El PNV ha condicionado hoy su apoyo al marco vasco de relaciones laborales «a que se cumpla la normativa en vigor». Ese ha sido el único argumento para no apoyar una iniciativa de EH Bildu, que defendía el marco laboral propio y rechazaba la brutal agresión que supone la reforma laboral impuesta desde Madrid. Así, el partido jeltzale se ha sumado al rechazo que los partidos constitucionalistas han otorgado a la reivindicación de la coalicón soberanista. El parlamentario Oskar Matute se ha dirigido al PNV para refutar la débil excusa empleada: «Se debe diferenciar entre legalidad y legitimidad. La reforma laboral otorga legalidad, pero no es legítima. Cuando las leyes son injustas y atacan a la mayoría de la población, se deben buscar fórmulas para hacerles frente». Matute ha criticado la contradicción en la que cae el PNV y el resto de partidos, «que se les llena la boca a la hora de decir que nuestro modelo productivo es diferente». «Atendiendo a esa consideración, sería conveniente y necesario un marco laboral que atendiera a las especificidades de Euskal Herria, haciendo caso de las necesidades del tejido productivo y de los y las trabajadoras», ha añadido Matute.
El portavoz de EH Bildu ha denunciado que el objetivo de la reforma laboral es seguir deteriorando el poder adquisitivo de la clase trabajadora. «Quienes colaboran con implantar la reforma añoran un modelo ideal de desprotección social y laboral, dejando al sector público sin fuerza», ha afirmado, «justo lo contrario que defiende nuestra coalición».
Sobre el preacuerdo alcanzado en Madrid sobre la prórroga de los convenios caducados en el estado, Matute se ha mostrado crítico: «Lo único que se ha hecho es ganar tiempo, pero no cambia lo sustancial de la reforma laboral, que debilita las posiciones de negociación de los trabajadores. Es un recreo, un tiempo muerto, en el camino de acabar con las condiciones laborales que garantizan los convenios».
El 30 de mayo será mucho más que una jornada de reivindicación de derechos laborales, justicia social y democracia, la huelga general debe ser el inicio de una dinámica de movilización y soberanía popular para hacer frente a los ataques directos que sufrimos los y las ciudadanas vascas.
Ante la subdelegación del Gobierno español manifestamos la necesidad de soberanía para este pueblo, para responder a nuestras necesidades y cambiar este sistema moribundo, incapaz de garantizar la dignidad de los y las ciudadanas vascas que han manifestado una y otra vez el rechazo a las políticas dictadas por la Troika e impuestas por Madrid, su oposición a las reformas laborales y los recortes antisociales.
Frente a Confebask, queremos mostrar nuestro rechazo a ese discurso de la patronal, que comparte el gobierno, según el cual no es tiempo de movilizaciones. EHBildu sostiene que que no es tiempo de acometer recortes, de precariedad, de privatizaciones y de retroceder en los derechos sociales. Lamentablemente, para Confebask, CEN y CEOE, así como para sus representantes en las insituciones, es decir, Urkullu, Barcina y Rajoy, siempre es tiempo de castigar a los y las ciudadanas.
Llamamos a una huelga que debe servir para fortalecer la alianza y el trabajo en común de las ciudadanas y los ciudadanos del sur de Euskal Herria que exigimos soberanía para decidir aquí , para entre todos y todas, construir un modelo público que defienda los derechos sociales de la mayoría y haga frente al modelo que sólo defiende los derechos de una minoría de privilegiados.
Josu Estarrona y Cristina Bereciartua – Alternatiba Araba
Para cuando se publique este artículo, el seminario organizado por SEA Empresarios Alaveses sobre el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos ya habrá concluido, es decir, los convenios que no se hayan renovado en esa fecha dejarán de tener carácter normativo.
El empresariado adscrito a dicho sindicato habrá debatido sobre el escenario posterior al 7 de julio, momento en el que “expira” la ultraactividad de importantes convenios sectoriales en Araba, convenios que afectan a 49.851 personas del territorio. Dicha “caducidad” provocará que esos y esas trabajadoras pasen a depender de un convenio de ámbito superior, (Convenio Estatal) o directamente al amparo del paraguas legal del Estatuto de los Trabajadores, bajo la amenaza de un salario mínimo de 645,30€ al mes y más de 1.800 horas anuales.
El empresariado alavés dice sentirse profundamente preocupado por la situación de desamparo en la que quedarán estas personas trabajadoras, y asegura estar dispuesto a mantener las actuales condiciones, afirmación que lleva a pensar que el descuelgue colectivo que pudiera producirse el próximo 8 de julio será un “advenimiento”, algo así como una hecatombe natural impredecible e irrefrenable ajena a la voluntad del empresariado. Sin embargo nada más lejos de la realidad, y es que, la Ley, la Reforma Laboral marca tan solo una línea de mínimos, en ningún caso exige a las empresas a que, pasado el tiempo de la ultraactividad deban aplicar sistemáticamente el convenio de rango superior vigente.
Dicho en lenguaje llano, si a una mujer, como trabajadora de una empresa, el 7 de Julio le correspondía trabajar 1.650 horas, el 8 de julio seguirá con ese mismo calendario salvo que al empresario se le ocurra modificarlo entendiendo que la Ley le da ese derecho, y en ese caso, la responsabilidad de ese cambio en la jornada laboral será responsabilidad única y exclusiva de dicho empresario. Lo mismo ocurre con ese derecho a transporte, a la limpieza de los buzos de trabajo, al litro de leche por trabajos tóxicos, u otros acuerdos que pudiera contener el convenio, no caducarán ni desaparecerán por acción divina, sino que lo harán por la decisión unilateral del empresario, eso sí, avalada por una Ley cruel e inhumana.
En Alternatiba Araba lo tenemos claro, estamos convencidos de que la cerrazón empresarial en materia de negociación colectiva a la que hemos asistido en este último año no perseguía otro objetivo que el de llegar a este momento y en esta situación. Un momento en el que a los trabajadores y trabajadoras alavesas solo les ofrecen elegir entre susto y/o muerte. Susto, si se acogen a las últimas ofertas empresariales de aumento de jornada, reducción de salario y condiciones laborales, o muerte, con el fin de la ultraactividad y el descuelgue colectivo.
Está bien, y es democrático que el SEA Empresarios Alaveses defienda sus intereses, igual ocurre con el derecho de la clase trabajadora a defender los suyos, pero lo que no se puede permitir es que pretendan hacer pasar por estúpida a la sociedad alavesa. Ni la Reforma Laboral, ni la ultraactividad, ni el descuelgue de convenios que presumiblemente van a ejercer han caído del cielo, tiene unos responsables claros, y el SEA Empresarios Alaveses haría bien en asumir su parte de culpa.
Los portavoces nacionales de Alternatiba, Oskar Matute y Amaia Agirresarobe, junto con una nutrida representación de miembros de la organización en Gipuzkoa (el coordinador del territorio Xabier Soto, los junteros Begoña Vesga y Enrique Martínez y el concejal de Donostia Jon Albizu), han visitado este mediodía la acampada de las trabajadoras de las residencias y centros de día de Gipuzkoa que empezaron ayer una huelga indefinida y que permanecerán en el Boulevard donostiarra hasta que se resuelva el conflicto.
Han acudido con la intención de conocer la situación de la lucha abierta contra buena parte de las empresas del sector que no aceptan la salvaguarda de los derechos laborales, tal y como pretende la propuesta del Departamento de Política Social de la Diputación de Gipuzkoa, frente a las consecuencias que la reforma laboral tendrá en los convenios colectivo a partir de julio. Matute ha destacado la determinación de las trabajadoras, por demostrar su “valor al luchar por sus derechos laborales en un contexto donde la patronal quiere precarizar más aún sus condiciones de trabajo y el sistema neoliberal quiere hacer regresar a las mujeres al hogar para someterlas a trabajos no reconocidos ni remunerados, aunque fundamentales”.
Además, ha destacado la importancia de una lucha donde “por primera vez un gobierno ha demostrado que se puede hacer algo más que actuar al dictado de los poderes financieros y empresariales para situarse en la defensa de los derechos de las y los trabajadores”, en referencia a la actitud de la Diputación y particularmente a la del Diputado de Política Social y compañero de militancia de Alternatiba, Ander Rodríguez. Precisamente por querer garantizar la dignidad de un colectivo de 4.800 trabajadoras que dan un servicio público y necesario, la patronal Adegi ha demandado a la Diputación, exigiendo además ser indemnizada por daños contra su imagen.
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha hecho pública hoy una nueva propuesta presentada a las patronales del sector de la atención a personas mayores con el fin de desbloquear el conflicto laboral que afecta a las residencias y centros de día del Territorio. Se trata de una propuesta según la cual el Departamento de Política Social destinará un millón de euros adicionales a incrementar la tarifa que se abona a las entidades gestoras de estos recursos, siempre que acepten la condición de renunciar a la reforma laboral española y no vulnerar los derechos de las 4.800 trabajadoras del sector.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha explicado que la Diputación mantuvo el pasado martes una reunión con Lares y con representantes de empresas incluidas en Adegi. En dicho encuentro, la Administración realizó una nueva oferta que supondría un incremento económico en la tarifa que la Diputación paga a las entidades gestoras de residencias por cada plaza concertada: “Estamos dispuestos a aceptar parte de las reivindicaciones económicas de las entidades gestoras a cambio de que respeten la dignidad de las trabajadoras y garanticen un servicio público de calidad. Sólo aquellas residencias que se comprometan a respetar los derechos laborales podrán beneficiarse de la propuesta de la Diputación. A aquellas que apliquen la reforma laboral española, no les incrementaremos la tarifa”.
La Diputación abona a las entidades gestoras una tarifa mensual que incluye los gastos de alojamiento, manutención, limpieza, etc (30% de la tarifa) y los sueldos de la plantilla (70% de la tarifa). El Departamento de Política Social decidió en 2012 aplicar el IPC a la parte laboral de la tarifa, mientras que congeló el incremento del resto de los pagos. Según la nueva oferta realizada el pasado martes, el Departamento de Política Social se compromete a recuperar la parte congelada en 2012, incrementando un 0,7% la tarifa.
Este aumento se aplicará a todas aquellas empresas que suscriban la propuesta de convenio de la Diputación o, en el caso de haberlo, el convenio provincial del sector.
Esta cantidad se sumaría a los 8,2 millones de euros en dos años que la Administración foral ya se comprometió a pagar para aplicar subidas del IPC a los salarios de las 4.800 trabajadoras del sector, siempre que las patronales suscriban un convenio que respete las condiciones laborales.
En palabras del diputado de Política Social, “son 9,2 millones de euros los que ponemos encima de la mesa. 9,2 millones de euros que demuestran nuestro compromiso por superar este conflicto, evitar los perjuicios a las personas mayores que atendemos y respetar siempre la dignidad de las trabajadoras del sector. Sería inconcebible que las patronales rechazaran esta propuesta y siguieran condenando a las trabajadoras a la precariedad y la inestabilidad”. Rodríguez ha apuntado, además, que “Lares ha mantenido en este proceso una actitud respetuosa y constructiva en sus reuniones con la Diputación”, por lo que confió en que “encuentre en esta nueva propuesta la solución al conflicto”.
En cuanto a Adegi, el diputado ha señalado que “mienten al decir que son insuficientes los 8,2 millones de euros comprometidos por la Diputación para las trabajadoras del sector. Lo que pretenden es secuestrar a las personas usuarias y a las trabajadoras parte de ese dinero para cobrarse la rebaja del 2% aplicada por la Diputación en el beneficio industrial que obtienen las empresas contratadas por la Administración. Es algo que no vamos a permitir”.
“En toda República hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo”. Fue Maquiavelo, hace cinco siglos, quien anticipó con esta frase la existencia de un conflicto de intereses en toda sociedad. La propiedad privada y las leyes establecidas por la élite político-económica han creado un abismo entre dos clases jerárquicamente diferenciadas entre sí: la clase de los propietarios, de los poderosos y de los amos, frente a la clase de las personas no propietarias, pobres y trabajadoras. Los privilegios de unos pocos frente al bien común, la tensión causada entre el pueblo, por una parte, y los grandes, por otra.
Coincidiendo con este Primero de Mayo, y en puertas de una convocatoria de huelga general para el próximo día 30, Gipuzkoa asiste a un ejemplo perfecto de esa lucha de clases teorizada hace siglos. Pero esta vez, hay un matiz diferente. Algo ha cambiado. Los grandes ya se han dado cuenta, y están nerviosos.
Las 4.800 personas que trabajan en las residencias de personas mayores de todo el Territorio pelean por no perder sus derechos en la negociación del convenio laboral. Lo hacen con las únicas armas de las que dispone la clase obrera: carteles, silbatos, consignas, pancartas… Pero se enfrentan a un gigante armado. Los grandes de Maquiavelo, la patronal Adegi en este caso, que arremeten con todo su poder político, económico y mediático contra estas trabajadoras (no es casualidad que la mayoría de ellas sean mujeres).
Amparada por poderosos grupos de comunicación y grandes partidos como PNV y PP, Adegi se aprovecha, además, de la más útil y perversa de las armas puestas a su servicio por sus cómplices de Madrid: La contrarreforma laboral española. En virtud de la misma, y al igual que sucederá con docenas de convenios en Euskal Herria, de no lograrse un acuerdo entre las partes, el próximo 7 de julio entrará en vigor el convenio estatal del sector, perjudicando gravemente las condiciones laborales actuales de decenas de miles de personas. En las residencias de Gipuzkoa, si las trabajadoras no aceptan las condiciones de la patronal, en poco más de dos meses esta será su situación: 400 euros menos de sueldo al mes y 200 horas más de trabajo al año.
La lucha no puede ser más desigual. Los silbatos, aun cargados de razón, nada pueden contra la artillería pesada de la alianza entre los poderes políticos y económicos. Por primera vez, sin embargo, algo está cambiando. La ciudadanía guipuzcoana ha decidido que el poder institucional lo ostenten quienes, en la lucha de clases, están al lado del pueblo, y tras décadas de alianzas con gobiernos del PNV, los grandes han perdido un cómplice en Gipuzkoa. El Gobierno foral de Bildu ha decidido hacer bandera de la defensa de los servicios públicos y respaldar a esas mujeres que trabajan en las residencias y centros de día del Territorio. Ha dicho alto y claro: “Cubriremos sus espaldas”.
Se ha encargado de hacer saber públicamente su frontal oposición a la reforma laboral española y a la pérdida de cualquier derecho adquirido por parte de cualquier trabajador o trabajadora de este país. Su compromiso lo ha sellado poniendo encima de la mesa 8,2 millones de euros para sustentar las subidas de sueldo de las empleadas, de cuya dignidad laboral depende dispensar unos servicios igualmente dignos en calidad a la ciudadanía.
La airada respuesta de Adegi ha sido la interposición de una demanda judicial contra la Diputación por “injerencia sin precedentes en la negociación colectiva”. Y esa es la clave: “sin precedentes”. Desconcertados, los grandes de la patronal aseguran que es la primera vez en su historia que se han visto obligados a recurrir al extremo de demandar a la Diputación. Lo dicen atónitos, desorientados ante la pérdida de la tradicional connivencia del poder político con el empresarial. Acostumbrados, como están, a años de pasearse por la Diputación entre apretones de manos, comilonas a costa del erario público y reuniones con grandes hombres con corbata, han pedido amparo a los tribunales porque el Gobierno foral no quiere seguir engordando sus bolsillos.
Los grandes de Maquiavelo están nerviosos. La actitud del nuevo Gobierno de Bildu es tan inusual, que hasta les parece ilegal. Jamás habían escuchado que un Gobierno actuara en la defensa de lo público y la dignidad de las personas trabajadoras. Ignoraban que el poder político pudiera oponerse a seguir empeorando las condiciones laborales de un sector ya de por sí precarizado y feminizado, como es el de los cuidados. Desconocían que hay quien, desde las instituciones, defiende a las mujeres víctimas de la inestabilidad laboral, de la economía sumergida del cuidado, del empleo precario, del subempleo con contratos a tiempo parcial como medio para tener algún ingreso mientras siguen sosteniendo las cargas familiares.
Y por eso desde Alternatiba apoyamos la actitud del Departamento de Política Social de la Diputación, de su representante Ander Rodriguez, compañero además de militancia, y la de todo su equipo. Del mismo modo que aplaudimos que la Diputación de Gipuzkoa haya reiterado el compromiso con las y los trabajadores al anunciar estos días que sancionará a aquellas empresas que incumplan las condiciones laborales y los convenios en aquellas obras sufragadas con dinero público.
Hoy, cuando las mujeres, las clases trabajadoras y los sectores oprimidos encuentran por primera vez un aliado en su Gobierno, hierve la lucha de clases, en Gipuzkoa y en toda Euskal Herria.
Enrique Martínez-Florez, juntero de Bildu en Gipuzkoa y miembro de Alternatiba
He conocido con cierta estupefacción la presentación por parte de la patronal Adegi de un contencioso administrativo contra el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en particular, contra la propuesta para renovar el convenio colectivo del personal de las residencias para mayores.
La Diputación se comprometió el pasado 8 de febrero a destinar 8,2 millones de euros en dos años para financiar mejoras en las condiciones laborales de las 4.800 trabajadoras y trabajadores de las residencias y Centros de Día del Territorio. De este modo, daba un paso al frente y presentaba una solución para superar la situación de bloqueo en las negociaciones existente entre la representación sindical del sector y la patronal. Pero a la responsabilidad y al compromiso públicos, Adegi respondió con una demanda contra por “injerencia en la negociación colectiva” y con la exigencia de una indemnización de 187.000 euros.
No voy a realizar un análisis jurídico, pues corresponde éste a otras personas, y la valoración final a los/as jueces/zas y tribunales; no quiero, por tanto, caer en el mismo error que voy a imputar a Adegi y equivocarme de instancia (no se entienda en términos procesales). Únicamente quiero hacer una aproximación desde el punto de vista político.
Para centrar este ejercicio de opinión es preciso acudir esquemáticamente a la evolución del Constitucionalismo. La primera etapa corresponde a la definición del Estado como Estado de Derecho, es época de los derechos civiles y, en particular, del derecho de propiedad. En aquel momento, la principal tarea del Estado fue facilitar el enriquecimiento sin poner trabas, garantizar la seguridad jurídica, especialmente para el tráfico y el comercio (no es casual que el Código de Comercio sea anterior al Código civil). Posteriormente, el Estado se hace democrático al abandonar el sufragio censitario, recoger el voto femenino y reconocer la participación como derecho. Por último, después de la Segunda Guerra Mundial, después del pacto Keynesiano de capital y trabajo, el Estado adquiere la potestad de regular e intervenir en la vida económica para garantizar los derechos de los y las más desfavorecidas.
Esta perspectiva, de carácter meramente socialdemócrata, nos permite apreciar cómo el lenguaje y la postura ideológica que subyace en la demanda de Adegi contra la Diputación corresponden a la primera etapa reseñada. Conceptos como “injerencia del departamento”, repetido hasta la saciedad en la demanda de la patronal para justificar la pretensión, no sirven sino para negar el derecho del Estado, en este caso, la Diputación, para intervenir en la vida económica, siquiera para ejercer un derecho tan básico como la libertad de expresión, formulando una propuesta que se considera justa y que beneficia a ambas partes.
Sí, incluso en procesos de negociación colectiva tiene derecho a participar, haciéndolo como ahora, actuando sin imperium. Basta recordar acuerdos de naturaleza tripartita en las que el Estado ha participado, Pactos de la Moncloa, AES o AMI.
Lo anterior no es ninguna sorpresa, todos conocemos la postura de la Patronal favorable a los planteamientos neoliberales (aunque la partícula neo, no sea lo más propio, como hemos visto). Lo que más sorprende es su pasmo ante “una actuación con connotaciones evidentemente políticas”. ¿Qué creen que se hace o se debe hacer desde el Gobierno, sino política?
¿No es una actuación política la promulgación de la Reforma Laboral, que tanto defiende la demanda y, con la que tanto coincide la postura de la Adegi? Pues también la Reforma Laboral es producto de una política de un Gobierno de derechas, y coincide con las pretensiones de una de las partes de la negociación colectiva, le favorece y le proporciona una posición más fuerte en la negociación. Estos son los argumentos de Adegi, que considera válidos para sí y no para su contraparte.
¿Qué espera Adegi de un gobierno de izquierdas? Si acusa a este Gobierno de defender el interés común, entendido éste como coincidente con un interés de clase; si acusa a este Gobierno de plantear una forma distinta de salida la crisis, más justa, apostando por la igualdad como elemento dinamizador de la economía, pues resulta que acierta.
No puedo terminar sin explicar por qué entiendo que el contencioso se plantea contra el Departamento de Política Social y no contra un acto. Simplemente, porque no existe el acto. El documento 24 de la demanda comienza diciendo que estamos ante una “mera propuesta sin valor y eficacia jurídica”. Por lo tanto, para dejarlo sin eficacia, mejor dicho, para que pase a mejor vida, pues eficacia no tiene, basta con que Adegi diga que no. En su derecho estará, y libremente puede hacerlo. Como en su derecho estarán quienes juzguen política o éticamente, nunca desde la legalidad, tal decisión. Si es esta la preocupación, y parece que no hay otra (así lo justifica la apelación que en la demanda se hace al honor) sus argumentos, que seguro que los tiene, aunque no se compartan, debe dirigirlos a las trabajadoras, a la sociedad en general o a aquellos y aquellas cuya reprobación tema, pero no a los tribunales.
Los últimos datos referidos al desempleo que sitúan a Bizkaia en el primer puesto de este nefasto ranking en el contexto de Hego Euskal Herrria, con un acumulado de 100.399 personas sin empleo, lo que supone un incremento del 1,19% (1.183 parados más que el mes de marzo) vienen a constatar que la pretensión del PNV de reactivar la economía y crear empleo y riqueza aplicando las mismas políticas neoliberales que nos han llevado a la actual situacións es una quimera.
Como no podía ser de otra manera, el partido que gobierna ininterrumpidamente Bizkaia desde la muerte del dictador sin una decidida vocación soberanista y preso de su ideología de derechas, es incapaz, en la actual situación de emergencia, de aplicar políticas socioeconómicas que hagan realmente frente a la desigualdad, abandonando las grandes infraestructuras, regulando una fiscalidad realmente progresiva y comenzando a crear riqueza y empleo desde los más cercano, desde los municipios y las comarcas.
Lejos de apostar por políticas sociales y de afrontar la creación de empleo, el PNV hace como que aquí no pasa nada y se enroca en su inacción. En su estrategia de mantenerse en el poder hasta que pase lo peor, intenta sacar adelante unos presupuestos con los que seguir ganando tiempo. Y no duda, para ello en acercarse a UpyD, de igual manera que en Bizkaia sacó adelante sus cuentas mediante el acuerdo que alcanzara con el PP.
La publicación de los datos del desempleo han coincidido en el tiempo con la inauguración de la planta de coque que Petronor ha puesto en marcha en Muskiz, mediante una inversión de 1.000 millones de euros que el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha calificado de “inyección de confianza y base de la recuperación”. La alternativa del PNV para este pueblo es, por lo tanto, la contaminante escoria de un combustible fósil tratada en una refinería cuyo propietario mayoritario es la multinacional Repsol.
EH Bildu considera que esta operación ha sido una imposición de principio a fin. Tanto la construcción, como la actividad de la planta han sido declaradas ilegales por un juzgado, toda vez que los mandatarios jeltzales han vuelto a rendir pleitesía al representante de la presunta corrupta monarquía española encargado de inaugurar la planta.
Los países miembros de la OIT tenían 18 meses para pronunciarse sobre la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente del empleo doméstico, de junio de 2011.
A pesar de que otros miembros ya lo han suscrito, el gobierno español ha propuesto al parlamento la NO ratificación del Convenio, insistiendo en mantener a las trabajadoras de hogar en condiciones de desigualdad con respecto al resto de los sectores.
La ratificación de este convenio supondría la obligación de garantizar: 1. Protección efectiva frente a toda forma de acoso, abuso y violencia en el trabajo. 2. Medidas concretas para asegurar que las trabajadoras reciben por escrito explicación detallada sobre sus condiciones de trabajo, tales como: horarios, descansos, las tareas contratadas, el salario y su forma de cálculo según el trabajo a realizar. Control de todas las horas de presencia. 3. Fin de los descuentos abusivos en el salario por la manutención y el alojamiento. Descuentos proporcionales a los verdaderos consumos que se realizan en la casa. 4. Garantía de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo respeto a la privacidad de quienes pernoctan en el domicilio. Determinar y prevenir los riesgos laborales. En definitiva, inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 5. Protección real frente a los abusos de las agencia de colocación: prohibición de actuar sin licencia, inspección de su funcionamiento. 6. Igualdad de derechos en la Seguridad Social con el resto de personas trabajadoras.
Por todo esto exigimos que el Gobierno español ratifique el convenio 189 de la OIT.
El Gobierno del PP no firma el Convenio 189 y además a partir del próximo 1 de abril va a permitir al empleador que no de el alta en la Seguridad Social a la trabajadora que no llegue a las 60 horas mensuales. Esta medida incrementará la economía sumergida.
Las personas y organizaciones firmantes exigimos:
El reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, lo que exige visibilizarlo y equipararlo en derechos con el resto de los trabajos. El reconocimiento de la aportación que realizan todas las trabajadoras de hogar, lo que exige suprimir todas las leyes que recortan derechos a las trabajadoras inmigradas; sobre ellas descansa una parte importante del trabajo de cuidado.
Papeles para todas.
Firma del Convenio 189 de la OIT
Firmantes a 22 de marzo de 2013:
Organizaciones:
Abierto hasta el amanecer Asociación de empregadas de fogar Xiara Asociación de mujeres inmigrantes Malen Etxea Asociación de trabajadoras de hogar de Bizkaia (ATH-ELE) Asociación de trabajadoras de hogar de Granada Grupo de Hombres de Ermua por la Igualdad Plataforma por la igualdad en el empleo del hogar de la región de Murcia Plataforma estatal de Asociaciones de Trabajadoras de Hogar Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) Territorio Doméstico
Hasi aurretik, ez dut ahaztu nahi eta, gaur bere izena asko aipatu denez, Agur eta Ohore Hugo Chavez!
Duela egun batzuk legebiltzar honetan beste formazio politiko bateko bozeramaileak “EH Bilduk eztabaida parlamentarioak serioago hartu behar zituela” esan zuen. Baieztapen horren aurrean, norbaitek pentsa dezake gure taldea ez duela hemen egoteko gaitasunik, baina legebiltzar honek kalea eta gizartearen maila berean dagoen galdetzen dugu guk. Bizitzeko oinarrizkoak direnak erdiesteko borrokan daudenen begietara begira eta haien alboan jartzen da EH Bildu, beste batzuk aldiz, beso gainetik begiratzea aukeratzen dute.
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Y esa motivación o principio rector que guía y va a guiar el transitar de EH Bildu tanto en las instituciones, con iniciativas como está, como en la calle, ya sea adhiriéndonos a sus manifestaciones y demandas como la de este sábado en Bilbao e Iruñea o el próximo día 16 nuevamente en Bilbao y convocada por el Gune Sozial, o también para mostrar nuestro respeto y simpatía hacía el encierro y las motivaciones que mueven a los y las jóvenes gasteiztarras que permanecen en la Iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga. Animo zuek.
Zeren eta gaur hona ekarri dugun eztabaida, enplegu eta duintasunaren alde borrokan dauden langile horien eztabaida da, askoren artean eta batzuk aipatzearren:
ABB GALINDO, ALFA, ARCELOR MITTAL, CAF, CINFA, CEMENTOS LEMONA, CORRUGADOS DE AZPEITIA, HOLTZA, EUREST, LAMINACIONES ARREGI, PANDA, SUNSUNDEGI O TS FUNDICIONES ENTRE OTRAS MUCHAS.
Jarrera positiboa eta konprometitua bere lanpostuen alde. Murrizketen aurkako jarrera, erreformen aurkako jarrera, inposaketen aurkako jarrera. Azken finean, herri eta bizitza duin baten aldeko borroka.
Pero la situación que viven estos trabajadores y trabajadoras vascas no es fruto de la casualidad, tiene una lógica perversa detrás. La lógica capitalista.
Marx señalaba que el propio sistema capitalista organizaba un excedente de trabajadores, es decir, una cantidad estructural de desempleados, lo que llamaba el «ejército industrial de reserva». Este excedente garantiza a los inversores la acumulación de capital. Cuanto mayor es el número de personas desempleadas, cuanto mayor es el número de personas que necesitan de un salario para garantizar su supervivencia, más fácil será para los gestores del sistema abaratar la mano de obra, facilitar el despido y degenerar las condiciones laborales de toda la clase trabajadora.
Y por eso hoy nos resultan tan inquietantemente cercanos términos tales como: despidos, EREs, reformas. Y estos no son el síntoma de una crisis sino de un robo programado a gran escala. Los ladrones y los cómplices tienen nombre y apellidos, y las víctimas también como los que hemos citado antes o como…
José Antonio Diéguez, vecino de Bilbao, se arrojó por la ventana cuando la comitiva judicial encargada de su desahucio llamaba a la puerta.
¿Por qué los recortes son siempre en salarios, prestaciones sociales, sanidad, educación y nunca en ayudas bancarias y dadivas del estado a las empresas?
¿ Quién diseña las reformas laborales en este país? El guión es muy simple:
1. Las grandes empresas, enfangadas en el libertinaje especulativo promovido por los distintos gobiernos españoles, deben dinero a los bancos. 2. Los bancos, en plena crisis de liquidez, exigen la devolución de este dinero. Para ello, acuden todos juntos a las faldas del presidente de turno. 3. El presidente de turno atiende sus súplicas por dos vías fundamentales:
a) Rescate de los bancos con dinero público.
b) Reformas laborales que facilitan el despido, los cierres, los EREs, y por lo tanto, que los grandes especuladores se pongan al día con sus amigos los bancos.
Junto a esto, el desmantelamiento del sistema de pensiones a mayor gloria de los fondos privados de pensiones, la privatización de la sanidad y la educación, el copago, el adelgazamiento de las prestaciones sociales junto a la criminalización de las personas perceptoras, y un largo etéctera de medidas que solamente tienen una víctima: las clases populares. Han logrado ya que tengamos mas de 200.000 personas en paro en la CAV, más de 100.000 personas estén en paro y sin prestación, que el paro aumente hasta un 17% en la CAV, que el 90 % de los contratos que se realizan sean temporales, que se destruya empleo público a través de la quiebra de las 35 horas en la función pública generando alrededor de 9000 “daños colaterales”, que en julio más de 300.000 trabajadores vean en serio riesgo sus condiciones laborales por el fin de la negociación colectiva que avala la última reforma laboral. Esos son los duros datos de la sumisión al ajuste, la deuda y reducción de déficit.
Hau guztiarengatik, EH Bildutik Osoko Zuzenketa planteatzen diogu Euskal Herrian ere pairatzen dugun eredu kapitalista honi. Horretarako burujabetza eskatzen dugu, errealitate ezberdina eraikitzeko, merkatuek eta gobernu sumisoek eskeintzen diguten errealitate ezberdina.
Hori dela eta Lan Harremanetarako Euskal Esparrua planteatzen dugu:
1)Ekonomiko, sozialki eta politikoki nola antolatzen den herri guztien eskubidea delako.
2)Euskal Herrian baldintzak ditugulako eredu sindikal eta sozialari dagokionez, lan eredu justuago eta solidarioago bat eskuratzeko, eta elkartasun internazionalistaz, beste herriekiko erreferentzia bihur daitekena.
3) Eta hau erderaz esango dut denak ondo ulertzeko: Porque poco tiene que ver la clase trabajadora de este país con las élites políticas españolas, corruptas, cleptómanas, adictas al maletín y al sobre.
Es posible iniciar un camino diferente, libre de imposiciones y de alineamiento con los trabajadores y trabajadoras en lugar de con la patronal como ha demostrado la DFG en su mediación para desbloquear el conflicto en las residencias y centros de día o del convenio con sus trabajadores y trabajadoras (DFG).
