Los intereses ocultos del PNV están detrás de la construcción de la incineradora

Tal y como se ha conocido recientemente, a causa de las irregularidades que presenta el proyecto de la incineradora de Zubieta, no se cumplen las especificaciones medioambientales que había previsto el Gobierno Vasco. Como consecuencia de ello, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha decidido no construir la planta. Desde EH Bildu hoy queremos hacer una valoración de todo ello.

Antes que nada queremos exigir a los diferentes medios y agentes de Gipuzkoa que muestren el respeto institucional que se merece una entidad pública como es GHK. Porque GHK no es ninguna institución privada “controlada por EH Bildu” ni nada por el estilo. GHK es un consorcio público en que están representados los ayuntamientos y mancomunidades del territorio y no ha sido creada por EH Bildu, ni mucho menos. GHK tiene toda la legitimidad democrática para tomar las decisiones que mejor defiendan los intereses de la ciudadanía de Gipuzkoa.

En concreto, GHK se encarga de la “gestión en alta” de los residuos, es decir, los pueblos y mancomunidades se encargan de recoger los residuos urbanos y se los entregan a GHK para que los trate. A GHK le corresponde construir y gestionar las diferentes infraestructuras que son necesarias para llevar a cabo su cometido: plantas de transferencia, plantas de compostaje, plantas de biomecanización y, en su caso, una incineradora si así lo considerara oportuno.

GHK es una institución pública, cuya legitimidad emana de las urnas y en este caso la mayoría del Consorcio ha correspondido a EH Bildu por voluntad popular. A nadie se le ocurriría,  por ejemplo, decir que PNV, PSE y PP “controlan” las Juntas Generales porque tienen la mayoría.

Hemos creído necesaria esta aclaración porque no vamos a admitir ni una sola vez más que se ponga en entredicho la composición de GHK ni su legitimidad democrática para tomar decisiones.

La paralización de la incineradora de Zubieta ha sido justificada con argumentos sólidos, de los que se derivan responsabilidades claras. En muchas ocasiones hemos dicho que el PNV quería que la incineradora se construyera a toda costa. El PNV hizo caso omiso a las denuncias por las irregularidades detectadas en el proceso de diseño y licitación. Tampoco fueron suficientes la alarma social que creó la incineradora por las consecuencias que se ha demostrado tiene en la salud pública. Tampoco por los 500 millones que iban a arruinar Gipuzkoa ni las protestas populares.

Sin embargo, las irregularidades que ha denunciado GHK son abrumadoras. Y es que los anteriores gestores no se molestaron ni en respetar las autorizaciones que les había concedido el Gobierno Vasco. Cometieron modificaciones sustanciales y, entre otras cosas, hicieron desaparecer del proyecto la planta para tratar los residuos tóxicos que iba a producir la incineradora. En estas condiciones, con permisos concedidos para un proyecto sustancialmente diferente al inicial, construir la incineradora sería cometer una ilegalidad.

GHK ha dado información precisa y amplia sobre todo ello, por lo que no vamos a detenernos en explicar las razones técnicas y de carácter medioambiental de la paralización. Es más, los promotores políticos de la planta no han dado ni un solo  dato para desmentir los argumentos expuestos públicamente por GHK.

En lo que sí vamos a detenernos es en la nefasta gestión de todo el affaire de la incineradora de Zubieta protagonizada por los anteriores gestores de GHK y del Gobierno Foral. Los intereses ocultos del PNV están detrás de todo lo que tiene que ver con la construcción de la incineradora. En este caso no se puede decir que todo el mundo tiene su parte de culpa, no, toda la responsabilidad política y todas las consecuencias económicas causadas por esta nefasta gestión son únicas y exclusivamente del PNV.

Estos días han intentado anunciar que la no construcción de la incineradora causaría la ruina de GHK y que habrá que pagar indemnizaciones millonarias. El PNV oculta deliberadamente a la ciudadanía que fueron ellos los que contrataron un swap, un producto financiero altamente tóxico, que está lastrando las cuentas de GHK y que fue el PNV el que firmó un acuerdo con las empresas constructoras tras la modificación del proyecto inicial, un acuerdo que ahora se comprueba que es ilegal cumplirlo. Lo diremos con otras palabras: Que no se atrevan desde el PNV a atribuir las irresponsabilidades que ellos cometieron y los agujeros que ha provocado su nefasta gestión al actual gobierno foral. Que no tomen a la sociedad guipuzcoana por tonta.

De cualquier forma, nuestra intención hoy no es alimentar ninguna lógica de enfrentamiento. Llegados a este punto, con el proyecto de la incineradora de Zubieta en vía muerta, desde EH Bildu nos comprometemos a seguir realizando una gestión responsable y razonable de todo este asunto. Por un lado, es prioritario defender el patrimonio y los intereses de la sociedad guipuzcoana, garantizando la solvencia y la viabilidad de GHK. Pero, por otro lado, es evidente que la incineradora de Zubieta no se puede hacer y que estamos ante un nuevo escenario. Este nuevo escenario post-incineradora exige por parte de todos responsabilidad para definir la nueva gestión integral de los residuos que producimos en Gipuzkoa y poder construir las nuevas infraestructuras necesarias para ello.

Este nuevo escenario exige diálogo y capacidad de acuerdos entre los partidos, los agentes sociales y las instituciones implicadas. Desde EH Bildu vamos a impulsar en los próximos días y semanas distintas dinámicas para promover un debate abierto que posibilite encontrar soluciones definitivas para el tema de los residuos en el territorio de Gipuzkoa.

Gipuzkoa pide que se suspenda el proyecto de línea de alta tensión

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha pedido que se suspenda el proyecto de líneas de 400.000 voltios entre Dicastillo y Ezkio-Itsaso y Castejon-Muruarte. Según el ente foral, el proyecto que quiere desarrollar la empresa Red Eléctrica Española no se encuentra dentro de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica del Estado, en relación a la cual el Real Decreto Ley 13/2012 indica lo siguiente: «hasta la aprobación por parte del Consejo de Ministros de una nueva planificación de la red de transporte de energía eléctrica queda suspendida el otorgamiento de nuevas autorizaciones administrativas para instalaciones de transporte competencia de la Administración General del Estado». Por lo tanto, dado que el proyecto de líneas entre Dicastillo y Ezkio-Itsaso y Castejon-Muruarte no se encuentra en la planificación actual, y dado que queda suspendido el otorgamiento de nuevas autorizaciones hasta que se apruebe una nueva planificación, las administraciones competentes deberían suspender el proyecto en cuestión. «De lo contrario, actuarían contra la normativa», ha señalado el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación.

Cabe recordar que ambas líneas suman un total de 120 kilómetros, de los cuales 14 transcurrirían por Gipuzkoa; concretamente, entraría en el territorio a través de la Parzonería de Gipuzkoa, y afectaría a los siguientes municipios: Idiazabal, Zegama, Segura, Zerain, Mutiloa y Gabiria. La línea se sostendría sobre torres de acero de hasta 80 metros de altura. Concretamente, en Gipuzkoa se requerirían 28 torres, con un espacio entre ellas de 400 o 500 metros. Para la protección de la línea, se debería hacer un corredor de 40 metros de ancho, con restricciones para la arboleda. Por otra parte, se necesitarían 5,3 kilómetros de nuevos caminos para la realización de labores de instalación y del mantenimiento posterior de las torres.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado diferentes recursos al informe medioambiental del proyecto de línea de alta tensión, entre los que destaca el comentado anteriormente. Además, según afirma la Diputación, «la información presentada no es suficiente para justificar la necesidad objetiva de las instalaciones. Tal carencia básica debería traer consigo una reflexión real y seria en torno a la conveniencia o no del proyecto».

La Diputación sostiene, además, que hay que tener en cuenta el notable descenso a nivel estatal, en los últimos seis años, del consumo bruto de energía eléctrica y que se espera que tal tendencia se mantenga en el futuro. Por ello, «los datos de bajada de demanda demuestran que no existe necesidad de nuevas instalaciones de generación y transporte de electricidad y que, desde un punto de vista sostenible, lo pertinente en este momento deberían ser el ahorro y la eficiencia energética». En ese sentido, el proyecto carece tanto de datos relativos a nuevas plantas de energía que justifiquen la necesidad de nuevas líneas, como de una hipotética saturación de las líneas existentes.

Según La Diputación Foral, no se ha realizado una correcta valoración del impacto medioambiental. No se debe olvidar, por ejemplo, que la línea de alta tensión supondría un importante impacto en diferentes zonas protegidas por la red Natura 2000 y que resultaría perjudicial para diferentes especies –aves, especialmente–. Asimismo, la Diputación ha subrayado la preocupación y rechazo que el proyecto ha generado entre la ciudadanía.

«Resulta evidente que este macroproyecto tiene notables carencias y lagunas: los promotores no han justificado debidamente su necesidad; no se ha realizado un análisis medioambiental serio, pese a que tendría, tanto en el entorno como en los espacios protegidos y las especies que los habitan, un impacto enorme; cuenta con la clara oposición de la ciudadanía; y, además, no cumpliría con la normativa vigente. Por lo tanto, hemos pedido al Gobierno español que deniegue el permiso y que el proyecto sea suspendido», ha dicho Iñaki Errazkin, diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DFG

Gipuzkoa está en marcha y ha dejado atrás el modelo neoliberal del PNV

Cuando ya han pasado más de dos años desde que una gran mayoría de los gipuzkoanos y gipuzkoanas decidieran poner a EHBildu al frente de las instituciones más importantes del territorio, ya se puede decir que Gipuzkoa ha virado y que ha dejado atrás el rumbo neoliberal del pasado. A mitad de legislatura, se puede constatar que los cimientos están puestos y, a partir de ahora, vamos a seguir construyendo Gipuzkoa desde otros valores más justos e igualitarios.

Si echamos la vista atrás, hasta hace dos años aquí solo se hablaba de grandes infraestructuras de cemento y hormigón: la incineradora, el puerto de Pasaia, el aeropuerto de Hondarribia… No había más proyectos estratégicos para Gipuzkoa que todas estas obras faraónicas. Al mismo tiempo, el PNV alardeaba de haber convertido a Gipuzkoa en un paraíso fiscal. El resultado de esta nefasta gestión es bien conocido: El Tribunal Vasco de Cuentas recordaba ayer mismo los cientos de millones de agujero que dejó el PNV en la Diputación al dejar su puesto en 2011.

Han pasado dos años y Gipuzkoa camina ya en otra dirección muy diferente. La prueba de ello es que en todos estos meses se han aprobado nada más y nada menos que 22 normas forales. Gipuzkoa se mueve y a un muy buen ritmo. Por poner un ejemplo, en los dos primeros años de la legislatura de Markel Olano, el PNV solo sacó adelante 13 normas. Los números de la gestión de EHBildu son muy positivos, por más que desde algunos medios intenten hacer ver que Gipuzkoa está parada. La realidad es que por iniciativa de EHBildu Gipuzkoaestá en marcha y no ha parado ni un solo segundo en toda la legislatura.

De entre las normas forales que se han aprobado por mayoría en esta cámara, hay que destacar las relativas a la reforma fiscal. La recuperación del impuesto de patrimonio, la implantación del impuesto para las grandes fortunas y la nueva norma contra el fraude fiscal, aprobada este mismo martes, son claves para entender los grandes avances que se han conseguido en fiscalidad estos dos años. De hecho, las juntas de Gipuzkoa han sido pioneras en la aplicación de estas medidas, y visto su éxito, otras diputaciones han seguido los pasos que hemos marcado desde aquí.

También se debe poner en valor la ponencia sobre el desarrollo económico, cuyas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad y que han marcado un hito en esta legislatura. Se han establecido las bases para la creación de empleo y el desarrollo económico del territorio. La apuesta por la economía verde y por el mantenimiento y mejora de los servicios sociales van a ser clave para crear empleo, y el impulso del desarrollo local y comarcal va a ser el motor para la salida de la crisis.

El nuevo modelo por el que estamos apostado desde EHBildu da mucha importancia a las condiciones laborales de los y las trabajadoras y, en este sentido, hay que resaltar la norma foral aprobada casi por unanimidad el pasado martes, según la cual se pone freno a la precariedad en las obras que dependen de la Diputación. Se trata de otro de los hitos importantes de la legislatura, que va a beneficiar a las y los trabajadores pero también a las y los empresarios, es decir, a toda la sociedad gipuzkoana.

Otra de las señas de identidad de estos dos años ha sido que ha habido acuerdos entre todos los grupos, sin excepción. Por ejemplo, EHBildu ha aprobado los presupuestos en 2012 con el PNV y en 2013 con el PSE. Y las normas forales también han sido ampliamente consensuadas. Esta capacidad para lograr acuerdos que ha demostrado EHBildu está por encima de la que se ve en otros territorios o en el Parlamento de Gasteiz.

Y nadie puede decir que la oposición en Gipuzkoa no haya hecho su trabajo. Todo lo contrario: en lo que llevamos de legislatura la oposición se ha empleado a fondo, registrando 2.187 iniciativas de control e impulso, mil más que en el mismo periodo de la legislatura pasada. En estas condiciones, haber sacado adelante por mayoría 22 normas forales es todo un éxito.

Y de cara al futuro, en los dos años de legislatura que restan, nuestros esfuerzos se van a invertir principalmente en impulsar el desarrollo económico de Gipuzkoa. Los cimientos están puestos, y ahora vamos a avanzar con paso cada vez más firme hacia los principales restos que tiene Gipuzkoa: generar riqueza de manera más sostenible y repartir la de forma más equitativa.

Ander Rodriguez: «No vamos a permitir que ninguna empresa se lucre con dinero público gracias a la aplicación de la reforma laboral»

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha solicitado a las empresas y entidades gestoras de residencias y centros de día concertados que, en el plazo de siete días, informen al Departamento de Política Social sobre el régimen laboral que van a aplicar a sus trabajadoras a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral española el 7 de julio. Una vez obtenida esta información, la Administración foral procederá a adecuar las tarifas que abona a las empresas según el marco laboral que se aplique en cada centro.

El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado la entrada en vigor de la reforma laboral española, que supone “una pérdida de derechos sin precedentes para la clase trabajadora”. Se ha alegrado, no obstante, de que la mayoría de las trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa haya conseguido esquivar esta precarización firmando convenios propios o basados en la propuesta de acuerdo de la Diputación, que incluye cláusulas antirreforma, incrementos del IPC en los salarios y una aportación foral de 9,2 millones de euros.

En concreto, casi un 90% del sector ha firmado acuerdos laborales que no vulneran los derechos de las trabajadoras. “Es muy importante haber dotado de semejante nivel de estabilidad a un sector que emplea en Gipuzkoa a más de 4.200 personas -de las cuales el 97% son mujeres-. Esto demuestra que la labor de mediación que ha ejercido el Departamento de Política Social, el trabajo de meses, ha dado sus frutos”, ha señalado.

A pesar de todo, sigue quedando alrededor de un 10% de residencias y centros de día que no han firmado ningún tipo de acuerdo y, en este momento, seis de ellas están en huelga. En palabras del representante foral, “la Diputación debe saber en todo momento qué régimen laboral es de aplicación en los centros que financia. La mayoría de las residencias, de acuerdo con la propuesta foral, va a subir el IPC a los sueldos de las trabajadoras. Por lo tanto, el Departamento de Política Social incrementará en el mismo porcentaje la tarifa. Sin embargo, no tenemos constancia de qué marco salarial va a regir en las empresas que siguen atascadas en el conflicto. En el caso de que apliquen la reforma laboral española, los sueldos podrían bajarse hasta 400 euros y las jornadas aumentarse hasta 200 horas más al año. De ser así, la Diputación llevará a cabo las consiguientes rebajas en la tarifa, porque el Gobierno foral no va a permitir que ninguna empresa se lucre con dinero público gracias a la aplicación de la reforma laboral española”.

Por tanto, el Departamento de Política Social ha remitido una carta a las entidades y empresas gestoras de las residencias en el que “se solicita que en el plazo de siete días proceda a informar a esta administración del convenio o acuerdo laboral aplicable al personal de su empresa que trabaja en el centro o servicio contratado o convenido con esta administración”.

El mismo escrito señala: “La eficiente utilización de los fondos públicos debe regir el conjunto de la actividad administrativa, por lo que la adecuación entre el servicio que la Administración recibe y el precio que paga por recibirlo debe regir igualmente en los servicios pactados mediante convenio o concierto con distintas entidades”.

Apoyo a las trabajadoras

Por otro lado, el diputado se ha referido a la amenaza de Adegi de tomar acciones legales en contra de las trabajadoras que se encuentran en huelga en seis residencias: “En primer lugar, queremos expresar nuestro apoyo a las trabajadoras ante cualquier amenaza de este tipo. En segundo término, consideramos que se trata de un hecho muy grave que no tiene precedentes. Es tanto como decretar el fin del derecho a la huelga en Gipuzkoa. Estamos viendo que Adegi no tiene límites: ha sido capaz de llevar a los tribunales a esta Diputación y ahora también quiere sentar en el banquillo a las trabajadoras que cuidan de nuestras personas mayores y que reclaman dignidad laboral. Están atacando los servicios sociales, la patronal está llevando a cabo una ofensiva brutal contra los servicios públicos de cuidado de las personas dependientes, pero esta Diputación los va a defender”.

Además, el diputado ha aclarado que a la Administración foral no le corresponde autorizar o desautorizar la huelga porque no es su competencia: “La responsabilidad del Departamento consiste en velar por que se preste una adecuada atención en los servicios mínimos que decreta la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco. Ayer hubo una nueva reunión de seguimiento de la huelga y el Ejecutivo no nos notificó ninguna variación en la misma. Por lo tanto, seguiremos tomando las mismas medidas que hasta ahora”:

  • Se harán inspecciones regulares en los centros en huelga.
  • No se derivarán estancia temporales a los mismos.
  • No se recomendarán ingresos permanentes.
  • Se rebajará de la tarifa la parte del sueldo que las empresas dejan de pagar a las trabajadoras en huelga.

Jon Albizu: “Ahora más que nunca la administración debe estar al lado de quienes están en peor situación”

Jon Albizu, concejal de Bienestar Social de Donostia, y compañero de Alternatiba, ha destacado que el objetivo principal de estas ayudas, más allá del dinero a repartir, es proteger el trabajo de estas entidades y reconocer la aportación que realizan a la sociedad: “El Gobierno Municipal tiene entre sus prioridades proteger el ámbito social y estas subvenciones se enmarcan dentro de esa idea, ya que en definitiva todas estas asociaciones tienen un marcado carácter social y entre las funciones de la administración pública esta la de ayudar a estas entidades».

Ha asegurado que «ahora más que nunca, la administración debe estar al lado de los más débiles y de quienes están en peor situación, tienen una responsabilidad en eso, y este gobierno tiene eso muy claro, algo que también ha quedado reflejado en los presupuestos”.

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