Hace casi tres años, 90 mujeres trabajadoras de la  Residencia “Ariznabarra” para la tercera edad decidieron iniciar una huelga en defensa de sus derechos laborales. La huelga terminó 34 meses después. Este video es una breve crónica de un conflicto que ilustra la injusticia del actual modelo de cuidados, la responsabilidad de las instituciones públicas y la fuerza de lucha colectiva. 

Asistimos, en la actualidad, a un fuerte proceso de desmantelamiento del estado de bienestar que pasa, en parte, por la privatización de lo público. Entre el carácter público de un servicio y su privatización no hay un abismo insondable, sino una línea de continuidad en la que la mercantilización se va justificando a medida que se redefine la propia noción de lo público. Se dice, por ejemplo, que el Sistema Vasco de Servicios Sociales (SVSS) garantiza los derechos de la ciudadanía aunque estos servicios se proporcionen por entidades privadas concertadas – con o sin ánimo de lucro – porque, en última instancia, hay un control de calidad y una financiación pública.  Este proceso, más o menos sutil, oculta las verdaderas intenciones de las instituciones públicas vascas de crear nuevos espacios para la obtención de beneficios privados, adelgazando la responsabilidad pública en la satisfacción de las necesidades de cuidados y reforzando el desigual acceso a un derecho tan básico como el cuidado a personas en situación de dependencia. La actuales políticas públicas en relación a la provisión de cuidados podría simplificarse en un lema que no nos encontraremos en las marquesinas de los autobuses: “derechos sí, siempre que puedas pagarlos”.

El reconocimiento de la iniciativa privada en la provisión de cuidados recibió un gran espaldarazo después de la aprobación de la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad. A partir de estas dos leyes se fortalece la expansión de las empresas privadas, muy interesadas en obtener una parte de los beneficios que generan los cuidados. De esta manera, los cuidados siguen recayendo en manos femeninas pero no sólo dentro de la institución familiar sino también en el mercado laboral.

Así, el erroneamente denominado cuarto pilar del estado de bienestar nace más privatizado que ninguno de los otros tres (sistema de salud, educación y pensiones) al prever desde el inicio la existencia de prestaciones económicas asociadas a la compra de servicios en el mercado. En otras palabras, se da por hecho que la red pública será insuficiente, y no de manera temporal ni excepcional, sino generalizada y sostenida en el tiempo. Además, la figura del copago alcanza unas proporciones desconocidas en comparación con otros servicios públicos. De acuerdo con la memoria económica de la ley de dependencia se calcula que el copago financiará el 35% del coste total, fomentando la transferencia de recursos de las personas en situación de dependencia hacia el capital privado. No es el conjunto social quien, en base a un principio de solidaridad, se hace cargo del coste de un servicio que debería ser público, sino que se responsabiliza a las propias personas en situación de dependencia de sus diferencias.

Por otro lado, la privatización no ha servido para visibilizar socialmente el trabajo de cuidados en la medida que entendemos que ésta tendría que ver con: remuneraciones decentes, reconocimiento de saberes y derechos laborales asociados. Muy al contrario, al hablar de cuidados profesionales, nos encontramos ante un sector feminizado muy basado en el empleo precario, tanto en el ámbito de lo público (donde todas las Diputaciones vascas, sin excepción, han promovido procesos de subcontratación, precarizando así el empleo en el sector público), como en el de lo privado con y sin ánimo de lucro. Así, después de la última reforma laboral y sin mecanismos expresos de exigencia por parte de las instituciones públicas, todo apunta a la consolidación de un sector con alarmantes índices de precariedad, tal y como demuestran la proliferación de conflictos laborales en el sector a lo largo y ancho de Euskal Herria.

A pesar de la creciente precariedad del sector, las instituciones y un discurso neoliberal cada vez más extendido defienden la privatización de los cuidados en la medida que crea un nuevo espacio de expansión empresarial y permite aumentar la tasa de ocupación femenina. De acuerdo con este discurso, estaríamos matando no sólo dos sino tres pájaros de un tiro: mayor tasa de empleo femenina,  mejor cobertura en la satisfacción del trabajo de cuidados introduciendo mayor flexibilidad en la gestión y una mejora de los supuestos indicadores de bienestar: a saber, el incremento del PIB y tasa de empleo. El último estudio elaborado por el PSOE en el País Vasco, siguiendo a pie juntillas lo dictado por el PNV, lo expresa muy claramente en su lista de recomendaciones “a las administraciones públicas con competencias en materia de servicios sociales se les recomienda que integren el potencial de empleo y crecimiento económico en la evaluación del coste/beneficio del despliegue del sistema de servicios sociales y en la reflexión sobre su sostenibilidad”.

Este discurso que se extiende bajo la falsa promesa de más empleo para las mujeres silencia el impacto del proceso de privatización sobre la garantía de derechos de toda la ciudadanía y, en especial, de los de las mujeres. Por un lado, ignora la dificultad de garantizar unos cuidados de calidad cuando están sujetos a una lógica productivista ya que las empresas privadas establecerán estándares de calidad sumamente diferenciados según el precio que se puede pagar, provocando un crecimiento muy fuerte de las desigualdades sociales. En otras palabras, cada persona recibirá los cuidados precisados en intensidad, contenido y calidad desigual según el poder adquisitivo.

Por otro lado, se fortalece un sector caracterizado por el recorte de los costes laborales, siendo ésta la vía fundamental de reducción de costes en un sector intensivo de trabajo. Esto supone la imposición de una fuerte presión a las trabajadoras, que intentan proporcionar un buen servicio aún cuando padecen condiciones de alta precariedad. Como consecuencia, este se reafirma como el sector laboral en el que se concentren las mujeres migrantes, dificultando sus posibilidades de movilidad laboral hacia otros sectores.

Por último, se consolida un modelo dual de sociedad. Por una parte, se sitúan aquellos segmentos de población con suficiente poder adquisitivo que satisfacen la mayor parte de las necesidades con la compra de servicios privados, principalmente empleadas del hogar, máximas exponentes de la precariedad y con una creciente representación de población migrante. Por otra parte, se sitúan aquellos segmentos de la población que no tienen nivel de consumo y sustituyen compra en el mercado por provisión gratuita de servicios, siendo aquí absolutamente principal la figura de la cuidadora que, por supuesto, ejercerá este trabajo bajo unas condiciones paupérrimas.

En definitiva, los servicios públicos de cuidados que se han creado no son tales, sino que nacen privatizados- o se están privatizando- generando la proliferación de empleos sumamente precarios y de cuidados de dudosa calidad sometidos a las exigencias de la rentabilidad capitalista. Así, se multiplican las desigualdades sociales en la medida que puedan o no comprase cuidados de mayor calidad. Si queremos revertir este proceso y apostar por un modelo que satisfaga los derechos de todas las personas deberíamos de convertir en temas centrales de nuestras reivindicaciones la férrea defensa de los servicios públicos de calidad y gestión directa por parte de las instituciones públicas, el cuestionamiento de la ley de extranjería o la modificación de la regulación de las trabajadoras del hogar. No podemos justificar políticas que no resuelven los problemas, sino que los trasladan a las “otras” (sean quienes sean las otras).

Foto: Natalia Iñiguiz, de la exposición «Dependencias Mutuas».

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Son múltiples los factores, y lo es de forma clave el cambio en el rol de las mujeres, que han desestabilizado el modelo previo de reparto de responsabilidades de cuidados y que han hecho necesaria una reorganización del trabajo. ¿Cómo se distribuye ahora la responsabilidad de los cuidados? ¿Quién o quiénes están asumiendo la responsabilidad en la sostenibilidad de la vida? Preguntarse sobre cómo se resuelve esa necesidad supone indagar sobre quién y cómo asume la responsabilidad de garantizar las necesidades de la vida. Las respuestas a estas preguntas muestran un nuevo modelo basado en los mismos ejes de desigualdad social e invisibilidad de trabajos que presentaba el modelo de partida.

A pesar de la incorporación de las mujeres al espacio público (político y laboral), la mayor responsabilidad de los cuidados a niños/as y personas en situación de dependencia sigue recayendo sobre el trabajo no remunerado dentro de las familias. En lo referente a la infancia, hay que hacer la distinción entre niños/as menores y mayores de 3 años. Para los primeros, la existencia de servicios públicos es sumamente reducida, y esto obliga a desarrollar estrategias alternativas. Entre ellas, la reducción o renuncia al trabajo asalariado, renuncia casi exclusivamente femenina , el 95,2 por cien de las excedencias por cuidados a menores en 2005 fueron solicitadas por mujeres, según datos del Instituto de la mujer. Y, por otro lado, la contratación de personas o el recurso a guarderías privadas si se tiene ingresos, o el recurso a la familia extensa. A partir de los 3 años se percibe una fuerte descoordinación entre el sistema educativo y las necesidades familiares – horarios o periodo de vacaciones – en las que hay que a recurrir a estrategias alternativas.  En el caso de que la madre trabaje la ayuda de la familia extensa – sobre todo abuelas – es muy destacable. Su papel decrece en cuanto mayor es el nivel socioeconómico, en cuyo caso adquiere una mayor relevancia la existencia de una persona contratada para el servicio doméstico.

En todos los hogares, excepto los monoparentales, el apoyo a personas en situación de dependencia también recae en el trabajo no remunerado.  Sobre los cuidados a personas con discapacidad mayores de 65 años, cabe decir que, cuando no existe una institucionalización en base a centros de internamiento (residencias, hospitales geriatricos), la atención suele provenir del sistema doméstico, mientras que la participación de lo extra-doméstico suele tener un carácter puntual o sustitutivo. Los cuidados a personas con discapacidad en el sistema doméstico suelen organizarse en torno a la figura de una persona cuidadora principal y un círculo de apoyo. La persona cuidadora principal tiene un perfil muy definido: suele ser mujer, con bajos estudios, casada, de entre 45 y 65 años, y dedicada en exclusiva al trabajo de cuidados no remunerado, es decir, ama de casa. El género se mantiene como un elemento crucial en el que se ve con nitidez la adscripción femenina a los cuidados.

La cobertura pública y privada no cubre más que aproximadamente el 12 por cien del cuidado necesario, encargándose del resto los trabajos no remunerados. Así, los derechos reconocidos en la actualidad – ausencia del mercado laboral, atención socio-sanitaria, ayudas monetarias, vía seguridad social o vía tributaria- no son de entidad suficiente como para hablar de la existencia de un derecho social a ser cuidado/a en caso de dependencia. Este cuidado se cubre más o menos precariamente en la medida en que existe un tejido familiar suficiente y con suficiente presencia femenina. Por lo tanto, el papel del Estado y las instituciones públicas es subsidiario, es decir, sustituye al tejido familiar cuando no está presente, pero no lo complementa ni apoya suficientemente cuando está, es más, impone a las familias el cuidado.

De esta manera, la incorporación de las mujeres al mercado laboral en la medida en que no se encuentra correspondida ni con la dedicación de los hombres a las tareas del hogar ni con una cobertura pública de las necesidades de cuidados (recortes en el estado de Bienestar) está teniendo distintas repercusiones dependiendo de la clase social de cada familia. Entre las rentas altas se está produciendo una mercantilización del espacio doméstico, mediante el recurso a servicios externos de todo tipo (empleadas domésticas, servicios de hogares, jardines de infancia privados, etc); por el contrario, las familias con escasos recursos y sin poder adquisitivo para recurrir al mercado, tienen que intensificar el trabajo doméstico lo que suele traducirse en desatención a las personas en situación de dependencia de la familia y/o incremento de estrés familiar. De esta manera, aunque la responsabilidad del cuidado se sigue manteniendo en las familias, también es cierto que se está produciendo una reorganización de los cuidados en el seno de cada hogar, que tiene una claro componente de clase directamente ligado a la posibilidad de compra de servicios en el mercado. Este proceso, lejos de ser inocente, implica frecuentemente la reproducción de desigualdades, ya que los mercados sólo satisfacen las necesidades que se expresan a través de una demanda solvente.

En todo caso, la privatización no es un indicio de un proceso de corresponsabilización de los mercados en la satisfacción de la necesidad de cuidados de la población sino obedece al interés de obtener beneficios empresariales y está inextricablemente conectada con la feminización  y precarización del trabajo. Así, al hablar de cuidados profesionales, nos encontramos ante un sector feminizado muy basado en el empleo precario, siendo las empleadas del hogar máximas exponentes de la precariedad y con una creciente representación de población migrante.

En resumen, y en palabras de la economista y feminista Amaia Orozco, podríamos decir que “la satisfacción de las necesidades de cuidados se organiza en torno a redes de mujeres, entre las cuales se producen trasvases de cuidados, en base a ejes de poder, en una larga cadena que atraviesa las fronteras del mercado e incluso las naciones, cadena de la cual están sistemáticamente ausentes los hombres”.

La reflexión sobre las responsabilidades femeninas en los cuidados nos puede llevar a cuestionar el conjunto de la estructura socioeconómica en la que vivimos y los conflictos y desigualdades sociales de los que se sirve para persistir.  Pero hacer esto no es fácil, entre otras cosas, porque supone pleantearnos qué papel ocupamos nosotras en semejante entramado, cuáles es nuestra posición en la sociedad y, a la postre, quizá esta respuesta no sea fácil de asumir.

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El cuidado gratis, sobre todo el de las abuelas, junto con el empleo del hogar en condiciones precarias juega un rol central en la atención a la dependencia en el actual modelo de cuidados.  Respecto a la contratación de empleo del hogar siempre se han tratado de empleos muy precarios, ocupados por mujeres que no tienen más alternativa laboral y con un creciente número de mujeres inmigrantes.

Después de años de negación sistemática de derechos por parte del gobierno a este sector de empleo, este último mes se han producido dos episodios que abren la puerta a posibles mejoras en las condiciones laborales: un convenio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el servicio doméstico y la incorporación de las empleadas del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. 

En este texto se dan las claves para entender la situación y las reivindicaciones de un sector de trabajadoras  sobre las cuales  descansa un pilar tan fundamental de nuestra sociedad como su sostenibilidad.

¿Cuántas mujeres trabajan como empleadas del hogar en la Comunidad Autónoma Vasca? La economía sumergida dificulta la obtención de una foto real sobre la dimensión de este sector  Pero, según el Ministerio del Trabajo en la  Comunidad Autónoma Vasca el número asciende a 24.318 trabajadoras de las que apenas 14.000cotizan de algún modo a la Seguridad Social.

¿Qué porcentaje de las trabajadoras del hogar son inmigrantes? En el estado Español, el perfil de la trabajadora doméstica inmigrante se ha disparado en los últimos años, pero los datos no son fáciles de extraer debido a la economía sumergida. Según la Encuesta de Población Activa del 2011, 703.800 personas (el 91,5% son mujeres) trabajan en el ramo de Actividades de los Hogares. De estas mujeres, apenas 294.270 (el 61,3%son extranjeras) están dadas de alta en el Régimen Especial de Empleados del Hogar de la Seguridad Social.

De acuerdo con la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, (ATH) el 33% de las trabajadoras internas que atendieron el pasado año, mayoritariamente dedicadas a cuidado de personas mayores en situación de dependencia, trabajaban sin papeles.

¿Cuáles son las condiciones laborales  de las trabajadoras del hogar? Las empleadas del hogar tienen un Régimen especial de Seguridad Social diferente al régimen general, que sitúa a las miles de empleadas domésticas entre el trabajo y la servidumbre. El Régimen Especial de Seguridad social del servicio doméstico refleja la desconsideración social de este trabajo y a pesar de las enormes críticas a penas ha sufrido modificaciones desde su creación en 1985.  

La discriminación de las trabajadoras y la vulneración de sus derechos es múltiple e inimaginable en muchos otros sectores laborales: no hay obligatoriedad de contrato escrito; la propia empleada tiene la obligación de darse de alta si trabaja menos de 20 horas para una misma persona empleadora; la arbitrariedad a la hora de extinguir la relación laboral; las ínfimas indemnizaciones por despido; la indeterminación de la jornada laboral debido a la figura del tiempo de disponibilidad; la posibilidad de sustraer hasta el 45 por ciento del suelo en concepto de alojamiento y manutención: la inexistencia de subsidio de desempleo y de enfermedad profesional; la baja por enfermedad no se cobra hasta el vigésimo día de enfermedad, la situación de incapacidad laboral transitoria no exime de la obligación de cotizar. En conjunto, este régimen, más cercano al de las personas autónomas que al de empleadas, provoca la existencia de un altísimo porcentaje de mujeres empleadas en situación informal.

¿Existen diferencias en las condiciones laborales entre las mujeres empleadas en el hogar? No todas las mujeres empleadas experimentan el mismo tipo de invisibilidad.  Según el colectivo Ioé, el 79% de las empleadas autóctonas realizan su trabajo sin regularizarlo frente al 36% de las migrantes. Los índices de informalidad son mucho mayores para las mujeres autóctonas. Esto se debe al régimen especial aplicable a este trabajo, que hace que muchas mujeres opten por la informalidad, dadas las altas cotizaciones exigidas y los pocos derechos asociados. En el caso de las mujeres migrantes, la necesidad de regularizar su situación hace que prefieran estar dadas de alta. El porcentaje de mujeres migrantes es mayor cuanto más desfavorable es la modalidad de empleo (2005, significa el 52,2% del empleo doméstico femenino). Asimismo, dentro de cada subsector las mujeres migrantes realizan más tareas, trabajan más horas y tienen un sueldo por hora inferior, aunque también todo esto está en función del país de origen y la etnia.

¿Cuál ha sido la actitud del gobierno respecto a la situación de las empleadas del hogar? El gobierno reconoce que el régimen del empleo de hogar adolece de desequilibrios. De hecho, una de las promesas del gobierno socialista fue equiparar sus derechos a las del resto de trabajadores. Pero desde el 2007 ha hecho sólo dos modificaciones. La eliminación de la opción de que se les descontase el 45% del salario en concepto de manutención y alojamiento.

Y, la segunda fue la aprobación esta semana de una enmienda que obliga a los/las empleadores/as a cotizar por los trabajadoras del hogar desde la primera hora.  En la actualidad, los empleadores solo cotizan por estos trabajadores si trabajan 20 horas a la semana o más. Si el empleado trabaja durante al menos 72 horas mensuales para más de un hogar, tiene la opción de pagarse él mismo las cuotas.

En definitiva, podemos decir que el Gobierno ha dado una de cal y otra de arena. Por un lado, ha avanzado en algunas mejoras que avanzan muy lentamente en la equiparación de las trabajadoras del hogar al resto de asalariados/as. Pero, por otro lado, ha aprobado una Ley de Reforma de la seguridad Social en materia de pensiones, que con el ánimo de reducir gasto de la Seguridad Social el Gobierno, aumenta el mínimo de años que se utilizan para calcular las bases de cotización de 15 a 20.  De este modo, según los cálculos de los sindicatos las pensiones se reducirán en un 6%. Esta medida afecta principalmente a las mujeres porque tienen menores tiempos de cotización por ser quiénes más entradas y salidas realizan del mercado de trabajo y por tener más contratos parciales. Y especialmente afecta a las trabajadoras que están en el Régimen Especial de los empleados del Hogar, puesto que el 32, 5% de las trabajadoras en este régimen está en la franja de quienes han cotizado entre 16 y 20 años. En la actualidad, a partir de los 65 años y por no haber podido cotizar durante su vida laboral, la mayoría vive de la jubilación de su marido o la pensión de viudedad.

A estas medidas, hay que añadir unacrisis que no ha disminuido el trabajo, pero sí ha provocado que las condiciones laborales empeoren.

¿Qué puede significar el nuevo convenio sellado por la organización Internacional del Trabajo (OIT)  del servicio doméstico? El pasado 19 de Junio la OIT selló un convenio histórico que reconoce que el trabajo doméstico continúa siendo “infravalorado e invisible”.  Las nuevas normas de la OIT establecen que las trabajadores domésticas tendrán los mismo derechos básicos que otros trabajadores incluyendo, “horas de trabajo razonables, descanso semanal al menos 24 horas consecutivas, un límite a los pagos en especie, información clara sobre las condiciones de empleo, así como el respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva”.  También tendrán derecho a percibir el Salario Mínimo Interprofesional en catorce pagas, hasta ahora sólo se aplicaban trece. Por último, la nueva normativa reconoce el derecho a la seguridad y la salud en el trabajo y a la Seguridad Social en materia de bajas para que se pueda percibir la baja desde el primer día de accidente o desde el cuarto cuando se refiere a una enfermedad.

El convenio junto con la presión de organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos puede alterar las fuerzas a favor de la defensa de los derechos de las trabajadoras, hasta ahora sistemáticamente negados por todos los partidos que han ocupado el gobierno.

Foto: Olmo Calvo