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Un genocida gobernará Guatemala

Silvia Piris – Mesa de Internacionalismo de Alternatiba

Una vez celebrada la segunda vuelta del proceso electoral, y una vez conocida la victoria del General Otto Pérez Molina, la noticia principal no es que la derecha se aúpa al poder en Guatemala. Nunca dejó de estar allí. Además, ambos candidatos eran fieles defensores de un estado limitado en derechos -que no en represión-, marcado por la impunidad y la violencia -el caso de la violencia machista es especialmente grave-; un estado que propugna un modelo socioeconómico extractivista, excluyente y ultraliberal, y que niega de manera sistemática los derechos de las clases populares, así como la plurinacionalidad del territorio.

Sí, es cierto, el grado de ambigüedad de ambos contendientes ha sido diferente: mientras que Pérez Molina hablaba sin ambajes de mano dura y de un modelo basado en las concesiones mineras y de otros bienes primarios a las transnacionales, Baldizón proponía una agenda de picoteo, mezclando en su programa la posibilidad de organizar un mundial de fútbol con la idea de establecer una quinceava paga, a la vez que recortaba los impuestos en base a un impuesto único personal –en uno de los países con la presión fiscal más baja del mundo-. Como lo oyen.

Por lo tanto, como decimos, la derecha en el poder no es el asunto. La noticia está en que será un genocida, el militar responsable de la política de tierra arrasada durante el conflicto armado en el Departamento del Quiché, quien tomará las riendas durante cuatro años del poder ejecutivo guatemalteco. ¿Y cómo puede ser -nos preguntamos- que el mismo pueblo que sufrió su violencia y represión lo elija ahora como presidente? Pues empezamos respondiendo que esta realidad se debe a que Guatemala es realmente un estado fallido, donde la impunidad campa a sus anchas, y donde no existen derechos ni de las personas ni de los pueblos; donde casi nadie en las clases populares cree en los procesos electorales como estrategias de cambio; continuemos respondiendo que la violencia actual, aunque bajo otro prisma, sigue siendo igual de protagonista de lo que era en los tiempos del conflicto armado; y, finalmente, hablemos de la estrategia de campaña del futuro presidente –una campaña que empezó hace 4 años-, en la que, gracias entre otras cosas a sus vínculos con la represión y con la economía ilegal, azuzó la ingobernabilidad a través de un aumento de la violencia sistemática, dentro de una lógica de “yo controlo la violencia, nadie puede pararla, sólo yo puedo, porque la puedo generar”.

Ante esta nueva coyuntura, y ante la irrelevancia demostrada por los procesos electorales, la única alternativa constructiva y legítima pasa por la necesaria articulación de los movimientos sociales y comunitarios en torno a una agenda amplia y multidimensional, que aglutine indígenas, campesinado, comunidades, feministas, trabajadores y trabajadoras. Una agenda que permita plantear en clave política una estrategia de confrontación con el modelo hegemónico vigente. De esta manera, la unidad de acción, el entendimiento mutuo, y la articulación real de agendas sectoriales diversas, son los grandes retos que tiene la izquierda social por delante.

¿Y desde Europa, qué? ¿Qué debe hacer la izquierda europea ante esta nueva tesitura? Por supuesto, se deben estrechar al máximo los lazos de solidaridad –no confundir solidaridad sólo con cooperación internacional-. Así, debemos participar en la generación y fortalecimiento de alianzas con dichos movimientos sociales guatemaltecos, desde apuestas comunes y luchas compartidas; debemos vigilar y denunciar la labor de nuestras transnacionales en Guatemala, con un impacto social, económico y ecológico tan dañino; y debemos enfrentarnos conjuntamente a los Acuerdos de Asociación (ADA), entre Centroamérica y la UE, que apuestan por un modelo de capitalismo salvaje.

El General ha vuelto, el genocida regresa con banda presidencial. General, tenga usted bien claro que tendrá en frente a la izquierda de aquí y de allá, no le tenemos miedo.

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Cuando hablamos de economía, déjense por favor de democracias

Ana Etxarte y Asier Vega –  Portavoces de Alternatiba

No es ni mucho menos el ánimo del presente artículo defender al primer ministro griego por convocar un referéndum para validar el acuerdo de rescate con la UE. Muy al contrario, pensamos que éste ha aplicado en su propio país, y sin la mínima piedad, la cada vez más hegemónica doctrina del shock. Así, rechazamos frontalmente su ortodoxa política de recortes sociales draconianos aprobados con un fuerte rechazo social, de privatización, de desregulación y de fuerte represión de la protesta. “Buen trabajo, Yorgos” diría sin tapujos Milton Friedman, padre del neoliberalismo salvaje, valga la redundancia.

Tampoco se trata de valorar si este anuncio llega o no en el momento oportuno; si hubiera sido más eficaz o no celebrarlo cuando los recortes no se habían producido; si no debe tener el pueblo griego siempre –antes, ahora y en el futuro- la capacidad para decidir cuál debe ser su política económica y sobre quién debe recaer la responsabilidad de la situación generada. Por supuesto que sí, siempre y en todo momento los pueblos deben tener la capacidad de decidir, así debería ocurrir en todo sistema democrático –muy lejos de la realidad actual-.

No obstante, ¿La idoneidad, pertinencia y viabilidad de la celebración de un referéndum en estos momentos, tal y como se ha anunciado, depende de si es el momento oportuno? ¿Oportuno para quién? ¿No tienen los y las griegas el derecho a rechazar o a validar -ayer, hoy y mañana- lo que unas camarillas, en alianza con los mercados, han decidido previamente? Nuestra respuesta es clara, el pueblo siempre tiene la soberanía para decidir, independientemente del contexto y situación. Antes, mejor, pero ahora, también.

Y ahí está el asunto. Lo que pretendemos denunciar es precisamente las grandes carencias democráticas en las que vivimos que, además, son jaleadas por todo el statu quo. Lamentablemente estamos viviendo una deriva absoluta de la democracia liberal, donde los y las ciudadanas cada vez tenemos menos capacidad para tomar las decisiones que inciden en nuestras vidas. Si esto es así en términos generales, ya, en términos económicos, podemos hablar directamente de dictadura. “De economía, mejor hablamos las personas mayores, que sabemos de esto…” parecen decir a una supuestamente infantilizada ciudadanía las castas dirigentes.

Así, nosotros y nosotras no podemos dejar de alegrarnos por el anuncio de referéndum -independientemente de su justificación, e independientemente de que pensemos que hubiera sido más eficaz antes-, y queremos a su vez denunciar el carácter amenazante, mafioso, camorrista y dictatorial del conjunto de instituciones y partidos políticos, bien de la derecha socialdemócrata (con perdón) o de la derecha-derecha. No es nada nuevo, ya ocurrió en el Reino de España el pasado verano con la oscura aprobación de la reforma constitucional del límite de déficit (para esto sí vale cambiar la constitución). En definitiva, el mensaje del sistema es claro: la economía, para los mercados; la democracia, para validar cada cuatro años lo que dictan los mercados.

Frente a esta lógica verticalista y privatizadora de la toma de decisiones debemos hacer una apuesta por la democracia radical, y apoyamos la convocatoria de un referéndum en Grecia, esperando que el resultado sea NO, un rechazo frontal a los preacuerdos alcanzados. Decimos SÍ al referéndum y NO al preacuerdo, y lo hacemos con argumentos muy concretos.

En primer lugar, por pedagogía política, por necesidad de que la economía se sienta bajo la soberanía de los pueblos, y no al revés, como ocurre ahora.

Decimos SÍ al referéndum porque entendemos que la lógica aplicada en Grecia –y de la que este preacuerdo no es más que un nuevo eslabón- es errónea, incoherente, y antipopular. La dinámica de rescate permanente y de recortes sociales condena a Grecia a un callejón sin salida, y únicamente intenta salvaguardar los intereses de la banca y de los grandes agentes financieros, que sufrirían grandes pérdidas en los mercados de deuda y CDS. No es el interés griego el que prima, sino la voracidad de los mercados.

Decimos NO al preacuerdo porque creemos que la bancarrota griega es la única estrategia viable en estos momentos. Ésta puede permitir una renegociación general del conjunto de su deuda –incluyendo la revisión e impago de aquélla que se considere ilegítima-, de cara a iniciar realmente una nueva senda de transformación social, sin la dependencia permanente del yugo del sistema financiero.

Y decimos SI al referéndum y NO al preacuerdo porque creemos que, si queremos solucionar de verdad los problemas actuales, vayamos a la raíz de la cuestión: regular el mercado financiero; impedir la especulación; impedir legalmente los superávits estructurales de Alemania sin mejoras sociales ni políticas expansivas; construir una Europa, con una política presupuestaria y fiscal armonizada, en base a los derechos y no a los intereses.

¡Democracia en la economía y en todas partes, frente a los mercados, poder popular!

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Nueva Ley de Residuos: menos reciclaje y más beneficios empresariales

Enric Llopis > Rebelion.org

Cuando se afirma que el mercado se impone a la política, esto ocurre en todos los ámbitos. También en la recogida y gestión de los residuos. No resulta extraño que la nueva Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados –aprobada por el Congreso este verano- deje sin abordar cuestiones de fondo, como el paso de la cultura del “usar y tirar” a la del reciclaje, y deje intactos los beneficios de las grandes empresas que operan en el sector.

El nuevo texto legal incorpora la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea (2008) pero, por lo demás, mantiene un espíritu “continuista” respecto a la ley hasta ahora en vigor, aprobada en 1998, según denuncian las organizaciones ecologistas. Estas entidades califican la nueva norma de “poco ambiciosa”, de quedarse en “agua de borrajas” o ser un “brindis al sol”, ya que antepone las intenciones o los buenos deseos a las obligaciones para empresas y administraciones públicas.

Y no es porque no haga falta una norma que entre a fondo en la problemática de los residuos. Según Eurostat, cada español genera 547 kilogramos de basura anuales, 35 kilogramos más que la media europea; la misma fuente señala que el estado español recicla sólo un 15% de los residuos que genera (por debajo de la media europea) y envía a los vertederos el 52% (la media de la UE es del 38%). Debe considerarse que, según Ecologistas en Acción, casi el 90% de la basura puede aprovecharse.

Con la nueva ley, el negocio de las basuras urbanas continúa en manos de las grandes constructoras, que obtienen grandes beneficios con la recogida de desechos y el tratamiento de los residuos en planta. A través de adjudicaciones municipales (a menudo a largo plazo), las grandes del ladrillo y la obra pública gestionan las basuras a través de filiales creadas ex profeso, “pero ni se les obliga a reciclar ni creen en la cultura del reciclaje; de hecho, la mayoría de los residuos acaban en vertederos o incineradoras”, asegura Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción del País Valencià. Suelen utilizar en las plantas, además, mecanismos de separación rudimentarios, similares a los utilizados en la minería, lo que lleva a pobres resultados en materia de reciclaje.

“El negocio de las basuras ha dado lugar a escándalos de corrupción en Orihuela (Alicante), Murcia y Mallorca, en los que se han manejado grandes cantidades de dinero y que, en la práctica, resultan difíciles de perseguir”, explica la coordinadora de Residuos de Ecologistas en Acción, Leticia Baselga. Un informe de la organización ecologista italiana Legambiente denuncia que hace décadas que la Camorra se lucra con la basura en Nápoles con un simple mecanismo: tirar las basuras tóxicas en el campo y después taparlas.

Tampoco se altera, con la nueva legislación, el modo de operar de las grandes empresas de los sectores de la alimentación y las bebidas, grandes generadoras de residuos. Estas compañías consideran el reciclaje como un mero coste de producción que reduce su margen de beneficios. Es por ello por lo que prefieren, como ocurre ahora, pagar un pequeño canon por el reciclaje (que acaban repercutiendo en el consumidor) a la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases, es decir, máquinas en las que el ciudadano pueda depositar latas y botellas y percibir un dinero a cambio. La nueva ley abre la posibilidad, pero no obliga, a la introducción de estos sistemas que ya funcionan en Estados Unidos, Canadá, Alemania u Holanda, y a los que también se oponen las grandes superficies.

Esta negativa empresarial a adaptarse a la “cultura del reciclaje” conduce a que en el estado español no se alcancen los mínimos que exige la Unión Europea. Las cuentas tampoco están claras. Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace, entre otras organizaciones, han formulado una queja ante el Comisario Europeo de Medio Ambiente por considerar que los datos que presentan Ecoembes y Ecovidrio (sociedades que gestionan los contenedores urbanos de recogida de envases, como el contenedor amarillo y el iglú verde) no pueden contrastarse. En la queja se habla de “irregularidades en las toneladas declaradas; fraude en la declaración de envases y consideración de materiales impropios como reciclados”.

El problema de fondo, explica Carlos Arribas, estriba en los criterios que rigen el funcionamiento del sistema capitalista. “Generalizar el reciclaje y la minimización de los residuos en origen resulta incompatible con una sociedad que tenga como prioridades el consumismo, la publicidad y la mercadotecnia”.

Las expectativas de negocio tampoco están lejos de la incineración, actividad a la que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados sólo plantea la posibilidad de imponer un canon. Los grupos ecologistas denuncian que el lobby de la incineración introdujo en la Directiva Europea de Residuos este mecanismo vendiéndolo como “valorización energética”, tecnicismo que pretende vincular la quema de residuos al reciclaje. Recuerdan que la eurodiputada Carolina Jackson, encargada de preparar el informe previo para el Parlamento Europeo, trabajaba en ese momento para una empresa del sector.

Pese a que la incineración se vincula oficialmente a “futuro”, “progreso” y se asegura que se disponen de las tecnologías necesarias para evitar impactos negativos, un informe de Ecologistas en Acción explica que la quema de residuos genera cenizas tóxicas, nuevas y peligrosas sustancias como las dioxinas (la sustancia más tóxica sintetizada por el hombre), y partículas muy pequeñas que pueden viajar grandes distancias y penetrar en el sistema respiratorio. Estas partículas pueden provocar un incremento de la mortalidad por enfermedades cardiacas, vasculares o cáncer, apunta el informe.

En la línea de no entrar en conflicto con las grandes empresas, la nueva Ley de Residuos permite la distribución gratuita de bolsas de plástico de un solo uso (se plantea su eliminación gradual hasta 2018), con lo que se desatiende una de las demandas de los grupos ecologistas y se anteponen los intereses de la industria del plástico. La nueva legislación tampoco exige la recogida selectiva de la materia orgánica, que permitiría aprovechar una parte de las basuras para crear compost o abono natural para uso agrícola, y mejorar así la calidad de los materiales recuperados. Y pierde, según los grupos ecologistas, una excelente oportunidad para crear puestos de trabajo vinculados al reciclaje como alternativa a la incineración o los vertederos (la Unión Europea señala que podrían crearse 500.000 empleos si se reciclara el 70% de la basura municipal).

Una de las fotografías que dejará esta ley es la manifestación de chatarreros que recorrió el pasado 11 de agosto las calles de Madrid, para protestar contra lo que consideran un atentado a sus derechos: la norma prohíbe la recogida de hierro, cobre y otros metales en las vías urbanas. Los metales recuperados por los chatarreros –muchas veces de etnia gitana- superan los índices logrados en las plantas de reciclaje. Pero a este modelo de economía social y sostenible se le deja cada vez menos espacio ante el huracán del mercado y los grandes intereses.

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¿El fin del terror?

Iagoba Itxaso > Militante de Alternatiba

La portada del diario El País de hoy muestra claramente la sinrazón que impera a nuestro alredededor. En ella podemos ver un gran titular que reza “El fin del terror” refiriéndose al cese definitivo de la actividad armada de ETA para, unos centímetros más abajo, escandalizarnos con una enorme fotografía que ocupa la tercera parte de la portada, en la que se muestra con toda crudeza a Muamar el Gadafi brutalmente asesinado mientras algunos “rebeldes” fotografían con sus móviles el cadáver.

No nos costará encontrar un vídeo en el que podemos ver los últimos instantes de la vida de Gadafi, herido, zarandeado y vapuleado por sus ejecutores mientras profieren gritos y disparan al cielo. Algo que me costaría no comprender como una verdadera muestra de barbarie realizada por los esbirros de la OTAN.

El País 21-10-11

Y todo esto, cosas de la mente humana, me ha recordado a mi niñez. Sólo tenía seis años cuando se celebró el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, a la que pertenecía desde cuatro años antes. Por entonces los niños no éramos como los de antes, ni los de ahora son como éramos nosotros. Cada uno es hijo de su tiempo, sin duda. Por ello no voy a entrar en mi supuesto espíritu crítico a tan temprana edad; sino simplemente en el hecho que supone uno de esos pocos recuerdos claros de la infancia. Una anécdota que no creo haber contado nunca, pero que supongo me ha llegado a la memoria en otras ocasiones.

Unos días antes de que se celebrara el referéndum, durante la noche se realizó un apagón, que consistía en apagar las luces de tu hogar si tu intención era entregar tu voto al “no”. Esa noche pasaba la noche con mis abuelos, que vivían en un piso cercano al nuestro, en Basauri. El seguimiento en mi barrio fue enorme, y costaba ver alguna ventana con luz. Mis abuelos que ya tenían cierta edad, y que supongo que desde hace muchos años habían decidido que la política no iba con ellos y ellos no iban con la política, se sorprendieron al ver que las luces de su casa funcionaban perfectamente, a pesar de que ellos habían visto carteles que anunciaban apagón esa noche. Tuve que ser yo, tierno infante, el que les explicó que no debían encender la luz esa noche, que encenderlo significaba que iban a votar que sí a los terroristas. Incluso les hice ver que no podía comprender como alguien pudiera querer votar que sí a algo tan crudo como matar a la gente.

Entendamos que para un niño de seis años debía ser difícil discernir algunas cosas. Ese año ETA ya había matado a cuatro personas y el GAL a otras dos, sin que dejaran de sonar en las noticias muchas otras siglas de grupos armados; y la OTAN llevaba años dibujándose desde todos los ámbitos realmente progresistas como poco menos que una comisión de demonios malvados comandados por el mismo Satán -también conocido como Jimmy Carter-; y la violencia en las calles era algo habitual que no pudo escapar de mis ojos, en primera persona. Como tierno infante sólo tenía verdadera capacidad para ver en términos de blanco o negro, incluso cuando en el lado negro debiera colocar a los “heroicos gudaris defensores de mi pueblo y la libertad” y al “infalible estado de derecho abanderado por el socialista gobierno español” o a los “sucios terroristas cobardes asesinos” y al “gobierno español invasor, opresor, asesino y torturador”, confundiéndose todo en la misma amalgama colór carbón.

Me sorprendo hoy consultando los términos que se aprobarían en ese referéndum en el que de niño yo equiparaba los ejércitos de la OTAN con el terrorismo:

– La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.

– Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.

– Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

El resultado de ese referéndum fue afirmativo sólo dos puntos por encima del cincuenta por ciento en el conjunto del estado español. En Hego Euskal Herria venció el no. Han pasado bastantes años de participación activa de España en la OTAN y hace tan sólo unos días Zapatero anunció que España colaborará en el escudo antimisiles, con todo lo que ello significa.

Ahora yo tengo bastante más de seis años, y me sorprende mi incapacidad para ver con cierta calidad los grises. El mismo día que ETA anuncia que no volverá a utilizar las armas, uno de los principales periódicos españoles abren su edición señalando que ha terminado el terror, al mismo tiempo que muestran el cadáver de una persona asesinada gracias, entre muchos otros, al gobierno español. No entraré en esta ocasión a valorar lo que unos entienden como genocidio en el estado soberano de Libia, como resultado de una injerencia extranjera, en defensa de intereses económicos, que no respeta la legalidad internacional; y para otros simplemente ha sido la liberación de un pueblo sometido por su dictador, gracias al apoyo de las principales democracias del mundo. Tampoco entraré en valorar lo que significa ETA y el resto del MLNV y toda la carrera de violencia, heridos, muertos, encerrados, exiliados y torturados que llevamos sufriendo desde hace tantos años. Sólo entraré en recordar qué son los derechos humanos, y que deben ser exigidos, protegidos y amparados. Una obviedad desde mi punto de vista, pero que cuesta comprender al ver la portada de hoy de El País. Parafraseando a una persona con más de dos dedos de frente, tal vez ahora debamos esperar con ansia un comunicado en el que la OTAN deje las armas, tras 62 años de violencia terrorista.

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Alternatiba insta a los gobiernos de Gasteiz y Madrid a poner todos los medios para la liberación de los cooperantes

Alternatiba ha mostrado hoy su más “absoluta condena” al secuestro de Enric Gonyalons y de otros dos cooperantes el pasado sábado en campamentos saharauis de Tinduf. El portavoz de la Mesa de Internacionalismo de la formación de izquierdas, Gonzalo Fernández, ha mostrado su solidaridad a las familias y a las organizaciones a las que estos pertenecían, particularmente a Mundubat, ONG vasca de la cual Gonyalons, vecino de Bilbao, es miembro. Así mismo, ha instado a los gobiernos de Gasteiz y Madrid a que pongan “todos los medios necesarios” para su liberación.

Fernández ha destacado el “importantísimo trabajo” que estos hombres y mujeres realizan en la zona y ha denunciado que el secuestro supone, precisamente, “un ataque contra la solidaridad de los pueblos de la Unión Europea con el Sahara, ante la pasividad de sus gobiernos hacia la grave situación del pueblo saharaui”. A falta de conocer quién o quienes están detrás del rapto, desde Alternatiba han denunciado que el ataque busca “romper los vínculos entre este pueblo y las miles de personas solidarias que reiteradamente nos recuerdan el abandono a la que están sometidos los refugiados de Tinduf y la desidia de las organizaciones internacionales ante esta situación”.

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Cuervos y buitres > Emir Sader

Notaron que hay gente, que se dice de izquierda, ¿pero que solo aparece para criticar a gente de izquierda? Nunca contra la derecha, lo que sea que esta haga. Son especialistas en lanzar gasolina en cualquier fueguito dentro de la izquierda.
 
Nunca reconocen victorias, conquistas, avances. Son solo preanuncios de derrotas, traiciones, giros a la derecha –cuya culpa será siempre denunciada como responsabilidad de la izquierda. Adoran las derrotas, cuánto mayor, mejor, porque la culpa es de los otros, no importa que el pueblo sea quién pague el precio.
 
Son excelentes para hacer balances de derrotas, pero nunca saben proponer alternativas y nunca consiguen dirigir proceso alguno. Son siempre críticos. Especies de buitres, especialistas en carroña. Cuervos, que auguran siempre catástrofes.
 
No da para tener respeto por alguien que se dice de izquierda, pero no está en todas las paradas de la lucha contra la derecha.  Ahí se quedan quietos, acechando para atacar a la izquierda, sea porque no es suficientemente radical, sea porque no derrotó de forma radical y definitiva a la derecha. Ellos mismos, no son capaces de afectar el poder de la derecha, ni están centralmente preocupados con eso, les importa sobre todo las “traiciones” de la izquierda.
 
En una circunstancia grave como la de Bolivia actualmente, por ejemplo, lanzan hacia afuera el rencor a Evo Morales y su liderazgo, como antes tuvieron esa actitud contra Lula en el Brasil.  Todos “traicionaron”, incluidos Hugo Chávez, Rafael Correa, Pepe Mujica, los Kirchner, Fernando Lugo, Mauricio Funes, solo ellos son puros.  Solo que el pueblo no cree eso, de forma que esa gente nunca consigue formar movimientos populares con fuerte participación del pueblo, no dirigen ningún proceso, no consiguen citar un caso en que sus ideas condujeron a victorias y avances.
 
No elogian la reforma agraria, la nacionalización de las minas, la Asamblea Constituyente puestas en práctica por Evo. No apoyan las medidas de política externa soberana del Brasil, en el reconocimiento de la Palestina, en la mediación de Irán, en el apoyo a Cuba. Solo denuncias, porque su universo no es la lucha general del pueblo, sino el universo circunscrito de la izquierda. No impulsan luchas de masas, solo lucha ideológica.  No construyen fuerza política para que la izquierda avance, siempre tratan de dividir.
 
Los conflictos en la izquierda, en el campo popular, tienen que ser discutidos y tratados como conflictos entre tendencias de izquierda, más moderadas o más radicales, sin descalificaciones que señalen a los otros como fuera del campo de la izquierda.  Esta actitud es el primer paso que lleva a asimilar otras tendencias de la izquierda a la derecha y asumir equidistancia en relación a ellas.
 
En una situación de crisis como la de Bolivia actualmente, todo lo que podemos desear es que se llegue a un acuerdo político entre el gobierno y sectores del movimiento indígena que están en enfrentamiento abierto.  Ni el gobierno es derechista, ni los movimientos indígenas hacen el juego de la derecha. Es en ese marco que debemos anhelar que sean enfrentados los conflictos.
 
Como en Brasil, se debe criticar al gobierno y al PT en lo que se diverge, y apoyar en los puntos comunes.  Hacer frente único en lo que hay de común, comenzando por la lucha contra la derecha. Y criticar aquello en que hay divergencias. Considerando que son diferencias en el campo de la izquierda, no es posible la equidistancia entre el gobierno y la oposición, el PT y la derecha. (Traducción ALAI)
 
Emir Sader, sociólogo y cientista brasileño, es secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
http://alainet.org/active/49900
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Política agraria común, menos común de lo que parece > Vicent Boix

Vicent Boix

Escritor, autor del libro El parque de las hamacas. Artículo de la serie “Crisis Agroalimentaria”, ver más aquí

En el año 2010, cerca de 900.000 personas y entidades del estado español, se beneficiaron de los más de 5.000 millones de euros en ayudas económicas enmarcadas dentro de la Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, estas espectaculares cifras no deben confundir, pues una cosa es repartir y otra muy distinta es hacerlo con justicia y equidad. Según el informe “Una injusticia llamada PAC”, editado recientemente por la organización Veterinarios Sin Fronteras, el 16% de los favorecidos por las subvenciones en el estado español lograron hacerse con el 75% del monto total. Los 58.000 mayores beneficiarios (7% del conjunto) se embolsaron cerca de 2.600 millones de euros, es decir la mitad.

Entre los agraciados se encuentran terratenientes, hacendados y aristócratas, como la familia “Osborne”, que recibió más de un millón de euros. Pero también hay grandes empresas del agronegocio, que suelen adquirir productos de agricultores y ganaderos para manufacturarlos y venderlos después. Por ejemplo, “Azucarera Ebro” -que percibió 61 millones de euros de las ayudas de la PAC- controla la mitad del mercado del azúcar en el estado español y tiene intereses en los agrocombustibles. Según este informe, pertenece a la British Sugar Company, una de las mayores corporaciones a nivel mundial en el sector y que además posee inversiones en África. Esta transnacional ha recibido más capital de la PAC, que la Xunta de Galicia o la Junta de Castilla León para sus programas de desarrollo rural. Dicha cantidad es mucho más elevada que la destinada en 2010 por el Ministerio de de Medio Ambiente, Rural y Marino, a su Plan Integral de actuación para el fomento de la Agricultura ecológica.

Han existido otras compañías españolas relacionadas con la alimentación, beneficiadas por las subvenciones públicas de la PAC. Aunque favorecidas por cantidades menores, no deja de ser llamativo que reciban dinero público ciertas empresas de la alimentación que, al adquirir productos del agricultor y ganadero, se aprovechan de su situación de dominio para pagarles cantidades irrisorias que a veces no permiten cubrir los costos de producción. También es llamativo que reciban ayudas corporaciones como “Mercadona”, “Carrefour” y “Lactalis”, que según este informe de Veterinarios Sin Fronteras, sumaron en 2010 más de 1.000 millones de euros en beneficios.

Esta bonanza económica empresarial dista mucho de la paupérrima situación económica que vive la agricultura y la ganadería en España, donde cientos de miles de personas pasan momentos agónicos para mantener sus trabajos. Frente a las esplendorosas cifras de las grandes empresas, la renta agraria ha descendido un 27% desde 2003. Y tanto en ministerios como en despachos ejecutivos, saben que el problema principal deriva de un mercado libre que ha favorecido que unas pocas empresas del agronegocio monopolicen la transformación, la intermediación y la venta de alimentos, imponiendo sus reglas y precios a agricultores, ganaderos y consumidores.

Por eso es ridículo e indignante que reciban ayudas los que luego asfixian al agricultor y le obligan a dejar el campo para engrosar las listas del paro. Porque con unas ayudas destinadas a promocionar el sector primario se está premiando a los verdugos que lo torturan sin cesar. Y que esto suceda año tras año, huele ya demasiado. También es curioso, muy curioso, que aquellos que claman al cielo por un comercio libre de ataduras y por un estado ausente del mercado, sean los primeros en parar las manos y llenarse los bolsillos.

En otra coyuntura comercial más ecuánime, el campo no requeriría ayudas porque durante mucho tiempo no las recibió y fue rentable y generoso. Más que subvenciones, lo que se necesita urgentemente es legislación y normas que confieran dignidad y un trato justo, sobre todo, en los precios de compra a ganaderos y agricultores.

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Alternatiba se manifestará contra la visita de Uribe y acusa al PNV de invitar a genocidas

El ex juntero por Bizkaia y miembro de Alternatiba Jonathan Martínez ha llamado a la ciudadanía a manifestarse mañana, a las 9:00 de la mañana frente al Palacio Euskalduna de Bilbao, “para expresar el profundo rechazo que genera en la sociedad vasca la visita de un genocida” como el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.

Desde Alternatiba se ha querido recordar que los historiales de Uribe y de los ministros  de los que se rodeó incluyen apoyo al para-militarismo contra la población civil, expropiaciones de tierra al campesinado para entregarlo a empresas multinacionales y numerosos casos de corrupción política y judicial, entre otros delitos y vulneraciones de derechos sucedidos en Colombia durante sus años de mandato.

Como ya lo hiciera en la anterior legislatura en el seno de las Juntas Generales, Martínez ha acusado al Diputado General Jose Luis Bilbao de haber “usado el programa BiscayTIK para favorecer a una multinacional, Microsoft, y para traer un ponente de semejante currículum”. En el mismo sentido y, “si el señor Bilbao da la bienvenida a personas como Uribe, debería dimitir y dejar el gobierno de Bizkaia a alguien que tenga mas claro qué son los derechos humanos”.

Alternatiba, por tanto, se adhiere a la concentración convocada por Komite Internazionalistak, Askapena, Asociación Cultural Latinoamericana y la Plataforma No más Bases bajo el lema No queremos asesinos en Bilbao.

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Palestina 194

La apuesta del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmound Abbas, para la obtención del reconocimiento del Estado Palestino por parte de la Organización de Naciones Unidas ha suscitado un intenso debate, tanto en el seno de la sociedad palestina como en el movimiento de solidaridad internacional con este pueblo.

A pesar de que la iniciativa tiene pocos visos de prosperar, sus defensores alegan que el apoyo obtenido en la Asamblea General constituye una importante victoria simbólica y entre sus ventajas citan la necesidad de dar un paso adelante sin depender de la tutela de EEUU, el aumento del apoyo internacional a la causa palestina, la oportunidad de romper el impasse del conflicto, la posibilidad de reactivar el movimiento social palestino y el fundado temor por parte de Israel de las resoluciones de NNUU y el derecho internacional vuelvan a ser las principales referencias para la resolución del conflicto.

Frente a esta postura, son numerosas las voces críticas que se han alzado para apuntar los efectos negativos de la petición de reconocimiento: su carácter aislado, sin formar parte de una estrategia global; el temor a que sirva para legitimar el statu quo actual de enclaves territoriales fragmentados, asentamientos ilegales y poblaciones desplazadas; las dudas sobre su utilidad para volver a un esquema de negociación basado en las resoluciones internacionales; el abandono de la “solución de un único” estado y la consagración de la “solución de dos estados”; la inviabilidad del Estado palestino en las actuales circunstancias; el miedo a que la AP renuncie al derecho de retorno de las personas desplazadas a cambio de una entelequia sin efectos prácticos…

En gran medida, la cuestión central del debate radica en saber si la iniciativa permitirá un cambio en el esquema que ha guiado las “negociaciones de paz” desde los Acuerdos de Oslo, cuando las resoluciones de NNUU se sustituyeron por el principio de «territorios a cambio de paz», sin atender a la realidad de un proceso de colonización incesante.

El derecho internacional público es claro respecto al conflicto palestino-israelí: las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU obligan a Israel a retirarse a las fronteras acordadas en el armisticio de 1949 y a desmantelar los más de 140 asentamientos que albergan a medio millón de colonos en territorio palestino. Además, La IV Convención de Ginebra, relativa a la Protección de las Personas Civiles en tiempo de Guerra, aplicada de iure sobre estos territorios está reconocida por todas las partes firmantes así como por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero el Estado israelí se niega a cumplirla.

El fracaso de las sucesivas «iniciativas de paz» es fruto de haber ignorado los derechos nacionales y la unidad del pueblo palestino, con el objetivo de construir una paz bajo los criterios de la ocupación israelí. Así, hasta la fecha, Israel ha evitado la creación de un Estado Palestino mediante una política de cambios territoriales y demográficos impuestos sobre el terreno en base a su superioridad militar y el apoyo inquebrantable de EEUU. El objetivo último no es otro que arrinconar la legalidad internacional y obligar a los representantes palestinos a aceptar como hechos consumados los asentamientos, la expropiación de tierras, el muro y el desplazamiento de la población palestina.

Por lo tanto, resulta imprescindible que la reclamación de reconocimiento de soberanía no vincule su ejecución al “proceso de paz” y reivindique la vigencia de las resoluciones internacionales. En cualquier caso, el simple recurso a las Naciones Unidas no será suficiente si no se inserta en una estrategia de resistencia pacífica, tanto en los territorios ocupados como a nivel internacional, que es precisamente lo que le parece faltar a la AP.

Es seguro que una hipotética victoria simbólica en la escena internacional no va acabar con la política de apartheid y discriminación racial de Israel. Por otra parte, el reconocimiento del Estado Palestino tampoco puede convertirse en una coartada para que los gobiernos se libren de sus responsabilidades respecto al cumplimiento de la legalidad internacional. En este sentido, conviene recordar que el Estado Español, favorable a este reconocimiento, autorizó en 2009 la venta de armas a Israel por un valor de 2,8 millones de euros.

Frente a la hipocresía de la realpolitik y el desprecio por la legalidad internacional del Estado israelí, uno de los instrumentos más eficaces para apuntalar la lucha del pueblo palestino por sus derechos es la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones (BDS). Esta campaña, siguiendo el modelo de la dirigida contra el apartheid en Sudáfrica, está formada por un conjunto de acciones destinadas a suspender la cooperación económica, académica, cultural y deportiva con Israel por parte tanto de los estados como del sector privado y ya ha cosechado varios éxitos como el procesamiento de israelíes responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; el boicot de universidades a homólogas israelíes o empresas que han dejado de hacer negocios con fabricantes israelíes por la presión de sus clientes.

Una de las mayores campañas internacionales de boicot de la actualidad está dirigida contra la transnacional francesa Veolia, por su participación en el consorcio que construirá el tren ligero que une Jerusalén Oeste con asentamientos ilegales en Jerusalén Este y Cisjordania, lo que permitirá ampliar la ocupación. Además, Veolia ha obtenido una concesión de 30 años para la explotación de su primera línea y gestiona servicios de autobuses y de recogida de basuras para los colonos de los asentamientos de Cisjordania. Todas estas actividades son consideradas como contribuciones a crímenes de guerra de acuerdo a la IV Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ante las protestas ejercidas en el marco de esta campaña, la transnacional ha sido apartada de un concurso público por el Ayuntamiento de Londres.

Precisamente, Veolia es la compañía adjudicataria del servicio de transporte público en Bilbao, cuyo ayuntamiento, a pesar de tener conocimiento de estos hechos, hasta la fecha ha ignorado las peticiones para la rescisión del contrato y para la inclusión de cláusulas relativas al cumplimiento de los derechos humanos y legalidad internacional por parte de las compañías adjudicatarias en los pliegos de condiciones de las contrataciones públicas.

Por lo tanto, nuestra contribución a la lucha pacífica del pueblo palestino no es una quimera imposible en un nivel ajeno al control de la ciudadanía, sino que es factible en un ámbito tan cercano como es la institución municipal, a la que no se le debe permitir que premie con dinero público a transnacionales con un historial tan lamentable como el de Veolia.

Ana Etxarte – Portavoz de Alternatiba

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Escenario positivo para Guatemala, ¿Para quién?

Mesa de Internacionalismo de Alternatiba

El Grupo PRISA no pierde oportunidad para mostrarnos su visión progresista sobre la coyuntura actual de América Latina. Por un lado, no ceja en atacar de manera sistemática a Cuba y al resto de gobiernos que defienden un cambio profundo para el continente -Venezuela, Ecuador, Bolivia-, siempre, por supuesto, con el loable motivo de la supuesta defensa de los derechos humanos; por el otro, establece una política de comprensión y de apoyo a los países alineados con el neoliberalismo que raya en lo indigno.

Así, y en el marco de las elecciones guatemaltecas del pasado domingo, 11 de septiembre, El PAIS nos lleva trasladando en diferentes artículos una imagen del candidato principal, el genocida militar Otto Pérez Molina, como el de un simple general retirado que, pobrecito él, busca atajar el gran problema de delincuencia y seguridad que azota al país. En ningún momento a lo largo de los artículos que han sido publicados alude al hecho de que este hombre está acusado de actos de tortura y asesinato durante el conflicto armado interno en Guatemala; no nos dice que él durante los ochenta estaba al mando de las operaciones militares en el llamado triángulo ixil (Quiché), donde se puso en marcha la estrategia de exterminio y masacre indígena; no nos dice que este hombre era llamado Capitán Fosforito, por estar especializado en arrasar comunidades rurales y ejecutar la política de tierra arrasada diseñada por la CIA en el occidente de Guatemala; nada dice del uso sistemático de la tortura durante el período que ocupó el cargo de Director Nacional de la división de inteligencia en 1992; no nos cuenta, en definitiva, que él es historia y parte activa de la violencia actual.

El periódico de más vendido en el Reino de España olvida todo esto, pareciera que sufre amnesia, pareciera que eso no es importante. ¿Pero no se trata de criticar toda conculcación de derechos humanos? ¿No se trata de desenmascarar a autoritarios, de defender la democracia y la libertad? Parece que no. Si bien no se pierde ocasión de atacar a gobiernos que sistemáticamente ganan elecciones celebradas en situación de normalidad –acusándolos de dictatoriales-, se mira para otro lado, se falta a la verdad en lo referente a los países neoliberales. Y esto es especialmente llamativo en un estado fallido como Guatemala, donde las estructuras represivas de los 80 son ahora un sector muy relevante de poder político y económico (robo de coches, tráfico de personas, tránsito de drogas, etc.), y en las que Pérez Molina participa activamente.

Será entonces que no son los derechos humanos los que importan, sino la defensa de un modelo económico que priorice a las transnacionales –como lo es ya PRISA, propietaria del periódico, con grandes intereses y negocios en el continente-. En su caso concreto, será que, por encima de todo, está la defensa de los países que mantienen el monopolio de la información en grandes grupos empresariales. El rigor informativo pasa a un segundo lugar cuando lo que está en juego son los beneficios de unas cuantas empresas españolas, así como los suyos propios.

Una vez más El PAÍS se ha retratado. Un periódico que presume de ser un medio de información veraz, serio, con fuentes fidedignas, no sólo está teniendo memoria selectiva, sino que también se está posicionando a favor de un genocida, recogiendo testimonios en los que se afirma que “el nuevo escenario es positivo para Guatemala, en la medida en que obligará a los contendientes a buscar consensos”. Pero lo que no nos dice es que esos consensos serán los que beneficiarán a unos pocos y excluirán a la mayoría, y en palabras de Andrés Cabanas, dará lugar “a un nuevo consenso de carácter neoautoritario, concebido como pacto de élites, renovadamente violento y desconocedor del espíritu mínimamente articulador de los Acuerdos de Paz”1.

Y sobre todo este gran periódico no nos dice que con el triunfo de Otto Pérez Molina, Guatemala volverá a tener entre sus representantes institucionales, tal y como sucedió con Ríos Montt, a un hombre que debería ser juzgado por crímenes de guerra.

1 “Elecciones 2011: continuidad y fin de ciclo” , Andrés Cabanas. Memorial de Guatemala.

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