Aborto libre y gratuito


Ana Etxarte, Euken Barreña eta Carmen García

Alternatiba

En Alternatiba, durante este mes de noviembre, hemos decidido lanzar la campaña Si ellos parieran el aborto sería libre. Los derechos no se negocian ni tienen plazos. ¡Aborto libre y gratuito!, en defensa de uno de los derechos de las mujeres más vulnerados: el de decidir sobre su propio cuerpo.

No es casualidad que esta campaña haya visto la luz durante el presente mes, cuando se celebra el día internacional de la no violencia contra las mujeres. Desde Alternatiba entendemos que la consideración del aborto como delito, la tutela que se quiere imponer a las mujeres sobre su capacidad de decisión, y la conculcación de su derecho a que las interrupciones del embarazo se practiquen en la sanidad pública, son otras fórmulas de violencia patriarcal, y como tal deben ser denunciadas.

De esta manera, no podemos sino oponernos al proyecto de ley del aborto del PSOE, por tres razones fundamentales: no respeta la libre decisión de las mujeres, limitando así el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos; no establece medidas concretas y claras que garanticen la práctica del aborto en el sector público; y no saca al aborto del código penal. Además, esta propuesta de ley, tibia y cobarde, está estrechamente vinculada a las diferentes campañas orquestadas por la jerarquía eclesiástica, los mal llamados grupos pro-vida -grupos anti-elección sería un nombre más apropiado- y los partidos políticos afines, que atentan de manera sistemática contra la dignidad de todas las mujeres.

En este sentido, la derecha y el social-liberalismo se unen, desde diferentes perspectivas, para enfrentar la capacidad de las mujeres a ejercer su derecho a decidir cuándo y cómo ser madres, y es necesario que las diferentes

fuerzas sociales y políticas que defendemos el fin de toda violencia contra las mujeres alcemos la voz y salgamos a la calle, acompañando al movimiento feminista.

Además, queremos basar nuestra defensa de los derechos en datos reales, y no en los debates infundados a los que el lobby anti-elección nos quiere conducir. Así, el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Salud presentaba el informe con los datos recogidos sobre las IVE (Interrupciones Voluntarias del Embarazo) practicadas durante del año 2008. Este informe nos ofrece una serie de datos importantes: se han producido 115.812 interrupciones voluntarias del embarazo; el 98,01% se han realizado en clínicas privadas; el 88,70% se efectuaron antes de las 12 semanas de gestación, y alegando problemas de salud materna -96,96%.

Esta es la realidad de la práctica de la IVE: primero, a pesar de que ésta es una de las prestaciones del catálogo de servicios que figura en la Ley Orgánica de Sanidad, prácticamente la totalidad de embarazos se producen en clínicas privadas, con grandes desigualdades además entre comunidades autónomas; segundo, la inmensa mayoría de embarazos interrumpidos se producen en los primeros tres meses de gestación, poniendo en entredicho el supuesto efecto-llamada que pudiera tener una legislación sin plazos; tercero, la vigencia de los derechos de las mujeres siguen siendo tutelados por el personal sanitario y de la judicatura, que son quienes deciden en última instancia; y cuarto, la legislación actual, que sigue considerando al aborto como delito, genera un alto nivel de inseguridad para mujeres que abortan y para los y las profesionales que los practican -podemos tomar como ejemplo lo sucedido en la Clínica Isadora de la Comunidad de Madrid, cuyo caso ha sido archivado por considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, después de dos años y medio de diligencias-.

El movimiento feminista ha denunciado durante años esta realidad, y ha exigido una regulación que respetara en primera instancia el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su maternidad. Tenía el PSOE por tanto una oportunidad única de poder promover una ley que fuera amplia, y que permitiera dar respuesta a todas las críticas que desde el movimiento se planteaban, garantizando así plenamente la práctica del aborto en el estado español.

Desgraciadamente, las esperanzas se han frustrado. Sí que podemos señalar algunos avances mínimos: ya no es necesario el consentimiento materno-paterno para abortar de los 16 a los 19 años –simplemente se equipara el aborto al resto de intervenciones sanitarias, que ya contemplaban esta medida-, y se establece el plazo de 14 semanas para abortar libremente -aunque esta medida nos coloca en la cola de las legislaciones más progresistas-

Pero lo que abunda, fundamentalmente, son las oportunidades perdidas, e incluso el incremento de la conculcación de derechos: se sigue estableciendo un sistema basado en plazos y supuestos, que en última instancia colocan el derecho a decidir en los tribunales y en el personal sanitario, quienes, a través de informes y comités, podrán señalar si las mujeres que deciden abortar tiene legitimidad para hacerlo o no; estos plazos y supuestos, en algunos casos, profundizan en la incapacidad de las mujeres para tomar decisiones, aumentando la cantidad necesaria de dictámenes médicos y de especialistas; la decisión de las mujeres sigue siendo condición necesaria, pero no suficiente, estableciendo medidas como el período de tres días de reflexión que tienen que cumplir las mujeres que quieren abortar, profundizando así en la imagen de que las mujeres que abortan lo hacen irreflexivamente, y que siempre es mejor obligar a que se tomen unos días para que se lo piensen mejor; no se entra a regular cómo se va a garantizar que la práctica de los abortos se realice en el sistema de sanidad pública, haciendo únicamente una vaga referencia al respecto en su capítulo II -donde se señala que los poderes públicos garantizarán la salud sexual y reproductiva-, pero no se específica cómo con la nueva legislación se pretende dar la vuelta a ese 1,9% de abortos realizados en la sanidad pública -dato directamente vinculado a la falta de protocolos comunes, falta de equidad en las distintas comunidades autónomas, dificultades de acceso de las mujeres, etc.-; a su vez, tampoco regula la objeción de conciencia del personal sanitario, cuando se sabe que éste ha sido otro de los motivos que ha limitado la atención en los centros de salud públicos, al ser la objeción no una cuestión meramente individual, sino en ocasiones de todo el centro.

Y así existe un largo etcétera de razones por las que es necesario incidir en la incompatibilidad de esta propuesta de ley con el derecho de las mujeres a decidir, como se recoge en el Manifiesto de Mujeres ante el Congreso.

Es por ello que nuestra campaña como Alternatiba va a solicitar una ampliación de la propuesta de Ley planteada. Consideramos que la nueva legislación debe garantizar el aborto gratuito para todas las mujeres. Y sobre todo consideramos que el aborto es una cuestión vinculada a los derechos de las mujeres, y que como tal, debería ser suficiente con la voluntad expresa de las mujeres para decidir si quieren abortar. Por eso decimos que los derechos no tienen plazos, y que además no se negocian.

No se negocian con aquellos grupos que quieren presentar esta cuestión como un tema moral y de defensa de la vida. No se negocian con aquellos grupos que utilizan esta cuestión para defender un modelo de vida basado en la familia tradicional y en la defensa de determinados valores, que consideran universales, frente a la libertad de decisión de las personas. No se negocian con la jerarquía de la Iglesia católica, que sigue sin entender que la religión es una cuestión vinculada al ámbito privado, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese a algunos, para sus ciudadanas. No se negocia con aquellos que confunden con sus artimañas y campañas a la opinión pública, y que no permiten que el aborto se debata entre todas la personas, con toda la información y conociendo todas las propuestas. Porque estamos convencidos/as de que si ellos parieran el debate sería otro…. ¡salimos a la calle por el aborto libre y gratuito!

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SOS: derechos y libertades

Luis Salgado, Amaia Agirresarobe y Oskar Matute

Alternatiba

Decía Bertolt Brecht en alusión a la época que le tocó vivir, que “tiempos difíciles son aquellos en los que hay que luchar por lo que resulta evidente”. Sin duda han pasado muchos años desde esta aseveración, pero perfectamente podría aplicarse al momento que nos toca vivir en Euskal Herria y en el mundo.

Resulta evidente que toda sociedad democrática que se precie debe hacer su máxima principal de la vigencia de los derechos y libertades para todos y todas. De igual manera, resulta evidente que en dicha sociedad, compuesta por hombres y mujeres libres, la violencia no tiene cabida alguna.

Pero, desgraciadamente, estas premisas teóricas no se cumplen en la práctica cotidiana de nuestro pequeño y atribulado país. De esta manera, además de la vulnerabilidad general en la que se encuentran los derechos de la mayoría de personas y pueblos de este planeta, Euskal Herria está viviendo actualmente una espiral muy preocupante de conculcación de los derechos civiles y políticos. Así, es necesario y urgente responder de una manera clara y contundente: todos los derechos para todas las personas.

En este sentido, no descubrimos nada, ni decimos nada nuevo, si afirmamos que ETA, con su violencia irracional, es un claro agente vulnerador de consecuencias éticas, políticas y sociales nefastas para la convivencia y el desarrollo social en nuestro país; por lo tanto, la denuncia de su estéril y dolorosa estrategia militar es ineludible.

En cualquier caso, la existencia de esta violencia, que debe cesar de inmediato y para siempre, no puede ni debe servir de coartada para la conculcación sistemática de derechos y libertades, que de forma continuada y preocupante vienen reproduciéndose en nuestro territorio.

Así, desde hace ya bastante años, la respuesta que el estado y sus aparatos han dado frente a la violencia de ETA ha sido la de profundizar en las vías represivas, negando derechos y libertades básicas y generando una fractura social que acompaña a la fractura identitaria que preconizan con sus palabras y sus hechos.

Es obvio que en Euskal Herria, y a modo de laboratorio de pruebas, se han puesto en pie iniciativas, algunas de ellas de carácter legislativo, que suponen una estocada mortal al basamento democrático de nuestra sociedad.

Para ilustrar tal aseveración baste con citar, y a modo de ejemplo de un corolario más amplio, tres hitos o elementos que la avalan:

El estado español y su gobierno siguen mirando hacia otro lado ante la reiterada denuncia de Amnistía Internacional y de otros organismos autónomos sobre la práctica de la tortura por parte de los cuerpos policiales del estado. La aceptación y ocultación de la tortura no sólo envilece a quien la practica, sino que mancha a quienes la toleran o la aceptan.

El estado español y su gobierno siguen despreciando decisiones mayoritarias del parlamento vasco, y negando de paso su pretendida soberanía, al mantener la cruel e inhumana política de dispersión para los presos y presas de Euskal Herria. Esta, además de ser contraria a la ley desde el punto de vista de la reinserción y resocialización que debe guiar la política penitenciaria, supone un castigo añadido a aquellos y aquellas que nada han hecho, sus familiares.

El estado español y su gobierno han puesto en marcha una ley, conocida como ley de partidos, que, fabricada ad hoc para eliminar a una sensibilidad política legítima, recorta derechos y libertades básicos como el de asociación, manifestación, expresión y participación política. Esta ley, amén de la rentabilidad electoral evidente que produce para quienes la sostienen y defienden, supone un ataque frontal al sistema de libertades públicas, y dada su laxa interpretación, sirve para detener y encarcelar a dirigentes políticos molestos para los turbios intereses del gobierno. Ahí cabe enmarcar la detención de Arnaldo Otegi, Rafa Díez y otros.

Bastan estos ejemplos para hacernos una composición de lugar del momento político en que nos encontramos. No obstante, desde Alternatiba creemos que no es momento de resignación, ni de aguardar a que lleguen tiempos mejores, escondidos y escondidas en nuestros refugios.

Es momento de hablar claro, de denunciar, y de hacer. Si la superación del sistema económico, social y político dominante ha sido objetivamente impedido -en parte por la persistencia de la violencia de ETA-, es el momento de que ésta desaparezca, permitiendo así la articulación de unas relaciones fluidas entre las diferentes izquierdas de Euskal Herria, que hagan de la unidad de acción no una excepción sino una práctica constante.

Es también momento de poner en evidencia lo ridículo de las actuaciones llevadas a cabo por el departamento de Interior, capitaneado por el señor Ares, en la persecución de ideas y proyectos legítimos. Hay por tanto que denunciar el papel arbitrario de los aparatos judiciales que actúan bajo mandato del poder político.

Es, en definitiva, tiempo para que la izquierda plural y diversa de este país ponga en pie una denuncia clara y contundente de los desmanes producidos por uno y otro lado, porque si no lo hace la izquierda, nadie lo hará.

Además, no queremos dejar pasar la oportunidad para señalar con claridad que Euskal Herria no vive aislada, que los recortes de derechos y libertades son, lamentablemente, una práctica general en nuestro planeta. Quizás aquí los suframos, en estos ámbitos específicos, con especial intensidad, pero se trata de una triste realidad global.

Que no se nos olvide a quienes nos sentimos de izquierda que los derechos son pisoteados por el poder de diferentes formas. Lo son cuando no se ponen en pie políticas de igualdad efectiva y real para lograr los derechos de las mujeres, cuanto existe una parte de la ciudadanía que goza de menos derechos que el resto por la única razón de haber nacido en un lugar del que no tuvieron más remedio que marchar. Lo son cuando los derechos de los trabajadores y trabajadoras son pisoteados sistemáticamente para aliviar la situación de quienes con su ambición han provocado la crisis que sufrimos. Lo son cuando nuestro derecho a un medio ambiente sostenible es sacrificado con macroproyectos para mayor beneficio de las mínorías/de las personas/de los grupos…de siempre.

Sin duda, desde la izquierda en Euskal Herria, tenemos una agenda repleta de situaciones que revertir, y en nuestras manos está empezar a hacer, o seguir lamentándonos y contentándonos con sus migajas. Las gentes de Alternatiba lo tenemos claro, hay que construir la izquierda: todos los derechos para todas las personas.

Por una ley del aborto sin recortes

Silvia Piris
Mesa de Feminismo de Alternatiba

Ante los últimos hechos relacionados con la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del 14 de mayo de 2008, y las reacciones ultraconservadoras y religiosas que esta aprobación está despertando queremos reivindicar y defender la ciudadanía plena de las mujeres.

Lo que no se puede obviar es que las reacciones y manifestaciones que se están sucediendo, tanto desde algunos sectores de la iglesia católica como desde organizaciones “pro-vida” y partidos políticos y asociaciones afines, responden a un intento claro de control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. Hemos asistido con creciente perplejidad en los últimos meses a todo tipo de discursos, prácticas, campañas y apariciones públicas -cada cual más desafortunada- con las que las organizaciones antes mencionadas, con los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica a la cabeza, han intentado llevar el debate sobre la nueva regularización del aborto al terreno de la supuesta moral que defienden. Se ha intentando en todo momento culpabilizar a las mujeres, llegando en algunos momentos a comparar la interrupción voluntaria del embarazo con el asesinato y el genocidio, discurso éste envenenado que atenta contra la dignidad de todas las mujeres.

El aborto libre y gratuito es una cuestión vinculada a los derechos individuales y colectivos de las mujeres y a la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad. Es obligación del estado salvaguardar el ejercicio de tales derechos y garantizar su cumplimiento.

La apuesta de las y los que defienden la libertad de opción en esta y otras materias que entran en colisión con el respeto al derecho a decidir de las mujeres debe de pasar por la construcción de estados laicos, en los cuales el papel de las religiones se restringa a la esfera privada. Por ello resulta vital solicitar a la jerarquía de la Iglesia católica que deje de ocupar debates y espacios que no le corresponden, y que abandone su empeño histórico en generar y profundizar situaciones de desigualdad para las mujeres. Las mujeres no necesitamos ser tuteladas.

Los portavoces de los sectores más conservadores de la iglesia católica deberían de preocuparse por canalizar esa necesidad de mostrar su opinión sobre “temas de actualidad” condenando cuestiones como la violencia contra las mujeres o los abusos sexuales, sobre las que no encontramos pronunciamientos tan rotundos.

El Movimiento Autónomo de Mujeres y Feminista merecen nuestro total e incondicional apoyo, apoyo que sin duda afecta también a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Apoyamos a todas las organizaciones de mujeres que se han adherido al “Manifiesto Feminista ante la nueva regulación del Aborto”, y exigimos que la voz del movimiento feminista sea escuchada. Exigimos una regulación que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde se asegure la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a disfrutar de su sexualidad, independientemente de la reproducción y desde todas las opciones sexuales.

Y porque todavía queda mucho camino por delante, y ahora que los sectores más reaccionarios de la Iglesia han decidido tomar las calles para manifestarse, llamamos a la movilización para poder mostrar que es mayoritaria la ciudadanía que apuesta por otro tipo de sociedad que se construya sobre el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, empezando por una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo más amplia y progresista.

Argazkia: Libertinus

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