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Comunicado de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso frente a la nueva ley del aborto

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE MUJERES ANTE EL CONGRESO
SOBRE LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO DE LA LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Ante la aprobación por el Consejo de Ministros de los Reales Decretos 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo, y 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la Plataforma de Mujeres ante el Congreso (PMAC) manifiesta:

1.- Que solicitada una reunión por parte de la PMAC el 29 de abril con las Ministras de Igualdad y de Sanidad y Política Social con el objetivo de trabajar conjuntamente con en el desarrollo reglamentario de la L.O. 2/2010, se nos convoca, junto con diversas asociaciones feministas en el Ministerio de Igualdad el 29 de junio, 4 días después de la publicación de los Reales Decretos y 6 días antes de la entrada en vigor de la LO 2/2010 como trámite informativo. Una vez más, se ningunea a las asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres obviando su participación y aportaciones en el desarrollo de esta Ley. Por el contrario, nos encontramos que el resultado de los RD responde a los intereses de los sectores más conservadores que se muestran contrarios a los derechos de las mujeres. El procedimiento aprobado levanta toda una carrera de obstáculos a las mujeres, dificultando y entorpeciendo su decisión.

2.- Respecto al art. 4 y 5 del RD.325/2010 de información previa al consentimiento de los supuestos de IVE previstos en el art.14 de la Ley: Es insólito que la documentación preparada por el Ministerio de Igualdad para entregar a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, sea una información sobre “políticas de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad”:

  • En primer lugar, no se informa sobre los derechos a la IVE previstos en la propia Ley, ni se incluye información sobre métodos anticonceptivos y de prevención de ITS, a pesar de recogerlo el art.17 de la Ley.
  • En segundo lugar, la lectura de la información del sobre es coercitiva, desorienta y perturba a las mujeres. En vez de servir como apoyo para el desarrollo de su decisión, pareciera un acto de chantaje emocional para continuar con su embarazo..
  • En tercer lugar es incoherente con las políticas de corresponsabilidad propuestas por el Mº de Igualdad al responsabilizar de nuevo a las mujeres en lo concerniente a la reproducción, políticas que por otra parte no son efectivas ya que la tasa de natalidad sigue disminuyendo.

3.- Respecto al art.8 del RD.825/2010: Si bien estábamos ya en desacuerdo con el 4º requisito del art.13 de requisitos comunes de la Ley por obligar a las jóvenas de 16 y 17 años a informar de su decisión de IVE a sus representantes legales, el desarrollo del RD empeora considerablemente la situación de las jóvenas.

  • La presunción de “conflicto grave” queda en manos de las y los profesionales, bajo unos criterios desconocidos sin acatar la decisión de la joven.
  • Por otra parte, no se regula el tiempo máximo del que dispone el/la profesional para emitir su diagnóstico de conflicto, pudiendo rebasar el plazo estipulado por la Ley de 14 semanas, dejando a las jóvenas en un situación de desamparo respecto a sus derechos sexuales.
  • En caso de que se detecte una situación de malos tratos hacia la joven, entendemos que las y los profesionales deberán cumplir el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denunciando inmediatamente el delito de malos tratos, lo cual deja a la joven en una situación de indefensión, determinada por la LO 2/2010.
  • En el caso de las jóvenas tuteladas por las CCAA, se puede dar la paradoja que las directrices de algunas CCAA sean totalmente contrarias a la IVE, e impidan esta práctica poniendo trabas a la decisión de la joven tal y como viene sucediendo.

Todo ello nos hace pensar que se agrave la situación de violencia hacia las mujeres más jóvenes y pueda haber un aumento de los abortos clandestinos.

4.-  Respecto al Capítulo I del RD 825/2010 del Comité clínico del artículo 15.c), de la Ley:

  • En primer lugar, el plazo máximo estipulado que tiene el Comité para emitir su dictamen, 10 días o más si se acredita que las pruebas requieren un plazo mayor”, es excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que ésta ya cuenta con un primer diagnóstico prenatal previo, realizado por un/a especialista.
  • En segundo lugar, al no regularse la objeción de conciencia de las y los profesionales ni en la Ley y en los RD, no se garantiza que las y los miembros del comité clínico, así como sus suplentes, puedan acogerse a ella. Esto supondría una vulneración de los derechos de las mujeres en las situaciones más difíciles de IVE en semanas avanzadas de gestación.
  • En tercer lugar no se regula qué pasaría si el Comité Clínico no llega a un acuerdo en el diagnóstico. Al componerse este de 3 profesionales nos preocupa que pasará en caso de disenso, ya que no está contemplado ni en la Ley ni en los RD.

5.- Respecto al Título I de la salud sexual y reproductiva: Nos parece insólito que entrada en vigor la ley, no se hayan articulado las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento en los dos RD de 25 de junio.

Las conclusiones que sacamos desde la PMAC, teniendo en cuenta y recogiendo el malestar general de la mayor parte del movimiento feminista en relación a la LO 2/2010 y los Reales Decretos que hasta el momento la desarrollan, van dirigidas por un lado a afirmar que, la nueva Ley, nos pone ante una situación tanto individual como colectiva de las mujeres caótica y desconcertante, sumada a las trabas administrativas a las que se enfrentarán los servicios de salud y las clínicas. Por otro lado, estamos valorando qué tipo de acciones ejercitar para expresar nuestro desacuerdo y exigir que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Por último, nos gustaría recordar de nuevo las reivindicaciones que hemos venido haciendo a lo largo del proceso de tramitación de la Ley, todas ellas desoídas:

1) Que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos se regule exclusivamente en una ley específica y deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal, siempre y cuando no se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia.
2) Que se garantice la práctica de la IVE en la red sanitaria pública y que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario.
3) Que no se restringa el derecho a la IVE por razones de salud de la mujer gestante en ningún momento del embarazo.
4) Que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres jóvenes en materia de IVE, tengan la misma regulación que para el resto de las mujeres.
5) Que se garantice una interlocución fluida, sistemática y en igualdad de condiciones entre los partidos políticos y las organizaciones feministas.

 

 

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Soberanas!

Hoy entra en vigor la Ley de interrupción voluntaria del embarazo embarcada en la polémica. La presentación de alegaciones ante el tribunal constitucional provocará que de nuevo se lance un debate interesado en los medios. Unos y otros nos querrán hacer creer que esta ley supone una consecución de la histórica reivindicación feminista a favor del aborto. Seguirán intentando ocultar lo que realmente ha sucedido de nuevo: una falta de respeto a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Es por este motivo que en Alternatiba hemos decidido volver a lanzar la campaña Si ellos parieran el aborto sería libre. Los derechos no se negocian ni tienen plazos. ¡Aborto libre y gratuito!, en defensa de uno de los derechos de las mujeres más vulnerados: el de decidir sobre su propio cuerpo.

Desde Alternatiba entendemos que la consideración del aborto como delito, la tutela que se quiere imponer a las mujeres sobre su capacidad de decisión, y la conculcación de su derecho a que las interrupciones del embarazo se practiquen en la sanidad pública, son otras fórmulas de violencia patriarcal, y como tal deben ser denunciadas.

De esta manera, no podemos sino oponernos a la ley del aborto del PSOE, por tres razones fundamentales: no respeta la libre decisión de las mujeres, limitando así el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos; no establece medidas concretas y claras que garanticen la práctica del aborto en el sector público; y no saca al aborto del código penal. Además, esta propuesta de ley, tibia y cobarde, está estrechamente vinculada a las diferentes campañas orquestadas por la jerarquía eclesiástica, los mal llamados grupos pro-vida -grupos anti-elección sería un nombre más apropiado- y los partidos políticos afines, que atentan de manera sistemática contra la dignidad de todas las mujeres.

En este sentido, la derecha y el social-liberalismo se unen, desde diferentes perspectivas, para enfrentar la capacidad de las mujeres a ejercer su derecho a decidir cuándo y cómo ser madres, y es necesario que las diferentes fuerzas sociales y políticas que defendemos el fin de toda violencia contra las mujeres alcemos la voz y salgamos a la calle, acompañando al movimiento feminista.

Además, queremos basar nuestra defensa de los derechos en datos reales, y no en los debates infundados a los que el lobby anti-elección nos quiere conducir. Así, el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Salud presentaba el informe con los datos recogidos sobre las IVE (Interrupciones Voluntarias del Embarazo) practicadas durante del año 2008. Este informe nos ofrece una serie de datos importantes: se han producido 115.812 interrupciones voluntarias del embarazo; el 98,01% se han realizado en clínicas privadas; el 88,70% se efectuaron antes de las 12 semanas de gestación, y alegando problemas de salud materna -96,96%.

Esta es la realidad de la práctica de la IVE: primero, a pesar de que ésta es una de las prestaciones del catálogo de servicios que figura en la Ley Orgánica de Sanidad, prácticamente la totalidad de embarazos se producen en clínicas privadas, con grandes desigualdades además entre comunidades autónomas; segundo, la inmensa mayoría de embarazos interrumpidos se producen en los primeros tres meses de gestación, poniendo en entredicho el supuesto efecto-llamada que pudiera tener una legislación sin plazos; tercero, la vigencia de los derechos de las mujeres siguen siendo tutelados por el personal sanitario y de la judicatura, que son quienes deciden en última instancia; y cuarto, la legislación actual, que sigue considerando al aborto como delito, genera un alto nivel de inseguridad para mujeres que abortan y para los y las profesionales que los practican -podemos tomar como ejemplo lo sucedido en la Clínica Isadora de la Comunidad de Madrid, cuyo caso ha sido archivado por considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, después de dos años y medio de diligencias-.

El movimiento feminista ha denunciado durante años esta realidad, y ha exigido una regulación que respetara en primera instancia el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su maternidad. Tenía el PSOE por tanto una oportunidad única de poder promover una ley que fuera amplia, y que permitiera dar respuesta a todas las críticas que desde el movimiento se planteaban, garantizando así plenamente la práctica del aborto en el estado español.

Pero lo que abunda, fundamentalmente, son las oportunidades perdidas, e incluso el incremento de la conculcación de derechos: se sigue estableciendo un sistema basado en plazos y supuestos, que en última instancia colocan el derecho a decidir en los tribunales y en el personal sanitario, quienes, a través de informes y comités, podrán señalar si las mujeres que deciden abortar tiene legitimidad para hacerlo o no; estos plazos y supuestos, en algunos casos, profundizan en la incapacidad de las mujeres para tomar decisiones, aumentando la cantidad necesaria de dictámenes médicos y de especialistas; la decisión de las mujeres sigue siendo condición necesaria, pero no suficiente, estableciendo medidas como el período de tres días de reflexión que tienen que cumplir las mujeres que quieren abortar, profundizando así en la imagen de que las mujeres que abortan lo hacen irreflexivamente, y que siempre es mejor obligar a que se tomen unos días para que se lo piensen mejor; no se entra a regular cómo se va a garantizar que la práctica de los abortos se realice en el sistema de sanidad pública, haciendo únicamente una vaga referencia al respecto en su capítulo II -donde se señala que los poderes públicos garantizarán la salud sexual y reproductiva-, pero no se específica cómo con la nueva legislación se pretende dar la vuelta a ese 1,9% de abortos realizados en la sanidad pública -dato directamente vinculado a la falta de protocolos comunes, falta de equidad en las distintas comunidades autónomas, dificultades de acceso de las mujeres, etc.-; a su vez, tampoco regula la objeción de conciencia del personal sanitario, cuando se sabe que éste ha sido otro de los motivos que ha limitado la atención en los centros de salud públicos, al ser la objeción no una cuestión meramente individual, sino en ocasiones de todo el centro.

Significativo es también la marcha atrás en cuanto a la posibilidad de decidir de manera autónoma por parte de las mujeres de entre 16 y 19 años. A partir de ahora tendrán que ir acompañadas de sus padres quienes tendrán la última palabra. En caso de desacuerdo, una persona ajena a la familia y a las circunstancias vitales de cada mujer tendrá el poder de decidir si esta mujer es autónoma o no para tomar decisiones. Se renueva y se hace patente aquí la intención paternalista y de tutela del derecho individual e inalienable a decidir sobre nuestros propios cuerpos y vidas, que no son de nuestros progenitores, sino propios.

Y así existe un largo etcétera de razones por las que es necesario incidir en la incompatibilidad de esta ley con el derecho de las mujeres a decidir, como se recoge en el Manifiesto de Mujeres ante el Congreso.

Es por ello que nuestra campaña como Alternatiba va a manifestar nuestro frontal desacuerdo con la ley que hoy entra en vigor. Consideramos que la nueva legislación debería garantizar el aborto gratuito para todas las mujeres. Y sobre todo consideramos que el aborto es una cuestión vinculada a los derechos de las mujeres, y que como tal, debería ser suficiente con la voluntad expresa de las mujeres para decidir si quieren abortar. Por eso decimos que los derechos no tienen plazos, y que además no se negocian.

No se negocian con aquellos grupos que quieren presentar esta cuestión como un tema moral y de defensa de la vida. No se negocian con aquellos grupos que utilizan esta cuestión para defender un modelo de vida basado en la familia tradicional y en la defensa de determinados valores, que consideran universales, frente a la libertad de decisión de las personas. No se negocian con la jerarquía de la Iglesia católica, que sigue sin entender que la religión es una cuestión vinculada al ámbito privado, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese a algunos, para sus ciudadanas. No se negocia con aquellos que confunden con sus artimañas y campañas a la opinión pública, y que no permiten que el aborto se debata entre todas la personas, con toda la información y conociendo todas las propuestas. Porque estamos convencidos/as que si ellos parieran el debate sería otro…. ¡salimos a la calle por el aborto libre y gratuito!

 

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Cierra el servicio a migrantes «Heldu»

Fuente: Bilbo Branka

La Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia ha protestado hoy por el proyecto del Gobierno de Gasteiz de cerrar el servicio de atención a personas inmigrantes Heldu. Han querido reconocer públicamente el trabajo del citado servicio a favor de la regularización de las trabajadoras domésticas inmigrantes, que “sin ese servicio se hubiesen visto privadas de la información y asesoría legal necesarias para hacer uso de los pocos derechos que les da la Ley de Extranjería” española.

En un escrito dirigido a la prensa, la presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, Pilar Gil, ha subrayado que las trabajadoras domésticas que Heldu ayuda a regularizar son las que están cuidando de las personas ancianas y enfermas.

Gil ha calificado este recorte en un servicio social de primera necesidad es un ataque a sus derechos humanos.
 

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Por el reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista

Fuente: Asamblea de Mujeres de Bizkaia

POR ELLAS, POR NOSOTRAS, POR TODAS-OS, NO OLVIDAMOS!!!

Desde la Asamblea de Mujeres de Bizkaia queremos hacer una petición al ayuntamiento de Bilbao para que ponga en marcha formas de reconocimiento explícito de las víctimas de la violencia sexista. Creemos que ya es hora de que los poderes públicos, encabezados en este caso por nuestro ayuntamiento, reparen el abandono y la invisibilidad que han sufrido y sufren todas las mujeres víctimas de la violencia sexista.

La violencia de género ha sido y es un instrumento para mantener a las mujeres bajo un modelo de subordinación frente a los varones. Esta forma de violencia, no sólo es responsabilidad de quien la ejerce directamente, sino también de quien la perpetúa a través de los patrones estereotipados de comportamientos sexistas, que siguen legitimando y “comprendiendo” la violencia contra las mujeres. Desde la Asamblea de Mujeres creemos que la erradicación de la misma es responsabilidad de todas las instituciones, los agentes sociales y de toda la ciudadanía.

A lo largo de la historia, las mujeres hemos padecido, pero también nos hemos rebelado, contra un sistema de organización social que nos negaba nuestros derechos más elementales como seres humanos. Sin embargo, creemos que ni el sufrimiento, que la desigualdad ha generado, ni la lucha pacífica por la igualdad han tenido un reconocimiento suficiente, por parte de los poderes públicos. Este déficit de legitimidad es, en buena medida, responsable de que esta violencia sistémica se perpetúe, de que no quede recogida en nuestra memoria colectiva y de que, incluso para algunas personas, la violencia contra las mujeres sea un factor nuevo, aislado e incomprendido en su dimensión estructural.

Creemos que es necesario activar, en nuestro municipio, procesos de elaboración de la memoria de las víctimas de la violencia sexista. De esta manera, pretendemos contribuir a la construcción de la memoria histórica de las mujeres de Bilbao. Este proceso exige ganar presencia y autoridad en el espacio público en el que se dirimen los procesos de significación, los sentidos y los símbolos socialmente relevantes. Los lugares de la memoria, son espacios físicos cargados de valor simbólico. En ellos, una sociedad democrática trata de poner énfasis y de subrayar aquello que es importante para todas y todos, desde el punto de vista de los valores y de los derechos humanos.

Por todo ello, creemos que es necesario que en el espacio público de Bilbao, se cree un lugar para el reconocimiento de la memoria colectiva de las mujeres víctimas de la violencia sexista. Consideramos que la creación de un lugar de la memoria de estas características es un instrumento imprescindible para que la violencia contra las mujeres no sea jamás olvidada y, también, para fortalecer el proceso de deslegitimación de las conductas violentas contra las mujeres. No olvidemos que esta violencia específica representa, en palabras de la ONU, la violación de los DERECHOS HUMANOS más extendida y silenciada a lo largo de la historia.

Somos conscientes de que una de las complejidades más grandes que entraña la lucha contra la violencia sexista es, precisamente, la prevención de la misma. Creemos que para impulsarla es imprescindible fomentar un cambio de valores culturales que garantice el acceso de toda la ciudadanía a la igualdad. La violencia de género sigue siendo uno de los mayores obstáculos, que nos impide a las mujeres ejercer nuestros derechos como ciudadanas. Por ello, exigimos romper con el silencio y con la impunidad y planteamos que se haga visible la huella que la violencia sexista ha dejado en nuestra memoria social. La creación de un lugar de la memoria que posibilite el reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista nos ayudará a romper la complicidad social con la que muchas veces han contando los agresores y, también, a que la sociedad realice el trabajo de duelo que las víctimas se merecen.

Con esta acción buscamos:

-El reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista.

-Que las/os familiares posean un espacio público de recuerdo y de duelo.

-La creación de un lugar de la memoria que dé legitimidad a la lucha feminista por la igualdad.

-Contribuir a la construcción de la memoria histórica de los bilbainos/as con una huella material, que nos ayude a no olvidar y a repudiar todas las expresiones de la violencia sexista.

Para ello, solicitamos:

1-Que la plaza de San Vicente pase a llamarse PLAZA 25 DE NOVIEMBRE, Dia internacional contra la violencia hacía las mujeres.

2-Que el ayuntamiento organice un concurso para erigir en dicha plaza un lugar de la memoria simbólico que, por un lado, dé reconocimiento a las víctimas de la violencia sexista, por otro, sea un homenaje a todas las mujeres que han luchado para ser dueñas de su propia existencia y, finalmente, favorezca la igualdad entre mujeres y hombres.

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Argazkia: Brocco Lee

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Aberri Eguna: Desde abajo y a la izquierda

El próximo domingo 4 de abril se celebra el Aberri Eguna, y desde Alternatiba queremos celebrar este día reivindicando una vez más el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación y la construcción nacional de Euskal Herria desde la superación de los diferentes sistemas de dominación vigentes: capitalismo, patriarcado, productivismo, racismo, democracia formal y asimilacionismo cultural.

Precisamente desde Alternatiba entendemos que todas estas dimensiones de lucha deben estar presentes en el Aberri Eguna, y que sólo avanzando e incidiendo al unísono sobre todas ellas estaremos construyendo un país verdaderamente democrático, equitativo y justo.

Por esa razón, nos oponemos a quienes intentan descafeinar el significado de esta celebración, contraponiéndole la del 25 de octubre –día del estatuto-, fecha que sacraliza un status quo superado por los acontecimientos y la voluntad del pueblo vasco.

Pero también por ese motivo nos oponemos a quienes, únicamente desde posturas esencialistas y folklóricas, pretenden reivindicar una nación, una arcadia, que niega los múltiples conflictos políticos, sociales y ambientales existentes en nuestro territorio. No hay nación sin igualdad, no hay nación sin derechos para todas las personas.

En este sentido, entendemos la construcción de Euskal Herria como un proceso de generación de más ciudadanía, de ampliación de libertades y derechos, y no únicamente como la defensa de una serie de símbolos y costumbres.

Así, nos hubiera gustado poder celebrar esta efeméride de manera conjunta con todas las fuerzas soberanistas y de izquierdas, lo cual no ha sido posible. No obstante, Alternatiba está empeñada en participar en la futura unidad de la izquierda vasca desde nuevos enfoques, tejiendo y haciendo real el sueño de miles de personas en Euskal Herria: generar una izquierda fuerte, plural, democrática y radical, que se enfrente con determinación a las lógicas imperantes de represión, conculcación de derechos individuales y colectivos, desigualdad y pobreza.

Así, y basándonos en estas premisas, queremos expresar que:

Es necesario garantizar todos los derechos (individuales y colectivos) para todas las personas que viven en Euskal Herria.

Es urgente que ETA cese de forma unilateral su acción violenta. La legítima aspiración de una Euskal Herria libre y soberana no pasa en ningún caso por sostener ni apoyar, ni de forma directa ni indirecta, el ejercicio de la violencia para la consecución de fines políticos.

Es imprescindible que se restablezcan todos los derechos conculcados por los sucesivos gobiernos del Estado español, tales como el derecho de asociación, libertad de expresión, manifestación, etc., procediendo a la derogación de la Ley de Partidos, creada ad hoc para ilegalizar a la izquierda abertzale oficial y posibilitar gobiernos que no se sustentan en la legitimidad popular.

Es apremiante la necesidad de no dejar arrinconada la contestación desde la izquierda a la lógica neoliberal que de forma servil aplican los gobiernos de Gasteiz e Iruñea. Debemos ser capaces de contraponer a sus medidas, nuestras alternativas por una sociedad, un país, feminista, ecologista, socialista.

Debemos ser capaces de generar dinámicas de acumulación de fuerzas desde la izquierda, que sostengan de forma real y sincera una confrontación política con los gobiernos actuales para revertir la actual deconstrucción nacional y social de nuestra sociedad.

Este es el sentido con el que reivindicamos el Aberri Eguna las mujeres y hombres de Alternatiba. Ojalá en años venideros podamos alegrarnos de nuestros avances en la consecución de estos objetivos, y lo podamos hacer desde la pluralidad, todas las gentes que consideramos que Euskal Herria existe, y que es necesario que sea de izquierdas.

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Alternatiba | Ezkerra eraldatzearen erronka

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