Hace casi tres años, 90 mujeres trabajadoras de la  Residencia “Ariznabarra” para la tercera edad decidieron iniciar una huelga en defensa de sus derechos laborales. La huelga terminó 34 meses después. Este video es una breve crónica de un conflicto que ilustra la injusticia del actual modelo de cuidados, la responsabilidad de las instituciones públicas y la fuerza de lucha colectiva. 

Asistimos, en la actualidad, a un fuerte proceso de desmantelamiento del estado de bienestar que pasa, en parte, por la privatización de lo público. Entre el carácter público de un servicio y su privatización no hay un abismo insondable, sino una línea de continuidad en la que la mercantilización se va justificando a medida que se redefine la propia noción de lo público. Se dice, por ejemplo, que el Sistema Vasco de Servicios Sociales (SVSS) garantiza los derechos de la ciudadanía aunque estos servicios se proporcionen por entidades privadas concertadas – con o sin ánimo de lucro – porque, en última instancia, hay un control de calidad y una financiación pública.  Este proceso, más o menos sutil, oculta las verdaderas intenciones de las instituciones públicas vascas de crear nuevos espacios para la obtención de beneficios privados, adelgazando la responsabilidad pública en la satisfacción de las necesidades de cuidados y reforzando el desigual acceso a un derecho tan básico como el cuidado a personas en situación de dependencia. La actuales políticas públicas en relación a la provisión de cuidados podría simplificarse en un lema que no nos encontraremos en las marquesinas de los autobuses: “derechos sí, siempre que puedas pagarlos”.

El reconocimiento de la iniciativa privada en la provisión de cuidados recibió un gran espaldarazo después de la aprobación de la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad. A partir de estas dos leyes se fortalece la expansión de las empresas privadas, muy interesadas en obtener una parte de los beneficios que generan los cuidados. De esta manera, los cuidados siguen recayendo en manos femeninas pero no sólo dentro de la institución familiar sino también en el mercado laboral.

Así, el erroneamente denominado cuarto pilar del estado de bienestar nace más privatizado que ninguno de los otros tres (sistema de salud, educación y pensiones) al prever desde el inicio la existencia de prestaciones económicas asociadas a la compra de servicios en el mercado. En otras palabras, se da por hecho que la red pública será insuficiente, y no de manera temporal ni excepcional, sino generalizada y sostenida en el tiempo. Además, la figura del copago alcanza unas proporciones desconocidas en comparación con otros servicios públicos. De acuerdo con la memoria económica de la ley de dependencia se calcula que el copago financiará el 35% del coste total, fomentando la transferencia de recursos de las personas en situación de dependencia hacia el capital privado. No es el conjunto social quien, en base a un principio de solidaridad, se hace cargo del coste de un servicio que debería ser público, sino que se responsabiliza a las propias personas en situación de dependencia de sus diferencias.

Por otro lado, la privatización no ha servido para visibilizar socialmente el trabajo de cuidados en la medida que entendemos que ésta tendría que ver con: remuneraciones decentes, reconocimiento de saberes y derechos laborales asociados. Muy al contrario, al hablar de cuidados profesionales, nos encontramos ante un sector feminizado muy basado en el empleo precario, tanto en el ámbito de lo público (donde todas las Diputaciones vascas, sin excepción, han promovido procesos de subcontratación, precarizando así el empleo en el sector público), como en el de lo privado con y sin ánimo de lucro. Así, después de la última reforma laboral y sin mecanismos expresos de exigencia por parte de las instituciones públicas, todo apunta a la consolidación de un sector con alarmantes índices de precariedad, tal y como demuestran la proliferación de conflictos laborales en el sector a lo largo y ancho de Euskal Herria.

A pesar de la creciente precariedad del sector, las instituciones y un discurso neoliberal cada vez más extendido defienden la privatización de los cuidados en la medida que crea un nuevo espacio de expansión empresarial y permite aumentar la tasa de ocupación femenina. De acuerdo con este discurso, estaríamos matando no sólo dos sino tres pájaros de un tiro: mayor tasa de empleo femenina,  mejor cobertura en la satisfacción del trabajo de cuidados introduciendo mayor flexibilidad en la gestión y una mejora de los supuestos indicadores de bienestar: a saber, el incremento del PIB y tasa de empleo. El último estudio elaborado por el PSOE en el País Vasco, siguiendo a pie juntillas lo dictado por el PNV, lo expresa muy claramente en su lista de recomendaciones “a las administraciones públicas con competencias en materia de servicios sociales se les recomienda que integren el potencial de empleo y crecimiento económico en la evaluación del coste/beneficio del despliegue del sistema de servicios sociales y en la reflexión sobre su sostenibilidad”.

Este discurso que se extiende bajo la falsa promesa de más empleo para las mujeres silencia el impacto del proceso de privatización sobre la garantía de derechos de toda la ciudadanía y, en especial, de los de las mujeres. Por un lado, ignora la dificultad de garantizar unos cuidados de calidad cuando están sujetos a una lógica productivista ya que las empresas privadas establecerán estándares de calidad sumamente diferenciados según el precio que se puede pagar, provocando un crecimiento muy fuerte de las desigualdades sociales. En otras palabras, cada persona recibirá los cuidados precisados en intensidad, contenido y calidad desigual según el poder adquisitivo.

Por otro lado, se fortalece un sector caracterizado por el recorte de los costes laborales, siendo ésta la vía fundamental de reducción de costes en un sector intensivo de trabajo. Esto supone la imposición de una fuerte presión a las trabajadoras, que intentan proporcionar un buen servicio aún cuando padecen condiciones de alta precariedad. Como consecuencia, este se reafirma como el sector laboral en el que se concentren las mujeres migrantes, dificultando sus posibilidades de movilidad laboral hacia otros sectores.

Por último, se consolida un modelo dual de sociedad. Por una parte, se sitúan aquellos segmentos de población con suficiente poder adquisitivo que satisfacen la mayor parte de las necesidades con la compra de servicios privados, principalmente empleadas del hogar, máximas exponentes de la precariedad y con una creciente representación de población migrante. Por otra parte, se sitúan aquellos segmentos de la población que no tienen nivel de consumo y sustituyen compra en el mercado por provisión gratuita de servicios, siendo aquí absolutamente principal la figura de la cuidadora que, por supuesto, ejercerá este trabajo bajo unas condiciones paupérrimas.

En definitiva, los servicios públicos de cuidados que se han creado no son tales, sino que nacen privatizados- o se están privatizando- generando la proliferación de empleos sumamente precarios y de cuidados de dudosa calidad sometidos a las exigencias de la rentabilidad capitalista. Así, se multiplican las desigualdades sociales en la medida que puedan o no comprase cuidados de mayor calidad. Si queremos revertir este proceso y apostar por un modelo que satisfaga los derechos de todas las personas deberíamos de convertir en temas centrales de nuestras reivindicaciones la férrea defensa de los servicios públicos de calidad y gestión directa por parte de las instituciones públicas, el cuestionamiento de la ley de extranjería o la modificación de la regulación de las trabajadoras del hogar. No podemos justificar políticas que no resuelven los problemas, sino que los trasladan a las “otras” (sean quienes sean las otras).

Foto: Natalia Iñiguiz, de la exposición «Dependencias Mutuas».

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Son múltiples los factores, y lo es de forma clave el cambio en el rol de las mujeres, que han desestabilizado el modelo previo de reparto de responsabilidades de cuidados y que han hecho necesaria una reorganización del trabajo. ¿Cómo se distribuye ahora la responsabilidad de los cuidados? ¿Quién o quiénes están asumiendo la responsabilidad en la sostenibilidad de la vida? Preguntarse sobre cómo se resuelve esa necesidad supone indagar sobre quién y cómo asume la responsabilidad de garantizar las necesidades de la vida. Las respuestas a estas preguntas muestran un nuevo modelo basado en los mismos ejes de desigualdad social e invisibilidad de trabajos que presentaba el modelo de partida.

A pesar de la incorporación de las mujeres al espacio público (político y laboral), la mayor responsabilidad de los cuidados a niños/as y personas en situación de dependencia sigue recayendo sobre el trabajo no remunerado dentro de las familias. En lo referente a la infancia, hay que hacer la distinción entre niños/as menores y mayores de 3 años. Para los primeros, la existencia de servicios públicos es sumamente reducida, y esto obliga a desarrollar estrategias alternativas. Entre ellas, la reducción o renuncia al trabajo asalariado, renuncia casi exclusivamente femenina , el 95,2 por cien de las excedencias por cuidados a menores en 2005 fueron solicitadas por mujeres, según datos del Instituto de la mujer. Y, por otro lado, la contratación de personas o el recurso a guarderías privadas si se tiene ingresos, o el recurso a la familia extensa. A partir de los 3 años se percibe una fuerte descoordinación entre el sistema educativo y las necesidades familiares – horarios o periodo de vacaciones – en las que hay que a recurrir a estrategias alternativas.  En el caso de que la madre trabaje la ayuda de la familia extensa – sobre todo abuelas – es muy destacable. Su papel decrece en cuanto mayor es el nivel socioeconómico, en cuyo caso adquiere una mayor relevancia la existencia de una persona contratada para el servicio doméstico.

En todos los hogares, excepto los monoparentales, el apoyo a personas en situación de dependencia también recae en el trabajo no remunerado.  Sobre los cuidados a personas con discapacidad mayores de 65 años, cabe decir que, cuando no existe una institucionalización en base a centros de internamiento (residencias, hospitales geriatricos), la atención suele provenir del sistema doméstico, mientras que la participación de lo extra-doméstico suele tener un carácter puntual o sustitutivo. Los cuidados a personas con discapacidad en el sistema doméstico suelen organizarse en torno a la figura de una persona cuidadora principal y un círculo de apoyo. La persona cuidadora principal tiene un perfil muy definido: suele ser mujer, con bajos estudios, casada, de entre 45 y 65 años, y dedicada en exclusiva al trabajo de cuidados no remunerado, es decir, ama de casa. El género se mantiene como un elemento crucial en el que se ve con nitidez la adscripción femenina a los cuidados.

La cobertura pública y privada no cubre más que aproximadamente el 12 por cien del cuidado necesario, encargándose del resto los trabajos no remunerados. Así, los derechos reconocidos en la actualidad – ausencia del mercado laboral, atención socio-sanitaria, ayudas monetarias, vía seguridad social o vía tributaria- no son de entidad suficiente como para hablar de la existencia de un derecho social a ser cuidado/a en caso de dependencia. Este cuidado se cubre más o menos precariamente en la medida en que existe un tejido familiar suficiente y con suficiente presencia femenina. Por lo tanto, el papel del Estado y las instituciones públicas es subsidiario, es decir, sustituye al tejido familiar cuando no está presente, pero no lo complementa ni apoya suficientemente cuando está, es más, impone a las familias el cuidado.

De esta manera, la incorporación de las mujeres al mercado laboral en la medida en que no se encuentra correspondida ni con la dedicación de los hombres a las tareas del hogar ni con una cobertura pública de las necesidades de cuidados (recortes en el estado de Bienestar) está teniendo distintas repercusiones dependiendo de la clase social de cada familia. Entre las rentas altas se está produciendo una mercantilización del espacio doméstico, mediante el recurso a servicios externos de todo tipo (empleadas domésticas, servicios de hogares, jardines de infancia privados, etc); por el contrario, las familias con escasos recursos y sin poder adquisitivo para recurrir al mercado, tienen que intensificar el trabajo doméstico lo que suele traducirse en desatención a las personas en situación de dependencia de la familia y/o incremento de estrés familiar. De esta manera, aunque la responsabilidad del cuidado se sigue manteniendo en las familias, también es cierto que se está produciendo una reorganización de los cuidados en el seno de cada hogar, que tiene una claro componente de clase directamente ligado a la posibilidad de compra de servicios en el mercado. Este proceso, lejos de ser inocente, implica frecuentemente la reproducción de desigualdades, ya que los mercados sólo satisfacen las necesidades que se expresan a través de una demanda solvente.

En todo caso, la privatización no es un indicio de un proceso de corresponsabilización de los mercados en la satisfacción de la necesidad de cuidados de la población sino obedece al interés de obtener beneficios empresariales y está inextricablemente conectada con la feminización  y precarización del trabajo. Así, al hablar de cuidados profesionales, nos encontramos ante un sector feminizado muy basado en el empleo precario, siendo las empleadas del hogar máximas exponentes de la precariedad y con una creciente representación de población migrante.

En resumen, y en palabras de la economista y feminista Amaia Orozco, podríamos decir que “la satisfacción de las necesidades de cuidados se organiza en torno a redes de mujeres, entre las cuales se producen trasvases de cuidados, en base a ejes de poder, en una larga cadena que atraviesa las fronteras del mercado e incluso las naciones, cadena de la cual están sistemáticamente ausentes los hombres”.

La reflexión sobre las responsabilidades femeninas en los cuidados nos puede llevar a cuestionar el conjunto de la estructura socioeconómica en la que vivimos y los conflictos y desigualdades sociales de los que se sirve para persistir.  Pero hacer esto no es fácil, entre otras cosas, porque supone pleantearnos qué papel ocupamos nosotras en semejante entramado, cuáles es nuestra posición en la sociedad y, a la postre, quizá esta respuesta no sea fácil de asumir.

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