Artículo de James Petras publicado en Rebelión y traducido por Ricardo García Pérez

Introducción

En América Latina se celebrarán este otoño dos procesos electorales que tendrán una relevancia decisiva para la dirección que adopte la política económica y exterior en la próxima década.

Las elecciones legislativas venezolanas del 26 de septiembre determinarán si el Presidente Chávez es capaz de obtener la mayoría de dos tercios necesaria para continuar con su programa socialista democrático sin padecer los bloqueos continuos en la tramitación impuestos por una derecha cada vez más dura.

Brasil, la economía industrial y exportadora de productos agrarios más poderosa y dinámica de la región, afronta sus elecciones presidenciales el 3 de octubre.

En ambos países, el electorado está muy polarizado, si bien en Brasil no se estructura en torno al eje socialismo-capitalismo.

En Venezuela, la derecha pretende frenar nuevos procesos de nacionalización de industrias estratégicas, fomentar la desestabilización promoviendo la desobediencia y el sabotaje de las iniciativas políticas de base de las comunidades locales e imponer restricciones al gasto presupuestario en programas sociales e inversiones públicas. El objetivo estratégico de la derecha es incrementar la penetración institucional del Ejército, los servicios de inteligencia y las agencias de «ayuda» estadounidenses con el fin de debilitar las iniciativas de política exterior independiente del Presidente Chávez y presionar a su gobierno para que haga concesiones a la Casa Blanca, sobre todo debilitando su apoyo a Irán, Palestina y, lo más importante, las organizaciones político-económicas latinoamericanas independientes que excluyen a Washington (MERCOSUR, ALBA y UNASUR).

Elecciones presidenciales: Brasil

En Brasil, las elecciones presidenciales enfrentan a la candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, respaldada por el saliente Presidente Lula Da Silva, contra el antiguo gobernador del estado de Sao Paulo y abanderado del Partido Socialdemócrata Brasileño, José Serra. Las etiquetas del partido son irrelevantes, pues ambos candidatos han fomentado y están proponiendo continuar con políticas de desarrollo agro-minerales de libre comercio impulsadas por las exportaciones, y ambos encuentran respaldo entre las élites empresariales y financieras. Pese a sus vínculos con las élites empresariales y evitando toda clase de transformación radical (o siquiera moderada) de un sistema de distribución de riqueza y propiedad de las tierras enormemente desigual, hay diferencias esenciales que afectarán al resultado: (1) el equilibrio de fuerzas en el continente americano, (2) la capacidad de los movimientos sociales brasileños de articular sus demandas con libertad, (3) el futuro de los regímenes de centro-izquierda de los países vecinos (sobre todo, Bolivia, Venezuela y Argentina), y (4) los consorcios de capital público y privado para los campos petrolíferos inmensos recién descubiertos frente a sus costas.

Serra desplazará la política exterior de Brasil hacia una mayor adaptación a Estados Unidos, debilitando o rompiendo los lazos con Irán y reduciendo, o incluso eliminando, los programas de inversiones conjuntas con Venezuela y Bolivia. Sin embargo, Serra no modificará las políticas comerciales e inversionistas en el exterior en lo que se refiere a Asia. Serra proseguirá con las políticas de libre comercio de Lula con la intención de diversificar mercados (salvo donde Estados Unidos define «amenazas» geopolíticas o intereses militares) y promover las exportaciones de los sectores agrario y energético-minero. Mantendrá la política de Lula de superávit presupuestario y ajuste fiscal y de rentas. Es probable que las políticas sociales de Serra profundicen y ensanchen los recortes de las pensiones públicas y continúen con su criterio de restricción salarial, al tiempo que reducen el gasto público especialmente en educación, sanidad y lucha contra la pobreza. En ese ámbito fundamental que es la explotación de los nuevos yacimientos de gas y petróleo inmensos, Serra reducirá el papel del Estado (y su participación en los ingresos, los beneficios y la propiedad) en beneficio de las empresas petrolíferas privadas del extranjero. Es menos probable que Serra fomente la concertación con los dirigentes sindicales y que recurra a una mayor represión «legal» de las huelgas y a la criminalización de los movimientos sociales rurales, sobre todo los de ocupación de tierras del Movimiento de los Sin Tierra (MST). En el ámbito de la diplomacia, Serra se aproximará más a Estados Unidos y a sus políticas militaristas, sin mostrar apoyo manifiesto a la intervención militar directa. Una señal de que Serra suscribe el programa de Washington fue calificar al gobierno reformista de Bolivia de «narco-estado», haciéndose eco de la retórica de Hilary Clinton, en marcado contraste con los vínculos amistosos entre ambos países durante el mandato de Lula. Sin duda, Serra rechazará toda iniciativa diplomática independiente que entre en conflicto con las aspiraciones militares estadounidenses. La campaña de Rousseff, en esencia, promete mantener las políticas económicas y diplomáticas de Lula, incluyendo la propiedad pública mayoritaria de los nuevos yacimientos de petróleo y gas, el desarrollo de programas de lucha contra la pobreza y cierto margen de tolerancia (aunque no respaldo) a movimientos sociales como el MST o los sindicatos.

Dicho de otro modo: las alternativas son dar un paso atrás para regresar a las políticas represivas y conformistas de la década de 1990, o mantener el statu quo del libre mercado, la política exterior independiente, los programas de lucha contra la pobreza y una mayor integración en América Latina.

Si gana Serra, el equilibrio de fuerzas en América Latina se desplazará hacia la derecha y, con ello, se reafirmará la influencia y capacidad de acción estadounidense en todos los vecinos de centro-izquierda de Brasil. Serra seguirá en buena medida los pasos de Lula en política interior, administrando programas de lucha contra la pobreza a través de sus funcionarios, toda vez que garantice que el apoyo de los movimientos sociales a Lula se debilita. Ante unas opciones tan limitadas, las principales asociaciones empresariales de Sao Paulo respaldan a Serra (aunque determinados personajes del mundo de los negocios apoyan a ambos candidatos), mientras que los sindicatos principales están en la órbita de Rousseff; los movimientos sociales como el MST, que se sintieron traicionados cuando Lula incumplió su promesa de reforma agraria, hacen campaña «contra Serra», con lo que apoyan indirectamente a Rousseff. El dicho según el cual «América Latina va hacia donde va Brasil» tiene algo más que una pizca de verdad, sobre todo si analizamos el futuro y las perspectivas económicas de mayor integración para América Latina.

Elecciones legislativas: Venezuela

La Venezuela de Chávez es la clave para las perspectivas de cambio social progresista en América Latina. El gobierno socialista democrático apoya a los regímenes reformistas de América Latina y el Caribe, y con su gasto público ha consolidado avances pioneros en el ámbito de la salud, la educación y los subsidios alimentarios para el 60 por ciento de los sectores más pobres de la población.

Pese a la inmensa popularidad de Chávez durante toda la década y a los innovadores programas de redistribución y cambios estructurales progresistas, hay un riesgo evidente e inminente de que la derecha realice progresos significativos en las elecciones legislativas venideras.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) encabezado por el Presidente Chávez tiene en su haber seis años de una tasa de crecimiento elevada, un aumento de la renta y un descenso del desempleo. En su contra juegan los 18 meses de recesión en curso, una tasa de inflación y criminalidad muy altas y unas restricciones presupuestarias que limitan la implantación de programas nuevos.

Según los documentos de la agencia oficial de ayuda exterior estadounidense, en la precampaña electoral venezolana Washington ha depositado más de 50 millones de dólares en las arcas de una oposición controlada por los «frentes» políticos y de ONG que fomentan los intereses estadounidenses, centrándose en la unificación de facciones opositoras enfrentadas, subvencionando al 70 por ciento de los medios de comunicación privados y financiando a organizaciones comunitarias controladas por la oposición en los barrios de clase media y baja. A diferencia de Estados Unidos, Venezuela no exige que los destinatarios de fondos del exterior que actúan en nombre de una potencia extranjera se den de alta como agentes extranjeros. La campaña de la derecha se centra en la corrupción gubernamental y el tráfico de drogas, una orientación inspirada por la Casa Blanca y The New York Times, que se olvidan de señalar que el Fiscal General de Venezuela ha anunciado la apertura de procesos judiciales contra 2.700 casos de corrupción y 17.000 casos de tráfico de drogas. La oposición y The Washington Post indican que el sistema de distribución estatal (PDVAL) no consigue dar cauce adecuado a varios miles de toneladas de alimento, lo que hace que se estropeen y acaben en la basura, pero no cuentan que tres antiguos directores están en la cárcel y que el ministerio de alimentación suministra en el país un tercio de alimentos básicos para el consumo a unos precios que llegan a ser un 50 por ciento más bajos que en los supermercados privados.

Sin duda, la derecha realizará progresos significativos en las elecciones legislativas, sencillamente porque parten de una situación inicial baja, su suelo, puesto que boicotearon las últimas elecciones. No es probable que su campaña contra la corrupción arrolle a la mayoría que apoya a Chávez, puesto que su anterior abanderado, el ex Presidente Carlos Andrés Pérez, fue condenado por un fraude de miles de millones de dólares y por apropiación indebida de fondos públicos. Los gobernadores y alcaldes opositores también han sido acusados de fraude y malversación de fondos y se refugian en Miami. Sin embargo, aunque la mayoría de los votantes considera que Chávez es honrado y está limpio, no se puede decir lo mismo de algunos cargos públicos de su gobierno. La pregunta es si los votantes van a reelegirlos a pesar de sus antecedentes con el fin de apoyar a Chávez, o si se van a abstener. La abstención nacida del desencanto, y no de un giro electoral a la derecha, es la mayor amenaza para una victoria decisiva del PSUV.

En la carrera hacia las elecciones legislativas, el PSUV celebró unas primarias en las que muchos consejos comunales eligieron a candidatos locales y populares frente a los escogidos por los sectores oficialistas. Será revelador ver si los candidatos de la base obtienen mejores resultados que los escogidos «desde arriba». Una victoria de los primeros fortalecerá los sectores socialistas del PSUV en contraposición a los moderados.

El proceso electoral está muy polarizado siguiendo demarcaciones de clase social, según las cuales la mayoría de las clases más bajas respaldan al PSUV y las clases medias y altas apoyan casi uniformemente a la derecha. Sin embargo, hay un sector significativo entre los más pobres y los sindicatos que está indeciso y no muy motivado para votar. Tal vez decidan el resultado final en distritos electorales esenciales, y allí es donde la campaña se recrudece. Para la victoria electoral del PSUV es clave si los sindicatos, los comités de las fábricas gestionadas por los trabajadores y los consejos comunales van a hacer un esfuerzo importante para aplacar a los votantes más reticentes y que voten a candidatos izquierdistas. Hasta los sindicalistas militantes y las organizaciones de base de trabajadores se han centrado visiblemente en disculpar (asuntos salariales) «locales» o «economicistas» o en ignorar las cuestiones políticas más generales. Su voto y su actividad como líderes de opinión encargados de mostrar «la panorámica global» son fundamentales para vencer la inercia política e, incluso, el desencanto hacia algunos candidatos del PSUV.

Conclusión:

Las próximas elecciones de Brasil y Venezuela ejercerán un impacto decisivo en la política, la política económica y las relaciones de América Latina con Estados Unidos durante toda la segunda década de este siglo. Si Brasil «gira a la derecha», fortalecerá inconmensurablemente la influencia estadounidense en la región y acallará una voz independiente. Aun cuando ningún candidato dará ningún gran paso adelante hacia una mayor justicia social, si resulta elegido la candidata preferida por Lula, Dilma Rousseff, supondrá un avance en el camino hacia una mayor integración latinoamericana y una política económica y exterior relativamente independientes. Salir elegida no abrirá la puerta a ningún cambio estructural de grandes consecuencias.

Una victoria de los socialistas venezolanos reforzará la determinación de Chávez y su capacidad para proseguir con sus políticas de bienestar social, contra el imperialismo y de apoyo a la integración. La actitud firme de Chávez oponiéndose a la militarización estadounidense, incluido el golpe de Estado de Honduras y las bases militares estadounidenses en Colombia, animan a los regímenes de centro-izquierda a adoptar una actitud moderada, pero fundamentada, en contra de la militarización. Las reformas socialistas de Chávez en Venezuela ejercen presión para que los regímenes de centro-izquierda introduzcan medidas legislativas de reforma social y fomenten los programas de lucha contra la pobreza y de creación de consorcios público-privados, en lugar de seguir las medidas neoliberales de la derecha proestadounidense más dura. En Brasil, la cuestión es votar por el mal menor, mientras que en Venezuela se trata de votar por el bien mayor.

Hashim Thaçi avanzó hacia el atril con los papeles bajo el brazo, puso cara de primer ministro y proclamó la República de Kosovo entre los aplausos parlamentarios y los fogonazos de las fotografías. Era 17 de febrero de 2008 y su nombre aún permanecía en el inventario de organizaciones terroristas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En la guerrilla albanesa le llamaban Serpiente.

Condoleezza Rice y George W. Bush no tardaron en adelantar la bendición estadounidense a la independencia kosovar. Thaçi ya no era el líder de una organización armada que se enriquecía con el narcotráfico y el crimen organizado, sino el respetable portavoz del Partido Democrático de Kosovo. UÇK ya no era el grupo furtivo que había llenado las cunetas de cadáveres serbios, gitanos y albaneses indistintamente, sino el cuerpo policial legítimo de Kosovo en colaboración con los efectivos de la OTAN.

Años atrás, la Alianza Atlántica había encontrado en la Provincia Autónoma de Kosovo y Metohija el territorio más propicio para culminar la demolición de la República Federal Socialista de Yugoslavia, y a la vez, el atajo más rápido para la ocupación militar de los Balcanes y la tutela de una geografía propicia para los intereses corporativos del petróleo. La administración de Bill Clinton tuvo oportunidad de ensayar en Serbia los mismos esquemas de propaganda, invasión y saqueo que después perfeccionó George W. Bush en Afganistán y en Iraq.

El 11 de febrero de 1996, UÇK orquestó un ataque contra refugiados serbios procedentes de Krajina que quebraba el camino de desobediencia civil abierto por el presidente kosovar Ibrahim Rugova. Se adivinaba una declaración de guerra. Los enfrentamientos entre el ejército yugoslavo y la nueva guerrilla albanesa se prolongaron durante casi tres años, hasta que la diplomacia estadounidense decidió que el gobierno de la República Federal de Yugoslavia debía ser juzgado por crímenes de guerra mientras que los militares de UÇK eran honorables libertadores con quienes resultaba oportuno fotografiarse ante la prensa. Quinientas mil víctimas albanesas que nunca existieron sirvieron para argumentar la urgencia de una agresión militar contra la población serbia.

El 30 de enero de 1999, la OTAN manifestó su determinación de bombardear Yugoslavia, pero todavía necesitaba vender a la opinión pública un último esfuerzo conciliador. El 6 de febrero, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, sentó en una mesa del castillo francés de Rambouillet al militar albano Hashim Thaçi y al presidente yugoslavo en funciones, Milan Milutinovi?.

La propaganda oficial vistió de generosidad diplomática lo que en realidad fue un chantaje al gobierno yugoslavo que ningún estado soberano del mundo habría aceptado. Según el Acuerdo de Rambouillet, las fuerzas de la OTAN exigían acceso libre a todo el territorio de la República Federal de Yugoslavia, incluido su espacio aéreo y sus aguas territoriales; exigían inmunidad ante investigaciones o detenciones; exigían el uso gratuito de aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y puertos; exigían el control de todos los canales de comunicación yugoslavos, incluidas televisiones y radios; exigían que la economía de Kosovo funcionara de acuerdo a los principios del libre mercado.

A nadie le importó que la Asamblea Nacional Serbia dispusiera una propuesta sobre la autodeterminación de la provincia de Kosovo y Metohija basada en el acuerdo entre las distintas comunidades nacionales kosovares y el respeto a la diversidad étnica. En realidad, el pacto de Rambouillet contaba de antemano con la firma de las delegaciones de Albania, Estados Unidos y Reino Unido, y con la certeza de que la OTAN iba a invadir Yugoslavia en cualquiera de los casos, firmara o no su presidente.

El 24 de marzo de 1999, los cazas españoles de la Alianza Atlántica abrieron fuego sobre Belgrado e inauguraron el último genocidio de la historia de Europa, un bombardeo que se prolongó durante 78 días y que dejó un número más o menos escandaloso de muertes si se examinan unas u otras fuentes. Javier Solana, que ejercía como Secretario General de la OTAN durante la Operación Allied Force, despreció los preceptos más elementales del derecho internacional y precipitó el festival de bombas de racimo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nunca ha sido juzgado.

Las agresiones de la OTAN no se limitaron a objetivos militares, sino que se extendieron repetidamente a la población civil. El 5 de abril, los aviones de la alianza matan a 5 personas en Aleksinac. El 12 de abril, atacan un tren en Grdelica y dejan 10 personas muertas y un vídeo manipulado con el que tratan de justificar el crimen. El 14 de abril, bombardean una columna de refugiados kosovares cerca de Djakovica y matan a 75 personas. El 23 de abril, bombardean la sede de Radiotelevisión Serbia y matan a 16 personas. El 27 de abril matan a 20 personas en Surdulica. El 1 de mayo bombardean un autobús en Luzane y matan a 47 personas. El 8 de mayo, un avión estadounidense bombardea la embajada de China en Belgrado y mata a 3 personas. El 14 de mayo bombardean el pueblo kosovar de Korisa y matan entorno a cien personas.

El 10 de junio de 1999, concluyó la invasión aérea y las autoridades serbias abandonaron Kosovo para dejar paso a las tropas de ocupación de la OTAN bajo el amparo de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que garantizaba la soberanía e integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia. Inmediatamente, la corporación estadounidense Kellogg Brown & Root asumió la construcción de la base militar más grande de Estados Unidos en Europa, que se llamó Camp Bondsteel en homenaje a un soldado que obtuvo la Medalla de Honor durante la Guerra de Vietnam. A pocos kilómetros de la frontera con Macedonia, la base vigila de cerca el oleoducto transbalcánico AMBO, de la empresa estadounidense Albanian Macedonian Bulgarian Oil Corporation, que negoció con ExxonMobil y ChevronTexaco la fórmula más eficaz para distribuir hacia Europa el crudo extraído en Kazajistán, en el mar Caspio. Camp Bondsteel acoge a 7.000 soldados en una idílica urbanización de casi cuatro kilómetros cuadrados con iglesia, pizzerías, el Centro Educativo Laura Bush y un hospital. Álvaro Gil-Robles, que conoció las instalaciones en calidad de Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se acordó de Guantánamo.

Kellogg Brown & Root fue una filial más en la tela de araña empresarial Halliburton Company que presidió Dick Cheney inmediatamente después de abandonar sus responsabilidades como Secretario de Defensa de Estados Unidos -bajo la presidencia de George H. W. Bush- y hasta unos meses antes de ser nombrado Vicepresidente -a la sombra del hijo George W. Bush-. KBR era la filial que firmó contratos millonarios con el Gobierno estadounidense para levantar su embajada en Kabul o para proteger la Operación Libertad Duradera que arrasó Afganistán. Halliburton es el gigante petrolero que ha devorado varios miles de millones de dólares en contratos a dedo para la reconstrucción de esa Iraq que el propio ejército americano había destruido.

El 14 de agosto de 2000, el representante de la ONU en Kosovo, el francés Bernard Kouchner, envió un contingente militar a tomar el complejo minero de Trep?a, uno de los grandes tesoros naturales de los Balcanes. Como ya había aconsejado el financiero George Soros tras la ocupación de Kosovo, las minas pasaron de las manos públicas a ITT Kosovo Ltd, que agrupaba a inversores privados de Estados Unidos, Francia y Suecia. En noviembre de 2005, las Naciones Unidas cedieron el consorcio público Ferronikeli a la corporación británica Alferon. Joachim Ruecker, en nombre de la Misión de la ONU en Kosovo, presentó la privatización de la empresa como un ejemplo de sociedad estable y madura, dispuesta para recibir capital extranjero.

Mientras las empresas extranjeras engordaban sus cuentas en la nueva economía de mercado kosovar, la violencia étnica contra serbios, gitanos y disidentes albanos se prodigaba ante los ojos indiferentes de las fuerzas de ocupación y de la policía heredera de UÇK. Entre el 17 y el 19 de marzo de 2004, las minorías étnicas de Kosovo soportaron un pogrom de tres días en el que grupos de albaneses mataron a 19 personas e hirieron a un centenar. El patrimonio histórico de la iglesia ortodoxa fue destruido y expoliado. Miles de personas han abandonado sus casas y han huido de la región. Al contrario de lo que se ha asegurado, la ocupación militar de Kosovo no ha servido para acercar la paz, sino para despejar el camino hacia la limpieza étnica que predicaba la Gran Albania de la pureza racial, una propuesta que obtuvo cuerpo histórico durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la custodia del Partido Fascista de Albania, la Italia de Benito Mussolini, y la Alemania nazi de Adolf Hitler.

El 22 de julio de 2010, la Corte Internacional de Justicia resolvió que la declaración unilateral de independencia de Kosovo no violaba el derecho internacional. Los portavoces del Gobierno estadounidense reclamaron una vez más el reconocimiento internacional para la nueva república. El primer ministro kosovar, Hashim Thaçi, el mismo que había abandonado su fusil Kalashnikov y su uniforme caqui para ser el bien trajeado portavoz de la independencia, celebró la noticia desde Washington. Las calles de Pristina se habían vuelto a llenar de banderas de Albania y de Estados Unidos. Es fácil imaginarse a la multitud manifestante agitando sus colores en ese cruce de la ciudad donde desembocan el Boulevard Bill Clinton y la Avenida George Bush.

El primer tribunal de la ONU ha avalado la independencia de Kosovo sin decir que el nuevo estado es un traje a medida de las fuerzas militares de ocupación en los territorios de la antigua Yugoslavia. No han dicho que Kosovo es un estado construido con los mismos mimbres artificiales que se impusieron en Bosnia y Herzegovina tras los Acuerdos de Dayton en 1995. A Kosovo no lo ha reconocido Rusia, ni China, ni Venezuela, ni Brasil, ni muchas otras decenas de países. Sin duda, una de las posiciones más hipócritas es la del Reino de España, que alisó el camino a la independencia kosovar azuzando la agresión de la OTAN contra Serbia, y ahora se desentiende de la legitimación del nuevo estado para evitar contradicciones en el debate sobre su propia integridad territorial.

Por eso, algunas preguntas son pertinentes. ¿Por qué es indiscutible el reconocimiento de la República de Kosovo pero no el de otras regiones del mundo que alguna vez se han declarado independientes de forma unilateral? ¿Por qué no Transnistria, separada de la República de Moldavia? ¿Por qué no Abjasia y Osetia del Sur, segregadas de Georgia? ¿Por qué no la República de Nagorno Karabaj, fugada de Azerbaiyán? ¿Por qué no Somalilandia, nacida de la descomposición de Somalia? ¿Por qué no la República Turca del Norte de Chipre? ¿Tendrá reconocimiento la independencia de la República Srpska, de mayoría serbia en Bosnia y Herzegovina? ¿Será reconocido alguno de tantos procesos de liberación nacional que emergen en Europa?

Si mañana alguna región del mundo diese por su cuenta el paso hacia su soberanía plena, agradeceremos que el tribunal de la ONU se atreva a inclinar su balanza hacia un lado o hacia otro. Entonces descubriremos si para cosechar el aplauso internacional es suficiente reunir la voluntad mayoritaria de un pueblo, o si por el contrario, es además requisito indispensable presentarse con una carta de recomendación de la OTAN y de Estados Unidos.

Que nadie se alarme demasiado, al fin y al cabo, las opiniones del tribunal de las Naciones Unidas son puramente decorativas. El 9 de abril de 1984, Nicaragua demostró ante la Corte Internacional de Justicia que el gobierno de Ronald Reagan había entrenado, armado, equipado, financiado y abastecido a las fuerzas de la Contra y sus actividades militares y paramilitares para derrocar al gobierno sandinista del FSLN. Por desgracia, el derecho internacional no causa el mismo efecto sobre unos culpables que sobre otros.

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