Gipuzkoa aumenta el gasto social para activar la economía, generar empleo y soportar mejor la crisis
“La mejor política económica es invertir en Política Social”. Así lo ha afirmado el diputado de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, durante la presentación del presupuesto de este Departamento en las Juntas Generales, donde ha defendido que “las sociedades con mayor gasto social soportan mejor las crisis, porque invertir en Política Social activa la economía y genera empleo”.
El responsable foral ha explicado que cada euro de gasto en Política Social induce una producción de casi 2 euros, genera 1,02 euros de renta para las personas residentes en Gipuzkoa y genera casi 44 céntimos de recaudación, según un informe del catedrático de Hacienda Pública de la UPV Ignacio Zubiri. Por ello, pese a la actual coyuntura económica, la Diputación Foral de Gipuzkoaha decidido destinar 9,2 millones de euros más al Departamento de Política Social, cuyo presupuesto para 2014 ascenderá a 327.284.199 euros, es decir, prácticamente la mitad del presupuesto general de la Administración foral.
Esta dotación presupuestaria se destinará a la consecución de cinco objetivos principales:
1. Cubrir con fondos propios los recortes sociales de otras administraciones:
El diputado ha denunciado la destrucción de la Ley de la Dependencia por parte del Gobierno central, que ha reducido en 30 millones de euros la financiación de los servicios y prestaciones para las personas con dependencia en Gipuzkoa. Frente a este brutal ataque a los derechos sociales, la Diputación ampliará las partidas destinadas a los servicios para personas con discapacidad (49 millones de euros, un 2,4% más que en 2013), con dependencia (129 millones de euros, un 1,5% más) y a las prestaciones económicas (47 millones de euros, un 0,65% más).
En el caso de estas últimas, además, se mantendrá la apuesta por la contratación/regularización de personas cuidadoras, destinando 5,1 millones de euros más a las Prestaciones Económicas de Asistente Personal. Rodríguez ha recordado que Gipuzkoa ha sido el único Territorio en todo el Estado que ha extendido esta ayuda, que en menos de un año en vigor ha creado más de 700 nuevos contratos para personas cuidadoras: “Es un claro ejemplo de que invertir en Política Social activa la economía y genera empleo”.
El diputado ha subrayado también a la apuesta decidida del Gobierno foral por combatir la pobreza en Gipuzkoa y por dotar a las personas con menos recursos de una renta mínima que garantice su existencia, a pesar de ser ésta una competencia del Gobierno Vasco: “Una vez más, nos hemos visto obligados a cubrir con fondos propios la falta de responsabilidad de otras Administraciones, y tenemos que destinar 7 millones de euros (casi el triple que el año pasado) a cubrir los recortes de Lakua en la Renta de Garantía de Ingresos”.
2. Dignificar las condiciones laborales de los y las trabajadoras de los servicios sociales:
El diputado se ha mostrado convencido de que“los/as profesionales de los servicios sociales no pueden prestar unos cuidados dignos si no tienen unas condiciones laborales dignas”. Por ello, el Departamento de Política Social ha rechazado la aplicación de la reforma laboral española en los servicios sociales del Territorio y se ha comprometido a sufragar con fondos propios las mejoras salariales recogidas en los convenios de diferentes sectores. En concreto, se destinarán más de dos millones de euros a la subida de sueldos de 4.000 trabajadoras de residencias y centros de día para personas con dependencia y discapacidad, y de 750 profesionales de los centros de inserción social y menores en situación de desprotección.
3. Seguir desarrollando la red pública de servicios sociales en Gipuzkoa.
En este caso, el diputado ha señalado como prioridad la ampliación de servicios de discapacidad y ha anunciado la apertura de 14 nuevas plazas residenciales para personas con parálisis cerebral en Irun, y de otras seis plazas en centros de día del Territorio. Además, se ampliará con 84.500 euros la partida dirigida a atender en periodos vacacionales a personas con necesidades de apoyo generalizadas.
La red de atención a la dependencia se adecuará también a los nuevos perfiles y necesidades de la población con la apertura de dos unidades psicogeriátricas en las residencias de Lasarte-Oria y Bergara, con la reconversión de 33 plazas.
El servicio de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia Machista experimenta un considerable aumento al incrementarse su presupuesto en un 43%, ya que la Diputación ha decidido asumir el Centro de Atención Inmediata de Donostia, que pasará a formar parte de su red en cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de 2008.
4. Apoyar a las entidades sociales de Gipuzkoa:
El diputado de Política Social ha hecho hincapié en la importante labor social que desarrollan las entidades sociales en nuestro Territorio, especialmente en el desarrollo de programas y servicios para personas con distintas necesidades. Por ello, se ha comprometido a seguir manteniendo la colaboración pública a través de los convenios y subvenciones, así como a actualizar con 16.500 euros el Plan de Ayudas a la Iniciativa Social, destinado a las entidades sin ánimo de lucro.
5. Consolidar la Cooperación Internacional al Desarrollo como Política Pública Foral.
Rodríguez ha destacado el compromiso de la Diputación con la Cooperación al Desarrollo como herramienta para la transformación social, ha denunciado los recortes brutales de los Gobiernos español y vasco en esta materia, y ha anunciado que la convocatoria anual de subvenciones para ONGDs de Gipuzkoa ascenderá en 2014 a 3.186.721 euros, lo que supone un aumento del 3% respecto a este año.
BBK y Kutxabank, con ‘B’ de Batzoki
Asier Vega – Juntero de EHBildu y coordinador de Alternatiba Bizkaia
Para que no se note que el PNV considera de su propiedad las principales instituciones y empresas públicas del país, ha decido poner al frente de BBK a su tesorero en Bizkaia. En un alarde de honradez, Xabier Sagredo ha dejado el cargo en la dirección jelkide y ha renunciado a su sueldo en BBK. Seguramente se apañará con los emolumentos que recibe por su presencia en el Consejo de administración de Iberdrola Generación, cargo, este sí, que ha compatibilizado con la presencia en la dirección de su partido. No había conflicto de intereses entre dirigir el PNV y dirigir Iberdrola. Recuérdalo la próxima vez que te llegue la confis- catoria factura de la luz. Tampoco había problemas en compatibilizar la gestión de los asuntos económicos del PNV en Bizkaia con las relaciones de Sagredo con otras varias empresas. Si el que lleva las finanzas del partido está también en las empresas las cosas se agilizan; PNV style.
Mal deben ver las cosas en Sabin Etxea cuando ya ni se preocupan en disimular. Los manejos del PNV en las cajas vascas, al igual que los trapicheos de Barcina, Sanz y compañía en la CAN, se hacen más irritantes al suceder en un contexto de franco deterioro de los intereses de las instituciones administradas. No es solo que tengan morro, es que además lo están haciendo rematadamente mal. El tema de Kutxabank está tomando dimensiones preocupantes. A día de hoy todo el sentido social de la entidad está siendo sistemáticamente demolido por la gestión diseñada, principalmente, entre PP y PNV. La obra social se liquida por la falta de beneficios, el carácter público queda en entredicho por las normativas cada vez más abiertamente privatizadoras, el crédito no llega a las pymes, en la cuestión de los desahucios cuesta diferenciar la actitud de Kutxabank de la de cualquier banco. La ligazón con el país se diluye a través de una expansión desmesurada y de la injustificable adquisición de CajaSur. Las inversiones industriales estratégicas se malvenden para ganar liquidez a corto plazo.
Las malas noticias se suceden en el entorno de Kutxabank. El convenio firmado esta semana supone un duro golpe al marco vasco de relaciones laborales y a las condiciones de la plantilla. CCOO ejerce como aliado de Sabin Etxea en Kutxabank, garantizando tanto el entreguismo sindical como ayudas en el control de la entidad (no hay más que recordar la colaboración de CCOO en el complot mafioso que arrebató a Bildu la dirección de Kutxa el noviembre pasado). Más desapercibido ha pasado otro grave revés: la justificada anulación judicial de las abusivas clausulas suelo de CajaSur, que supondrá una importante pérdida para Kutxabank. Esta última noticia nos lleva a preguntarnos si la adquisición, decidida en Sabin Etxea, de CajaSur por BBK puede calificarse ya como una de las peores inversiónes de la historia de Euskal Herria. Hasta ahora la mala gestión (es cierto que otros lo han hecho peor pero eso no justifica hacerlo mal) ha llevado a reducir los beneficios hasta el punto de estrangular la obra social y limitar el margen de acción crediticio. Pronto puede que estemos hablando de pérdidas…
Las cajas deben ser gestionadas con criterios políticos, claro que sí, pero no criterios partidistas. Los criterios políticos de gestión deben ser el mantenimiento de estas como entidades con una función social, determinada no solo por su importante labor a través de la obra social sino también por una acción en el terreno financiero distinta a la de los tiburones de la banca privada. Una acción financiera en la que el beneficio no se mida únicamente por la cuenta de resultados sino que venga determinado por la realización de una labor eficiente de apoyo al tejido productivo más cercano y por la capacidad de realizar una prestación de servicios financieros a la población en condiciones no abusivas.
En estos momentos de crisis una acción decidida de Kutxabank para usar sus recursos (el ahorro de los y las vascas) en apoyo al sistema productivo sería vital. Sin embargo los juegos de poder, las ambiciones personales y la ideología conservadora y españolista que subyace en el acuerdo PP-PNV para la gestión de la entidad apuntan en dirección contraria, hacia la plena bancarización y progresiva privatización de Kutxabank. Un alejamiento de la verdadera razón de ser de una caja de ahorros. Tenemos que exigir nuevamente a los responsables de Kutxabank un giro radical en la orientación de su entidad para recuperar su naturaleza original de servicio social y carácter público.
Bidegi, Supersur, Kutxabank, TAV… la factura de las chapuzas del PNV crece hasta convertirse en una hipoteca para la economía vasca. Los recursos dilapidados por la mala gestión jeltzale podrían haber servido, si se hubieran utilizado bien, para aminorar en un primer momento el impacto de la crisis y poner más tarde las bases para una recuperación económica con derechos sociales. Pero Sabin Etxea va a lo suyo. La simbiosis entre el PNV y el mundo de la gran empresa va camino de convertirse en fusión. Realmente a estas alturas no sabemos si es Sabin Etxea la que pone a sus representantes en los consejos de administración o son los consejos de administración los que eligen los cargos directivos del PNV.
La Diputación impide que la mayoría de las personas dependientes puedan percibir prestaciones para contratar cuidados
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EH Bildu ha valorado la modificación del decreto foral que regula las Prestaciones Económicas para Asistencia Personal (PEAP) y lo ha calificado de “oportunidad perdida”. La juntera del grupo EH Bildu Amaia Agirresarobe ha criticado que el nuevo decreto impide a los mayores de 65 años, la mayor parte de las personas dependientes de Bizkaia, el derecho a percibir la prestación.
Agirresarobe ha señalado que la coalición comparte “el enfoque de la prestación” que según la diputación persigue reforzar la autonomía de las personas para llevar a cabo un proyecto de vida independiente. Sin embargo, EH Bildu defiende que la prestación debe ser ampliada a las personas mayores de 65 años. “No hemos escuchado una sola razón que justifique la decisión de impedir que la mayoría de las personas dependientes puedan recibir prestaciones para contratar servicios de cuidado profesional”.
Agirresarobe ha recordado que la Ley de Dependencia permite que la PEAP se destine también a ese sector de la población y ha alertado a la Diputación de la posibilidad de que la normativa planteada no sea legal. “Recordamos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya obligó a la Generalitat a ampliar el derecho a los mayores de 65 años para no discriminar a las personas con motivo por su edad” ha señalado.
EH Bildu defiende una lectura más extensiva de la Ley de Dependencia. La coalición mediante las medidas aprobadas por la Diputación de Gipuzkoa, amplió el potencial de beneficiarios de la prestación a 12.500 personas. “En Bizkaia, con una población mucho mayor, la Diputación se fija el objetivo de ofrecer la prestación a 8 personas” ha denunciado Agirresarobe. “Para 2014 el PNV plantea un presupuesto de 100.000 euros. EH Bildu ha presentado en Gipuzkoa una partida de 14,4 millones de euros para el año que viene”.
La juntera de la coalición ha añadido que “también se ha perdido una oportunidad para generar empleo en el área del cuidado” mediante incentivos de contratación de cuidado profesional, así como “ofrecer una alternativa al modelo de cuidado tradicional, en el que el trabajo de cuidado recae mayoritariamente en mujeres”.
Pisos tutelados
EH Bildu ha denunciado el la comisión de Acción Social que la Diputación Foral no está cumpliendo con lo establecido en los convenios, en referencia a los pisos tutelados de la institución foral. La coalición ha recibido denuncias por parte de las y los trabajadores que aseguran que el ratio y el perfil de los y las educadoras y monitoras de los pisos tutelados son inferiores a lo estipulado en los convenios. EH Bildu ha instado a la diputada de Acción Social Pilar Ardanza a que la Diputación realice visitas inesperadas a los pisos tutelados y compruebe si se mantienen la calidad del servicio y las condiciones laborales establecidas en los convenios. “No hay evaluación de riesgos que aguante muchas de las situaciones que se están dando” ha denunciado la portavoz del grupo Irune Soto.
Personas sin techo
Por otro lado, Soto ha alertado del aumento de personas sin techo en Bizkaia y ha subrayado que en Bilbao son ya más de 200. Ante los datos de los últimos meses que indican que 5 personas han fallecido en la calle y la proximidad del invierno y el frío, ha instado a la Diputación a tomar medidas de inmediato. Soto ha denunciado que además de no implantar políticas de prevención contra la pobreza y la exclusión, la Diputación tampoco está cumpliendo las directrices establecidas por el estudio que realizó junto con la UPV en 2007.