría social y sindical de este país. Sendos representantes de PNV y PP, Aburto y Cospedal, coincidían recientemente en tiempo y forma a la hora de retar a los agentes sociales y sindicales a presentarse a las elecciones si lo que quieren es hacer política. Es curioso que lo hagan precisamente quienes nos aplican políticas dictadas desde organismos opacos jamás sometidos al arbitrio de las urnas. Precisamente por eso, cabe pedirles que cesen su intermediación y exigir que sea la patronal directamente, que sean Adegi, Cecobi, Sea, Cen, Confebask y CEOE las que se presenten a las elecciones en lugar de sus partidos títere: PNV, PP, PSOE y UPN. También podrían pedirle a la iglesia que concurra directamente a los comicios, ya que insiste en condicionar la política en ámbitos como la educación o los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

En Euskal Herria, lamentablemente, sobran las razones para secundar la huelga. En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa contamos ya con más de 237.000 razones para secundarla. Tenemos también razones para rebelarnos contra los recortes en educación, sanidad y atención a la dependencia que insisten una vez más en hacer recaer el cuidado de la vida y la tensión de la desprotección sobre las espaldas de la mujeres a través de su trabajo, ahora más precarizado, invisibilizado y desvalorizado. La mitad de la juventud, que busca empleo y dignidad en vano, también nos da razones para la huelga, como lo son las cifras de pobreza que alcanzan ya el 11%, o el hecho flagrante de que casi una de cada diez familias tengan a todos sus miembros en paro.

Las miles de personas cuyas condiciones laborales se precarizarán gravemente cuando en julio la enésima reforma laboral arrolle docenas de convenios, son otra importante razón para salir a la calle y decirle a los expoliadores que ya basta. En Gipuzkoa tenemos buena prueba de hasta dónde puede llegar la voracidad empresarial. En el conflicto de las trabajadoras de residencias y centros de día, que afecta a casi 5.000 personas, el Departamento de Política Social de la Diputación han intervenido poniendo encima de la mesa los recursos necesarios para garantizar los salarios y las jornadas de las trabajadoras. Ante la propuesta, la patronal Adegi ha optado por denunciar al gobierno foral por considerar una injerencia insólita que una administración interceda por los derechos laborales. Ese es, sin duda, el papel que tiene que jugar la izquierda cuando accede a las instituciones.

Afirma el consejero Erkoreka que quienes apoyamos esta convocatoria de huelga nos autoexcluimos de un pacto de país, y Aburto asegura que este paro va en contra de la sociedad. Nos preguntamos de qué país y de qué sociedad hablan. Debemos recordarles que el derecho a protestar es parte consustancial de la democracia. Algo que la derecha no es capaz de aceptar, ni la española que ha superado ya las cotas de infamia de la era Aznar haciendo gala de su esencia franquista; ni la vasca, que busca aparentar en Lakua una mayoría de la que carece y sigue considerándose destinada a gobernar las vascongadas para siempre. Eso sí, sin molestar en exceso a Madrid pero, sobre todo, para beneficio de los suyos: grandes constructoras que no dudan en teñir de gris nuestro entorno con sus macro infraestructuras inútiles y banqueros sin escrúpulos que desahucian personas incluso desde entidades financieras creadas con dinero público.

Todo esto viene a constatar que al capitalismo le estorba ya hasta la democracia. Por eso tilda de violento cualquier ejercicio de contestación o desobediencia. No se equivoquen, la verdadera violencia es la ejercida contra quienes sufren la expulsión de sus casas, de sus trabajos y hasta de su país, como le sucede a más de 10.000 jóvenes de la CAV al año que huyen de la precariedad y la falta de empleo. Violencia es consentir la desnutrición en escuelas públicas y dejar morir a inmigrantes en la puerta de un hospital. Así, quienes se quejan porque manifestantes invaden la paz de su clase y sus hogares, quienes gobiernan en contra de lo que recogían en sus programas electorales, son quienes realmente ejercen la violencia.

Son las luchas de los movimientos populares, y la lucha obrera en buena medida, las auténticas artífices de las conquistas sociales que han permitido una mejor redistribución de la riqueza en el último siglo. Pero en un momento histórico donde han arrasado con todo, solo la rearticulación de los movimientos y la construcción de un sólido muro de agentes sociales, sindicales y políticos de izquierdas puede lograr restituir algo a lo que podamos llamar democracia.

En ese sentido, nos resulta esperanzador que la convocatoria del 30 de mayo, día en que volveremos a llevar a la calle la necesidad de enterrar el capitalismo y reivindicar la dignidad de nuestras vidas frente a su apuesta por el capital, vendrá acompañado de una alternativa que se plasmará en la Carta de Derechos Sociales para Euskal Herria. Es una oportunidad única, y no para reconstruir sino para superar y transformar de raíz el sistema. Convirtamos este proceso en el mayor ejercicio de empoderamiento ciudadano de las últimas décadas frente a gobiernos autoritarios, corruptos y títeres.

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Exhibición de solidaridad en Ondarroa

Jonathan Martinez – Alternatiba

Hagamos memoria, que es lo único que nos permiten hacer.

En enero de 2010, la recién estrenada División Antiterrorista de la Ertzaintza arrestó a siete ciudadanos vascos -entre ellos a la edil de Ondarroa, Urtza Alkorta- en una redada patrocinada por el gobierno de Patxi López en colaboración con ese tribunal de excepción franquista rebautizado como Audiencia Nacional.

Los nuevos inquilinos de Ajuria Enea decidieron obviar el protocolo para la prevención de torturas que la policía autonómica aplicaba hasta entonces, y dejaron vía libre a sus agentes para que hincharan a hostias a los detenidos durante interrogatorios ilegales. Cinco de ellos permanecieron ocho días incomunicados y tres fueron hospitalizados para escándalo de Amnistía Internacional y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que en sus informes señalan al Reino de España como una versión cutre y cañí de Guantánamo.

El CPT explicó en el caso de Beatriz Etxebarria, violada en las mazmorras madrileñas de la Guardia Civil en marzo de 2011, que «el objetivo de los malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la detención en régimen de incomunicación». El recurso de la tortura ya había servido para arrancar a Urtza Alkorta una falsa autoinculpación que se convirtió en la única prueba que necesitaba el juez Eloy Velasco para endosarle cinco años de trena acusada de colaboración con banda armada.

Los abogados de los detenidos, Haizea Ziluaga y Alfonso Zenon, denunciaron públicamente el comportamiento del gobierno del PSE. «La Ertzaintza tortura a las órdenes del señor Ares», dijo Zenon. Rodolfo Ares, el verdugo de Iñigo Cabacas, en lugar de investigar las denuncias, decidió esconder las grabaciones de los interrogatorios cuando se las solicitaron el Ararteko y un juzgado de Durango, y plantó una querella criminal contra Zenon y Ziluaga «para defender el buen nombre de la Ertzaintza». Seguimos a la espera de un juicio absurdo al que mi compañero Ander Rodríguez y yo hemos sido llamados como testigos después de que entregáramos un escrito de autoinculpación haciendo nuestras las palabras de los imputados.

Urtza Alkorta permaneció dos años y medio en prisión hasta que un recurso la excarceló el verano pasado. Sin embargo, en febrero recibió una nueva orden de encarcelación que activó la alarma y la resistencia popular. Con la desobediencia civil del Aske Gunea de Donostia en la memoria, un millar de personas han ido atrincherándose alrededor de Urtza durante cinco días y cinco noches para protegerla de la policía, que no se ha atrevido a asaltar el puente de Ondarroa hasta esta mañana. Treinta furgonetas de la nueva «policía de proximidad» de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia han tomado el pueblo y han empleado más de tres horas en disolver el muro humano y secuestrar a Urtza.

Dice Beltrán de Heredia que quienes defendían a Urtza estaban «alterando el orden público». Otros, sin embargo, hemos visto en Ondarroa una exhibición de solidaridad demasiado difícil de encontrar en una sociedad capitalista educada para la sumisión y el consumo. Es triste ver a una policía vasca entregada a los caprichos de venganza de un imperio en estrepitosa decadencia, pero todavía nos dibuja una sonrisa el espectáculo de dignidad de un pueblo que ha renunciado a rendirse.

Hay paredes que hablan y nuestra pared desobediente se lo ha gritado a los encapuchados a la cara: «vosotros por dinero, nosotras por amor.»

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El origen del 1 de Mayo

Héctor Prieto – Militante de Alternatiba

Recientemente ha sido uno de mayo, en una época convulsa, quizá la antesala de un cambio de conciencia, en una estafa que llaman crisis, duro rival para los trabajadores, para la clase popular en general. Los recortes y reformas de los gobiernos títeres de turno, con políticas que benefician a unos pocos, están vulnerando derechos laborales conseguidos con años y años de luchas. Los mil veces nombrados mercados son los que manejan los hilos de este sistema cada vez más corrupto, los gobiernos de los países europeos del sur pierden su soberanía y las políticas económicas, como hemos dicho, están hechas a medida de los ricos mientras el pueblo se hunde en el lodazal producido por poderes que no han elegido democráticamente.

El panorama en el reino de España es desolador, se ha superado los 6 millones de parados y según señala el gobierno el número de personas desempleadas seguirá subiendo durante el 2014, nos quieren hacer pensar que la única solución es aplicar una reforma laboral a medida de la patronal. Mientras siguen apareciendo tramas y corruptelas en las que los partidos tradicionales de turno, el PP y el PSOE, están implicados y quieren mantener este sistema injusto como sea.

En Euskal Herria se cuentan 164,700 desempleados, el 16% de la población activa y que  lleva una tendencia ascendente, incluso en Navarra se llega al 20% de trabajadores sin empleo. Y encima el PNV pretende imponer las condiciones que se marcan desde Europa, contra la crisis, más recortes, por ejemplo al euskera y a las universidades, y lo más grave,  a la política social, tan importante en una sociedad avanzada, vulnerando los derechos de la ciudadanía.

Por lo tanto no hay nada que celebrar, sino que hay que ponerse a trabajar, a proponer otra alternativa más justa en la que el reparto de la riqueza sea más equitativo, en la que el ser humano respete el medio ambiente, en la que la mujer se vea liberada de este patriarcado que la excluye, en el que los pueblos sean libres de decidir su futuro y que se relacionen entre ellos de forma solidaria y respetuosa. De aquí surgen algunos brotes de la izquierda,  hay  movimientos sociales que se organizan día a día, tenemos los sindicatos que quizás deberían unirse más entre ellos, dejar atrás sus rencillas y trabajar por el bien común.

En esta reconstrucción del paradigma de izquierda, del socialismo del siglo XXI, debe producirse la cohesión de la sociedad para acabar con este capitalismo que sólo conviene a unos pocos. Tenemos que hacerlo, porque nos están menguando unos derechos que han tardado más de un siglo en conseguirse, muchos hombres y mujeres han dado incluso su vida por mejorar las condiciones laborales, sociales y políticas de toda la humanidad, no tenemos que olvidarlo y quisiera reconocer la labor de unos de ellos, este era el objetivo del 1 mayo hace mucho tiempo, como conmemoración a los Mártires de Chicago. No pretendo con ello quedarme en el pasado pero quisiera pensar que la vida de aquellas personas que comenzaron la lucha obrera en el siglo XIX no sirvió para nada.

Los hechos ocurrieron en la segunda mitad del siglo XIX , en los comienzos de la industrialización en Estados Unidos. Todo ello coincidió con el final de la Guerra de Secesión en plena reconstrucción tras la contienda. Asesinado Abraham Lincoln la difícil tarea cayó en manos de Andrew Johnson, uno de los pocos dirigentes sureños que no había abandonado su puesto y que se había convertido en el vicepresidente de Lincoln. En aquella época de reconstrucción  Estados Unidos pasaba por dificultades económicas, los trabajadores tenían que soportar interminables jornadas laborales que incluso superaban las 16 horas diarias en condiciones realmente miserables. El campo también atravesaba dificultades por lo que los ganaderos comenzaron a desplazarse a las ciudades que junto a miles de inmigrantes europeos de Alemania, Italia, Inglaterra, Irlanda comenzaron a formar suburbios en los alrededores de las grandes urbes.

Así, Chicago se convirtió a finales del siglo XIX en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, por detrás de Nueva York. Comenzaron a aparecer las primeras fábricas y el ferrocarril, con ello la cantidad de obreros creció sustancialmente y con ello la importancia y la filiación de los sindicatos, algunos de ellos de tendencia socialista. Desde hacía tiempo, las reivindicaciones obreras se centraban en luchar por la jornada de ocho horas, es decir, «ocho horas para trabajar,  ocho horas para dormir, ocho horas para la casa». El presidente Andrews Johnson debido a la presión de los trabajadores y los sindicatos, decidió a principios de 1886 la creación de la llamada «ley Ingersoll» por la que se establecía la jornada de ocho horas, aún así en el sector privado no se aplicó y tanto hombres, mujeres y niños seguían trabajando 10, 12 y 14 horas, estos últimos cobrando salarios más bajos.

Debido a estos incumplimientos los movimientos sociales y sindicales de Estados Unidos empezaron una campaña en busca de las ocho horas laborales. Chicago se convirtió en uno de los focos de aquellas protestas, especialmente entre el 1 y el 4 de mayo de 1886. El primero de los días se convocó una protesta a las puertas de una fábrica de maquinaria agrícola, la empresa se llamaba McCormick y la mayoría de sus obreros estaban en huelga, porque les querían descontar el sueldo para la construcción de una iglesia. Uno de los portavoces sindicales estaba dando un discurso, la bocina de la fábrica se escuchó y de las puertas salieron los esquiroles, se montó una gran pelea campal en la que la policía cargó, ocasionando un gran número de heridos y seis muertos.

La tensión creció y las protestas continuaron los días 2 y 3 mayo, se decidió preparar una gran manifestación para el día cuatro a las 19: 30 para la que el alcalde dio permiso. La concentración se realizó en la calle Haymarket, en un momento dado una bomba explotó entre los policías que comenzaron a disparar y a cargar, así detuvieron a los cabecillas y líderes de la protesta, muchos de ellos de ideología socialista y anarquista. Durante días se realizaron los juicios en las que fueron sentenciadas ocho personas, cinco de ellas a la horca. Más tarde se supo que las irregularidades que se cometieron en el proceso, se utilizaron testigos falsos, la prensa utilizó todos los argumentos posibles para desprestigiar a los acusados y no se pudo demostrar nada contra ellos, solamente su presencia en el lugar de los hechos, su filiación política o artículos y octavillas que escribían algunos de ellos cuyo oficio era el de periodista.

Y sí, finalmente el 11 noviembre 1887 fueron llevados al cadalso acusados de enemigos de la sociedad. Los alemanes Samuel Fielden y Michael Schwab fueron condenados a cadena perpetua y el estadounidense Oscar Neebe a 15 años de trabajos forzados. Los que no pudieron librarse de la horca fueron los alemanes George Engel (tipógrafo, 50 años), Adolfo Fischer (periodista, 30 años), August Spies (periodista, 31 años), Louis Lingg (carpintero, 22 años) que se suicidó en su propia celda y el estadounidense Albert Parsons (periodista, 39 años).

Aquel juicio marcó un antes y un después en la historia de la izquierda mundial, demostraba hasta qué punto podría llegar el capitalismo para derribar cualquier atisbo de libertad, de resistencia o de contestación a unas condiciones laborales y políticas muy precarias, muchos inmigrantes se dieron cuenta de que la tierra de las oportunidades no era tal, como demuestra que seis de los acusados fueran alemanes.

De esta manera llegamos al año 1889, en París se había reunido la Segunda Internacional Socialista que acordaron celebrar una masiva concentración en honor de los Mártires de Chicago, que habían dado su vida por la causa del socialismo libertario y de la izquierda mundial, aquel día era día 1 de mayo. En un principio no pensaron en realizar dicha concentración cada año, pero finalmente así ocurrió y anualmente se realizó en homenaje a dichos hombres injustamente asesinados por sus ideas políticas.

Ahora nos toca a nosotros continuar la senda de tantos y tantos que han dado su vida por la libertad, por la igualdad y la justicia. Tenemos que tener presente en cada lucha, por difícil que sea, que muchas personas se sacrificaron en la búsqueda de un mundo mejor, y que ahora nos toca luchar por nuestros jóvenes, porque nuestros hijos e hijas tengan una alternativa al neoliberalismo que asola el planeta. Salgamos a la calle con la cabeza bien alta, siendo conscientes de que el camino está lleno de dificultades pero que estamos dispuestos a seguir la lucha, a defender nuestros derechos que ha costado la vida a miles de personas. Lo siento, pero la lucha de clases sigue ahí, tenemos motivos suficientes para enfrentar y construir el camino de la victoria. ¡LA VICTORIA ESTA EN FORTIFICAR Y RESISTIR!

Michael Schawn: «El socialismo, tal como nosotros lo entendemos, significa que la tierra y las máquinas deben ser propiedad común del pueblo. La producción debe ser regulada y organizada por asociaciones de productores que suplan a las demandas del consumo. Bajo tal sistema todos los seres humanos habrán de disponer de medios suficientes para realizar un trabajo útil, y es indudable que nadie dejará de trabajar. Cuatro horas de trabajo cada día serían suficientes para producir todo lo necesario para una vida confortable, con arreglo a las estadísticas. Sobraría, pues, tiempo para dedicarse a las ciencias y al arte».

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Desobediencia civil contra la austeridad capitalista

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Todos los Manuales de Desobediencia Civil publicados por las numerosas organizaciones que la promueven en el Estado español coinciden en definir la desobediencia civil como “una acción política no violenta, consciente y organizada, contra una ley, una disposición gubernamental o una orden de alguna autoridad considerada injusta e ilegítima, que se emprende con el objetivo de invalidar dicha ley y de establecer una nueva legalidad constituyente en la que los derechos sociales y civiles que se reivindican queden reconocidos de facto”.

Esta secuencia se ha repetido siempre en todos los movimientos de desobediencia civil realizados hasta ahora. Este fue el caso del potente y generalizado movimiento antimilitarista de los años 80-90 que consiguió eliminar el reclutamiento militar forzoso a través de la objeción de conciencia y de la insumisión al Ejército. También lo fue en el caso de Itoitz, aunque en esta ocasión no se consiguiera la victoria, o en el más reciente del movimiento feminista con la campaña de autoinculpaciones en apoyo de las clínicas abortistas que habían practicado en Madrid abortos no permitidos por la ley. La misma secuencia puede apreciarse igualmente en las campañas de desobediencia realizadas contra empresas privadas, como en el caso de las luchas por la moratoria nuclear contra las compañías eléctricas, o en el más reciente contra los desahucios de viviendas impuestos por las entidades bancarias.

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Todos los ejemplos de desobediencia civil conocidos hasta ahora presentan algunos rasgos comunes que deben tomarse en consideración a la hora de plantearse la desobediencia contra las políticas de austeridad capitalista. Destacamos entre otros las siguientes:

  1. Que la desobediencia civil es una herramienta de lucha que dignifica a las personas y colectivos que la realizan, contribuyendo más que ninguna otra a pasar de la condición de siervos domésticos del poder, a la condición de ciudadanos libres. Esta es una de sus principales virtudes.

  2. Que, con alguna excepción, los sujetos de la acción han sido siempre las personas, grupos de personas o colectivos sociales directamente afectados por una ley o por una situación de injusticia manifiesta: los jóvenes en edad militar en unos casos, las mujeres y los movimientos ecologistas en otros, los directamente afectados por los desahucios de viviendas, etc.

  3. Que, salvo excepciones, la mayor parte de las organizaciones tradicionales: partidos políticos y sindicatos, han permanecido al margen de estos movimientos, lo que ha contribuido a crear un problema adicional de legitimación social de la desobediencia civil.

  4. Que las instituciones políticas: Parlamento y Gobierno central, Parlamentos y Gobiernos autónomos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, han sido siempre y en todas partes hostiles a la desobediencia civil, aún cuando la mayoría social la considere legítima y la apoye de alguna manera. La única excepción a esta “norma de conducta” la encontramos en algunos municipios vascos que, de la mano de los partidos antes mencionados, se autoinculparon en solidaridad con los insumisos vascos al servicio militar en el Ejército español, o en el apoyo que posteriormente dieron a los insumisos de Itoitz. Estos son unos buenos precedentes para reemprender ahora la desobediencia civil contra la austeridad capitalista en Euskadi.

  5. Que en todos los casos ha habido represión política, condenas judiciales, años de prisión y multas económicas para quienes han hecho la desobediencia. Esta reacción de los poderes públicos ayuda siempre a la legitimación social del movimiento, pero requiere un alto grado de conciencia, de compromiso militante y de solidaridad ciudadana para soportar las consecuencias derivadas de la acción práctica

  6. Que sólo triunfan las desobediencias civiles que obtienen una alto grado de legitimación social , de apoyo ciudadano y de cobertura institucional

  7. Que la desobediencia civil es una herramienta de autodefensa que, en caso de victoria, puede hacer desparecer las causas (leyes o decisiones gubernamentales) que generan determinadas situaciones de injusticia, pero que no puede resolver por sí misma las consecuencias derivadas de la austeridad capitalista en el marco de los Estados-Nación que conforman la Unión Europea. La solución a los problemas del desempleo, del empobrecimiento general de las clases trabajadoras, de la deuda externa, o del deterioro general de los servicios sociales, requieren de movilizaciones generales y continuadas de toda la sociedad civil en un grado y con una intensidad superior a las que conocimos en el pasado, pues ahora nos enfrentamos no sólo al Estado español, sino también a la Unión Europea. La impotencia de los trabajadores griegos para doblegar a su propio Estado nacional a pesar de las sucesivas HGs que han protagonizado, nos muestra la intrincada relación entre la escala nacional-estatal y la escala europea en que se plantean las alternativas centrales a la austeridad capitalista. Esto plantea la necesidad de elaborar una escala reivindicativa diversificada en los ámbitos nacionales, estatales y europeos, así como una política de unidad de acción apropiada a cada una de esas escalas, entre todos los sindicatos y todos los movimientos sociales en alianza con todas las izquierdas políticas. Otra de las condiciones necesarias para el éxito la desobediencia civil es llevarla al interior de las instituciones públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamento y Gobierno Vasco), con el fin de que hagan suyas las demandas ciudadanas y las transformen en leyes más justas o en demandas que ellas mismas asuman antes las instituciones españolas y europeas.

 

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El momento en que vivimos es uno de los más propicios que se pueden imaginar para promover movimientos de desobediencia civil contra las políticas de austeridad capitalista, pues están reunidas todas las condiciones que pueden hacerla posible. A saber: (1) la ausencia de perspectivas de vida digna en el marco de las políticas económicas y sociales del Estado español y de la Unión Europea. (2) la crisis de credibilidad de un sistema político que es incapaz de garantizar las condiciones mínimas de existencia a todos los ciudadanos. (3) la indignación ciudadana ante tanta injustica social y ante tanta corrupción política como la que estamos conociendo estos días. (4) la existencia en Euskal Herria de una amplia red de organizaciones sindicales, sociales y políticas, educadas en la rebeldía política contra el Estado.

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La gota que está desbordando el vaso de la indignación ciudadana es la información sobre los sucesivos episodios de corrupción en la que están implicados todos los poderes económicos y políticos del Estado español. La oligarquía financiera en primer lugar, con los directivos del Banco Santander y de Bankia (Botín y Rato) a la cabeza; los empresarios del ladrillo y otros especuladores, como el presidente de Sacyr y el ex-presidente de los empresarios españoles ( Díaz Ferrán); los “lobbys” políticos que han vaciado las Cajas de Ahorro asignándose sueldos y primas de escándalo, o que están obteniendo grandísimos beneficios de la privatización de la sanidad y de otros servicios públicos (el yerno de Aznar y el marido de Cospedal entre otros); los partidos políticos (la cúpula del PP en el Gobierno central y en los gobiernos autonómicos del País Valenciá, Les Illes, Galicia.etc.); la Generalitat Catalana y las directivos de Convergencia (recordar la acusación de Maragall a Artur Mas cuando afirmó que su problema era la comisión del 3% que cobraba a todas las obras públicas que se realizaban en Cataluña), y de Unió (reconocido por Durán y Lleida en sede judicial). Tampoco el PSOE escapa a esta lacra social, pues a los casos ya conocidos de Filesa, Roldan y Urralburu, se añade ahora el fraude de los ERE en Andalucía; ni UPN en Navarra (ver el desfalco de Caja Navarra), ni la monarquía española, pues el caso Urdangarin parece descubrir una corrupción que afecta a todo el estamento monárquico. Todo esto es conocido porque ha sido publicado, pero no deja de ser más que la punta de un enorme iceberg, que encubre la descapitalización de los Bancos y de las Cajas de Ahorro, producida no sólo por la especulación inmobiliaria y financiera, sino también por el traslado de fondos a cuentas corrientes privadas en paraísos fiscales protegidos por el secreto bancario. Lo que eufemísticamente se llama “fuga de capitales” debiera llamarse en realidad “desfalco”, “robo” o “expolio generalizado de la riqueza nacional”. La corrupción que envuelve a esta oligarquía político-financiera es así una auténtica bofetada a la ética de los poderes públicos y a la credibilidad de un sistema político que no ha dudado en reformar la Constitución por imperativo del Gobierno alemán para convertir la deuda privada de los Bancos y Cajas en deuda pública, y para que su devolución a cargo de los impuestos de toda la ciudadanía tenga prioridad sobre sus necesidades sociales; sobre la Sanidad, la Educación, las Pensiones, el Seguro de Desempleo, la Vivienda o las inversiones públicas para el sostenimiento del empleo. El enorme círculo de especulación financiera así creado se cierra con la imposición de altos tipos de interés sobre la deuda a través de la “prima de riesgo”, por la que los Bancos cobran intereses del 6% a un dinero que ellos obtienen del Banco Central Europeo al 1%. Las élites españolas han saqueado así a su propio país en beneficio propio, endeudándolo de por vida y entregando la riqueza colectiva a los acreedores alemanes. Lo más indignante de todo es que intentan convencernos de que lo hacen por el bien común y para crear empleo. Afortunadamente nadie les cree porque los 6 millones de parados, el millón y medio de familias en las que no entra ningún salario, o las decenas de miles de personas amenazadas por el desahucio de sus viviendas habituales, son realidades tan lacerantes que legitiman con creces la rebelión política y la desobediencia civil a ojos de casi todos, incluyendo en ese “casi todos” a buena parte del electorado del PP

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La desobediencia civil ha empezado a desarrollarse a través de la oposición a los desahucios. El protagonista de la acción han sido los propios afectados, pero la solidaridad recibida ha alcanzado incluso a una parte de los estamentos del Estado como en el caso de los jueces que se niegan a dictar sentencias de desalojo, o de algunos colectivos de policías locales que se resisten a cumplir esas órdenes. Lamentablemente para todos, esa actitud solidaria no ha llegado todavía en grado suficiente a las mayorías sindicales y a los Ayuntamientos pues sus declaraciones de apoyo no sirven al caso a pesar de la solemnidad con la que se hacen. Para ganar la batalla de los desahucios hace falta dar un paso más. Un paso que implique a los comités de empresa de Bancos y Cajas en la negativa a tramitar expedientes de desalojo. Un paso hacia la creación de un amplio movimiento de ocupación de viviendas vacías en cada municipio, que empuje a las instituciones públicas: Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamentos y Gobiernos a promover leyes de expropiación para hacerse con un fondo de viviendas públicas que puedan ponerse al servicio de quienes las necesiten al precio que puedan pagar según sus posibilidades

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En esa política de escala a la que nos referíamos antes, hace falta promover un amplio consenso ciudadano alrededor de una política de choque contra el paro y la pobreza que actúe sobre las causas que lo generan. Una política que debiera contener al menos estas 7 medidas:

  1. La apertura de todas las cuentas corrientes que tengan la ciudadanía del Estado Español en los paraísos fiscales de Suiza, Luxemburgo, Panamá, etc., con el fin de conocer la verdadera dimensión del expolio y la totalidad de los responsables del mismo.

  2. El procesamiento y condena de todos los implicados en el expolio de la riqueza colectiva, pues no habrá justicia para todos mientras exista la desproporción que hoy existe entre las condenas a 12 años de prisión para un joven vasco que ha quemado un cajero automático de la BBK y la ausencia de condenas para los crímenes sociales cometidos por los políticos y los banqueros.

  3. La expropiación de todas las cuentas corrientes que existen en los paraísos fiscales, para hacer frente al pago de la deuda externa que nos han endosado injustamente a todos los ciudadanos del estado español.

  4. La renegociación de la deuda externa con los tenedores de la misma, a fin de reconvertir en deuda privada la que es privada, de tal modo que su devolución no se haga a costa del erario público.

  5. La nacionalización de la Banca privada a objeto de que las enormes sumas de dinero público invertido para sanearlas pueda regresar a la Caja común del Estado.

  6. El establecimiento de una nueva política fiscal que persiga el fraude y grave en mayor medida a las rentas más altas, que aplique los tipos generales a las rentas de capital y a los beneficios empresariales de acuerdo con los baremos medios de la Unión Europea. Que prohíba a escala europea e internacional los paraísos fiscales de forma que, además de obtener enormes recursos necesarios para atender necesidades sociales, se contribuya a erradicar la criminalidad de las redes de venta de armas, de “trata de blancas”, de narcotráfico y otras.

  7. La creación de nuevos puestos de trabajo mediante políticas de reparto del empleo basadas en la reducción de la jornada laboral y en el adelantamiento de la edad de jubilación. De acuerdo con el feminismo anticapitalista y el ecologismo social tenemos que volver a hablar de necesidades – qué necesitamos realmente las personas para disfrutar de una buena vida que sea extensible a las mayorías sociales- y como dice Yayo Herrero hay que hacer una propuesta de modelo económico y político que ponga en evidencia qué trabajos son social y ambientalmente necesarios y cuáles no y la lógica para valorarlos debe ser, en qué medida facilitan el mantenimiento de la vida en equidad.

En relación a la deuda hay que poner en marcha y de manera inmediata una auditoría ciudadana pública y trasparente. Debemos conocer cuánto se debe, quién lo debe, los motivos que han generado la deuda y quién la tiene que pagar. La auditoría no sólo se justifica por sus objetivos, si no por el proceso democrático que implica; es un mecanismo de control democrático de las mayorías sociales sobre el poder político y económico. No obstante, la auditoría requiere trasformar los argumentos jurídicos, económicos y políticos contra el pago de la deuda, en una práctica política cotidiana de intervención y transformación.

La auditoría de la deuda en Euskal Herria exige una amplia iniciativa ciudadana popular y una alianza firme, al menos, entre los movimientos sociales, el sindicalismo vasco y la izquierda radical. Implica rechazar y desobedecer la reforma del artículo 135 de la Constitución que blinda el pago de la deuda frente a los derechos de las mayorías, y por tanto, de la ley de presupuestos que condiciona la gestión de los recursos desde las instituciones vascas. No se debe aceptar la hipoteca de la deuda ilegal e ilegítima; los presupuestos de las instituciones vascas deben ajustarse a este principio. Todo ello requiere alianzas firmes, trasparencia, consulta continua y confrontación democrática con el Estado y con las fuerzas políticas sumisas a la mercantilización de los derechos de las mayorías sociales. Es la senda hacia la ruptura con el gobierno y la clase dominante española y con los dictados del capital, y sobre todo, es la manera de ir transformando las resistencias y la desafección con el sistema político y económico en un nuevo sujeto político transformador.

Será difícil articular un movimiento concertado a escala estatal entorno a estas medidas, y más difícil todavía recuperar la vieja propuesta de Carta Europea de Derechos Sociales, pero merece la pena intentarlo allí donde existen posibilidades como en el caso vasco.

José Ramón Castaños y José Luis Longarte son Portavoces de la de Carta de Derechos Sociales. Juan Hernández Zubizarreta y Mikel de la Fuente son Profesores de la UPV/EHU.

Revista Herria 2000 Eliza nº 242

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Alternatiba llama a reivindicar “derechos laborales, justicia social y democracia” en el primero de mayo

La portavoz nacional de Alternatiba, Amaia Agirresarobe, ha realizado un llamamiento a utilizar el Primero de Mayo de este año para reivindicar “derechos laborales, justicia social y, por encima de todo, democracia; porque no es democrático un sistema que desahucia a las personas, que privatiza los servicios públicos y que condena a su ciudadanía al paro, la miseria y la precariedad”. Por ello, ha llamado a secundar y participar las manifestaciones que, convocadas de manera conjunta o no por diferentes sindicatos, recorrerán mañana las calles de Euskal Herria.

Desde Alternatiba consideran “imprescindible y urgente” la generación de un espacio de lucha social: “empoderar a la ciudadanía que está sufriendo ataques directos en forma de reformas infames y recortes brutales de mano de los gobiernos de Iruñea, Gasteiz y Madrid, políticas serviles ejecutadas por Barcina, Urkullu y Rajoy pero dictadas por los poderes financieros a los que sirven”. Agirresarobe, asimismo, ha recordado que en esta fase de la necesaria lucha contra el sistema capitalista y sus consecuencias no se puede limitar a restaurar el mal llamado sistema de bienestar, “no olvidemos que la mitad de la población, las mujeres, ya carecía de condiciones de vida dignas mucho antes de estallar los mercados financieros. Y ahora para reconstruir su sistema quieren volver a condenar a las mujeres al hogar, quieren decidir sobre sus cuerpos y perpetuarlas en un trabajo, no reconocido ni remunerado, pero fundamental para sostener la sociedad y la vida”.

La portavoz de la formación de izquierdas, finalmente, ha subrayado la necesidad de “construir un muro social frente al pacto de acero entre poderes financieros, grandes empresarios y partidos políticos afines” y ha ejemplificado con lo sucedido en Gipuzkoa, en referencia a la denuncia interpuesta por la patronal Adegi por la propuesta realizada por el Departamento de Política Social que garantizaba los derechos laborales de las trabajadoras de residencias y centros de día del territorio, “es significativo, e ilustra el conflicto a la perfección, que la propia patronal tache de inédito que una institución intervenga a favor de las trabajadoras”.

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Gipuzkoa no permitirá que las empresas que gestionan residencias saquen beneficio económico de la huelga

El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha subrayado que “una de las máximas del Gobierno foral es la gestión del dinero público con responsabilidad, eficacia y transparencia. Por lo tanto, no puede permitir que haya empresas que cobren de la Administración por servicios que no han prestado durante una huelga, y menos que se queden con parte del sueldo que les corresponde a las empleadas”. Por ello, el Departamento de Política Social ha decidido deducir de la tarifa mensual que abona a las entidades gestoras de residencias y centros de día la parte que éstas no van a pagar a las trabajadoras en huelga.

Se trata de una medida que fue aplicada por primera vez en el paro de tres días que tuvo lugar el pasado mes de febrero. En aquella ocasión, el Gobierno foral detrajo 81.278,66 de la tarifa abonada a las empresas.

La directora de Planificación e Inversiones, María del Río, ha explicado que la Diputación abona a las empresas y asociaciones sin ánimo de lucro gestoras de las residencias del Territorio una tarifa mensual que incluye los gastos de alojamiento, manutención, limpieza, etc (30% de la tarifa) y los sueldos de la plantilla (70% de la tarifa). En el caso de una huelga, las empresas dejan de pagar a las trabajadoras por los días en los que no han acudido a su puesto. Pese a ello, en anteriores legislaturas, la Diputación seguía pagando a las entidades la misma tarifa, aún a sabiendas de que el gasto en salarios era menor. Por lo tanto, las empresas obtenían beneficios económicos de las movilizaciones, mientras que el personal perdía parte de su sueldo.

“Esta situación no se va a volver a repetir. Las empresas que reduzcan el sueldo a las huelguistas verán también reducidos sus ingresos”, ha concluido Del Río.

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La democracia es de izquierdas

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate  – Mesa Internacionalista de Alternatiba

El culebrón post-electoral al que Italia ha asistido en los últimos tiempos, motivado por la irrupción del Movimiento 5 Estrellas y el desbarajuste consiguiente entre los partidos tradicionales al elegir presidente, podría ser analizado simplemente como una anomalía más en un país con una democracia peculiar.

No obstante, y analizado el caso italiano en clave histórica y mundial, podríamos llegar a defender la idea de que la onda expansiva generada por este movimiento osado, radical, complejo e indefinido, iría más allá. Así, se insertaría en un amplio y profundo proceso de creciente deslegitimación de la democracia de baja intensidad en la que vivimos a nivel global, que es incapaz de satisfacer los intereses de las grandes mayorías y de dar respuesta a los deseos globales de participación, justicia y paz. Este proceso habría llegado con fuerza a Europa.

En este sentido, cada vez es mayor el alejamiento entre la ciudadanía y la toma de las decisiones importantes; cada vez es más notoria la escasez democrática de una participación entendida como elección de representantes cada cuatro años; cada vez es más evidente la primacía de las empresas y de los mercados sobre las personas y los gobiernos; cada vez, también, se constata la deslegitimación en la que han caído los partidos políticos como instrumento de masas y de vehículo de defensa de propuestas transformadoras y emancipadoras.

Así, el modelo de la democracia liberal-representativa y sus agentes fundamentales -los partidos- están siendo cada vez más cuestionados, y la población llega incluso a entender el entramado institucional-electoral generado en torno a dicho modelo como algo irrelevante e incluso contrario a sus intereses. En esta clave se entienden por ejemplo alguno de los más significativos procesos de cambio en América Latina: muchas de las iniciativas más alternativas -Bolivia, Ecuador y Venezuela- comparten un origen al margen de los partidos tradicionales, de sus agendas estrechas y de su cultura política miope, y proponen nuevas formas de participación al margen del enfoque liberal, incluso llegando a enfrentarse con la llamada partidocracia. Al mismo tiempo, observamos que son diferentes movimientos sociales los que a lo largo y ancho del mundo están protagonizando las luchas de transformación, y aglutinando en torno a nuevas agendas a importantes sectores populares.

Cierto que siempre ha habido contestación a esta democracia devaluada, y gentes y organizaciones que la desbordaban. No obstante, el cansancio y la desidia frente a este modelo corrupto e injusto es creciente, así como la necesidad de sustituirlo por otras formas de entender la democracia, la participación, el poder. Por ello, tanto la ciudadanía como los partidos políticos -hijos de ese modelo- debemos extraer lecciones que nos preparen para enfrentar el futuro de la mejor manera posible.

Asistimos en la actualidad a un proceso de devaluación de la ya de por sí devaluada democracia. Por un lado, vemos como en Italia todos los partidos defensores del sistema -derechistas, liberales, socialdemócratas- se unen para garantizar la gobernabilidad del país, esto es, mantener el statu quo del que viven. Esta unión de las derechas es algo a lo que asistiremos cada vez más a menudo en cualquier latitud, intentando frenar los vientos del cambio; por otro lado, la represión, la criminalización de la protesta y la violencia institucional parecen ir en aumento, al mismo ritmo que las desigualdades aumentan y que la gente se organiza en la defensa de sus derechos. Los asesinatos políticos a lo largo y ancho del mundo (Guatemala, México, Colombia, etc.), así como la criminalización en el Estado español de la Plataforma contra los Desahucios, o la detención de 8 jóvenes vascos por parte de la Ertzaintza por su militancia política, son sólo algunos ejemplos de esta nueva fase vinculada a la crisis y al intento de los poderosos de mantener sus privilegios, cueste lo que cueste. No podemos perder de vista esta realidad cada día más presente.

Ante esto, la izquierda debe extraer otra lección fundamental de este diagnóstico sobre la democracia: el juego electoral-institucional, pese a mantener en la actualidad una relevancia notable, cuenta con profundas grietas, está profundamente deslegitimado, por lo que cada vez representa menos para la sociedad. Si nos contentamos con priorizar básicamente la estrategia electoral-institucional, sus ritmos y sus dinámicas, corremos el riesgo de acabar como los músicos que seguían tocando cuando el Titanic se hundía.

Pretendemos ganar jugando sólo -o sobre todo- a un juego en el que la derecha ha amañado las cartas, cuando cada vez parece más claro que los campos donde se producen los cambios son múltiples y diversos, y donde las cartas son también diversas. A la derecha le vale con votos para gobernar y mantener el poder, a la izquierda le hace falta algo más que votos: le falta convencer, formar, proponer alternativas; le falta acumular fuerza política. Esas deben ser nuestras cartas, ese es nuestro juego, y eso no sólo -ni fundamentalmente- se hace desde las instituciones -aunque también-.

La ola que pudiera arrasar este modelo de democracia de baja intensidad puede no distinguir entre agentes, incluso podría llevarse por delante a aquellos más honestos, si no son capaces de entender el momento y ampliar sus miras. Por ello debemos ampliar la democracia, también en las instituciones donde estamos: en primer lugar, priorizar de manera estructural y permanente la puesta en marcha de experiencias de democracia directa y participativa allí donde sea posible, siendo importante el qué y el cómo, y sin miedo al resultado: en última instancia, la democracia directa es en sí un ejercicio de izquierdas; en segundo lugar, fomentar las herramientas de la desobediencia civil activa (gran ejemplo de la juventud vasca en el Aske Gune); en tercer lugar, y de manera estratégica, dedicar esfuerzos, recursos y tiempo a la articulación con movimientos sociales, generando espacios y agendas de confianza y entendimiento real. En definitiva, superar y desbordar –antes de que nos desborde- los estrechos marcos de esta democracia decadente, ofreciendo a la ciudadanía formas de democracia más emancipadoras. La democracia es de izquierdas, reclamemos esta bandera.

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