Comparecencia de representantes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Oskar Matute, portavoz de Alternatiba y parlamentario del grupo EH Bildu, a fin de que informe sobre las irregularidades detectadas en los contratos del TAV de 2011.
Ana Etxarte y Asier Vega – Alternatiba
Semanas laborables sin descanso, de lunes a domingo; turnos de hasta 12 horas diarias; salarios ínfimos de 5 o 6 euros la hora, por supuesto sin pagar horas extras. No, no se trata de un libro de Charles Dickens sobre los inicios de la revolución industrial; tampoco se trata de un análisis de la crisis del 29; ni siquiera de una fotografía de las condiciones laborales de las y los esclavos que recolectaban algodón en Estados Unidos. Estamos hablando de algo que ocurre aquí, en la ciudad del mejor alcalde del mundo. Está ocurriendo ahora mismo, en el siglo XXI, gracias a la avaricia empresarial y a la connivencia con las instituciones públicas.
Solo es el resumen de lo que viene sucediendo en la construcción de San Mamés Barria, en la que ciertas empresas han establecido este tipo de condiciones indignas de trabajo, y que los sindicatos llevan meses denunciando. Tampoco son hechos aislados, ya que los incumplimientos de los Convenios de la Construcción por parte de las empresas, tanto en la obra privada como en la pública, son continuos y constatan que las grandes constructoras hacen lo que sea necesario, incluido vulnerar los derechos laborales, para aumentar sus beneficios.
La situación es lamentable. Pero aún más vergonzoso es que se permita en obras financiadas con dinero público, cuando las obras promovidas por las instituciones públicas deberían ser modélicas en cuanto a seguridad y condiciones laborales.
Pero la realidad es bien distinta; precariedad y condiciones de semi-esclavitud. Como si los ataques contra la clase trabajadora que suponen todas las reformas laborales de los últimos años –aplaudidas y avaladas por PP, PNV y PSE- no fueran suficientes. Ahora también pretenden saltarse la propia legalidad desde la inacción institucional, amparando la injusticia que supone.
De esta manera, y aunque las obras de San Mamés se iniciaron en junio de 2010, no ha sido hasta septiembre de este año, más de 3 años después, cuando se ha realizado una inspección. Y es ahora cuando se ha constatado una realidad denunciada durante meses: que hay empresas que están actuando de manera irregular, y que no están aplicando el Convenio de la construcción y obra pública de Bizkaia, sino otros que rebajan las condiciones laborales.
¿Pasará lo mismo con las obras de apertura del Canal de Deusto? ¿Tomará medidas el Ayuntamiento de Bilbao para evitarlo? Parece poco probable, ya que por ahora no ha hecho nada. Es más, aun teniendo como precedente lo que ha sucedido en San Mamés, el consistorio sigue haciendo dejadez de sus obligaciones como institución garante de los derechos de los y las trabajadoras. Perdió la oportunidad de incorporar cláusulas sociales en los pliegos de condiciones para la licitación de la apertura del Canal, cláusulas por las cuales las empresas adjudicatarias, contratas y subcontratas estarían obligadas a cumplir el Convenio de la Construcción de Bizkaia. Y es que el PNV se opone frontalmente en el Ayuntamiento a incorporar éstas u otras cláusulas sociales, y afirma que no es posible obligar a cumplir dicho convenio ya que no tiene encaje en el marco legal, tal y como confirmó el concejal de Urbanismo en el último pleno.
Siempre consecuente a la hora de negar y vulnerar derechos, el PNV también ha rechazado en las Juntas Generales de Bizkaia una moción de EHBildu que exigía incluir en los pliegos de condiciones de contratación de las obras públicas la obligatoriedad de cumplir por las adjudicatarias este mismo convenio, incluyendo cláusulas para velar por su cumplimiento. Para los jeltzales, nunca procede ponerse al lado de las clases populares.
Es falso que las instituciones carezcan de competencias en esta materia, tal y como lo demostraron las Juntas Generales de Gipuzkoa al aprobar la Norma Foral 4/2013 de 17 de julio, que posibilita la incorporación de cláusulas sobre condiciones laborales y salariales o aplicación de convenios en las obras públicas. Lo que demuestra que se puede hacer y que es completamente legal.
Y si no lo hacen es porque no quieren. No quieren poner fin a la avaricia empresarial de algunas empresas. Y mientras tanto aumenta el número de personas que mueren a causa del aumento de la precariedad, la subcontratación, la temporalidad y la falta de medidas de seguridad. En definitiva, mueren porque lo permiten.
Publicado en: Naiz y Astekari Digitala
El grupo municipal de EH Bildu ha denunciado hoy la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de Grupo Versia, subcontrata de la empresa municipal CIMUBISA. Según ha podido conocer la coalición, las seis personas que componen la plantilla de Versia que trabaja para CIMUBISA ha dejado de percibir la nomina correspondiente al mes de octubre y la empresa no tendría intención de abonar la extra de navidad, mientras que la dirección de CIMUBISA, que ha realizado los pagos a Versia de forma puntual, permanece impasible de brazos cruzados.
EH Bildu ha indicado que YAQS Global Services (Grupo Versia) ganó en enero pasado la licitación de Asistencia Técnica de Operación por un año al obtener la mejor puntuación por oferta económica. Una oferta a la baja que para la coalición era “una sospecha” de que “se iban a ver afectadas las condiciones laborales de los trabajadores”, algo que al final ha sido una realidad.
En el Consejo de Administración de la sociedad CIMUBISA celebrado esta mañana Juan Sánchez, consejero de la coalición soberanista y compañero de Alternatiba, ha propuesto devengar a Grupo Versia de la siguiente mensualidad el importe de las nóminas de los trabajadores, rescindir el contrato con la empresa y penalizarla de cara a futuras licitaciones, habida cuenta de que se ha abierto el plazo la licitación de este programa para el próximo año.
Asimismo, Sánchez ha solicitado que CIMUBISA se dote de las herramientas necesarias para poder tomar medidas antes de futuras licitaciones para que garantice que situaciones así no se van a repetir y que en caso de incumplimiento se pueda actuar inmediatamente. EH Bildu demanda que en los pliegos se asegure un sueldo mínimo a los trabajadores, que se les page, un máximo de horas de trabajo y las empresas entreguen una copia del convenio firmado con los trabajadores.
Finalmente, Sánchez ha denunciado la pasividad de CIMUBISA y el Ayuntamiento en garantizar unas condiciones laborales dignas para el personal subcontratado. “CIMUBISA tiene responsabilidades, no puede mirar para otro lado ni excusarse en la falta de conflictividad laboral. CIMUBISA tiene que dar una respuesta firme y enviar un mensaje a actuales y futuros licitadores”, ha subrayado Sánchez.
Consciente de las graves consecuencias de cerrar Fagor, EH Bildu le ha pedido hoy al lehendakari que el Gobierno vasco se moje y tome medidas concretas y efectivas para reconducir la situación de dicha empresa. En concreto, Oskar Matute reclama el rescate público de Fagor, que las instituciones públicas y Kutxabank pongan en marcha un plan integral que permita crear una nueva cooperativa y garantizar los puestos de trabajo y el futuro de Deba Goiena y Basauri. “No basta –advierte– con dar cuidados paliativos, como hace el Gobierno vasco, mientras el tejido industrial se desmorona”.
Asimismo, el parlamentario de EH Bildu insta al Ejecutivo a crear un fondo de inversión, financiado también con aportaciones de Kutxabank, al objeto de garantizar la financiación que asegure la viabilidad de los sectores industriales estratégicos del país. Según apunta Matute, “utilizan el marco legal como excusa para no hacer nada, pero ese mismo marco legal ha permitido dar a la Banca 41.000 millones de euros de los que el 70% jamás se va a poder recuperar. Por eso, porque ni del Estado ni de ese marco podemos esperar nada, es imprescindible que el Gobierno vasco muestre liderazgo y actúe con decisión”.
Matute, no obstante, manifiesta la preocupación de EH Bildu al comprobar que en este asunto el lehendakari y su Gobierno siguen desorientados, sin atreverse a actuar de forma decidida en la solución del problema. En esta línea, contrapone la actuación del Ejecutivo autonómico con la del Gobierno francés, ya que mientras en París hay una intervención decidida desde lo público para salvar FagorBrandt, aquí, en cambio, “en los despachos de Lakua se ha optado por la inacción y el Gobierno muestra una total falta de rumbo, sin liderazgo y sin estrategia para abordar la grave situación de Fagor”.
EH Bildu Araba ha anunciado que se suma a la manifestación convocada por la Plantilla de Laminaciones Arregui para mañana. La marcha, que partirá a las 11.30 horas desde la plaza de Martxoak 3, tiene como objetivo denunciar la última sentencia del Tribunal Supremo que ha avalado el despido de 91 personas. En opinión de EH Bildu Araba, la intromisión del Tribunal Supremo pone de manifiesto el nulo respeto que los tribunales españoles tienen para con los derechos laborales vigentes en Euskal Herria.
Por esa razón, EH Bildu ha reivindicado una vez más soberanía para poder establecer un marco propio de relaciones laborales, alejado de un sistema judicial y político que tan sólo pretende dar cobertura a la nefasta y fatídica reforma laboral del Partido Popular. Por último, ha reclamado al Gobierno vasco que tome cartas en el asunto y defienda la plantilla de Celsa Atlantic ante las constantes vulneraciones puestas en marcha por la dirección de la planta.
Por otro lado, EH Bildu ha criticado la lamentable actuación del Diputado Foral de Promoción Económica y Empleo, José Zurita, en el proceso que ha llevado a Tubacex a abrir su nueva planta en Cantabria. Para el procurador de EH Bildu, Luis Salgado, es inadmisible que el propio Diputado haya reconocido públicamente que “no sabía nada”.
Asimismo, Salgado ha reprochado a Zurita que haya recurrido a los mismos argumentos de la dirección de la empresa para justificar su marcha, al tiempo que ha reconocido su falta de iniciativa para evitar dicha deslocalización. “Desde el PP animan a competir en pobreza para ser atractivos cuando Tubacex ha tenido un incremento del 20% en los beneficios y eso lo hace quien debe velar por el empleo en el Territorio lo avala”, ha denunciado el procurador de EH Bildu en las Juntas Generales de Araba.
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