Laura Gómez – Directora General de Igualdad de DFG
Al tiempo, la presencia del alcalde y la consejera de Educación en la inauguración del nuevo local de Alarde Fundazioa refuerza este apoyo, y muestra la desconcertante paradoja de un PNV con posiciones públicas en el Gobierno Vasco en franca contradicción con la posición de su mismo partido en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en el Ayuntamiento de Hondarribia. Los comunicados públicos de instituciones como Emakunde, el Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa demandando a los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia sumarse a la búsqueda de soluciones a un conflicto social que dura ya 20 años desatan, una vez más, la respuesta airada de Alarde Fundazioa contra sus monstruos particulares.
Hasta aquí, se podría pensar que no hay nada nuevo en tanto movimiento. O sí. Intuyo que la novedad está en que estos son los resultados de los nervios que provoca imaginar que las cosas se muevan de sitio para quien querría que nada cambiara. Y tienen razón en estar nerviosos porque, por primera vez, tres instituciones trabajan juntas y demandan, con una sola voz, que los ayuntamientos se sumen. Y porque el reciente estudio sociológico realizado por el Gobierno Vasco demuestra que sus alardeadas mayorías sociales ya no son tales: un 72% del pueblo de Hondarribia demanda soluciones para el conflicto, el 84% señala que la fiesta le genera tristeza, vergüenza, hastío y enfado y el 43% quiere que se encuentre alguna fórmula que permita una participación de las mujeres distinta a la actual.
Frente a este nuevo escenario la respuesta del Ayuntamiento de Hondarribia y Alarde Fundazioa huele a viejo. El primero insiste en mantener un posicionamiento que ha demostrado ser un camino infértil, frustrante y tremendamente doloroso, además de irresponsable: apoyar la privatización de un espacio de encuentro colectivo central, como es el alarde, para eludir el cumplimiento de un derecho fundamental, el de la igualdad, que forma parte de los acuerdos que hemos adoptado como conjunto para no vivir en la barbarie.
Y el segundo, opta por victimizarse hablando de un linchamiento institucional que no es tal, porque el problema central para la Diputación no es la existencia de la organización privada Alarde Fundazioa, sino que el Ayuntamiento haga lo que decimos más arriba. Y, además, elige mentir al eludir cualquier responsabilidad en la estrategia de protesta al paso de la compañía Jaizkibel. Llevan décadas orquestando actividades para debilitar a quienes defienden la participación igualitaria y coaccionar a esa «mayoría social» que, sin participar en ninguno de los alardes, quiere silenciar para atribuirse, después, su «apoyo mayoritario».
Entonces, ¿por dónde transitamos en la búsqueda de soluciones a este conflicto? El trabajo conjunto entre instituciones es imprescindible porque ha colocado en agenda el conflicto del Alarde como un problema de país; porque nos permite extraer aprendizajes institucionales que eviten que otro conflicto social así vuelva a suceder, y porque nos facilita que la búsqueda de soluciones sea el fin único, desautorizando sus usos partidistas. Los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia son la clave central.
Solo necesitan tener coraje para reconocer la existencia de un conflicto social, oír todas las voces -porque no se gobierna para las mayorías sociales, sino para el conjunto social- e implicarse en la búsqueda honesta de soluciones. Siempre les hemos dicho que estaríamos a su lado para apoyarlos si eligieran responsabilizarse de lo que legitima nuestra existencia como instituciones públicas: resolver los problemas colectivos.
La búsqueda de soluciones debe poder ser objeto de discusiones colectivas calmadas que permitan sacar el alarde y su cuestionamiento crítico de las catacumbas de los tabúes. Pero, en esas discusiones, no se puede olvidar que las fiestas son rituales que representan nuestra decisión de vivir juntas y juntos y nuestro pacto de hacerlo siguiendo un contrato acordado.
Por eso, las fiestas nunca pueden ser definidas de manera privada por una parte de la ciudadanía y no pueden no respetar lo acordado. Por eso, cualquier posibilidad de solución pasa por que nos sintamos colectivamente responsables de dejar un mundo más vivible, justo, igualitario y emancipador que no se vea frenado por la defensa de unas tradiciones que niegan todo el trabajo ya hecho en Euskal Herria para que nuestra vida en común se rija por el debate, el acuerdo y el consenso, y no por la tiranía de las mayorías o minorías.