El compañero de Alternatiba y concejal de EHBildu en el Ayuntamiento de Gasteiz, David Pina, interviene en pleno para denunciar la precariedad que cada vez más personas sufren en Araba, y en toda Euskal Herria, y que obliga a miles de personas y familias a carecer de una protección tan básica como es el poder calentar el hogar durante los duros meses de invierno.
El miembro de Alternatiba y juntero por EHBildu en Araba, Luis Salgado, interviene en pleno para hacer una crítica a las instituciones ante los convenios con los comercios, mayoristas y grandes superficies para la recogida y traslado al Banco de Alimentos. Salgado denuncia la falta de ética de las instituciones que lejos de arreglar el verdadero problema, el hambre, se basan en la caridad olvidando su verdadera responsabilidad; a través de la solidaridad crear una sociedad donde el derecho al alimento sea una realidad y no caridad.
Ana Etxarte, compañera de Alternatiba y edil de EHBildu Bilbo considera “bastante preocupante” que la ciudadanía se vea obligada a recurrir a los tribunales para defender sus derechos fundamentales.
Ayer conocimos la sentencia del TSJPV que declara nula la modificación del PGOU, que limitaba la instalación de centros de culto en Bilbao, por una cuestión de forma, por no respetar el procedimiento participativo recogido en la ley del suelo. Tras la sentencia, EH Bildu ha pedido al equipo de Gobierno que “cambie de actitud y no convierta Bilbao en el primer municipio vasco que limita la libertad religiosa”.
Para comenzar, la edil Ana Etxarte, tras recordar que el inicio de este litigio no fue otro que limitar el ejercicio de un derecho como es la libertad religiosa, ha subrayado que es “bastante preocupante” que la ciudadanía se vea obligada que recurrir a los tribunales para defender sus derechos fundamentales.
Entrando en la sentencia, la concejala soberanista de izquierdas ha destacado que la sentencia del TSJPV deja en evidencia, “una vez más”, el modelo participativo del Ayuntamiento. Etxarte ha recordado el caso del Canal de Deustu donde no tampoco se garantizó la participación de los colectivos afectados. “En este caso, igual que ahora, la sentencia sólo entraba a la forma, pero gracias a la presión vecinal finalmente el Ayuntamiento optó por entrar al fondo del asunto modificando la propuesta inicial tras el dialogo con el vecindario. E instamos al ayuntamiento en este caso a hacer lo mismo”.
Etxarte ha recordado que el área de Urbanismo para esta modificación “no se basó en hechos objetivos, sino que eran razones estrictamente ideológicas que discriminan a los derechos de las personas que tienen una religión diferente a la católica. Utilizando como pretexto la regulación urbanística, más concretamente el PGOU, este Ayuntamiento quiso restringir los derechos de una parte de la ciudadanía”.
La edil de EH Bildu ha desmentido las declaraciones de ayer del concejal de urbanismo, el señor Maiz, diciendo que la sentencia les da la razón, ya que el TSJPV no entra al fondo ni a analiza los argumentos de los demandantes, ya que al declarar nula la modificación por defecto de forma no ve necesario entrarle al fondo.
EH Bildu subraya que esta sentencia es una prueba más de que el ayuntamiento gobierna de “espaldas a la ciudadanía, haciendo y deshaciendo a su antojo sin respetar los procedimientos de participación ciudadana recogidos en la ley”.
Por ello, Etxarte ha instado al Ayuntamiento a que cambie de actitud, “y de una vez gobierne con y para los vecinos y vecinas, y que no convierta Bilbao en el primer municipio vasco que limita la libertad religiosa.
Luis Salgado – Alternatiba
Dicen los medios que nadie podía esperar un comportamiento así, que era un tío normal, que incluso hay quien afirma que iba a Misa todos los domingos. Un buen trabajador, una buena persona afirman, pero de sus manos cae aún un hilo de sangre caliente, porque la sangre vende en prime-time.
Y mientras todo esto ocurre, miles de asesinos recorren nuestras calles, nuestros paseos, nuestros bares, impunes, mientras de sus manos cae aún un hilo de sangre caliente, y compran gafas de sol en invierno para sus amantes-esposas.
Y cuando la amenaza deja de ser verbo, entonces victimizamos a la victima, la señalamos, la apartamos, le damos una nueva vida porque la suya la perdió por libre elección. Ellas son las culpables, culpables de si mismas y las protegemos como protegemos a los corderos de los lobos, entre alambradas, con perros guardianes. Las desarraigamos de la sociedad y las obligamos a renacer, mientras el asesino sigue yendo tranquilo de la casa al trabajo, paseo por el bar, y gritos de acera a acera. PUTA. Y lo vemos mientras de nuestras manos cae aún un hilo de sangre caliente.
Entrevista realizada hoy en el programa Euskadi On de Onda Vasca al portavoz de Alternatiba y parlamentario de EHBildu Oskar Matute sobre la pobreza y la exclusión social que ataca, de forma más grave que nunca, a las personas menos favorecidas. Matute resalta la importancia de generar una herramienta de choque que permita frenar una precariedad cada vez más evidente en Euskal Herria.
Luis Salgado – Alternatiba
Sin duda el título de hoy podría servir para nombrar alguna canción de reggeton, pero a ti, avispada lectora, o lector, no se te pasa que no van por ahí los derroteros de esta post. No, esta es la fábula de la cerilla y la gasolina, esa que tiene como protagonista a un inefable Alcalde de ciudad media y a su escudero, el Diputado General, secundario con ínfulas. Personajes singulares sin duda.
Pero la gasolina es altamente inflamable, y el fuego, ya se sabe, no es fácil de controlar cuanto es desbocado. Basta una cerilla y estará todo preparado. Las chispas por la ciudad hace tiempo que se iniciaron, y el ambiente se caldea por momentos. Sin embargo, nuestros intrépidos protagonistas no cejan en su empeño, e interpelados por las primeras agresiones responden al unísono, ¡Nosotros no somos culpables! ¿Acaso repartimos las cerillas? Y se recuestan en sus tronos a tocar la Lira para observar como arde Roma y sortear culpabilidades entre los cristianos.
Enrique Martínez Flórez – Alternatiba
Cuando uno escribe un texto como este, debe justificar su pertenencia o al menos contextualizarla pero, ¿cómo justifica uno lo evidente, cómo justifica uno la atmósfera o el propio aire que respira? Porque así nos rodea la corrupción y el asalto a lo público desde los intereses privados. No es necesario acudir a ejemplos sobre lo que encarna el Partido Popular en este aspecto. Sí que es sospechoso el silencio y la inacción de Pedro Sánchez con respecto al agujero negro andaluz: lo que aplica a los usuarios de las tarjetas negras no lo hace en relación a los encausados por la jueza Álaya.
Para qué hablar de lo que ocurre en el otrora oasis catalán: los Pujol, Convergencia y Unió Democratica. Tampoco hace falta hablar sobre sospechosos contratos firmados por administraciones vascas con las empresas y las UTEs de siempre, donaciones anónimas incluidas.
Con esto parece que quiero decir que absolutamente toda la clase política por utilizar una expresión en boga aunque no la comparta, está contaminada por el ambiente de podredumbre con el que desayunamos todos los días. Pues no. No estoy de acuerdo con esa generalización y más adelante explicaré por qué.
Antes es preciso hacer una mención específica a las diferentes especies de corrupción a las que asistimos. Vemos a Francisco Granados y a los implicados en los escándalos gallegos, caso Campeón y Pokémon, en los que los implicados asaltan los caudales públicos para quedarse con ellos y enriquecerse.
La prevalencia de lo público y común sobre los intereses privados es incompatible con la corrupción
Por otro lado, otros asaltan los recursos de los ciudadanos para financiar el partido y campañas electorales. Quizá es aún más grave porque implica una institucionalización de obediencia al crimen. Me explico: no es necesario ni siquiera que el corruptor se dirija al corrompido sino que a este le basta una orden de quién es responsable del entramado para perpetrar el atraco.
Fijémonos en el caso del servicio de limpieza de Toledo: el alcalde simplemente recibe la orden de adjudicar el contrato mientras el contratista se entiende y paga su comisión a Bárcenas y éste hace llegar el precio de la corrupción no sabemos si en todo o en parte a Maria Dolores de Cospedal para financiar su campaña. De aquí pasamos a la utilización continuada de dinero negro para las actuaciones políticas o para entregar sobres a los beneficiarios de mayor importancia, la nomenclatura del partido político.
La última especie es aquella que consiste en la utilización de medios y recursos públicos no para perseguir el interés general, sino intereses privados y por tanto, espurios. Léase, los casos de las televisiones autonómicas Canal Nou y Telemadrid. Otro ejemplo y bien reciente es el del nombramiento como director de informativos de Televisión Española (TVE), José Antonio Guindín, el adjunto de Francisco Marhuenda en el periódico La Razón, que ayer mismo firmaba un artículo de opinión que llevaba por título La izquiedona. Recomiendo su lectura por lo aclaratorio de su contenido.
¿Qué es lo común de las tres especies que he citado? Considero que es la absoluta falta de respeto a lo público, la sumisión de lo público siempre a lo privado, la desviación de poder para someter a los ciudadanos a unos intereses creados de naturaleza económica, política o incluso religiosa. La consecuencia que se deduce de todo esto es que la corrupción tiene una profunda carga ideológica.
La apuesta por la prevalencia de lo público y común sobre los intereses privados, es absolutamente incompatible con la corrupción y cuando se incurre en ellas, posturas de izquierdas se convierten inmediatamente en posiciones de derecha.
Un dato que corrobora lo anterior es que hasta ahora la derecha, el Partido Popular, nunca ha pagado en las urnas las tramas corruptas como las de Valencia y Madrid. Y esto ocurre porque su público, en resumen, la ideología de la derecha, considera lo privado superior a lo público, y además no tiene respeto por este último. Sin embargo, los partidos políticos aunque solo sea nominalmente de izquierdas pagan caro en las elecciones los casos de corrupción.
Luis Salgado – Alternatiba
Decía Carol Hanisch que “lo personal es político” y pocas frases tienen más sentido y son más incomprendidas a un tiempo. Parece que comprender que cada uno de nuestros actos es una decisión política, revolucionaria, contestataria, subversiva, dócil o servil, no es sencillo de digerir por la mayoría social. Aún así, aún incomprendido, este sencillo enunciado contiene una verdad irrenunciable para comprender nuestra posición en el tablero, y sobre todo para ser capaces de empoderarnos y ser conscientes de nuestra capacidad real de incidencia. Como seres sociales, todas y cada una de nuestras acciones provocan una reacción en quienes nos rodean, así cómo las acciones de “los otros” tienen consecuencias en nuestra vida.
Contenido de la rueda de prensa ofrecida por el miembro de Alternatiba y juntero de EHBildu Asier Vega y la parlamentaria de la coalición en Gasteiz Maribi Ugartuburu en torno a las imputaciones contra cargos del PNV en Alonsotegi por graves irregularidades en el el municipio.
EH Bildu entró en las Juntas Generales y los ayuntamientos vizcaínos con un programa muy claro, al que dieron su apoyo miles de ciudadanas y ciudadanos, para cambiar el modelo socioeconómico desde planteamientos de izquierda y de justicia social, en clave de país, de Euskal Herria, sobre las bases de la participación y la transparencia. Abrimos puertas y ventanas en las instituciones que comenzamos a gestionar y allí donde estamos ejerciendo la oposición, hemos desarrollado también nuestra labor político-institucional de forma fiscalizadora porque nuestra labor también ha sido y es poner al servicio de la ciudadanía instituciones transparentes.
Y aquí situamos la denuncia que hacemos de la situación ocurrida en Alonsotegi, donde han sido imputados por presuntos delitos penales el actual director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia Gabino Martínez de Arenaza, por el caso de la sociedad Alonsotegi Eraikiz, a otras siete personas, entre ellas quien al igual que Martínez de Arenaza fuera alcalde de Alonsotegi Aitor Santisteban, ambos miembros del PNV.
Reiteramos hoy lo adelantado el lunes por parte de nuestro grupo juntero. El PNV repite, una y otra vez, que los casos de corrupción que suceden del Ebro para abajo no son comparables con los diversos casos de enjuiciamiento que conocemos en Bizkaia. Insiste el PNV que en Bizkaia no existen casos de corrupción. Sin embargo, comprobamos que en varias instituciones gobernadas por el PNV se repiten prácticas que benefician a ciertos intereses privados en detrimento de los intereses de los ciudadanos. En el caso de Alonsotegi, creemos que es clara la existencia de responsabilidades penales.
EH Bildu no se alegra cuando afloran casos de irregularidades y de clientelismo en la política vizcaína, al contrario, nos gustaría que, más allá de las palabras y el enrocamiento, aflorara la puesta en práctica de los códigos éticos que el resto de formaciones políticas dicen aplicar. Tampoco sirve de nada escudarse en discursos populistas y negacionistas para tapar los casos de irregularidades por parte de representantes institucionales del PNV que hayan podido ser archivadas. Lejos de creer en cantos de sirena, la sociedad está harta de soportar los desmanes de buena parte de la clase política a expensas de los bolsillos de las y los contribuyentes.
El propio lehendakari Iñigo Urkullu pidió a los dirigentes del PNV imputados en el caso De Miguel que devolvieran el carné de afiliación, pero el problema sigue siendo el propio modelo de gestión mantenido durante décadas y el listado de casos sigue engordando El PNV de Bizkaia ya ha dicho que no va a tomar ninguna medida porque reconoce el principio de presunción de inocencia. Este argumento choca frontalmente con lo que debe reflejar el código ético de cualquier partido que quiera ser reconocido como transparente.
EH Bildu ya ha dejado claro que, nuevamente, cara al nuevo ciclo político, venimos a acabar con la opacidad instaurada en Bizkaia. Demandamos al PNV que, al igual que lo solicitó el propio Urkullu, aparte de la función pública a los miembros que están bajo investigación judicial por una gestión pública inaceptable y por presuntos delitos penales. Todas las formaciones políticas no somos iguales, y EH Bildu va a seguir actuando con responsabilidad ante casos como el de Alonsotegi y otros, y estamos en disposición de exigir al resto de formaciones políticas que trabajen igual, que afronten la labor política como servicio a la ciudadanía, con humildad,, situando el poder institucional al servicio del pueblo y no al pairo de conocidos intereses personales.
El PNV como partido que gobierna en Bizkaia debe ser garante de una política que no deje ni un resquicio a zonas oscuras, ni a los «maletines» a los que aludía el diputado general. El PNV, en estos momentos en que la constancia de la corrupción como elemento sistémico del estado español aflora en toda su crudeza, debería marcas diferencias con el estilo del PP, tomando medidas concretas y contundentes
EH Bildu nunca opta ni optará por una judicialización de la política. Nunca llevaremos a los juzgados un discurso o un análisis político, como otros hacen con nuestros representantes. Lo que sí haremos es seguir escrupulosamente el mandato de la ciudadanía en favor de una política transparente, honrada y que no deje lugar a ningún tipo de irregularidad.
Intervención de la compañera de Alternatiba y parlamentaria de Euskal Herria Bildu Diana Urrea en el último pleno del Parlamento Vasco denunciado la política de inmigración criminal que sostienen el gobierno del Reino de España.
Es verdaderamente triste, tener que salir hoy aquí a esta tribuna para visibilizar la miseria humana que padecen a diario miles de personas que no piden marcharse de sus países origen, que los expulsamos nosotras, desde occidente con nuestras políticas extractivistas de desarrollo en este modelo de depredador capitalista que los despoja de todo cuanto tienen, incluyendo sus derechos más elementales.
Pocas veces una imagen puede ejemplificar tan bien la desigualdad Norte- Sur y la existencia de mundos paralelos en un mismo plano: Quienes nada tienen y solo pueden perder la vida, frente a quienes VIVEN ignorando aquello que tienen al lado y les incomoda porque les interpela directamente.
Occidente es el responsable directo de la mayor fosa común existente, la del mediterráneo con más de 20.000 personas fallecidas en los últimos 10 años que viajaban acompañados por sus sueños en una patera.
En Octubre del pasado año 300 personas perdían la vida en Lampedusa y el 6 de febrero de este año:
Samba Baya
Youssouf
Keita Ibrahim
Yves Martin Bilong
Armand Ferdinand Soupp Tagne
Jeannot Flame
Oumar Ben Sanda
Blaise Fotchin
Daouda Dakole
Ousman Kenzo
Larios Fotio
Nana Roger Chimi
Y otras 3 personas más que están sin identificar, perdían la vida de la manera más cruel que hayan podido imaginar, siendo el Estado Español el responsable directo de estas muertes, a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad quienes por acción, a través de 145 pelotas de goma y 5 botes de gases lacrimógenos y por omisión de socorro, dejaron morir a estas 15 personas.
Varias ONGs defensoras de los derechos de las personas migrantes y refugiadas presentaron una denuncia ante la Fiscalía, para exigir un esclarecimiento de la actuación de la Guardia Civil en la frontera y por supuesto, para depurar las responsabilidades. Aportaron para ello, numerosas declaraciones de varias personas supervivientes.
Uno de los testigos explica «cómo él mismo fue golpeado por una bala en la espalda y por otra en la cabeza. Cuando salió del agua, un Guardia Civil le obligó a ponerse de rodillas golpeándole con las defensas de goma. Estos golpes le causaron lesiones en la boca, dientes y el muslo”.
Así mismo expresa que «mientras estaba siendo detenido en la playa vio las balas de goma impactar contra las cabezas y flotadores de tres de sus compañeros y cómo con posterioridad otros guardias civiles lanzaban también gases lacrimógenos». Este chico explicaba la gravedad de esta actuación pues, según detalla, «el gas te termina matando». El testimonio añade la consecuencia de este hecho: sus compañeros: «bebían agua». Es decir, al perder el conocimiento, se ahogaban en el mar.
Las declaraciones recogidas por los colectivos denunciantes hablan de la presencia de un barco de la Guardia Civil en el agua. «A bordo de ese barco una persona, con un palo largo, iba empujando a los heridos, supervivientes y cadáveres al lado marroquí, para evitar que alcanzaran la costa española». Además, uno de los testimonios añade que, si insistían en dirigirse a la costa española, “te golpeaba en la cabeza”.
Otro testigo menciona que «algunos de sus compañeros que estaban en el agua se acercaron al barco para intentar subir» pero, según relatan, «el barco español se fue» y, cuando volvió, «comenzaron a disparar desde él».
“Pensábamos que iban a bloquearnos la entrada, es normal, es una frontera, pero no pensábamos que iban a dispararnos con las armas cuando estábamos en el agua”, afirma otro sobreviviente.
Desde la organización Caminado Fronteras, elaboraron un informe basado en las entrevistas realizadas a los supervivientes de la tragedia y todas las personas que dieron su testimonio coincidían en la relación causa- efecto entre las personas fallecidas y heridas y el uso del material antidisturbios.
Una de las conclusiones que más me impactó del informe habla de la existencia de serias dificultades para la identificación de las personas fallecidas en los estados español y marroquí, donde se encuentran los cuerpos: Imposibilitaron tomar fotografías de los cuerpos para remitir a las familias de los desaparecidos en Marruecos , así como un pronto enterramiento de los cuerpos en el estado español, sin dar tiempo a las familias de las personas desaparecidas para poder reclamar los cadáveres y enterrar los cuerpos conforme sus costumbres.
El ministro del interior del Estado español, miente a la cara diciendo que no había material antidisturbios, que no existían imágenes de lo ocurrido, que los que murieron no sabían nadar, que cuando llegó la guardia civil, las 15 personas estaban fallecidas… Después tuvieron que admitir el uso de las pelotas de goma y gases lacrimógenos, admitir que había imágenes y para subsanarlo hacen un burdo montaje de supuestos subsaharianos agrediendo a la guardia civil en 2 lugares distintos y en diferentes franjas horarias del día…
Afortunadamente tenemos videos que corroboran que el gobierno del estado español miente yque sus políticas migratorias son asesinas.
Y a día de hoy esto continúa con total impunidad y sin ningún tipo de consecuencia ni tan siquiera política. Es verdaderamente repugnante.
Es tan invisible lo que sucede en las fronteras de Ceuta y Melilla, que salvo por organizaciones que realizan una labor admirable de visibilización, es necesario viajar a cualquiera de estas ciudades autónomas y darte cuenta de que lo que allí sucede tiene nombres y apellidos: trata de personas! Te das cuenta de que la realidad supera la ficción.
Esto es lo que pudimos comprobar en el viaje que el pasado mes de julio realizamos a Melilla con parte de la comisión de DDHH invitadas como observadoras por CEAR Euskadi en una investigación específica sobre lo que ellas han denominado “huellas de las mujeres en la frontera Sur”.
Antes de mencionar determinados factores clave para señalar a los responsables directos de esta miseria humana en las fronteras, los reinos español y marroquí, es necesario resumir el contexto en el que llegan las personas migrantes y refugiadas a Melilla.
Cuando hablamos de Melilla, automáticamente se nos vienen a la cabeza las intencionadas imágenes de las “avalanchas” de africanos que intentan cruzar la valla. Vallas en realidad, porque no hay una sino tres; y dentro de poco serán cuatro con la nueva que construye Marruecos. Con unos costes económicos de mantenimiento de estas vayas tanto en Melilla como en Ceuta en 8 años de 72 millones de euros. Y digo africanos porque prácticamente en su totalidad son hombres. Las mujeres entran por los pasos fronterizos por los que a diario transitan entre 20.000 y 30.000 personas (siendo por supuesto, invisibles antes los medios); o bien llegan en pateras, según sus recursos económicos.
El primer factor a destacar es el género. Una vez más, las mujeres migrantes y refugiadas se llevan la peor parte: todas ellas son víctimas de reiterados abusos sexuales de origen a destino; la mayoría víctimas de trata con fines de explotación sexual en redes que controlan su trayecto migratorio; además de la violencia machista intrafamiliar que padecen a diario, y de un largo etcétera. Todo ello con amenazas de muerte y algo que es mucho peor para ellas: la amenaza del vudú.
Esto está intrínsecamente relacionado con el derecho al asilo que potencialmente tienen estas mujeres por las circunstancias anteriormente descritas, sin obviar además que proceden de países en situación de conflicto, de graves crisis humanitarias, lo cual se supone ya está sujeto a protección internacional. Pero es que además, el estado español no considera la persecución por motivos de género, como causa de asilo, así que directamente pasan a regirse por la ley de extranjería donde necesariamente hace falta una denuncia para poder acogerte a protección. Por tanto, las mujeres se encuentran desprotegidas y corren el riesgo de ser devueltas a sus países de origen.
Quienes llegan a Melilla, -todo esto también pasa en Ceuta- y pretenden solicitar asilo, se encuentran con la violación del derecho a la libre circulación de las personas solicitantes, ya que no pueden salir de la ciudad y circular libremente por la península, y por tanto, prefieren esperar a conseguir salir y poder desplazarse hacia la península, a algún CIE que puede llegar a ser un campo de concentración. El problema es que llevan consigo una orden de expulsión, convirtiéndose entonces en una persona “en situación administrativa irregular», una inmigrante más, sometida a la más absoluta precariedad social, económica y vital y con mayores dificultades para retomar su derecho al asilo.
Otro factor relevante es la sobreocupación y las condiciones de hacinamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Hemos constatado como 1.600 personas malviven en este centro con capacidad para atender a 480; 400 de ellas menores y con una estancia media de 280 días.
El centro cuenta con tan solo 15 personas funcionarias para atender todas las necesidades, algo absolutamente imposible sin los medios económicos necesarios. La responsabilidad directa de estas condiciones infrahumanas es del Ministerio de Interior del Estado Español.
Otro de los factores, es el mediático: la utilización, una vez más, de los medios oficialistas para hacer creer a la ciudadanía que los saltos a la valla son incontrolables. ¿Alguien cree realmente que estas situaciones son incontrolables cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado cuentan con detectores de calor y movimiento, además de las bases militares marroquíes, incluso como no, bases militares estadounidenses? Es sencillamente absurdo. Si quisieran, nadie saltaría la valla pero claro, cuando se firman determinados convenios económicos, conviene dejar que se den saltos masivos para distraer la atención y desviarla con el morbo de la miseria humana, con la trata de personas. Estuvimos en el monte Gurugú y vimos como conviven las fuerzas militares con las personas refugiadas y migrantes.
Afortunadamente, existen medios alternativos, que nos permiten conocer la realidad de la crueldad de las fuerzas marroquíes con las personas migrantes, haciendo el trabajo sucio a España; dicho por una ONGD melillense “quienes niegan la soberanía a los diferentes pueblos de la península, la ceden a Marruecos para que campe a sus anchas y vulnere los derechos humanos a su antojo”.
Contamos con organizaciones como Prodein que nos han permitido conocer imágenes como esta: (foto) y vídeos como el que hemos podido observar recientemente, donde la guardia civil deja inconsciente a un joven que salta la vaya, de las palizas que le pegan y encima se lo dan a Marruecos…
También debemos hablar de la esclavitud más visible de Melilla: Las denominadas “mujeres porteadoras”. Mujeres marroquíes utilizadas para llevar entre España a Marruecos fardos de 30 a 100 kilos a sus espaldas por 2 euros, comercio trasnacional de comerciantes españoles a comerciantes marroquíes, sin ningún tipo de control aduanero. Basta con darse un paseo por el Barrio Chino para comprobar el horror que padecen. Allí lo conoce todo el mundo como el comercio atípico.
Todo esto lo hemos conocido en una semana de viaje, imaginaros lo que hay por descubrir…
Aunque si hay algo que resaltar, es la dignidad. La dignidad que no consiguen arrebatar los estados español y marroquí a las miles de mujeres y hombres que cruzan las fronteras por cualquiera de las vías, soportando todo lo que un ser humano puede soportar cuando vive en un mundo avaro y profundamente injusto.
Y por si todo lo mencionado anteriormente fuera poco, el gobierno del estado español pretende ahora aprovechar que la ley mordaza está en trámite, para introducir una enmienda que modifique otra ley, la ley de extranjería para que sea un procedimiento casi inmediato y sin generar ningún tipo de debate y presentación previa de diversos estudios al respecto. Se trata de las devoluciones en caliente que las están aplicando de modo ilegal y que contravienen múltiples legislaciones internacionales porque vulnera los principios de no devolución y de derecho al asilo.
Una propuesta que rechaza la propia ONU por los argumentos expresados anteriormente, por violar el derecho internacional.
Amnistía Internacional recuerda que estas prácticas están prohibidas por El Convenio Europeo de DDHH y contrarias a la Convención de Ginebra del estatuto de personas refugiadas.
La propia comisaria de interior Cecilia Malstrom, respondió a una pregunta de nuestro compañero Josu Juaristi, admitiendo que el gobierno español practica devoluciones en caliente, que contraviene la normativa de la UE.
Como señala A. Internacional, “no se puede legalizar lo que es ilegal en el derecho internacional”
“Con estas devoluciones el gobierno español las expone a ser perseguidas, torturadas, desaparecidas e incluso fallecer en países en tránsito como es Marruecos.
Ojo- ninguna modificación legal eliminará la responsabilidad de España ante lo que pueda sucederle a las personas expulsadas de manera sumaria y también tendrán que asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento de la legislación internacional y comunitaria.
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