El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha subrayado que “una de las máximas del Gobierno foral es la gestión del dinero público con responsabilidad, eficacia y transparencia. Por lo tanto, no puede permitir que haya empresas que cobren de la Administración por servicios que no han prestado durante una huelga, y menos que se queden con parte del sueldo que les corresponde a las empleadas”. Por ello, el Departamento de Política Social ha decidido deducir de la tarifa mensual que abona a las entidades gestoras de residencias y centros de día la parte que éstas no van a pagar a las trabajadoras en huelga.
Se trata de una medida que fue aplicada por primera vez en el paro de tres días que tuvo lugar el pasado mes de febrero. En aquella ocasión, el Gobierno foral detrajo 81.278,66 de la tarifa abonada a las empresas.
La directora de Planificación e Inversiones, María del Río, ha explicado que la Diputación abona a las empresas y asociaciones sin ánimo de lucro gestoras de las residencias del Territorio una tarifa mensual que incluye los gastos de alojamiento, manutención, limpieza, etc (30% de la tarifa) y los sueldos de la plantilla (70% de la tarifa). En el caso de una huelga, las empresas dejan de pagar a las trabajadoras por los días en los que no han acudido a su puesto. Pese a ello, en anteriores legislaturas, la Diputación seguía pagando a las entidades la misma tarifa, aún a sabiendas de que el gasto en salarios era menor. Por lo tanto, las empresas obtenían beneficios económicos de las movilizaciones, mientras que el personal perdía parte de su sueldo.
“Esta situación no se va a volver a repetir. Las empresas que reduzcan el sueldo a las huelguistas verán también reducidos sus ingresos”, ha concluido Del Río.
Las fuerzas políticas que conformamos la coalición Euskal Herria Bildu, queremos denunciar firmemente la detención y el ingreso en prisión de ocho jóvenes donostiarras.
Es hora de poner fin a la persecución política en nuestro país. No podemos permitir, que a día de hoy, ocho jóvenes sean llevados para seis años a prisión. Reivindicamos que deben finalizar de una vez por todas todos los juicios políticos. Estos son tiempos para vacíar las cárceles y no para llenarlas más.
En estos difíciles momentos, queremos mostrar nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a las personas detenidas y a sus familiares y allegados.
Esta sociedad solicita pasos firmes para solucionar el conflicto político y avanzar en el camino de la paz. Debemos poner fin a todas las situaciónes de sufrimiento, y no seguir generando más y más sufrimiento.
Desde EHBildu, seguiremos, de la misma forma que hemos hecho hasta ahora, trabajando para que todos los derechos de todas las personas sean respetados. Creemos que ese es el querer mayoritario de los ciudadanos y las ciudadanas de diversas sensibilidades políticas.
Para denunciar la injusticia llevada a cabo contra estos jóvenes, un nutrido grupo de donostiarras puso en marcha un acto de solidaridad en el Boulevard, en el bautizado con el nombre Aske Gunea.
Ha sido impresionante el movimiento de denuncia y solidaridad que ha sacudido nuestra ciudad durante las dos últimas semanas. Por nuestra parte, queremos felicitar a todas las personas que han sido partícipes de esta dinámica innovadora, participativa y solidaria. Con la actitud constructiva y responsable mantenida estos días en el Boulevard, nos habéis ofrecido una buena muestra de organización y compromiso.
Así mismo, queremos denunciar la postura de la ertzaintza a la hora de desalojar a los allí congregados. Han sido muchas las personas que han denunciado haber sufrido amenazas, humillaciones sexistas y agresiones físicas.
En torno a la postura mantenida por PNV, PSE y PP, queremos manifestar lo siguiente:
Consideramos totalmente irresponsable la postura que han mostrado los partidos de la oposición. Cuando ocho jóvenes donostiarras van a ser encarcelados durante seis años por su labor política, PNV, PSE y PP se limitan a enfrentarse a quienes denuncian tal injusticia. Para ellos, es más grave llevar a cabo una protesta en el Boulevard, que romper injustamente la vida de ocho familias.
Invitamos a los responsables de dichos partidos escuchar la voz de la ciudadanía. Les pedimos valentía, para que abandonen las directrices que les marcan sus partidos y se unan al deseo mayoritario de los y las donostiarras.
Les animamos a decir lo que sus propias bases piensan. Que es totalmente inaceptable que en 2013 se lleven a los jóvenes de nuestra ciudad a la cárcel para cumplir las leyes injustas de Madrid.
En el camino de construcción de la paz y la convivencia, es necesaria la aportación de todas y cada una de las fuerzas políticas. La ciudadanía nos exige tomar decisiones valientes y constructivas en esa dirección. Si queremos convertir Donostia en referente de la convivencia, es necesario que pongamos fin a las vulneraciones de los derechos más básicos.
Enrique Martínez-Florez, juntero de Bildu en Gipuzkoa y miembro de Alternatiba
He conocido con cierta estupefacción la presentación por parte de la patronal Adegi de un contencioso administrativo contra el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en particular, contra la propuesta para renovar el convenio colectivo del personal de las residencias para mayores.
La Diputación se comprometió el pasado 8 de febrero a destinar 8,2 millones de euros en dos años para financiar mejoras en las condiciones laborales de las 4.800 trabajadoras y trabajadores de las residencias y Centros de Día del Territorio. De este modo, daba un paso al frente y presentaba una solución para superar la situación de bloqueo en las negociaciones existente entre la representación sindical del sector y la patronal. Pero a la responsabilidad y al compromiso públicos, Adegi respondió con una demanda contra por “injerencia en la negociación colectiva” y con la exigencia de una indemnización de 187.000 euros.
No voy a realizar un análisis jurídico, pues corresponde éste a otras personas, y la valoración final a los/as jueces/zas y tribunales; no quiero, por tanto, caer en el mismo error que voy a imputar a Adegi y equivocarme de instancia (no se entienda en términos procesales). Únicamente quiero hacer una aproximación desde el punto de vista político.
Para centrar este ejercicio de opinión es preciso acudir esquemáticamente a la evolución del Constitucionalismo. La primera etapa corresponde a la definición del Estado como Estado de Derecho, es época de los derechos civiles y, en particular, del derecho de propiedad. En aquel momento, la principal tarea del Estado fue facilitar el enriquecimiento sin poner trabas, garantizar la seguridad jurídica, especialmente para el tráfico y el comercio (no es casual que el Código de Comercio sea anterior al Código civil). Posteriormente, el Estado se hace democrático al abandonar el sufragio censitario, recoger el voto femenino y reconocer la participación como derecho. Por último, después de la Segunda Guerra Mundial, después del pacto Keynesiano de capital y trabajo, el Estado adquiere la potestad de regular e intervenir en la vida económica para garantizar los derechos de los y las más desfavorecidas.
Esta perspectiva, de carácter meramente socialdemócrata, nos permite apreciar cómo el lenguaje y la postura ideológica que subyace en la demanda de Adegi contra la Diputación corresponden a la primera etapa reseñada. Conceptos como “injerencia del departamento”, repetido hasta la saciedad en la demanda de la patronal para justificar la pretensión, no sirven sino para negar el derecho del Estado, en este caso, la Diputación, para intervenir en la vida económica, siquiera para ejercer un derecho tan básico como la libertad de expresión, formulando una propuesta que se considera justa y que beneficia a ambas partes.
Sí, incluso en procesos de negociación colectiva tiene derecho a participar, haciéndolo como ahora, actuando sin imperium. Basta recordar acuerdos de naturaleza tripartita en las que el Estado ha participado, Pactos de la Moncloa, AES o AMI.
Lo anterior no es ninguna sorpresa, todos conocemos la postura de la Patronal favorable a los planteamientos neoliberales (aunque la partícula neo, no sea lo más propio, como hemos visto). Lo que más sorprende es su pasmo ante “una actuación con connotaciones evidentemente políticas”. ¿Qué creen que se hace o se debe hacer desde el Gobierno, sino política?
¿No es una actuación política la promulgación de la Reforma Laboral, que tanto defiende la demanda y, con la que tanto coincide la postura de la Adegi? Pues también la Reforma Laboral es producto de una política de un Gobierno de derechas, y coincide con las pretensiones de una de las partes de la negociación colectiva, le favorece y le proporciona una posición más fuerte en la negociación. Estos son los argumentos de Adegi, que considera válidos para sí y no para su contraparte.
¿Qué espera Adegi de un gobierno de izquierdas? Si acusa a este Gobierno de defender el interés común, entendido éste como coincidente con un interés de clase; si acusa a este Gobierno de plantear una forma distinta de salida la crisis, más justa, apostando por la igualdad como elemento dinamizador de la economía, pues resulta que acierta.
No puedo terminar sin explicar por qué entiendo que el contencioso se plantea contra el Departamento de Política Social y no contra un acto. Simplemente, porque no existe el acto. El documento 24 de la demanda comienza diciendo que estamos ante una “mera propuesta sin valor y eficacia jurídica”. Por lo tanto, para dejarlo sin eficacia, mejor dicho, para que pase a mejor vida, pues eficacia no tiene, basta con que Adegi diga que no. En su derecho estará, y libremente puede hacerlo. Como en su derecho estarán quienes juzguen política o éticamente, nunca desde la legalidad, tal decisión. Si es esta la preocupación, y parece que no hay otra (así lo justifica la apelación que en la demanda se hace al honor) sus argumentos, que seguro que los tiene, aunque no se compartan, debe dirigirlos a las trabajadoras, a la sociedad en general o a aquellos y aquellas cuya reprobación tema, pero no a los tribunales.
El portavoz nacional de Alternatiba, Oskar Matute, ha querido expresar hoy la solidaridad de su organización con los jóvenes detenidos esta mañana por la Ertzaintza en el Askegunea de Donostia, que, según ha recordado “han sido condenados a penas de cárcel por su militancia política”. Pero por encima de la detención, Matute ha subrayado el “ejercicio de resistencia pacífica, dignidad popular y solidaridad demostrado por las cientos y cientos de personas que llevan días en la calle arropando a las y los jóvenes”.
En palabras del portavoz de la formación de izquierdas, la juventud vasca “ha demostrado su solidaridad activa y su compromiso con la no violencia a través de una resistencia civil que ha demostrado de qué lado está cada uno”. Así, ha señalado la “lamentable” actitud del gobierno de Iñigo Urkullu, que “ha vuelto a poner a la Ertzaintza al servicio de la nula voluntad del Gobierno del Reino de España de afrontar el nuevo tiempo político y aportar en normalización y pacificación”.
Al hilo de esto, también ha mostrado su “preocupación por el modo violento en que la policía autonómica ha procedido al desalojo del Askegunea y por las amenazas y heridas que han denunciado docenas de personas desde primera hora de la mañana”. Tampoco es tolerable, ha proseguido, “el impedir a los medios de comunicación que han querido cubrir lo que sucedía esta mañana cumplir con su trabajo”.
Matute ha asegurado que aunque hayan conseguido desalojar hoy el Askegune, “lo que no van a conseguir es que la solidaridad y la apuesta por un proceso político que le retorne a este país todos los derechos para todas las personas”. En el mismo sentido, se ha mostrado convencido de que “el Askegunea ha llegado para quedarse en Euskal Herria, porque es un ejemplo de lucha, de dignidad y de resistencia frente a la injusticia”. Finalmente, desde Alternatiba han llamado a participar en las manifestaciones de solidaridad convocadas para hoy y mañana en Donostia.
La Diputación Foral de Gipuzkoa se comprometió el pasado 8 de febrero a destinar un presupuesto de 8,2 millones de euros en dos años para financiar mejoras en las condiciones laborales de los 4.800 trabajadores y, sobre todo, trabajadoras, de las residencias y Centros de Día del Territorio que disponen de plazas concertadas con la Administración.
De este modo, daba un paso al frente y presentaba una solución para superar la situación de bloqueo en las negociaciones existente entre la representación sindical del sector y la patronal. Las patronales Adegi y Lares y la representación social llevaban desde octubre negociando sin llegar a un acuerdo y ya se han producido huelgas en el sector. De hecho ya han sido anunciados nuevos paros.
De persistir la situación de bloqueo, la no consecución de un acuerdo que permitiera la firma de un convenio provincial derivaría en la aplicación de la regulación estatal en el sector. Esta circunstancia supondría una merma considerable tanto en las condiciones laborales del personal como en la calidad del servicio.
La Institución foral es responsable de financiar el 87% de las plazas que se ofertan en el Territorio, así como de sufragar los sueldos de 4.800 trabajadoras del sector. Por lo tanto, la Diputación es la responsable última de asegurar la prestación de un servicio de calidad en las plazas públicas concertadas, además de velar por el cumplimiento de los derechos laborales del personal que desarrolla su trabajo en dichos centros, en tanto en cuanto estas condiciones redundan en la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
Por todo ello, y tras haber resultado la Administración interpelada por las partes, el Gobierno foral elevó una propuesta a patronal y sindicatos con el objetivo de desbloquear la mesa.
Pero a la responsabilidad y al compromiso demostrado por el Gobierno foral, Adegi respondió con una demanda contra la Diputación de Gipuzkoa en la que, encima, le reclama una indemnización de 187.000 euros.
Ante esta situación, queremos decir:
* A las 4.800 trabajadoras de las residencias y Centros de Día para personas mayores: No estáis solas. EHBildu comparte vuestra lucha por trabajar en condiciones dignas y por la firma de un convenio provincial que no recorte vuestros derechos. Siempre estaremos en contra de la reforma laboral española. No vamos a hincar la rodilla ante la patronal.
* A la Diputación Foral de Gipuzkoa: que siga cubriendo las espaldas de la clase trabajadora de este país, máxime cuando de esto depende la calidad de los servicios públicos y la dignidad tanto de trabajadoras como de los y las usuarias de estos servicios.
* A Adegi: que retire la demanda contra la Diputación, que se siente a negociar y que renuncie a aplicar la reforma laboral española que precariza la vida de los y las trabajadoras guipuzcoanas. La voracidad de la patronal no tiene límites. No sólo quiere quedarse con más y más dinero de las trabajadoras de las residencias, ahora también quiere sacar tajada de las arcas forales pidiendo que la Diputación le pague una indemnización. Es un insulto a todos y todas las usuarias de los servicios públicos del Territorio, les quieren robar 187.000 euros.
* Al PNV:que deje de actuar en defensa de los intereses de la patronal y defienda los intereses de la ciudadanía de Gipuzkoa en general. Y es que en este tema concreto de la denuncia de Adegi a la Diputación de Gipuzkoa, ha quedado en evidencia que en la práctica el PNV representa o actua como brazo político de Adegi en las instituciones. La denuncia de Adegi se fundamenta principalmente en los datos recogidos en respuesta que la Diputación dio a una pregunta efectuada en Juntas Generales por parte del grupo juntero del PNV. El grupo jeltzale está en todo su derecho de utilizar los mecanismos de control público y realizar las preguntas que considere pertinentes, pero en esta ocasión lo ha hecho con una clara vocación de beneficiar a la patronal y perjudicar los intereses generales de la Diputación y, por lo tanto, de la sociedad de Gipuzkoa. Tendrán que dar muchas explicaciones a las trabajadoras de las residencias y sus usuarios. El PNV trabaja para la patronal, EH Bildu, para el conjunto de la ciudadanía y en defensa de la dignidad de los y las trabajadoras.
El portavoz nacional de Alternatiba, Oskar Matute, ha criticado duramente la demanda presentada por la patronal Adegi contra el Departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa tras haberse dado a conocer hoy nuevos detalles de la misma a través de la prensa. «Estamos ante un nuevo y brutal ataque contra la clase trabajadora y contra las mujeres. La patronal de Gipuzkoa quiere sacar más tajada y no le importa arrasar a su paso con un sector especialmente precarizado y feminizado, acrecentando la crisis económica, la crisis social, y la crisis de los cuidados. La inestabilidad y la precariedad que generaría la reforma laboral en los servicios de cuidados y en la vida de las mujeres es inaceptable».
A la ya conocida demanda presentada por Adegi contra la Diputación, por haber cumplido el mandato de las juntas Generales de Gipuzkoa y haber querido garantizar condiciones laborales dignas para las varias miles de personas que desempeñan un trabajo público y socialmente necesario, se suma la exigencia de Adegi a una indemnización por daños y perjuicios por un importe de casi 190.000 euros: «La denuncia es un aviso a navegantes; que ninguna administración mantenga una posición activa contra la reforma laboral, pero ni desde Alternatiba ni desde las instituciones en las que tenemos representación a través de EHBildu vamos a tolerarlo».
El portavoz de la formación de izquierdas ha querido recordar las palabras del presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, en las que aludía a la lucha de clases como algo antiguo y obsoleto «que concibe las posiciones e intereses de empresarios y trabajadores como connaturalmente antagónicos y donde lo que es bueno para uno se percibe necesariamente malo para el otro». La diferencia, ha asegurado Matute, estriba en que «por primera vez, la patronal no ha encontrado un aliado en el Gobierno Foral de Gipuzkoa. Por primera vez, un Gobierno se pone del lado de las trabajadoras en este país y pone pié en pared contra los abusos de la clase empresarial».
Desde Alternatiba han recordado que ninguna política es neutra, «beneficia a una clase en detrimento de otra. En el caso de Adegi, sus propuestas quieren extraer dinero de los bolsillos de las trabajadoras para ponerlo en los de la clase empresarial. Pero no seremos compañeros de viaje de aquellos que quieran aplicar la reforma laboral y perjudicar tanto a las trabajadoras como a las personas a las que estas atienden».
En palabras del parlamentario, «Adegi se comporta como un ave de rapiña, tiene la desvergüenza de querer apropiarse del salario de las trabajadoras y, encima, pedir en los juzgados que la Diputación le pague una indemnización con el dinero de todos y todas las guipuzcoanas». Pero Adegi, ha continuado, «debe de saber que el tiempo en que disponía a su antojo del presupuesto de la Diputación tocó a su fin».
Finalmente, Matute ha denunciado la actitud del PNV, «como siempre, demuestra que está con la patronal, con la clase empresarial y en contra de la clase trabajadora. Y es que ha demostrado una total falta de principios al hacer uso de su derecho a pedir información en las Juntas Generales únicamente para proporcionárselo a Adegi. Ha nutrido de datos a Adegi para que los utilice como excusa en su ataque contra las trabajadoras de las residencias y la Diputación de Gipuzkoa».
El coordinador de Alternatiba en Gipuzkoa, Xabier Soto, ha denunciado la ardua situación que viven cada día miles de personas en sus centros de trabajo, soportando la presión constante que ejercen las direcciones de las empresas para aceptar la merma de sus condiciones laborales y salariales: “Con el respaldo de las sucesivas reformas laborales, son cada vez más las empresas que utilizan el silencio o la ausencia de negociación para llevar a sus trabajadores a una situación de indefensión y desinformación”. Por ello, Soto ha instado a las empresas a abrir vías de diálogo y a “escuchar y tener en muy en cuenta la voz de sus trabajadores y trabajadoras, a fin de llegar a una soluciones conjuntas que, ante todo, eviten cualquier despido”.
El portavoz de la formación de izquierdas se ha referido expresamente a la situación de Ibermática, empresa encargada del servicio informático de Kutxa, y cuya dirección ha hecho uso de las antes mencionadas tácticas “cuasi mafiosas” al plantear 238 despidos para “callar después, dejando a la plantilla sin más información que la que reciben desde fuentes externas”. Soto ha apoyado las diferentes movilizaciones y protestas realizadas por los y las trabajadoras, y especialmente a la huelga de cuatro días que comenzaron el pasado 12 de febrero para denunciar “la situación de desamparo y falta de transparencia” que reciben desde la dirección de la empresa.
Ante esta lamentable situación, desde Alternatiba Gipuzkoa han denunciado el sometimiento de la plantilla a un “auténtico chantaje silencioso, que amenaza con represalias mudas y el posible despido de casi la mitad de las y los trabajadores”. Soto ha señalado como culpable el polémico proceso de fusión de Kutxabank ya que, aparentemente, la unión de las cajas es la que está plateando que toda la labor que se hace desde Ibermática se traslade a IDE, una empresa de Bizkaia. En este sentido, Soto ha denunciado que es la propia lógica capitalista la que “otorga total libertad de movimiento al capital y la que a su vez provoca que los trabajadores sean víctimas de estos, quedando sus vida condicionadas en función de decisiones económicas que no tienen en cuenta la dignidad ni las condiciones laborales de las personas”.
Para poner fin a estos atropellos, el portavoz de Alternatiba ha exigido a la cúpula de Kutxabank y al Gobierno Vasco, una mayor implicación y la adopción de medidas efectivas en la resolución de los conflictos, así como vías de diálogo que aporten transparencia al problema para llegar a un acuerdo entre las partes. Asimismo, Alternatiba han interpelado a agentes sociales y a la ciudadanía en general, a “mostrar su apoyo a todas las personas que están siendo afectadas en sus trabajos por estas dolorosas situaciones, participando en cuantas movilizaciones de solidaridad y protesta se convoquen para denunciar los ataques de empresarios sin escrúpulos contra las personas trabajadoras”.
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha decidido ampliar el derecho a percibir las prestaciones económicas destinadas a personas con dependencia que necesitan contratar asistentes personales para recibir cuidados en su domicilio. Así lo aprobó ayer el Consejo de Diputados, que dio luz verde a un acuerdo que extiende el derecho a la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) – hasta ahora reservado a personas con dependencia severa (grado III) – a los y las guipuzcoanas con dependencia grave (grado II) y a parte de los/as dependientes moderados/as (grado I nivel 2).
En total, son casi 12.500 personas en el Territorio las valoradas con estos grados y, por lo tanto, las que podrían beneficiarse de la ampliación de la PEAP, destinada a sufragar los gastos de contratación de cuidados en el domicilio. En total, la cuantía máxima mensual de esta prestación se sitúa entre los 833,96 euros, que reciben las personas con dependencia severa, y los 300 euros, para las dependencias moderadas.
La ampliación de estas ayudas ha sido posible gracias a la interpretación extensiva de la Ley de Dependencia que hace el Gobierno foral y que convierte a Gipuzkoa en el único Territorio en todo el Reino de España en abrir el derecho a esta prestación a nuevos grados. En este momento, tan solo hay concedidas en el Estado 1.300 PEAP, de las cuales 1.190 corresponden a dependientes severos/as de Gipuzkoa. A partir de ahora, más guipuzcoanos/as podrán acceder a una prestación para hacer frente a los gastos de contratación de un asistente personal.
La Diputación prevé que esta medida suponga un desembolso anual de 600.000 euros adicionales, que habrá que sumar a los 8.713.000 euros que ya supuso la PEAP en 2012. El Departamento de Política Social estima que esta medida podría generar más de 160 contratos nuevos a lo largo de 2013 en Gipuzkoa.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, han dado a conocer hoy este acuerdo en una rueda de prensa en la que ha destacado que “el Departamento de Política Social ha establecido como una de las prioridades para este ejercicio la potenciación de las políticas dirigidas al mantenimiento en el entorno de las personas dependientes durante el mayor tiempo posible. Por eso, consideramos que es fundamental proveer a este colectivo de las herramientasnecesarias para preservar y fomentar su autonomía personal en el propio domicilio, con el fin de retrasar lo más posible su acceso a otro tipo de recursos, como los residenciales”.
Entre estas “herramientas” se encuentran, por una parte, los servicios (como los Centros de Día, el Servicio de Ayuda a Domicilio o las estancias temporales de respiro Sendian) y, por otro lado, las prestaciones económicas. Entre estas últimas, la PEAP permite a las personas con dependencia disponer de financiación para contratar la asistencia personal que necesitan para permanecer en su domicilio durante el mayor tiempo posible para apoyar a los y las cuidadoras familiares.
“El mayor esfuerzo del Departamento de Política Social en los presupuestos del año 2012 consistió en aumentar el número de plazas de determinados servicios, poniendo en marcha más de 250 plazas nuevas en residencias y centros de día. Gracias a esa ampliación se ha conseguido reducir casi un 26% las listas de espera en recursos residenciales. Para completar esta labor realizada en 2012, en 2013 reforzaremos, además, otro tipo de políticas para seguir viviendo en el propio domicilio, como las prestaciones económicas”, ha subrayado el diputado.
Asimismo, ha recordado el gran esfuerzo que se ha dirigido a paliar los recortes en la Ley de Dependencia aprobados por el Gobierno de España, que fijan una rebaja del 15% en la cuantía de las actuales prestaciones. En Gipuzkoa las ayudas se mantendrán (Acuerdo del Consejo de Diputados 5/9/2012), lo que supondrá a las arcas forales un desembolso de 10 millones de euros más al año.
Rueda de prensa que traslada a la opinión pública las conclusiones a las que ha llegado EH Bildu tras analizar en profundidad la situación en la que se encuentra la gestión de los residuos en Gipuzkoa.
En primer lugar, constatar que hoy en día todos los agentes sociales, institucionales y políticos reconocen que los residuos urbanos son un problema económico, ecológico y de salud de primer orden, y que es necesario darles una solución.
La ciudadanía ha evolucionado y los tiempos en que los residuos se tiraban sin ningún tipo de clasificación previa son parte del pasado. Consciente de todo ello, tras las elecciones municipales y forales de mayo de 2011, esta coalición ha tenido como una de sus prioridades dar una solución integral al problema de los residuos urbanos.
Sin embargo, debemos constatar también que lo que debería haber sido un debate técnico y de gestión encaminado a resolver un problema muy concreto, se ha politizado por completo y se ha hurtado a la ciudadanía de poder dar un debate sereno y sosegado. Es por ello que proponemos que se saque el tema de los residuos del debate partidista.
En Catalunya todos los partidos han sido capaces de llegar a ese compromiso de mínimos, y es que, lo que está claro es que los residuos no tienen color político.
Llegados a este punto, es necesario que todos los partidos analicemos en profundidad lo que está sucediendo en Gipuzkoa. La función principal de la política es resolver los problemas y en el caso de los residuos urbanos está claro que éste es un problema de todos que tenemos que resolver entre todos. Desde EH Bildu queremos expresar nuestra firme determinación para solucionar este problema. Pueblo a pueblo y barrio a barrio, vamos a redoblar nuestros esfuerzos y a adoptar nuevas iniciativas encaminadas a resolver el grave problema que supone la gestión de los residuos.
Debemos ser capaces de explicar a la sociedad con rigor y seriedad cuál es el proyecto que propone cada cual, por encima de manipulaciones interesadas. Por ejemplo, aquellos que todavía siguen empeñados en construir una incineradora en Zubieta deberían explicar a la sociedad de dónde piensan sacar el dinero, o mejor dicho, de dónde van a recortar para construir una incineradora. La ciudadanía tiene derecho a saber que las incineradoras son muy peligrosas para la salud y el medio ambiente. Así mismo, creemos que el debate es mucho más serio que polemizar entre colgadores para cubos o contenedores, u otras cuestiones anecdóticas por el estilo.
A continuación las conclusiones a las que ha llegado la coalición:
1. En primer lugar, EH Bildu quiere reafirmarse en su apuesta por la filosofía Zero Zabor o Basura cero. Las 3 erres: Reducir, reutilizar y reciclar, son la base de las políticas sobre residuos de EH Bildu. Este es nuestro punto de partida. En estos meses hemos hecho grandes avances para conseguir que Gipuzkoa sea algún día un territorio Zero Zabor, y en EH Bildu nos comprometemos a seguir dando pasos en esa dirección, ya sea desde las instituciones o desde la calle, cuando gobernamos o cuando nos toca hacer oposición.
2. En este sentido, EH Bildu se suma a aquellos que últimamente están reclamando que en Gipuzkoa también hace falta acuerdos en materia de residuos urbanos. EH Bildu quiere expresar su disposición a llegar a acuerdos sociales y políticos en torno al reciclaje. Si partimos de la base de que todos los partidos declaran abiertamente estar a favor del reciclaje, el camino es, primero, dejar a un lado los intereses partidistas, y, segundo, ponernos de acuerdo en las cuestiones técnicas que hagan posible que en Gipuzkoa reciclemos más.
3. En torno a la incineradora de Zubieta podemos decir exactamente lo mismo. La inmensa mayoría de la sociedad está en contra de la incineradora porque es obvio que es la peor opción posible desde el punto de vista de la salud de las personas y del respeto al medio ambiente. Es más, en esta época de crisis, es impensable que la Diputación de Gipuzkoa se vaya a gastar 500 millones en construir una incineradora. Necesitamos ese dinero para garantizar la prestación de otros servicios básicos, para fomentar el empleo, para asegurar los servicios sociales básicos y para mantener, en definitiva, el bienestar de la ciudadanía gipuzkoana.
• Además, si todos estamos diciendo que queremos reciclar más, la planta de incineración tiene aun menos sentido, ya que nunca llegaría a tener la cantidad mínima de residuos que necesita una planta así para ser rentable, y tendríamos que empezar a importar a Gipuzkoa basura de otros territorios.
• Por otro lado, desde el punto de vista de la salud pública, no se puede construir incineradoras porque este tipo de plantas son muy contaminantes y está comprobado y certificado que provocan cáncer en la población. El reciente informe del Instituto Carlos III al respecto es demoledor.
• Y por si todo ello fuera poco, a nadie se le puede olvidar que la Unión Europea va a prohibir las incineradoras y los vertederos para 2020.
4.En cuanto al sistema de reciclaje, en primer lugar queremos constatar que gobiernos de todo el mundo, sean de izquierdas o de derechas, está trabajando para conseguir sistemas de reciclaje más eficientes. En nuestro caso, el sistema de reciclaje que ha estado en vigor durante los últimos años ha tocado techo y se ha estancado preocupantemente en el 30-35%. Entre los sistemas que se han propuesto para subir estas tasas de reciclaje está el sistema puerta a puerta, que es por mucho el que mejores resultados está consiguiendo. Pero no es el único sistema que está dando resultados.
5. Cualquiera que sea el sistema que se vaya a implantar, lo que en EH Bildu tenemos claro es que los ciudadanos y los pueblos son los que tienen la última palabra. Cada municipio deberá decidir sus ritmos y sus sistemas particulares. Tal y como ha hecho ya algunos pueblos de Gipuzkoa, el resto de pueblos deberán encontrar su propio camino. En cualquier caso, el objetivo compartido debe ser separar los residuos a niveles cuanto más altos mejor, para poder acercarnos poco a poco a tasas de reciclaje del 80% o más.
