Alternatiba denuncia que Enkarterri está a la cola de Euskadi en innovación y desarrollo

Los últimos datos publicados por el Eustat sobre el gasto en I+D de la Comunidad Autónoma Vasca, vienen a confirmar el abandono que sufre la comarca de Enkarterri, que se sitúa a la cola del gasto sobre PIB en investigación y desarrollo. Según ha denunciado el portavoz de Alternatiba en las Juntas Generales de Bizkaia, Jonathan Martínez, «no sólo está en la última posición del ranking, sino que hablamos de un porcentaje ínfimo, del 0,01%». La realidad, por tanto, es que en esta comarca se invierte en I+D, en proporción a la riqueza de cada una, 185 veces menos que en la media de Bizkaia, 200 veces menos que en la Europa de los 27, 400 veces menos que en Finlandia y 460 veces menos que en Debagoiena.

Según ha denunciado Martínez, «frente al triunfalismo oficial», el dato de Enkarterri es reflejo de lo que la comarca ha venido sufriendo en los últimos años, «una pérdida de empleos constante e imparable, y un proceso de desertificación industrial que ha repercutido duramente en el empleo», tal y como Alternatiba ha venido denunciado estos últimos años. En los últimos cinco años, el número de personas paradas ha crecido un 77,4% y la comarca presenta una tasa de paro del 12,5%, situándose Alonsotegi, Güeñes, Balmaseda y Turtzioz entre los 12 municipios con más paro de toda la CAV.

Ante la grave situación que vive Enkarterri, Alternatiba subraya que estos datos vienen a reafirmar que la «Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco han relegado al olvido a toda una comarca, de la que la propia sociedad vizcaína sólo tiene noticias cuando alguna empresa cierra la persiana, como lamentablemente ha ocurrido en más de una treintena de ocasiones en los últimos años, o cuando se destapan escándalos de la talla de Karrantzako Minda». Más allá del ámbito industrial, el sector primario tampoco sale bien parado, con datos igualmente alarmantes, y el número de explotaciones agroganaderas ha descendido estrepitosamente como resultado de las políticas agroindustriales.

El juntero de Alternatiba ha censurado que el Gobierno de José Luis Bilbao haya hecho «oidos sordos» ante esta terrible situación, y le insta a responder «dónde están los cientos de puestos de trabajo que prometieron crear, y los proyectos que anunciaron durante las últimas elecciones pero que nunca llegaron, como el caso de Habidite en Alonsotegi». En este sentido, Martínez ha exigido al gobierno foral el cumplimiento inmediato de la proposición no de norma presentada por Alternatiba, y aprobada por unanimidad en la cámara foral, en la que se reclama la puesta en marcha de un plan especial para la creación de empleo en Enkarterri.

El Ayuntamiento de Bilbo debe recuperar la gestión pública del servicio de ayuda a domicilio

Izquierda abertzale, EA y Alternatiba piden al Ayuntamiento que recupere la gestión pública del servicio de ayuda a domicilio

Izquierda abertzale, EA y Alternatiba de Bilbo han mostrado hoy su solidaridad hacia las trabajadoras del SAD de Bilbo, que se encuentran desde el pasado 4 de marzo desarrollando huelgas parciales, ante la grave situación del servicio tanto en el plano asistencial como en el laboral.

Las tres formaciones políticas de izquierdas han denunciado la actitud del consistorio bilbaíno ante “un servicio de vital importancia para la ciudadanía, tanto para las personas con dependencia como para las familias que se encargan de su cuidado, trabajo que además recae en las mujeres casi en su totalidad”.

Subrayan que el proceso de alarmante precarización que padece el Servicio de Ayuda a Domicilio, impulsado por PNV e IU y llevado a la práctica por empresas privadas que priman los beneficios empresariales a la calidad y condiciones del servicio que deberían prestar, afecta doblemente a las mujeres, “por un lado como principales demandantes de este servicio en calidad de responsables del cuidado de personas dependientes, y por otro lado como trabajadoras encargadas de prestar esta asistencia”.

Izquierda abertzale, EA y Alternatiba acusan al Ayuntamiento de Bilbo de escudarse en la crisis económica para precipitar los recortes presupuestarios – la partida presupuestaria municipal al respecto ha pasado de 17 millones de euros en 2010 a 15,9 millones en 2011, un 6,47%menos – sin haber estudiado la demanda real del servicio de atención a la dependencia. “No existe ninguna planificación de programas, personas y recursos. Así mismo, denuncian que entra en clara contradicción con un informe de Diputación Foral que señala que el 46% de las personas que manifiestan algún tipo de dependencia en Bizkaia no reciben ningún tipo de servicio externo.

Las tres formaciones de izquierda acusan al gobierno de Azkuna y Madrazo de tratar de justificar la medida argumentando que las familias prefieren las ayudas directas a la asistencia domiciliaria, algo que a juicio de la izquierda abertzale, EA y Alternatiba “es un análisis superficial” y esconde que las prestaciones “sirven muchas veces para generar contrataciones particulares precarias, casi siempre a mujeres, habitualmente extranjeras y sin reconocimiento de derechos laborales, potenciando la economía sumergida y el fraude”.

El desmantelamiento del SAD es, según han alertado las citadas formaciones políticas, “un ataque al precario sistema de cuidados, y por extensión, un ataque contra las mujeres y contra los pilares de un servicio social fundamental”. Por esta razón, izquierda abertzale, EA y Alternatiba han solicitado al gobierno local que recupere la gestión directa de este servicio y demuestre que el sector público puede y debe ser el motor de la economía. “La existencia de prestaciones económicas no puede ser nunca una justificación para la destrucción de servicios esenciales, por lo que las citadas formaciones de izquierda urgen a los poderes públicos a que garanticen la gestión pública de un derecho ciudadano como es la atención a la dependencia”.

Por último, mostramos nuestro apoyo a las acciones emprendidas y convocadas por el comité de empresa.

El que no trabaje, que no coma> Ander Rodriguez Lejarza (Alternatiba)

Poco o nada hemos avanzado. Dos mil años después, el Gobierno Vasco repite las mismas palabras escritas por Pablo de Tarso: “El que no trabaje, que no coma”. Quien rechace una oferta laboral perderá la Renta de Garantía de Ingresos y podría ver afectada su prestación por desempleo. Este y otros subsidios tienen por finalidad asegurar un sueldo mínimo que permita a la ciudadanía el acceso a los bienes necesarios para subsistir. Se lanza, de este modo, un claro mensaje: a quien no acepte un empleo remunerado no tenemos por qué garantizarle la supervivencia.

Un paréntesis. Utilizo el término “empleo remunerado” porque considero restrictivo y excluyente identificar “trabajo con “contrato laboral”. El Gobierno Vasco no reconoce que puedan desarrollarse otras modalidades de trabajo al margen del remunerado, como pueden ser el voluntario o el doméstico. Pero, como se preguntaba el sociólogo Claus Offe: “¿Por qué razón deberían enhebrase todas las actividades útiles que los seres humanos son capaces de hacer a través del agujero de un contrato laboral?”. Si aceptamos esta restricción nos encontramos con paradojas como la siguiente: una persona que durante una serie de horas realice tareas domésticas en su casa no realiza trabajo alguno, pero si realiza esas mismas tareas en otro domicilio y recibe por ello una remuneración, realiza un trabajo. En definitiva, dejamos la definición de “trabajo” en manos del mercado, ya que es éste quien decide qué actividades deben ser remuneradas y cuales no. 

Volviendo sobre mis pasos, parece que la consejera Gemma Zabaleta entiende que la garantía de existencia debe tener una contrapartida, por lo que una persona debe estar dispuesta a aceptar cualquier tipo de contrato, por precarias que sean sus condiciones, si es que quiere comer. Al parecer, es un problema para la Administración vasca que un pobre pueda alimentarse si decide no desarrollar un empleo remunerado. Sin embargo, esta disyuntiva no se plantea con otras clases sociales, ya que hay quien no trabaja y sí come, porque dispone de tierras o de capital. El problema, una vez más, son los pobres.

Para que la gente acepte con normalidad que se retiren las ayudas públicas que protegen la existencia de quienes menos tienen, se ha desarrollado durante los últimos meses una brutal campaña política y mediática que ha hecho énfasis en una supuesta estafa masiva en estas prestaciones. No resulta complicado desmontar la falacia. El fraude en la Renta de Garantía de Ingresos no alcanza el 2%. Todos los perceptores pasan al menos una revisión anual, mientras que la inspección de las rentas que provienen del capital sólo alcanza el 1,2%. ¿Dónde creen que debería centrar sus esfuerzos fiscalizadores la Administración?

Sorprende comprobar, como los mismos responsables políticos que colocan bajo sospecha a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos que no son capaces de encontrar un empleo remunerado, son los mismos que aprueban medidas como el retraso de la edad de jubilación, que restringe aún en mayor medida la posibilidad de acceder al mercado laboral.  

En la génesis de este discurso encontramos la llamada trampa de la pobreza: se desincentiva la búsqueda de una ocupación asalariada que no compense lo que se percibe en concepto de subsidio condicionado. Pero tratar de superar esta trampa obligando a las trabajadoras y trabajadores a aceptar labores especialmente penosas y mal pagadas resulta una rendición ideológica ante la clase empresarial. Ya lo dijo sin complejos la patronal vasca Confebask: “Hay que ser conscientes de que el nivel asistencial marca en muchos casos el listón para trabajar o no”. Es triste que el Gobierno Vasco no muestre inquietud alguna por la firma de contratos basura que se sitúan cerca o incluso por debajo del umbral de la pobreza, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar contratos precarios.

Esto nos conduce al único y terrible efecto de la medida anunciada: la pérdida de libertad. Si una persona no tiene cubiertos unos mínimos para vivir, no dispone de libertad real, ya que su libertad de elección se ve coartada por sus necesidades. Condicionar un ingreso mínimo a la aceptación de cualquier oferta de empleo conlleva reforzar el dominio del empresario en la relación laboral y debilitará aún más la posición de las trabajadoras y trabajadores a la hora de negociar. 

Si lo que se pretende es superar la trampa de la pobreza y el desincentivo que hipotéticamente pueden suponer las ayudas condicionadas, bien podría apostar el Gobierno Vasco por una Renta Básica de Ciudadanía. Definida por el Basic Income Earth Network como “una forma de renta mínima garantizada que difiere de las que existen actualmente en varios Estados europeos en tres importantes sentidos: primero, es pagada a los individuos y no a los hogares; segundo, es pagada independientemente de otras fuentes de rentas; finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o de la voluntad de aceptar un empleo ofrecido”.

Esta fórmula garantiza las condiciones materiales de la libertad, establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; garantiza mejor reparto de la riqueza; ahorra costes a la Administración; incentiva el autoempleo, el trabajo a tiempo parcial y el gusto por el riesgo; reconoce el trabajo voluntario y el doméstico; hace desaparecer el fraude y supera la trampa de la pobreza. Una Renta Básica de Ciudadanía que no conoce obstáculos técnicos, pero conoce obstáculos políticos. Simplemente, no es aceptable para quienes están mejor. 

Nuevos recortes en las Ayudas de Emergencia Social

DONOSTIA, 23 DE FEBRERO DE 2011 – El grupo de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha presentado a la Comisión de Política Social una propuesta en la que exige al Gobierno Vasco que deje de castigar a las familias con más necesidades y revoque el endurecimiento de los requisitos de percepción de las Ayudas de Emergencia Social (AES).

Así lo ha anunciado hoy el portavoz de Alternatiba Jon Lasa, quien ha considerado que “resulta intolerable que la consejería de Gemma Zabaleta cierre el grifo de las AES a uno de cada tres perceptores en un momento crítico como el actual, marcado por el azote de la crisis económica, el desempleo y la necesidad”.

Lasa ha recordado que las AES constituyen la última red de asistencia a familias y ha criticado que se apliquen recortes “ahora que son más necesarias que nunca”. Así, ha rechazado los nuevos baremos establecidos que, según los cálculos de Eudel, excluirán a uno de cada tres perceptores, con especial perjuicio de personas mayores con pensiones mínimas, mujeres solteras con hijos o autónomos sin ocupación, que quedarían excluidos.

Esta política de recortes sociales, esta manera de cargar la crisis aún más sobre las espaldas de quienes más la sufren es del todo inadmisible”, ha afirmado el juntero de izquierdas. Por ello, Alternatiba ha presentado a la Comisión de Política Social de las Juntas Generales de Gipuzkoa una propuesta en la que “se rechaza el acuerdo del consejo del Gobierno Vasco del 18 de enero de 2011 que establece una nueva regulación para las Ayudas de Emergencia Social”.

«Subir la edad de jubilación y hacer una lectura positiva de ello es querer tratarnos de idiotas a la ciudadanía»

DONOSTIA, 28 DE ENERO DE 2010 – Alternatiba ha considerado hoy que el principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones alcanzado por el Gobierno y los sindicatos es «una auténtica tragedia», ya que supone «la amputación de derechos sociales y laborales que a la clase trabajadora le ha costado mucho conseguir a lo largo de la historia».

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha afirmado que es «lamentable que Zapatero se olvide nuevamente de los principios fundamentales de la izquierda y le vuelva a hacer el trabajo sucio al PP», al tiempo que ha asegurado no entender a los sindicatos que bendicen este tipo de reducciones, cuya actitud ha censurado. «Y vemos al PNV, de nuevo, alineado con el Gobierno del Estado español en el recorte de derechos de la clase trabajadora. Una actitud que, no siendo nueva, deja bien claro lo poco en que se diferencian en este terreno el PNV, PSOE y PP, fuerzas todas de la derecha.», ha añadido.

Matute ha subrayado que el decreto pactado desmantela gran parte del sistema público de pensiones y da más negocio a los mercados con los fondos privados. «Gobierno y sindicatos nos intentan vender la reforma como un logro, y es como poner flores en el vestíbulo para combatir el problema de la putrefacción de la madera», ha señalado. Según sus palabras, «aumentar los años necesarios para recibir la pensión completa y hacer una lectura positiva de ello es querer tratarnos de idiotas a los ciudadanos y ciudadanas».

En este sentido, el líder de Alternatiba ha advertido de que la sociedad vasca no está de acuerdo», tal y como demostró ayer en la huelga general convocada en Euskal Herria. El dirigente de izquierdas ha realizado un balance positivo de la jornada y ha recalcado que «hay mucha gente en este país que no se resigna a que los mercados determinen los derechos sociales y la calidad de vida. Lo de ayer fue algo más que una pataleta, fue un mensaje claro a la clase política».

Euskal Herria Ezkerretik apoya la huelga general

Los dos pilares claves del acuerdo “Euskal Herria ezkerretik” son la construcción nacional y la construcción social. Son dos caras de la misma moneda. En la presentación del acuerdo subrayamos la necesidad de dar respuesta firme a las medidas económicas y sociales que pretenden mantener la hegemonía de los mercados menospreciando los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Una práctica que los actuales Gobiernos de Gasteiz, Iruña y Madrid (apoyado por el PNV) llevan a la práctica y que su última aportación es el aumento de la edad de jubilación a los 67 años de edad que lleva parejo el aumento del número de años que hay que tener cotizados para tener derecho a una pensión.

Esta medida, y ya van unas cuantas, supone un claro retroceso en los derechos sociales y laborales de los trabajadores, y una vez más, recae las consecuencias de la crisis sobre los sectores más desfavorecidos, en especial la juventud, las personas inmigrantes y las mujeres, que están siendo doblemente castigadas por esta crisis.

El Gobierno del Reino de España ha ejecutado al pie de la letra las exigencias más intolerables de los poderes bancarios, que únicamente aspiran a mantener intactos sus insultantes márgenes de beneficio a costa de la ruina colectiva. Es la banca privada quien realmente nos gobierna, la misma que se ha apropiado avariciosamente de los cheques multimillonarios de Zapatero a la vez que nos sustrae unos suculentos intereses mediante la compra de deuda pública estatal.

De esta forma, la banca privada reclama liquidez a la patronal, y la patronal reclama al gobierno español una reforma laboral aplaudida sin pudor por el PSOE y el PNV.

Por ello, consideramos plenamente justificada y apoyamos la huelga convocada para el próximo día 27 por la mayoría sindical vasca.

No cabe duda de que la reforma de las pensiones y su supuesta inviabilidad, no es más que un intento por acabar con el sistema público para privatizar el sistema al que nos oponemos tajantemente.

Lejos de crear empleo y reducir la precariedad laboral, se ha debilitado gravemente la posición de los trabajadores, y los gobiernos les abandonan al albur de los intereses especuladores.

Eusko Alkartasuna, Izquierda abertzale y Alternatiba defendemos la justicia social, y todos estos recortes sociales, suponen también una agresión frontal a nuestra soberanía, y la negación de facto de ese marco propio de relaciones laborales que proclamamos. La ciudadanía vasca padece la imposición de un marco estatal de decisión y diálogo social cuyo modelo es miméticamente trasladado a la CAV y Nafarroa, no respetando la realidad social, política, económica y sindical del conjunto de Euskal Herria.

Reclamamos el derecho que todo el mundo pueda acceder a una pensión digna, y por ello es necesario crear empleo, pero empleo de calidad, a mayor salario, mayor cotización. Que las personas jóvenes y las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, en igualdad de condiciones y oportunidades. La implantación de una fiscalidad progresista y progresiva. Y, como hemos señalado anteriormente, que Euskal Herria tenga capacidad e instrumentos para que decidamos nuestro sistema de pensiones, o sea, un marco propio de decisión.

Todos estos motivos, nos llevan a apoyar inequívocamente la huelga general convocada por la mayoría sindical vasca para el próximo jueves 27 de enero.

Esta Huelga General no responde únicamente a la rabia o al enfado. Es el camino para continuar trabajando por el verdadero cambio. Tenemos que continuar trabajando por otro modelo económico, social y político. Un nuevo modelo en el los ciudadanos y ciudadanas no estemos al servicio de un modelo económico que beneficia a unos pocos, sino que sea la economía la que este al servicio de los intereses populares. Los vascos y vascas tenemos que salir a la calle, movilizarnos para que nuestros derechos sean respetados.

Garoña y las pensiones

Alternatiba reclama al gobierno español que “deje de marear la perdiz” con el cierre Garoña

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha denunciado hoy el “espectáculo lamentable” que a sus juicio está ofreciendo el Gobierno español con respecto a la prórroga de las centrales nucleares, y concretamente con respecto al cierre de la central burgalesa de Santa María de Garoña. “Resulta como poco grotesco que se intente mezclar el debate energético con el saqueo de las pensiones públicas”, ha añadido Matute, “y si continúan por ese camino nos van a tener siempre enfrente”.

De esta forma, el representante de Alternatiba ha recriminado al ejecutivo de Zapatero que “maree la perdiz con lo que es una decisión en firme, como el cierre de Garoña, y que cuenta con un respaldo social mayoritario”. Según ha señalado Matute, “el PSOE parece obedecer con más entusiasmo a los requerimientos del lobby nuclear que a las peticiones ciudadanas y del movimiento ecologista”, por lo que ha instado a todos los agentes políticos a que se mantengan “firmes e incorruptibles” ante el “falso replanteamiento” del modelo energético.

Matute ha subrayado que lo prioritario es hablar de “un nuevo modelo energético al servicio de las personas, y no al servicio del lucro privado”. En esa línea, ha insistido en que “es hora de hablar de ahorro y eficiencia energética, de energías renovables que sean de verdad sustitutivas, y sobre todo, de nacionalizar de una vez por todas un sector estratégico como es el energético”.

Prohibido cerrar

Animamos a la ciudadanía a castigar mediante el no consumo en estas tiendas este modelo comercial y, en definitiva, de ciudad y de desarrollo económico y social. Los grupos municipales de la Izquierda Abertzale, EA y Alternatiba de Bilbo consideramos la apertura ayer de Opencor, tienda de El Corte Inglés que abrirá 18 horas al día los 365 días del año, como un ataque al derecho al descanso de trabajadores y trabajadoras en festivos. Lo que vimos ayer no es más que el inicio de una nueva agresión empresarial que busca la apertura del comercio grande en festivos con “normalidad” y que conllevará una mayor precarización de las condiciones de trabajo en el comercio, ya de por sí bastante precarias, un grave nuevo perjuicio al pequeño comercio, ademas de un obstaculo añadido a la conciliación entre la vida laboras, personal y familiar y la imposición de un modelo económico ajeno y basado en la “cultura” del negocio y del beneficio empresarial a cualquier precio.

Los grandes empresarios han perdido todo tipo de complejos y se han lanzado a una carrera sin límite cuyo objetivo final es la pérdida de derechos sociales y laborales y la precarización de las condiciones de trabajo como fórmula para multiplicar sus ya elevados beneficios.

Es en ese contexto en el que se multiplican los ataques al derecho al descanso, a no tener que trabajar en los días festivos. Y a ello no solo contribuye la clase empresarial, sino que tiene un gran aliado entre la clase política, en concreto, en este caso, entre PNV e IU, que han sido quienes han otorgado la licencia de apertura.

De nuevo se colocan a favor de los grandes intereses comerciales y en contra de trabajadores y trabajadoras y sindicatos. Especialmente grave nos parece la implicación de Azkuna, quien ayer mismo, con su patética y apresurada visita a la tienda como queriendo dar ejemplo, quiso dejar claro su inequívoco apoyo a este tipo de modelo económico extraño y ajeno que generará una gran fractura en las relaciones sociales y familiares, el incremento de la precariedad laboral con jornadas eternas y sin derecho al descanso, la desertización de los barrios y que sólo beneficia a una pequeña élite.

Izquierda Abertzale, EA y Alternatiba apoyamos la reivindicación laboral de trabajadores y trabajadoras, llamamos a secundar los actos de protesta que se convoquen (la concentración convocada por los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT para el 21 de enero a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento) y animamos a la
ciudadanía a castigar mediante el no consumo en estas tiendas este modelo comercial y, en definitiva, de ciudad y de desarrollo económico y social.

El desamparo del Servicio de Asistencia Domiciliaria en Bilbao

Alternatiba-Bilbao denuncia la actitud del Ayuntamiento de Bilbao ante el ERE en el Servicio de Asistencia Domiciliaria

Alternatiba ha mostrado hoy su solidaridad hacia las trabajadoras del SAD, que se enfrentan a un Expediente de Regulación de Empleo, tal y como han anunciado fuentes empresariales. La portavoz de la formación política de izquierda, Carmen García, ha denunciado la actitud del consistorio bilbaíno ante “un servicio de vital importancia para la ciudadanía, tanto para las personas con dependencia como para las familias que se encargan del cuidado, trabajo que recae en las mujeres casi en su totalidad”. En ese sentido, García ha advertido que este proceso de precarización afecta doblemente a las mujeres, “por un lado como principales demandantes de este servicio en calidad de responsables del cuidado de personas dependientes, y por otro lado como trabajadoras encargadas de prestar esta asistencia”.
 
A juicio de Alternatiba, el Ayuntamiento de Bilbao “se escuda en la crisis económica para precipitar los recortes presupuestarios sin haber estudiado la demanda real del servicio de atención a la dependencia”, por lo que “no existe ninguna planificación de programas, personas y recursos”. El gobierno de Azkuna y Madrazo ha justificado la medida argumentando que las familias prefieren las ayudas directas a la asistencia domiciliaria, algo que para García “es un análisis superficial” y esconde que las prestaciones “sirven muchas veces para generar contrataciones particulares precarias, casi siempre a mujeres, habitualmente extranjeras y sin reconocimiento de derechos laborales”.
 
El desmantelamiento del SAD es, según ha alertado la portavoz de Alternatiba, “un ataque al precario sistema de cuidados, y por extensión, un ataque contra las mujeres y contra los pilares de un servicio social fundamental”. Por esta razón, García ha solicitado al gobierno local que asuma la gestión directa de este servicio y reconozca a las mujeres trabajadoras que hasta el momento han estado prestándolo, así como a las mujeres responsables de cuidados que se han acogido a él. “La existencia de prestaciones económicas no puede ser nunca una justificación para la destrucción de servicios esenciales, por lo que Alternatiba urge a los poderes públicos a que garanticen la gestión pública de un derecho ciudadano como es la atención a la dependencia”, ha apostillado García.
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