Fuente: Asamblea de Mujeres de Bizkaia

POR ELLAS, POR NOSOTRAS, POR TODAS-OS, NO OLVIDAMOS!!!

Desde la Asamblea de Mujeres de Bizkaia queremos hacer una petición al ayuntamiento de Bilbao para que ponga en marcha formas de reconocimiento explícito de las víctimas de la violencia sexista. Creemos que ya es hora de que los poderes públicos, encabezados en este caso por nuestro ayuntamiento, reparen el abandono y la invisibilidad que han sufrido y sufren todas las mujeres víctimas de la violencia sexista.

La violencia de género ha sido y es un instrumento para mantener a las mujeres bajo un modelo de subordinación frente a los varones. Esta forma de violencia, no sólo es responsabilidad de quien la ejerce directamente, sino también de quien la perpetúa a través de los patrones estereotipados de comportamientos sexistas, que siguen legitimando y “comprendiendo” la violencia contra las mujeres. Desde la Asamblea de Mujeres creemos que la erradicación de la misma es responsabilidad de todas las instituciones, los agentes sociales y de toda la ciudadanía.

A lo largo de la historia, las mujeres hemos padecido, pero también nos hemos rebelado, contra un sistema de organización social que nos negaba nuestros derechos más elementales como seres humanos. Sin embargo, creemos que ni el sufrimiento, que la desigualdad ha generado, ni la lucha pacífica por la igualdad han tenido un reconocimiento suficiente, por parte de los poderes públicos. Este déficit de legitimidad es, en buena medida, responsable de que esta violencia sistémica se perpetúe, de que no quede recogida en nuestra memoria colectiva y de que, incluso para algunas personas, la violencia contra las mujeres sea un factor nuevo, aislado e incomprendido en su dimensión estructural.

Creemos que es necesario activar, en nuestro municipio, procesos de elaboración de la memoria de las víctimas de la violencia sexista. De esta manera, pretendemos contribuir a la construcción de la memoria histórica de las mujeres de Bilbao. Este proceso exige ganar presencia y autoridad en el espacio público en el que se dirimen los procesos de significación, los sentidos y los símbolos socialmente relevantes. Los lugares de la memoria, son espacios físicos cargados de valor simbólico. En ellos, una sociedad democrática trata de poner énfasis y de subrayar aquello que es importante para todas y todos, desde el punto de vista de los valores y de los derechos humanos.

Por todo ello, creemos que es necesario que en el espacio público de Bilbao, se cree un lugar para el reconocimiento de la memoria colectiva de las mujeres víctimas de la violencia sexista. Consideramos que la creación de un lugar de la memoria de estas características es un instrumento imprescindible para que la violencia contra las mujeres no sea jamás olvidada y, también, para fortalecer el proceso de deslegitimación de las conductas violentas contra las mujeres. No olvidemos que esta violencia específica representa, en palabras de la ONU, la violación de los DERECHOS HUMANOS más extendida y silenciada a lo largo de la historia.

Somos conscientes de que una de las complejidades más grandes que entraña la lucha contra la violencia sexista es, precisamente, la prevención de la misma. Creemos que para impulsarla es imprescindible fomentar un cambio de valores culturales que garantice el acceso de toda la ciudadanía a la igualdad. La violencia de género sigue siendo uno de los mayores obstáculos, que nos impide a las mujeres ejercer nuestros derechos como ciudadanas. Por ello, exigimos romper con el silencio y con la impunidad y planteamos que se haga visible la huella que la violencia sexista ha dejado en nuestra memoria social. La creación de un lugar de la memoria que posibilite el reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista nos ayudará a romper la complicidad social con la que muchas veces han contando los agresores y, también, a que la sociedad realice el trabajo de duelo que las víctimas se merecen.

Con esta acción buscamos:

-El reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista.

-Que las/os familiares posean un espacio público de recuerdo y de duelo.

-La creación de un lugar de la memoria que dé legitimidad a la lucha feminista por la igualdad.

-Contribuir a la construcción de la memoria histórica de los bilbainos/as con una huella material, que nos ayude a no olvidar y a repudiar todas las expresiones de la violencia sexista.

Para ello, solicitamos:

1-Que la plaza de San Vicente pase a llamarse PLAZA 25 DE NOVIEMBRE, Dia internacional contra la violencia hacía las mujeres.

2-Que el ayuntamiento organice un concurso para erigir en dicha plaza un lugar de la memoria simbólico que, por un lado, dé reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista, por otro, sea un homenaje a todas las mujeres que han luchado para ser dueñas de su propia existencia y, finalmente, favorezca la igualdad entre mujeres y hombres.

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Argazkia: Brocco Lee

Ana Etxarte, Euken Barreña eta Carmen García

Alternatiba

En Alternatiba, durante este mes de noviembre, hemos decidido lanzar la campaña Si ellos parieran el aborto sería libre. Los derechos no se negocian ni tienen plazos. ¡Aborto libre y gratuito!, en defensa de uno de los derechos de las mujeres más vulnerados: el de decidir sobre su propio cuerpo.

No es casualidad que esta campaña haya visto la luz durante el presente mes, cuando se celebra el día internacional de la no violencia contra las mujeres. Desde Alternatiba entendemos que la consideración del aborto como delito, la tutela que se quiere imponer a las mujeres sobre su capacidad de decisión, y la conculcación de su derecho a que las interrupciones del embarazo se practiquen en la sanidad pública, son otras fórmulas de violencia patriarcal, y como tal deben ser denunciadas.

De esta manera, no podemos sino oponernos al proyecto de ley del aborto del PSOE, por tres razones fundamentales: no respeta la libre decisión de las mujeres, limitando así el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos; no establece medidas concretas y claras que garanticen la práctica del aborto en el sector público; y no saca al aborto del código penal. Además, esta propuesta de ley, tibia y cobarde, está estrechamente vinculada a las diferentes campañas orquestadas por la jerarquía eclesiástica, los mal llamados grupos pro-vida -grupos anti-elección sería un nombre más apropiado- y los partidos políticos afines, que atentan de manera sistemática contra la dignidad de todas las mujeres.

En este sentido, la derecha y el social-liberalismo se unen, desde diferentes perspectivas, para enfrentar la capacidad de las mujeres a ejercer su derecho a decidir cuándo y cómo ser madres, y es necesario que las diferentes

fuerzas sociales y políticas que defendemos el fin de toda violencia contra las mujeres alcemos la voz y salgamos a la calle, acompañando al movimiento feminista.

Además, queremos basar nuestra defensa de los derechos en datos reales, y no en los debates infundados a los que el lobby anti-elección nos quiere conducir. Así, el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Salud presentaba el informe con los datos recogidos sobre las IVE (Interrupciones Voluntarias del Embarazo) practicadas durante del año 2008. Este informe nos ofrece una serie de datos importantes: se han producido 115.812 interrupciones voluntarias del embarazo; el 98,01% se han realizado en clínicas privadas; el 88,70% se efectuaron antes de las 12 semanas de gestación, y alegando problemas de salud materna -96,96%.

Esta es la realidad de la práctica de la IVE: primero, a pesar de que ésta es una de las prestaciones del catálogo de servicios que figura en la Ley Orgánica de Sanidad, prácticamente la totalidad de embarazos se producen en clínicas privadas, con grandes desigualdades además entre comunidades autónomas; segundo, la inmensa mayoría de embarazos interrumpidos se producen en los primeros tres meses de gestación, poniendo en entredicho el supuesto efecto-llamada que pudiera tener una legislación sin plazos; tercero, la vigencia de los derechos de las mujeres siguen siendo tutelados por el personal sanitario y de la judicatura, que son quienes deciden en última instancia; y cuarto, la legislación actual, que sigue considerando al aborto como delito, genera un alto nivel de inseguridad para mujeres que abortan y para los y las profesionales que los practican -podemos tomar como ejemplo lo sucedido en la Clínica Isadora de la Comunidad de Madrid, cuyo caso ha sido archivado por considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, después de dos años y medio de diligencias-.

El movimiento feminista ha denunciado durante años esta realidad, y ha exigido una regulación que respetara en primera instancia el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su maternidad. Tenía el PSOE por tanto una oportunidad única de poder promover una ley que fuera amplia, y que permitiera dar respuesta a todas las críticas que desde el movimiento se planteaban, garantizando así plenamente la práctica del aborto en el estado español.

Desgraciadamente, las esperanzas se han frustrado. Sí que podemos señalar algunos avances mínimos: ya no es necesario el consentimiento materno-paterno para abortar de los 16 a los 19 años –simplemente se equipara el aborto al resto de intervenciones sanitarias, que ya contemplaban esta medida-, y se establece el plazo de 14 semanas para abortar libremente -aunque esta medida nos coloca en la cola de las legislaciones más progresistas-

Pero lo que abunda, fundamentalmente, son las oportunidades perdidas, e incluso el incremento de la conculcación de derechos: se sigue estableciendo un sistema basado en plazos y supuestos, que en última instancia colocan el derecho a decidir en los tribunales y en el personal sanitario, quienes, a través de informes y comités, podrán señalar si las mujeres que deciden abortar tiene legitimidad para hacerlo o no; estos plazos y supuestos, en algunos casos, profundizan en la incapacidad de las mujeres para tomar decisiones, aumentando la cantidad necesaria de dictámenes médicos y de especialistas; la decisión de las mujeres sigue siendo condición necesaria, pero no suficiente, estableciendo medidas como el período de tres días de reflexión que tienen que cumplir las mujeres que quieren abortar, profundizando así en la imagen de que las mujeres que abortan lo hacen irreflexivamente, y que siempre es mejor obligar a que se tomen unos días para que se lo piensen mejor; no se entra a regular cómo se va a garantizar que la práctica de los abortos se realice en el sistema de sanidad pública, haciendo únicamente una vaga referencia al respecto en su capítulo II -donde se señala que los poderes públicos garantizarán la salud sexual y reproductiva-, pero no se específica cómo con la nueva legislación se pretende dar la vuelta a ese 1,9% de abortos realizados en la sanidad pública -dato directamente vinculado a la falta de protocolos comunes, falta de equidad en las distintas comunidades autónomas, dificultades de acceso de las mujeres, etc.-; a su vez, tampoco regula la objeción de conciencia del personal sanitario, cuando se sabe que éste ha sido otro de los motivos que ha limitado la atención en los centros de salud públicos, al ser la objeción no una cuestión meramente individual, sino en ocasiones de todo el centro.

Y así existe un largo etcétera de razones por las que es necesario incidir en la incompatibilidad de esta propuesta de ley con el derecho de las mujeres a decidir, como se recoge en el Manifiesto de Mujeres ante el Congreso.

Es por ello que nuestra campaña como Alternatiba va a solicitar una ampliación de la propuesta de Ley planteada. Consideramos que la nueva legislación debe garantizar el aborto gratuito para todas las mujeres. Y sobre todo consideramos que el aborto es una cuestión vinculada a los derechos de las mujeres, y que como tal, debería ser suficiente con la voluntad expresa de las mujeres para decidir si quieren abortar. Por eso decimos que los derechos no tienen plazos, y que además no se negocian.

No se negocian con aquellos grupos que quieren presentar esta cuestión como un tema moral y de defensa de la vida. No se negocian con aquellos grupos que utilizan esta cuestión para defender un modelo de vida basado en la familia tradicional y en la defensa de determinados valores, que consideran universales, frente a la libertad de decisión de las personas. No se negocian con la jerarquía de la Iglesia católica, que sigue sin entender que la religión es una cuestión vinculada al ámbito privado, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese a algunos, para sus ciudadanas. No se negocia con aquellos que confunden con sus artimañas y campañas a la opinión pública, y que no permiten que el aborto se debata entre todas la personas, con toda la información y conociendo todas las propuestas. Porque estamos convencidos/as de que si ellos parieran el debate sería otro…. ¡salimos a la calle por el aborto libre y gratuito!

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