Un concejal de EHBildu en Hondarribia dimitirá por haber participado en el alarde discriminatorio

El hasta ahora concejal de Bildu en el ayuntamiento de Hondarribia Juan Ortiz participó el pasado domingo 8 de setiembre en el desfile del Alarde tradicional, caracterizado por discriminar a las mujeres. Nada más tener conocimiento de la intención de Ortiz, la Dirección de la coalición se puso en contacto con él, antes del domingo, para recordarle que desfilar en el Alarde Tradicional es incompatible con la filosofía y la práctica política de EH Bildu. Como consecuencia de ello, Juan Ortiz comunicó a la Dirección Política de la coalición EH Bildu que dejará su acta de concejal en los próximos días.

Es pertinente recordar que todos y cada uno de los candidatos y candidatas que se presentaron a las elecciones forales y municipales de 2011 en las listas de Bildu firmaron un decálogo ético en el que se comprometían, entre otras cuestiones, a mostrar una actitud activa a favor de la igualdad de género.

EHBildu Gipuzkoa

Alternatiba llama a arropar al alarde mixto en Hondarribia para responder a un alcalde que defiende la discriminación de las mujeres

La portavoz nacional de Alternatiba, Amaia Agirresarobe, ha llamado a acudir el próximo domingo a Hondarribia para arropar a las mujeres y hombres que componen la compañía Jaizkibel en el Alarde de esta localidad. En el año en que se cumplen dos décadas desde que un grupo de mujeres en Hondarribia comenzara a reivindicar el derecho de las mujeres a participar en pie de igualdad en el desarrollo de sus fiestas, Agirresarobe ha apostado por “retomar esa reivindicación inicial para seguir reclamando una fiestas realmente populares, participativas y libres de discriminaciones”.

Según la portavoz de la formación de izquierdas, participar en el alarde igualitario o apoyarle a su paso por las calles son la mejor respuesta posible a declaraciones intolerables como las que ha hecho Aitor Kerejeta, alcalde de Hondarribia del PNV, a lo largo de la semana. Agirresarobe solo ha coincidido con el edil jeltzale al asegurar que “ciertamente, lo que sucede cada 8 de septiembre desde hace 16 años no tiene que ver con la fiesta: en efecto, tiene que ver con la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres frente a los hombres y con la subordinación de nuestros derechos a decisiones de políticos machistas como este que defiende públicamente la discriminación de la mitad de las personas del pueblo que gobierna”.

Desde Alternatiba han considerado “inaceptable que un cargo público siga defendiendo y avalando actitudes fascistas como la de colocar plásticos negros” al paso de la compañía Jaizkibel, afirmando que obedecen a la voluntad mayoritaria del pueblo. Agirresarobe ha tachado de “demagogia barata” esta afirmación y su comparación con un proceso de desanexión como el de Igeldo, “es una vergüenza que un alcalde pretenda justificar la vulneración de derechos y la discriminación de las mujeres con supuestas mayorías”.

Finalmente, ha interpelado al alcalde: “Que sepa que los derechos fundamentales de las personas, también los de las mujeres, se reconocen y se defienden tal y como marca la ley de Igualdad que el PNV debería hacer cumplir a sus cargos, por eso las mujeres de Hondarribia no requieren ni de referéndums ni del permiso de quienes visten su actitud discriminatoria de tradición para participar de sus fiestas”.

Como cada año, una delegación de Alternatiba, encabezada por la juntera del territorio, Begoña Vesga, acudirá a Hondarribia en apoyo de las fiestas populares y participativas, así como para arropar a la compañía Jaizkibel.

Euskal Herria 2017: “Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza”

Arantzazu Santos – Directora de Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Entre los días 6 y 13 del pasado mes de junio, tuvo lugar en Yakarta, Indonesia, la VI Conferencia de La Vía Campesina. La Vía Campesina es un movimiento social internacional, estructurado, legítimo y representativo de más de 200 millones de campesinas y campesinos de todo el mundo, que tiene la virtud de vincular las luchas campesinas de los 5 continentes, y que se marca como objetivo principal la defensa de la soberanía alimentaria, frente a las amenazas de las empresas trasnacionales y los gobiernos que las apoyan.

El hambre y la desnutrición, que afectan a más de 900 millones de personas en el mundo, no son consecuencia de la escasez de alimentos, sino de la perversión del agronegocio, es decir, de la aplicación del modelo neoliberal a la agricultura. Los alimentos son considerados mercancías especulables, las semillas bienes susceptibles de ser patentados y las tierras son acaparadas de manera ilimitada. La conversión de la agricultura en negocio ha destruido la capacidad de los países para alimentar a sus poblaciones y ha traído consecuencias tan paradójicas como que México, considerado la tierra del maíz, tenga que importar este cereal de Estados Unidos; o que en Gipuzkoa, al mismo tiempo que se abandona la cultura baserritarra y desaparecen las explotaciones agropecuarias, la juventud que quiere volver al campo no consiga tierras para cultivar.

Frente a la agricultura y al desarrollismo capitalistas, La Vía Campesina propone una alternativa teórico-práctica acuñada con el nombre de “soberanía alimentaria”. La soberanía alimentaria, lejos de preconizar el canibalismo, defiende el derecho de todas las personas y pueblos a producir sus propios alimentos, y decidir sobre sus políticas agrarias, pesqueras y ganaderas; a la vez que propone relaciones sociales más justas y libres de opresiones, en las que mujeres y hombres convivan en igualdad, y los derechos de las diferentes minorías, clases sociales y generaciones sean respetados.

En la Diputación de Gipuzkoa, por su parte, hemos aprobado recientemente nuestro plan foral de cooperación 2013-2016, en el que marcamos, como línea de actuación prioritaria, el apoyo a dos movimientos sociales internacionales, concretamente a la Marcha Mundial de las Mujeres y a La Vía Campesina. En estos momentos, la Diputación es una de las principales financiadoras de La Vía Campesina, y ha sido invitada a su sexta conferencia en calidad de organización aliada.

Como directora de Cooperación he tenido la oportunidad de asistir a los debates y a las deliberaciones que han dado lugar al plan de acción de La Vía Campesina para los próximos 4 años. Con el objetivo de fortalecer al movimiento y de alcanzar la transformación social mediante la soberanía alimentaria, se abordaron temas como la lucha contra el cambio climático y el llamado capitalismo verde, el acaparamiento de tierras, la violencia contra las mujeres, el impacto de los tratados de libre comercio, las decisiones de la OMC, la UE y otras instancias multinacionales, las empresas trasnacionales, las semillas transgénicas y su privatización…

Una de las decisiones más relevantes, tomadas en Yakarta, es que la próxima, y séptima, Conferencia, se celebrará en Euskal Herria en el año 2017. Para la Dirección de Cooperación esto es importante, porque nos permitirá trabajar con un sujeto de transformación estratégico como es La Vía Campesina, no solo en el plano internacional, sino también a nivel local, y podremos articularlo con los diferentes actores que, desde Gipuzkoa, están trabajando a favor de la soberanía alimentaria.

Pero la VII Conferencia será especialmente importante para el movimiento por la soberanía alimentaria de Euskal Herria. Por un lado, porque supone un reconocimiento a los años de lucha a favor de la agricultura ecológica y la sostenibilidad de cultura baserritarra; y, por otro, porque le servirá para estructurarse y fortalecerse, lo que se espera que repercuta positivamente sobre la supervivencia de nuestros baserris y, en definitiva, de la agroecología. En este sentido se hace necesario recordar que el modelo agroindustrial, que pone en peligro al campesinado, y que en Europa está auspiciado por la Política Agraria Común, también es predominante en Euskal Herria.

En 2017 recibiremos a delegaciones campesinas del mundo entero que, al igual que las guipuzcoanas, están defendiendo la agricultura ecológica y los saberes tradicionales, frente a las ansias depredadoras de ciertas empresas y gobiernos. La agroecología no solamente es capaz de producir alimentos sanos, variados y suficientes para las personas que habitan cada territorio; sino que protege la biodiversidad, enfría el planeta, y abre una vía para la superación del sistema capitalista; iniciando el tránsito hacia modos de convivencia capaces de garantizar la sostenibilidad de la vida. 

Alternatiba responde a Adegi que las únicas amenazas son las que sufren las y los trabajadores en forma de recortes de sus derechos

Los portavoces nacionales de Alternatiba, Amaia Agirresarobe y Oskar Matute, han comparecido en rueda de prensa en Donostia esta mañana para hablar de la denuncia de Adegi contra Ander Rodriguez.

Esta semana hemos conocido la denuncia interpuesta por Adegi contra el Diputado de Política Social y compañero de Alternatiba Ander Rodriguez. Ante este despropósito, además de reiterar el apoyo expreso de toda la organización a nuestro compañero, desde Alternatiba queremos exponer nuestra valoración sobre la actitud de la patronal en el marco del llamado conflicto de la residencias de Gipuzkoa.

Constatar, en primer lugar, que las únicas amenazas reales son las sufridas por las cientos de personas que han comenzado a ver recortados sus salarios y sus derechos laborales como consecuencia de una reforma laboral diseñada por grandes empresarios y ejecutada por políticos serviles. Esas, y no las que le imputan al diputado de Política Social, son las únicas amenazas dolorosamente constatables para la sociedad vasca.

Son las mismas amenazas que parte de la patronal de las residencias de Gipuzkoa puso encima de la mesa de cara a negociar las condiciones laborales de su personal, mayoritariamente conformado por mujeres que, ante la perspectiva de ver sus derechos nuevamente pisoteados, han protagonizado una lucha ejemplar. Son mujeres que desarrollan un trabajo fundamental para la sostenibilidad de la vida, pero en un sector totalmente invisibilizado y precarizado, que algunos empresarios sin escrúpulos han convertido en nicho de negocio.

Realizando una propuesta que garantizaba la mejora de las condiciones laborales del sector, la Diputación de Gipuzkoa demostró que existe otra forma de gestionar el dinero público, y de hacerlo además con el objetivo de ofrecer unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía. Podemos entender que para Adegi sea insólito un representante institucional que se posiciona a favor de preservar los servicios sociales públicos  y el bienestar de las personas usuarias, ya que hasta la llegada de Bildu las únicas injerencias que han sufrido han sido las palmaditas en la espalda y la firme defensa de sus beneficios a costa de la precariedad las personas.

Si hay algo que denunciar, es sin duda la dejadez que demuestran la gran mayoría de las instituciones ante las condiciones que aplican las empresas subcontratadas para ofrecer servicios públicos a la ciudadanía. Entendemos que las instituciones deben implicarse tanto en la calidad de los servicios que ofrecen, máxime en sectores como el de los cuidados, como en la garantía de unas condiciones de dignidad para las personas que desempeñan estos trabajos.

La gestión de nuestro compañero, por tanto, resulta intachable y debiera servir de ejemplo para acabar con las relaciones caciquiles que priman en la relación de demasiados representantes políticos con empresas a las que destinan ingentes cantidades de dinero público sin controlar si cumplen, tanto con la ciudadanía como con sus empleadas y empleados.

Sabemos que ha sido el modelo del anterior gobierno de Gipuzkoa, así como lo es para los actuales ejecutivos de Araba y Bizkaia: negociar a puerta cerrada y solo con las patronales. Y PNV, PSE y PP saben que cuando actúan así perjudican a la ciudadanía, que es la que sufre el deterioro de los servicios públicos, y que lo hacen en beneficio de una patronal que ha dicho alto y claro que aprovechará las oportunidades que le da una reforma laboral que condena a la precariedad a la mayoría mientras engorda los beneficios de unos pocos.

Parece evidente que Adegi busca desalojar de las instituciones a quienes defienden los derechos de las trabajadoras frente a la reforma laboral española. Es una patronal con objetivos y opciones políticas muy determinadas. Y hay que carecer de la más mínima vergüenza para hablar de victimismos cuando las mayores damnificadas han sido las mujeres cuyas jornadas pretendían incrementar mientras reducían sus salarios, y todo con la complicidad del PNV.

Desde Alternatiba, desde EHBildu y desde aquellas instituciones en las que la ciudadanía nos ha asignado la responsabilidad de gobernar, seguiremos trabajando en defensa de unos servicios públicos de calidad y seguiremos denunciando la alianza entre patronales avariciosas y políticos serviles. Porque es esa relación la que permite las puertas giratorias entre política y empresa, y los donativos a cambio de facilitar concesiones, que tanto denunciamos cuando suceden en Madrid pero que algunos prefieren ocultar en Euskal Herria y precisamente en sectores como este.

Alternatiba expresa su total solidaridad y apoyo al diputado Ander Rodríguez ante la estrategia de ‘acoso y derribo’ de Adegi

La portavoz nacional de Alternatiba, Amaia Agirresarobe, ha denunciado duramente la estrategia de ‘acoso y derribo’ que está llevando a cabo Adegi contra la Diputación de Gipuzkoa y, en concreto, la ofensiva contra el diputado de Política Social y miembro de Alternatiba, Ander Rodríguez, al que ha expresado su “total solidaridad y apoyo”.

Agirresarobe ha calificado la denuncia interpuesta por la patronal de Gipuzkoa como “un ataque directo contra la Diputación, pero sobre todo contra la lucha histórica en la que por primera vez una institución ha actuado en defensa de los derechos de los y las trabajadoras, por encima de los intereses económicos de la patronal y los dictados de los poderes financieros”.

En el mismo sentido, la portavoz de la formación de izquierdas ha acusado a todas las instituciones de este país de “haber mantenido siempre una actitud esclava hacia la patronal” y, a su vez, ha felicitado al Gobierno de Gipuzkoa por anteponer, por primera vez, los servicios públicos, las personas usuarias y las trabajadoras de las residencias.

Para terminar, desde Alternatiba han querido mandar su total solidaridad ante este ataque directo de Adegi, y han aplaudido la labor en defensa de los derechos de las trabajadoras que está llevando a cabo Ander Rodríguez como diputado de Política Social de Gipuzkoa; una labor que han denominado como una “lucha de clases en su máxima expresión”.

Los intereses ocultos del PNV están detrás de la construcción de la incineradora

Tal y como se ha conocido recientemente, a causa de las irregularidades que presenta el proyecto de la incineradora de Zubieta, no se cumplen las especificaciones medioambientales que había previsto el Gobierno Vasco. Como consecuencia de ello, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha decidido no construir la planta. Desde EH Bildu hoy queremos hacer una valoración de todo ello.

Antes que nada queremos exigir a los diferentes medios y agentes de Gipuzkoa que muestren el respeto institucional que se merece una entidad pública como es GHK. Porque GHK no es ninguna institución privada “controlada por EH Bildu” ni nada por el estilo. GHK es un consorcio público en que están representados los ayuntamientos y mancomunidades del territorio y no ha sido creada por EH Bildu, ni mucho menos. GHK tiene toda la legitimidad democrática para tomar las decisiones que mejor defiendan los intereses de la ciudadanía de Gipuzkoa.

En concreto, GHK se encarga de la “gestión en alta” de los residuos, es decir, los pueblos y mancomunidades se encargan de recoger los residuos urbanos y se los entregan a GHK para que los trate. A GHK le corresponde construir y gestionar las diferentes infraestructuras que son necesarias para llevar a cabo su cometido: plantas de transferencia, plantas de compostaje, plantas de biomecanización y, en su caso, una incineradora si así lo considerara oportuno.

GHK es una institución pública, cuya legitimidad emana de las urnas y en este caso la mayoría del Consorcio ha correspondido a EH Bildu por voluntad popular. A nadie se le ocurriría,  por ejemplo, decir que PNV, PSE y PP “controlan” las Juntas Generales porque tienen la mayoría.

Hemos creído necesaria esta aclaración porque no vamos a admitir ni una sola vez más que se ponga en entredicho la composición de GHK ni su legitimidad democrática para tomar decisiones.

La paralización de la incineradora de Zubieta ha sido justificada con argumentos sólidos, de los que se derivan responsabilidades claras. En muchas ocasiones hemos dicho que el PNV quería que la incineradora se construyera a toda costa. El PNV hizo caso omiso a las denuncias por las irregularidades detectadas en el proceso de diseño y licitación. Tampoco fueron suficientes la alarma social que creó la incineradora por las consecuencias que se ha demostrado tiene en la salud pública. Tampoco por los 500 millones que iban a arruinar Gipuzkoa ni las protestas populares.

Sin embargo, las irregularidades que ha denunciado GHK son abrumadoras. Y es que los anteriores gestores no se molestaron ni en respetar las autorizaciones que les había concedido el Gobierno Vasco. Cometieron modificaciones sustanciales y, entre otras cosas, hicieron desaparecer del proyecto la planta para tratar los residuos tóxicos que iba a producir la incineradora. En estas condiciones, con permisos concedidos para un proyecto sustancialmente diferente al inicial, construir la incineradora sería cometer una ilegalidad.

GHK ha dado información precisa y amplia sobre todo ello, por lo que no vamos a detenernos en explicar las razones técnicas y de carácter medioambiental de la paralización. Es más, los promotores políticos de la planta no han dado ni un solo  dato para desmentir los argumentos expuestos públicamente por GHK.

En lo que sí vamos a detenernos es en la nefasta gestión de todo el affaire de la incineradora de Zubieta protagonizada por los anteriores gestores de GHK y del Gobierno Foral. Los intereses ocultos del PNV están detrás de todo lo que tiene que ver con la construcción de la incineradora. En este caso no se puede decir que todo el mundo tiene su parte de culpa, no, toda la responsabilidad política y todas las consecuencias económicas causadas por esta nefasta gestión son únicas y exclusivamente del PNV.

Estos días han intentado anunciar que la no construcción de la incineradora causaría la ruina de GHK y que habrá que pagar indemnizaciones millonarias. El PNV oculta deliberadamente a la ciudadanía que fueron ellos los que contrataron un swap, un producto financiero altamente tóxico, que está lastrando las cuentas de GHK y que fue el PNV el que firmó un acuerdo con las empresas constructoras tras la modificación del proyecto inicial, un acuerdo que ahora se comprueba que es ilegal cumplirlo. Lo diremos con otras palabras: Que no se atrevan desde el PNV a atribuir las irresponsabilidades que ellos cometieron y los agujeros que ha provocado su nefasta gestión al actual gobierno foral. Que no tomen a la sociedad guipuzcoana por tonta.

De cualquier forma, nuestra intención hoy no es alimentar ninguna lógica de enfrentamiento. Llegados a este punto, con el proyecto de la incineradora de Zubieta en vía muerta, desde EH Bildu nos comprometemos a seguir realizando una gestión responsable y razonable de todo este asunto. Por un lado, es prioritario defender el patrimonio y los intereses de la sociedad guipuzcoana, garantizando la solvencia y la viabilidad de GHK. Pero, por otro lado, es evidente que la incineradora de Zubieta no se puede hacer y que estamos ante un nuevo escenario. Este nuevo escenario post-incineradora exige por parte de todos responsabilidad para definir la nueva gestión integral de los residuos que producimos en Gipuzkoa y poder construir las nuevas infraestructuras necesarias para ello.

Este nuevo escenario exige diálogo y capacidad de acuerdos entre los partidos, los agentes sociales y las instituciones implicadas. Desde EH Bildu vamos a impulsar en los próximos días y semanas distintas dinámicas para promover un debate abierto que posibilite encontrar soluciones definitivas para el tema de los residuos en el territorio de Gipuzkoa.

Gipuzkoa pide que se suspenda el proyecto de línea de alta tensión

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha pedido que se suspenda el proyecto de líneas de 400.000 voltios entre Dicastillo y Ezkio-Itsaso y Castejon-Muruarte. Según el ente foral, el proyecto que quiere desarrollar la empresa Red Eléctrica Española no se encuentra dentro de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica del Estado, en relación a la cual el Real Decreto Ley 13/2012 indica lo siguiente: «hasta la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica queda suspendida el otorgamiento de nuevas autorizaciones administrativas para instalaciones de transporte competencia de la Administración General del Estado». Por lo tanto, dado que el proyecto de líneas entre Dicastillo y Ezkio-Itsaso y Castejon-Muruarte no se encuentra en la planificación actual, y dado que queda suspendido el otorgamiento de nuevas autorizaciones hasta que se apruebe una nueva planificación, las administraciones competentes deberían suspender el proyecto en cuestión. «De lo contrario, actuarían contra la normativa», ha señalado el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación.

Cabe recordar que ambas líneas suman un total de 120 kilómetros, de los cuales 14 transcurrirían por Gipuzkoa; concretamente, entraría en el territorio a través de la Parzonería de Gipuzkoa, y afectaría a los siguientes municipios: Idiazabal, Zegama, Segura, Zerain, Mutiloa y Gabiria. La línea se sostendría sobre torres de acero de hasta 80 metros de altura. Concretamente, en Gipuzkoa se requerirían 28 torres, con un espacio entre ellas de 400 o 500 metros. Para la protección de la línea, se debería hacer un corredor de 40 metros de ancho, con restricciones para la arboleda. Por otra parte, se necesitarían 5,3 kilómetros de nuevos caminos para la realización de labores de instalación y del mantenimiento posterior de las torres.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado diferentes recursos al informe medioambiental del proyecto de línea de alta tensión, entre los que destaca el comentado anteriormente. Además, según afirma la Diputación, «la información presentada no es suficiente para justificar la necesidad objetiva de las instalaciones. Tal carencia básica debería traer consigo una reflexión real y seria en torno a la conveniencia o no del proyecto».

La Diputación sostiene, además, que hay que tener en cuenta el notable descenso a nivel estatal, en los últimos seis años, del consumo bruto de energía eléctrica y que se espera que tal tendencia se mantenga en el futuro. Por ello, «los datos de bajada de demanda demuestran que no existe necesidad de nuevas instalaciones de generación y transporte de electricidad y que, desde un punto de vista sostenible, lo pertinente en este momento deberían ser el ahorro y la eficiencia energética». En ese sentido, el proyecto carece tanto de datos relativos a nuevas plantas de energía que justifiquen la necesidad de nuevas líneas, como de una hipotética saturación de las líneas existentes.

Según La Diputación Foral, no se ha realizado una correcta valoración del impacto medioambiental. No se debe olvidar, por ejemplo, que la línea de alta tensión supondría un importante impacto en diferentes zonas protegidas por la red Natura 2000 y que resultaría perjudicial para diferentes especies –aves, especialmente–. Asimismo, la Diputación ha subrayado la preocupación y rechazo que el proyecto ha generado entre la ciudadanía.

«Resulta evidente que este macroproyecto tiene notables carencias y lagunas: los promotores no han justificado debidamente su necesidad; no se ha realizado un análisis medioambiental serio, pese a que tendría, tanto en el entorno como en los espacios protegidos y las especies que los habitan, un impacto enorme; cuenta con la clara oposición de la ciudadanía; y, además, no cumpliría con la normativa vigente. Por lo tanto, hemos pedido al Gobierno español que deniegue el permiso y que el proyecto sea suspendido», ha dicho Iñaki Errazkin, diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DFG

Gipuzkoa está en marcha y ha dejado atrás el modelo neoliberal del PNV

Cuando ya han pasado más de dos años desde que una gran mayoría de los gipuzkoanos y gipuzkoanas decidieran poner a EHBildu al frente de las instituciones más importantes del territorio, ya se puede decir que Gipuzkoa ha virado y que ha dejado atrás el rumbo neoliberal del pasado. A mitad de legislatura, se puede constatar que los cimientos están puestos y, a partir de ahora, vamos a seguir construyendo Gipuzkoa desde otros valores más justos e igualitarios.

Si echamos la vista atrás, hasta hace dos años aquí solo se hablaba de grandes infraestructuras de cemento y hormigón: la incineradora, el puerto de Pasaia, el aeropuerto de Hondarribia… No había más proyectos estratégicos para Gipuzkoa que todas estas obras faraónicas. Al mismo tiempo, el PNV alardeaba de haber convertido a Gipuzkoa en un paraíso fiscal. El resultado de esta nefasta gestión es bien conocido: El Tribunal Vasco de Cuentas recordaba ayer mismo los cientos de millones de agujero que dejó el PNV en la Diputación al dejar su puesto en 2011.

Han pasado dos años y Gipuzkoa camina ya en otra dirección muy diferente. La prueba de ello es que en todos estos meses se han aprobado nada más y nada menos que 22 normas forales. Gipuzkoa se mueve y a un muy buen ritmo. Por poner un ejemplo, en los dos primeros años de la legislatura de Markel Olano, el PNV solo sacó adelante 13 normas. Los números de la gestión de EHBildu son muy positivos, por más que desde algunos medios intenten hacer ver que Gipuzkoa está parada. La realidad es que por iniciativa de EHBildu Gipuzkoaestá en marcha y no ha parado ni un solo segundo en toda la legislatura.

De entre las normas forales que se han aprobado por mayoría en esta cámara, hay que destacar las relativas a la reforma fiscal. La recuperación del impuesto de patrimonio, la implantación del impuesto para las grandes fortunas y la nueva norma contra el fraude fiscal, aprobada este mismo martes, son claves para entender los grandes avances que se han conseguido en fiscalidad estos dos años. De hecho, las juntas de Gipuzkoa han sido pioneras en la aplicación de estas medidas, y visto su éxito, otras diputaciones han seguido los pasos que hemos marcado desde aquí.

También se debe poner en valor la ponencia sobre el desarrollo económico, cuyas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad y que han marcado un hito en esta legislatura. Se han establecido las bases para la creación de empleo y el desarrollo económico del territorio. La apuesta por la economía verde y por el mantenimiento y mejora de los servicios sociales van a ser clave para crear empleo, y el impulso del desarrollo local y comarcal va a ser el motor para la salida de la crisis.

El nuevo modelo por el que estamos apostado desde EHBildu da mucha importancia a las condiciones laborales de los y las trabajadoras y, en este sentido, hay que resaltar la norma foral aprobada casi por unanimidad el pasado martes, según la cual se pone freno a la precariedad en las obras que dependen de la Diputación. Se trata de otro de los hitos importantes de la legislatura, que va a beneficiar a las y los trabajadores pero también a las y los empresarios, es decir, a toda la sociedad gipuzkoana.

Otra de las señas de identidad de estos dos años ha sido que ha habido acuerdos entre todos los grupos, sin excepción. Por ejemplo, EHBildu ha aprobado los presupuestos en 2012 con el PNV y en 2013 con el PSE. Y las normas forales también han sido ampliamente consensuadas. Esta capacidad para lograr acuerdos que ha demostrado EHBildu está por encima de la que se ve en otros territorios o en el Parlamento de Gasteiz.

Y nadie puede decir que la oposición en Gipuzkoa no haya hecho su trabajo. Todo lo contrario: en lo que llevamos de legislatura la oposición se ha empleado a fondo, registrando 2.187 iniciativas de control e impulso, mil más que en el mismo periodo de la legislatura pasada. En estas condiciones, haber sacado adelante por mayoría 22 normas forales es todo un éxito.

Y de cara al futuro, en los dos años de legislatura que restan, nuestros esfuerzos se van a invertir principalmente en impulsar el desarrollo económico de Gipuzkoa. Los cimientos están puestos, y ahora vamos a avanzar con paso cada vez más firme hacia los principales restos que tiene Gipuzkoa: generar riqueza de manera más sostenible y repartir la de forma más equitativa.

Ander Rodriguez: «No vamos a permitir que ninguna empresa se lucre con dinero público gracias a la aplicación de la reforma laboral»

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha solicitado a las empresas y entidades gestoras de residencias y centros de día concertados que, en el plazo de siete días, informen al Departamento de Política Social sobre el régimen laboral que van a aplicar a sus trabajadoras a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral española el 7 de julio. Una vez obtenida esta información, la Administración foral procederá a adecuar las tarifas que abona a las empresas según el marco laboral que se aplique en cada centro.

El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado la entrada en vigor de la reforma laboral española, que supone “una pérdida de derechos sin precedentes para la clase trabajadora”. Se ha alegrado, no obstante, de que la mayoría de las trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa haya conseguido esquivar esta precarización firmando convenios propios o basados en la propuesta de acuerdo de la Diputación, que incluye cláusulas antirreforma, incrementos del IPC en los salarios y una aportación foral de 9,2 millones de euros.

En concreto, casi un 90% del sector ha firmado acuerdos laborales que no vulneran los derechos de las trabajadoras. “Es muy importante haber dotado de semejante nivel de estabilidad a un sector que emplea en Gipuzkoa a más de 4.200 personas -de las cuales el 97% son mujeres-. Esto demuestra que la labor de mediación que ha ejercido el Departamento de Política Social, el trabajo de meses, ha dado sus frutos”, ha señalado.

A pesar de todo, sigue quedando alrededor de un 10% de residencias y centros de día que no han firmado ningún tipo de acuerdo y, en este momento, seis de ellas están en huelga. En palabras del representante foral, “la Diputación debe saber en todo momento qué régimen laboral es de aplicación en los centros que financia. La mayoría de las residencias, de acuerdo con la propuesta foral, va a subir el IPC a los sueldos de las trabajadoras. Por lo tanto, el Departamento de Política Social incrementará en el mismo porcentaje la tarifa. Sin embargo, no tenemos constancia de qué marco salarial va a regir en las empresas que siguen atascadas en el conflicto. En el caso de que apliquen la reforma laboral española, los sueldos podrían bajarse hasta 400 euros y las jornadas aumentarse hasta 200 horas más al año. De ser así, la Diputación llevará a cabo las consiguientes rebajas en la tarifa, porque el Gobierno foral no va a permitir que ninguna empresa se lucre con dinero público gracias a la aplicación de la reforma laboral española”.

Por tanto, el Departamento de Política Social ha remitido una carta a las entidades y empresas gestoras de las residencias en el que “se solicita que en el plazo de siete días proceda a informar a esta administración del convenio o acuerdo laboral aplicable al personal de su empresa que trabaja en el centro o servicio contratado o convenido con esta administración”.

El mismo escrito señala: “La eficiente utilización de los fondos públicos debe regir el conjunto de la actividad administrativa, por lo que la adecuación entre el servicio que la Administración recibe y el precio que paga por recibirlo debe regir igualmente en los servicios pactados mediante convenio o concierto con distintas entidades”.

Apoyo a las trabajadoras

Por otro lado, el diputado se ha referido a la amenaza de Adegi de tomar acciones legales en contra de las trabajadoras que se encuentran en huelga en seis residencias: “En primer lugar, queremos expresar nuestro apoyo a las trabajadoras ante cualquier amenaza de este tipo. En segundo término, consideramos que se trata de un hecho muy grave que no tiene precedentes. Es tanto como decretar el fin del derecho a la huelga en Gipuzkoa. Estamos viendo que Adegi no tiene límites: ha sido capaz de llevar a los tribunales a esta Diputación y ahora también quiere sentar en el banquillo a las trabajadoras que cuidan de nuestras personas mayores y que reclaman dignidad laboral. Están atacando los servicios sociales, la patronal está llevando a cabo una ofensiva brutal contra los servicios públicos de cuidado de las personas dependientes, pero esta Diputación los va a defender”.

Además, el diputado ha aclarado que a la Administración foral no le corresponde autorizar o desautorizar la huelga porque no es su competencia: “La responsabilidad del Departamento consiste en velar por que se preste una adecuada atención en los servicios mínimos que decreta la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco. Ayer hubo una nueva reunión de seguimiento de la huelga y el Ejecutivo no nos notificó ninguna variación en la misma. Por lo tanto, seguiremos tomando las mismas medidas que hasta ahora”:

  • Se harán inspecciones regulares en los centros en huelga.
  • No se derivarán estancia temporales a los mismos.
  • No se recomendarán ingresos permanentes.
  • Se rebajará de la tarifa la parte del sueldo que las empresas dejan de pagar a las trabajadoras en huelga.

Jon Albizu: “Ahora más que nunca la administración debe estar al lado de quienes están en peor situación”

Jon Albizu, concejal de Bienestar Social de Donostia, y compañero de Alternatiba, ha destacado que el objetivo principal de estas ayudas, más allá del dinero a repartir, es proteger el trabajo de estas entidades y reconocer la aportación que realizan a la sociedad: “El Gobierno Municipal tiene entre sus prioridades proteger el ámbito social y estas subvenciones se enmarcan dentro de esa idea, ya que en definitiva todas estas asociaciones tienen un marcado carácter social y entre las funciones de la administración pública esta la de ayudar a estas entidades».

Ha asegurado que «ahora más que nunca, la administración debe estar al lado de los más débiles y de quienes están en peor situación, tienen una responsabilidad en eso, y este gobierno tiene eso muy claro, algo que también ha quedado reflejado en los presupuestos”.

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