Gipuzkoa destina 3 millones de euros a financiar 32 proyectos de cooperación internacional

La Diputación Foral de Gipuzkoa financiará 32 proyectos de cooperación internacional en países latinoamericanos, en Palestina y en el Sahara Occidental, además de ayudar económicamente a iniciativas de sensibilización y transformación social en Gipuzkoa. En total, serán 3.098.600 euros los que se destinarán a estos proyectos, que se centran, especialmente, en el empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de los movimientos sociales.

La directora foral de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Arantzazu Santos, ha dado a conocer hoy la resolución de la convocatoria anual de ayudas del Departamento de Política Social, que concede a Organizaciones No Gubernamentales, así como otros agentes sociales, la financiación necesaria para ejecutar iniciativas que son la expresión solidaria de la ciudadanía con otros pueblos.

En esta ocasión, 2.167.303 euros se derivarán a 15 proyectos en países empobrecidos del sur: 13 de ellos en países de Centroamérica y Sudamérica; uno, en el Sahara Occidental y otro, en Palestina.

Por otro lado, se han adjudicado ayudas por valor de 751.716 euros a iniciativas de sensibilización y educación para la transformación social que se llevarán a cabo en Gipuzkoa, con 9 proyectos dirigidos por 14 entidades, algunas de ellas en consorcio. Dentro de esta línea, la directora ha destacado que, este año, por primera vez, se ha presentado a la convocatoria un consorcio trasnacional, formado entre dos entidades guipuzcoanas y una peruana. Por último, se han destinado 179.580 euros a 8 iniciativas puntuales en Gipuzkoa, Palestina y Sahara.

Santos ha subrayado que gran parte de estos proyectos están dirigidos hacia dos líneas prioritarias de la Dirección foral de Cooperación Internacional para el Desarrollo: el empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de los movimientos sociales.

Además, ha recordado que, “a pesar de la grave situación de crisis, el Gobierno foral está haciendo un esfuerzo por incrementar paulatinamente los fondos de cooperación, a diferencia de otras administraciones públicas de la CAV, que han aplicado importantes recortes. De este modo, la Diputación de Gipuzkoa está demostrando su compromiso en la lucha contra la pobreza, tanto en nuestro territorio como en los países empobrecidos del Sur”.

Gipuzkoako Politika Soziala

La apuesta por la emancipación

Maite Ubiria, Jon Iñarritu, Eva Blanco y Diana Urrea – EH Bildu

La cooperación para el desarrollo se encuentra en en Euskal Herria en una encrucijada. Frente a la apuesta que realiza EH Bildu por una política pública transformadora, centrada en el empoderamiento de las poblaciones y en la justicia social, el panorama que ofrecen el resto de fuerzas políticas es desolador.

El PNV, tanto en el Gobierno Vasco como en la Diputación de Bizkaia, ha realizado grandes recortes en esta política y la considera un apéndice de su Estrategia Basque Country, que no tiene otro objetivo que fomentar la presencia de empresas vascas en otros países, muchas veces en peores condiciones laborales, fomentando la explotación y la precariedad. Esto tiene, evidentemente, poco que ver con lo que realmente tiene que ser la cooperación para el desarrollo. Para ocultar su proceder no duda en anunciar su apoyo a grandes intervenciones humanitarias, como hizo en el caso del desastre en Filipinas, aunque luego estas no lleguen a producirse, o en mentir descaradamente, como en el caso de Bizkaia, donde tras aplicar un recorte del 46% no duda en anunciar que este es “el único Territorio Histórico de la Comunidad Autónoma Vasca que mantiene su compromiso con el ámbito de la cooperación”.

Otro caso de igual cinismo es el del Partido Popular, cuyas políticas de cooperación en las instituciones que gobierna podrían calificarse de esquizofrénicas o, simplemente, falsas. La Diputación de Araba tiene establecido, por norma foral, que debe destinar el 1% de su presupuesto a la cooperación. Sin embargo, el año pasado únicamente se financiaron seis proyectos por un valor acumulado de 224.557€. Más allá del evidente recorte, lo que más llama la atención es la falta de pudor de sus responsables políticos cuando dicen que, debido a la crisis, la Diputación de Araba únicamente es capaz de destinar a la cooperación el 0,7% de su presupuesto, cuando estudios de diferentes ONGD afirman que no llega al 0,2%.

Por su parte, el Partido Socialista de Euskadi, experto en el doble discurso según se encuentre gobernando o en la oposición, en el caso de la cooperación para el desarrollo no ofrece más que silencio. Resulta llamativo que el oportunismo político que ha ejercido en el pasado se reduzca ahora a la indiferencia; es decir, a una clara actitud de desprecio hacia una política que para este partido no es una prioridad.

Ante este panorama, desde Euskal Herria Bildu estamos defendiendo la política de cooperación para el desarrollo en las instituciones en las que gobernamos, en las que no aplicamos los lamentables recortes en los que las demás fuerzas políticas se afanan.

No obstante, creemos que tan importante como el cuánto es el cómo, de ahí que reivindiquemos la cooperación internacional para el desarrollo como una política pública y social. Es decir, defendemos la cooperación internacional como una política pública más, en la que, además de contar con una financiación pública estable, sea la propia administración la que asuma la responsabilidad de su planificación, gestión, seguimiento y evaluación.

Al contrario del resto de partidos, no consideramos la cooperación como una asistencia benéfica, que deba ser financiada a través de un rastrillo de navidad, sino que entendemos que se trata de una cuestión de justicia social. De lo contrario estaríamos negando, cínicamente, el origen de nuestra opulencia que, en gran medida, es debida al expolio y la explotación de territorios y cuerpos de los pueblos empobrecidos del sur.

En EH Bildu creemos que la política de cooperación debe estar basada en el concepto ciudadanía universal; es decir, debe considerar a todas las personas sujetos de derechos, independientemente del lugar de origen o residencia. Asimismo, creemos que la política de cooperación debe tener un carácter transformador, y debe estar centrada en la promoción del desarrollo humano sostenible.

En la actualidad existen, tanto a nivel local como global, muchos procesos que exigen nuestra implicación: la lucha por la soberanía alimentaria de las organizaciones campesinas, la articulación de los combativos movimientos feministas, las luchas nacionales saharaui y palestina… En consecuencia, estamos apoyando a ONGD y movimientos sociales que acompañan a estas poblaciones organizadas en lucha por sus derechos individuales y colectivos, prestando especial atención al impulso de la igualdad entre mujeres y hombres.

En definitiva, defendemos un modelo de cooperación que, en coherencia con otras políticas, se convierta en un instrumento del cual la sociedad civil organizada pueda valerse para procurar la emancipación de los pueblos y las personas. Por encima de intereses partidistas y cortoplacistas, ponemos la cooperación al servicio de los movimientos populares y organizaciones sociales, que son los auténticos protagonistas de la transformación social.

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Diana Urrea «Ligar inmigración con delincuencia es caer en planteamientos xenófobos y excluyentes»

La miembro de Alternatiba y parlamentaria de EHBildu, Diana Urrea formula una pregunta al lehendakari, sobre las declaraciones realizadas por el alcalde de Sestao. Durante el turno de repuesta, Urrea insta a Urkullu, lehendakari y por lo tanto máximo responsable, a velar por la garantía de todos los derechos para la sociedad vasca.

Sestaoko alkateak zenbait familiaren erroldatzea galarazi egin du, legez kontra. Alkateak berak, legedia urratzea ontzat jo du argi eta garbi, eta ez du bere jokabidea zuzentzeko asmorik.

Lehendakariak uste du pertsona jakin batzuk euren etnia edo jatorriagatik diskriminatu daitezkeela? eta beraz, legedia urratzen duen alkate bat karguan jarraitzeko moduan dago lehendakariaren iritziz?

Arduradun publikoek eredu izan behar dute elkarbizitza arloan, eta mina eta aurkaritza sortzen dituzten adierazpen eta jarrera guztiak saihestu behar dituzte. Izan ere, argi daukagu helburuak ez dituela inola ere bitartekoak justifikatzen. 

Los responsables públicos deben ser ejemplo de convivencia, evitando expresiones y posicionamientos que creen dolor y frentismo. Estamos convencidas y convencidos de que, en ningún caso, el fin justifica los medios.

Estas no son palabras de EHBildu, son las palabras de Caritas Bizkaia, quien en un comunicado en Sestao el 26 de Mayo, apela a las instituciones públicas a garantizar el acceso a los derechos  básicos como el empadronamiento necesario para acceder a otros muchos derechos: escolarización de menores, acceso a servicios de atención primaria sociales y sanitarios o el acceso a ayudas de emergencia social.

Porque son varias las familias que han solicitado empadronarse hace meses, incluso más de un año y que de modo ilegal, Josu Bergara, el alcalde de Sestao, les ha negado dicho derecho.

Representantes de SOS Racismo han solicitado reiteradamente una reunión para abordar el incumplimiento, sin éxito alguno. Incluso hay escritos en el propio ayuntamiento por parte de estas familias. La opción que les quedaba era la denuncia.

Por no hablar del Ararteko, que ha intervenido de oficio varias veces en Sestao, la última vez ayer mismo, con requerimientos sobre la situación del empadronamiento de estas personas, así como del proceso de regeneración del municipio, además de cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana.

Este incumplimiento consciente y de modo reiterado de la ley por parte de Bergara, debería haber traído consecuencias políticas,  Sr Urkullu, no cree?

Sestao es un ejemplo de lucha popular en medio de una gravísima situación social y económica, lastrado por una tasa de paro del 27%. Resultado de las erróneas y perjudiciales medidas políticas y sociales que en las últimas décadas han desarrollado las diferentes instituciones, convirtiendo a Sestao en un desierto industrial y en referente de precariedad y exclusión social.

Lo que nunca se puede hacer es ligar inmigración con delincuencia de manera generalizada y, mucho menos, caer en planteamientos xenófobos y excluyentes.

¿Creen que solo con más policía en la zona se solucionará el problema de desequilibrio social de Sestao? Sestao y Txabarri necesitan soluciones, medidas y proyectos nuevos, incluyentes e integrales, educación en la convivencia y personas capaces de gestionar los problemas, y sobre todo que sus vecinas y vecinos sean partícipes de ello.

Un claro ejemplo, es el programa que desde los ayuntamientos de Hernani y Astigarraga,  se ha puesto en marcha para la inserción de 150 personas de nacionalidad rumana de origen gitano. Considerado por el Ararteko como programa modélico donde por cierto participan la DFG y el Gobierno Vasco.

Esa forma de trabajar da buenos frutos, la que aún ningún alcalde de Sestao ha querido poner en práctica.

Señor Urkullu; es su deber velar porque en las instituciones públicas vascas todas las personas tengan igual acceso a los derechos. Como punto de partida, tomemos el caso de estas familias, comprométase ante los requerimientos de los movimientos sociales, el Ararteko y las formaciones políticas hoy aquí a garantizar el padrón de estas familias. 

Alternatiba muestra su solidaridad con LIBRE, de Honduras, tras las últimas agresiones sufridas por sus miembros

La miembro de la Coordinadora Nacional de Alternatiba, Maite Elizondo, ha querido trasladar toda su solidaridad a los y las miembros del partido hondureño Libre, ante el brutal desalojo del que fueron objeto el pasado 13 de mayo por las fuerzas de seguridad del estado a petición del presidente del Congreso, Mauricio Oliva, y quien además, amenazó con llevar a juicio político a los diputados Rafael Alegría, Esdras Amado López y Manuel Zelaya Rosales.

A su vez, Elizondo ha denunciado “el cruel ataque del que fue víctima Rafael Alegría, quien según el informe médico sufrió una fisura en el antebrazo derecho, una obstrucción bronquial debido al gas lacrimógeno así como un trauma abdominal causado por las patadas recibidas en todo su cuerpo”.

La portavoz de la formación de izquierdas ha señalado que “la agresión se produjo cuando se realizaba un plantón pacífico coordinado por Libre, para exigir a las autoridades del Congreso Nacional tomen en cuenta la participación de los diputados y diputadas de Libre en el hemiciclo. Así como la incorporación de un representante de Libre al Tribunal Supremo Electoral y al Registro Nacional de las Personas, habiendo sigo excluidos de los mismos por el régimen, ignorando la gran fuerza electoral demostrada en las elecciones de noviembre del 2013”. Asimismo, no ha olvidado las graves irregularidades constatadas durante el proceso de recuento por las miembros de Alternatiba Maite Elizondo y la también concejala por EHBildu en el Ayuntamiento de Bilbo, Ana Etxarte, que participaron como observadoras.

Por otro lado, también ha recordado que todas las acciones mencionadas están enmarcadas en el acompañamiento del movimiento campesino “un sector fuertemente reprimido tras el golpe de estado del entonces presidente Manuel Zelaya, y perpetuado hasta día de hoy”.

Por último, desde Alternatiba han querido destacar la labor de todas las organizaciones campesinas de Honduras articuladas dentro de Alianza Campesina, que desde hace meses han trabajado en una reforma de ley dirigida a solventar el problema agrario, y que lleva el nombre de “Ley de Reforma Agraria Integral con equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y Desarrollo Social”. Una reforma presentada en el Congreso Nacional el pasado 9 de Abrilpor el diputado Alegría y “que como objetivo tiene la igualdad, la soberanía, el desarrollo social y el futuro de un pueblo”.

Diana Urrea ‘La cooperación pública debe estar desvinculada de los intereses empresariales’

Esta iniciativa viene con retraso, dado que la actual legislatura empezó hace casi un año y medio. Habrá pasado por lo menos media legislatura antes de que se pueda aprobar un nuevo plan con el consiguiente impacto negativo en la política de cooperación del GV.

Se trata, por otra parte, de un texto pretendidamente vago y ambiguo, que prioriza un discurso retórico pero muy poco concreto. El lenguaje técnico y, en ocasiones, opulento se hace dominante con la pretendida intención de evitar  un discurso político claramente posicionado, firme y que responda al actual contexto y a una actitud de compromiso y responsabilidad real.

Tampoco hace ninguna referencia al proceso de debate abierto y participado que debería darse, a nuestro entender, en torno al nuevo plan director.

Para EHBILDU estas y otras razones nos impulsan a votar en contra de la aprobación de estas Orientaciones Generales. Creemos que es obligación de este gobierno presentar y explicar con claridad, detalle y transparencia qué modelo de política de cooperación pretende impulsar.

Determinados aspectos del texto presentados, nos suscitan, de hecho, preocupación, por el tipo de política a la que parecen apuntar, la cual, no compartimos desde EHBildu. En concreto:

  • En el punto 3 se hace referencia a la necesidad de adecuación y articulación con el contexto mundial actual. Las tendencias que se mencionan como referentes no son otras que los hitos de la agenda oficial de la cooperación internacional.

Estos hitos mencionados son parte del marco de referencia que rige el actual modelo de desarrollo, que sigue equiparando bienestar con crecimiento económico, que relega la necesidad de promover cambios estructurales y que sigue centrándose en la eficacia de la ayuda y no en la eficiencia del desarrollo, perpetuando un proyecto modernizador excluyente e injusto.

Para EHBILDU, la crisis sistémica y multidimensional que vivimos, fruto del proyecto modernizador hegemónico vigente, mantiene a la mayor parte de la población mundial en una situación de opresión y exclusión. Además, el modelo capitalista, patriarcal y neocolonial produce grandes desigualdades entre pueblos, países y regiones, al interior de los mismos y entre hombres y mujeres.

Para hacer frente a esta exclusión generalizada, no se apuesta por propuestas alternativas ni emancipadoras, que cuestionen el proyecto modernizador. Tampoco se ponen en marcha políticas coherentes y globales por parte de la comunidad internacional que permitan abordar los retos mundiales. Al contrario, la vulnerabilidad y la exclusión no son una prioridad y se relegan como presuntos objetivos para la política de cooperación, que tiene un carácter secundario y marginal.

Si, tal y como se indica en este punto, el GV cree que la cooperación vasca se está redituando en el cambio de paradigma, deben explicar claramente cómo se quiere resituar el GV en su política. Por las razones aquí expuestas, EH BILDU se opone frontalmente al marco de referencia apuntado en estas Orientaciones Generales.

Para nosotras, tan importante como la decisión de establecer una política de cooperación es determinar qué orientación se le da; una política asistencialista o centrada exclusivamente en la atención a las necesidades básicas no va a conseguir cambios duraderos ni, más importante aún, va a permitir a las personas ser conscientes de sus derechos ni desarrollar sus capacidades. Al contrario, la política de cooperación, para obtener impactos positivos en cuanto a desarrollo humano, empoderamiento y contribución a avances en términos de igualdad y justicia, debe tener una orientación decididamente transformadora.

  • En este mismo sentido,  a lo largo del texto de Orientaciones se destacan y repiten determinados términos que precisamente, son los que se usan en ese modelo de cooperación alineado con la agenda oficial y donde prevalece el crecimiento económico. Estamos hablando de términos como; procedimientos, innovación, eficacia, colaboración público-privada, etc.

Exigimos al GV que concrete y aclare el contenido de todos estos términos, en una palabra, qué deje claro cual es la orientación de su política de cooperación.

  • Precisamente es ese término de ”colaboración público-privada” y la afirmación del punto 4 sobre que la cooperación vasca se va a convertir en un componente fundamental de la EstrategiaBasqueCountry, lo que nos preocupa sobremanera.

Esta Estrategia está sirviendo para internacionalizar y fomentar la presencia de empresas vascas en otros países, muchas veces con peores condiciones laborales, fomentando la explotación y la precariedad. Por lo tanto, está directamente ligada a intereses económicos.

Este elemento forma parte de una nueva fase de la agenda oficial al desarrollo mencionada anteriormente, caracterizada como paradigma del capitalismo inclusivo, que pretende extender los negocios empresariales a las comunidades más pobres, previendo su potencial como consumidoras y clientas, con el argumento de que su inserción en el mercado les sacará de la pobreza.

Esta tendencia, que sigue centrando su objetivo en el crecimiento económico, da un papel preponderante al sector privado y a los gobiernos estatales, en detrimento de la sociedad civil, las ONGD, movimientos sociales, etc.

Desde EHBILDU nos oponemos frontal y categóricamente a la inclusión de la política de cooperación en esta Estrategia. Entendemos que la cooperación pública de cooperación debe estar totalmente desvinculada de los intereses económicos de las empresas vascas que, ni directa ni indirectamente, deberán participar en las dinámicas de la cooperación internacional.

  • En cuanto al punto 5 del texto de Orientaciones Generales, solicitamos, una vez más, al GV que aclare a qué se refiere con “estrechar relaciones con la UE, Organismos Internacionales y Agencias de Cooperación Internacionales para desarrollar actividades conjuntas y posibilitar nuevas vías de financiación”.

Son estos precisamente los agentes de la cooperación que defienden ese modelo hegemónico de desarrollo que tiende ahora al paradigma del capitalismo inclusivo. Instituciones como Naciones Unidas, el Banco Mundial, la UE y las principales agencias de cooperación estatales han adoptado estos postulados que permiten, entre otras cosas, la legitimación de las empresas, con un discurso de solidaridad, convirtiendo la exclusión en oportunidades de negocio.

Recordamos, además que la Ley de Carta de Justicia y Solidaridad con los Pueblos Empobrecidos que se presenta como marco filosófico e ideológico de estas Orientaciones en su primer punto, menciona la reforma profunda o desaparición de las denominadas instituciones financieras internacionales

¿Qué pretende el GV con todo esto? Por una parte, el GV parece contradecirse al pretender, en algunos apartados del texto, valorar la importancia del tejido asociativo, para luego, en estos otros, dárselo a este otro tipo de agentes (sector privado, instituciones internacionales…) en detrimento de la sociedad civil.

Por otra parte, ponemos en cuestión la afirmación de “posibilitar nuevas vías de financiación”, ya que parece dar a entender que, de esta manera, el GV podría compensar u ocultar el incumplimiento de sus compromisos de financiación. Creemos muy necesario aclarar todos estos términos.

Exigimos, nuevamente, que el GV se posicione claramente sobre qué papel tendrán los diferentes agentes de cooperación en el nuevo plan y, por supuesto, que aclare lo relativo a las ONGD y los movimientos sociales, los cuales, prácticamente no tienen ninguna mención en el texto presentado.

  • En el mismo punto 5, se insiste sobre el fortalecimiento e impulso tanto del Consejo Vasco de Cooperación como de la Comisión Interinstitucional. Sin embargo, han sido dos espacios, que desde el inicio de este gobierno no han cumplido ni siquiera con la periodicidad de reuniones que recoge la normativa. En concreto, según el decreto 158/2008 del Consejo Vasco de Cooperación, éste debería reunirse por lo menos 4 veces al año. Durante 2013 se reunió una sola vez.

Según el Decreto 71/2009 de la Comisión Interinstitucional de Cooperación, ésta debería reunirse por lo menos una vez año. Se reunió una sola vez en 2013.

Por lo tanto estamos hablando de mínimos o directamente de incumplimientos, lo cual hace difícil creer en el compromiso del GV con estos dos espacios, los cuales, además en nuestra opinión no tienen por qué ser exclusivos o, en todo caso, deben abrirse más a actores no tradicionales de la cooperación como los movimientos sociales.

  • En este sentido, en lo relativo al punto 6, cuando se habla de potenciar otros espacios de diálogo y colaboración entre varias entidades, nos parece que, como anteriormente, se hace un uso intencionado de un lenguaje vago y poco concreto.

Debe concretarse y dejar claro de qué entidades y de qué tipo de espacios se está hablando, con qué estructura, objetivos, etc.

–       SOLIDARIA; el GV debe garantizar que realmente será una cooperación solidaria y desinteresada y que, por lo tanto, estará desligada de intereses económicos, como ya he mencionado anteriormente esto no queda claro en estas Orientaciones.

–       PARTICIPADA; se deberá explicar quienes son esos otros “sectores sociales”. Además, desde nuestro punto de vista, no debe de ninguna manera incluirse aquí la posibilidad de alianzas público-privadas.

  • Por todo lo mencionado hasta ahora, no creemos que, tal y como afirma el punto 9 de las Orientaciones, la propuesta en política de cooperación del GV tenga una identidad transformadora.

El proyecto modernizador hegemónico que parece estar defendiendo el GV, es un modelo capitalista, patriarcal y neocolonial que produce desigualdades entre pueblos, países y regiones, al interior de los mismos y entre hombres y mujeres. Es un modelo que no apuesta por propuestas alternativas ni emancipadoras.

Creemos que se debe adoptar la concepción del desarrollo humano sostenible más allá del mero enfoque, esto es, haciendo especial hincapié en sus características de multidimensionalidad, sostenibilidad y lucha contra la dominación estructural. Dicho de otra manera, la política de cooperación debe estar orientada a la erradicación de la exclusión y, concretamente, de las causas estructurales que la generan. Entendemos la exclusión o pobreza estructural como la ausencia de las capacidades, libertades y oportunidades necesarias para llevar una vida digna y su origen se encuentra en la crisis sistémica y en el modelo de desarrollo hegemónico, que es precisamente el que parecen estar defendiendo estas Orientaciones.

  • En cuanto al compromiso presupuestario que se refleja en el punto 10, poco queda a añadir a lo ya dicho por la Coordinadora en su nota de prensa. Se trata efectivamente de una actitud por parte del GV de doble juego y bastante cinismo, poniendo en riesgo la continuación de proyectos y procesos de desarrollo tanto en otros lugares como en EH.

Tras el paso atrás que Gobierno vasco dio en 2013 recortando fuertemente las políticas de cooperación, desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi anuncian que, a pesar de lo anunciado inicialmente, “en 2014 tampoco se dan pasos hacia una recuperación de estas políticas”.

“Lo que es más grave, denunciamos el doble juego que esta institución está llevando a cabo en 2014 en lo relativo a las políticas de cooperación”. Por un lado esta institución ha anunciado repetidas veces un incremento de 3 millones de euros en lo presupuestado para cooperación en 2014 en relación al ejercicio anterior, algo que, como constatan en la Coordinadora, sí se ha producido. Sin embargo, “este mismo gobierno ha aprobado recientemente un recorte de 11 millones de euros correspondientes a compromisos presupuestarios de cooperación de años anteriores pendientes de desembolsar en 2014, por lo que el balance final de la reducción es dramático ya que podría situarse a esta institución en un porcentaje de 0,24% destinado a cooperación sobre su presupuesto total”, critican. “Estos recortes encubiertos nos vuelven a mostrar la falta de interés del actual Gobierno por estas políticas tan necesarias para mucha personas”.

Recuerdan que “otro año más esto supone el incumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación de 2007” que establece que Gobierno vasco en 2012 debía destinar a cooperación el 0,7% del presupuesto total, “una cifra –la actual- muy alejada de la realidad, tristemente”, lamentan. Desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi se ha trasladado al lehendakari Urkullu esa preocupación y han solicitado que esa reducción no se lleve a cabo si, como ha manifestado el Gobierno en ocasiones, su objetivo es que en los próximos años se pueda volver a destinar a cooperación cantidades similares a las de antes de la crisis.

Vivimos actualmente una crisis sistémica y multidimensional que no es nueva y tiene un largo recorrido histórico. Tanto esta crisis sistémica como los desafíos globales cuestionan el proyecto modernizador hegemónico y su capacidad para ofrecer soluciones.

Frente a la situación de vulnerabilidad, exclusión y opresión que viven pueblos y personas, existen voces y propuestas alternativas, que propugnan la necesidad de cuestionar el proyecto modernizador.

El conjunto de la comunidad internacional no se cuestiona este modelo dominante y, por lo tanto, la cooperación internacional no se ha definido como una herramienta real de cambio para la superación de las causas estructurales de la situación mundial.

Las Orientaciones Generales que hoy presenta el GV para su debate, dentro de una intencionada falta de concreción, no dejan lugar a dudas sobre la orientación que le quieren dar a su política de cooperación. Abundan los términos que, desde las diferentes propuestas que se están enfrentando en el mundo de la cooperación internacional, indican que se está apostando por un tipo de cooperación  vinculada a retomar el crecimiento económico como prioridad, a dar un papel creciente a las empresas en la cooperación, en la misma proporción que se reduce el papel de las ONGD y movimientos sociales, en nuevas fórmulas basadas en las alianzas público-privadas con objetivos empresariales, en centrar la cooperación en sectores poco conflictivos, etc.

Exigimos que la política de cooperación del GV se debata de una manera participada, que se defina claramente con una identidad transformadora, que excluya tajantemente el ánimo de lucro, que se centre en acompañar a los sujetos de transformación, que de preponderancia a ONGDs y movimientos sociales, y que cumpla con todos los compromisos asumidos por ley.

Al considerar que las Orientaciones presentadas no cumplen con lo anterior, EH BILDU vota en contra de la aprobación de las mismas y quiere, además, presentar otra propuesta para consideración de esta Comisión.

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