Oskar Matute y Diana Urrea – Alternatiba

Está usted de sobra señor Urkullu. Con esta contundencia interpelaba recientemente una compañera de bancada a un lehendakari que se limita a decir que no existe más alternativa que aplicar los salvajes recortes y los ataques contra la dignidad de las personas que recogía su fracasado proyecto presupuestario. Y es que si las únicas políticas posibles son las que dictan la troika y los mercados financieros, la derecha nos está diciendo que sobran los parlamentos, que sobran las y los representantes políticos y que sobra incluso la propia democracia. Lamentablemente, esto es ya una máxima del capitalismo, inmerso en una de las fases más voraces de la historia.

La crisis financiera, más de un lustro después de convertirse en excusa perfecta para dilapidar el llamado estado del bienestar, que apuntalaba el sistema silenciando pretensiones utópicas, ha generado todo un abanico de pretextos para unos dirigentes que tratan de cumplir fielmente su papel: administrar la miseria. Así, con la desvergüenza de quien habiendo provocado la ruina se dice mejor opción para superarla, los  títeres del sistema, llámense Rajoy, Barcina o Urkullu, niegan toda responsabilidad por sus políticas. Insultan nuestra inteligencia cuando pretenden convencernos de que no existe otro camino y nos invitan a resignarnos en silencio, una vez han agotado el lema de apretarse el cinturón, sabedores de que la mayoría hace tiempo que empeñó hasta la hebilla.

Y cuando las clases populares son sistemáticamente expoliadas, cuando ven pisoteados todos sus derechos, se hace imprescindible la contestación social. Porque la democracia, por más que le pueda doler a las derechas, se basa fundamentalmente en el reconocimiento y la consecución de libertades y derechos sociales. Porque no es democracia desahuciar, privatizar, despedir y condenar a la precariedad y a la miseria a las personas.

Desde la misma lógica con la que asume su rol sumiso al capital, la derecha rechaza la huelga general convocada para el 30 de mayo por la mayoría social y sindical de este país. Sendos representantes de PNV y PP, Aburto y Cospedal, coincidían recientemente en tiempo y forma a la hora de retar a los agentes sociales y sindicales a presentarse a las elecciones si lo que quieren es hacer política. Es curioso que lo hagan precisamente quienes nos aplican políticas dictadas desde organismos opacos jamás sometidos al arbitrio de las urnas. Precisamente por eso, cabe pedirles que cesen su intermediación y exigir que sea la patronal directamente, que sean Adegi, Cecobi, Sea, Cen, Confebask y CEOE las que se presenten a las elecciones en lugar de sus partidos títere: PNV, PP, PSOE y UPN. También podrían pedirle a la iglesia que concurra directamente a los comicios, ya que insiste en condicionar la política en ámbitos como la educación o los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

En Euskal Herria, lamentablemente, sobran las razones para secundar la huelga. En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa contamos ya con más de 237.000 razones para secundarla. Tenemos también razones para rebelarnos contra los recortes en educación, sanidad y atención a la dependencia que insisten una vez más en hacer recaer el cuidado de la vida y la tensión de la desprotección sobre las espaldas de la mujeres a través de su trabajo, ahora más precarizado, invisibilizado y desvalorizado. La mitad de la juventud, que busca empleo y dignidad en vano, también nos da razones para la huelga, como lo son las cifras de pobreza que alcanzan ya el 11%, o el hecho flagrante de que casi una de cada diez familias tengan a todos sus miembros en paro.

Las miles de personas cuyas condiciones laborales se precarizarán gravemente cuando en julio la enésima reforma laboral arrolle docenas de convenios, son otra importante razón para salir a la calle y decirle a los expoliadores que ya basta. En Gipuzkoa tenemos buena prueba de hasta dónde puede llegar la voracidad empresarial. En el conflicto de las trabajadoras de residencias y centros de día, que afecta a casi 5.000 personas, el Departamento de Política Social de la Diputación han intervenido poniendo encima de la mesa los recursos necesarios para garantizar los salarios y las jornadas de las trabajadoras. Ante la propuesta, la patronal Adegi ha optado por denunciar al gobierno foral por considerar una injerencia insólita que una administración interceda por los derechos laborales. Ese es, sin duda, el papel que tiene que jugar la izquierda cuando accede a las instituciones.

Afirma el consejero Erkoreka que quienes apoyamos esta convocatoria de huelga nos autoexcluimos de un pacto de país, y Aburto asegura que este paro va en contra de la sociedad. Nos preguntamos de qué país y de qué sociedad hablan. Debemos recordarles que el derecho a protestar es parte consustancial de la democracia. Algo que la derecha no es capaz de aceptar, ni la española que ha superado ya las cotas de infamia de la era Aznar haciendo gala de su esencia franquista; ni la vasca, que busca aparentar en Lakua una mayoría de la que carece y sigue considerándose destinada a gobernar las vascongadas para siempre. Eso sí, sin molestar en exceso a Madrid pero, sobre todo, para beneficio de los suyos: grandes constructoras que no dudan en teñir de gris nuestro entorno con sus macro infraestructuras inútiles y banqueros sin escrúpulos que desahucian personas incluso desde entidades financieras creadas con dinero público.

Todo esto viene a constatar que al capitalismo le estorba ya hasta la democracia. Por eso tilda de violento cualquier ejercicio de contestación o desobediencia. No se equivoquen, la verdadera violencia es la ejercida contra quienes sufren la expulsión de sus casas, de sus trabajos y hasta de su país, como le sucede a más de 10.000 jóvenes de la CAV al año que huyen de la precariedad y la falta de empleo. Violencia es consentir la desnutrición en escuelas públicas y dejar morir a inmigrantes en la puerta de un hospital. Así, quienes se quejan porque manifestantes invaden la paz de su clase y sus hogares, quienes gobiernan en contra de lo que recogían en sus programas electorales, son quienes realmente ejercen la violencia.

Son las luchas de los movimientos populares, y la lucha obrera en buena medida, las auténticas artífices de las conquistas sociales que han permitido una mejor redistribución de la riqueza en el último siglo. Pero en un momento histórico donde han arrasado con todo, solo la rearticulación de los movimientos y la construcción de un sólido muro de agentes sociales, sindicales y políticos de izquierdas puede lograr restituir algo a lo que podamos llamar democracia.

En ese sentido, nos resulta esperanzador que la convocatoria del 30 de mayo, día en que volveremos a llevar a la calle la necesidad de enterrar el capitalismo y reivindicar la dignidad de nuestras vidas frente a su apuesta por el capital, vendrá acompañado de una alternativa que se plasmará en la Carta de Derechos Sociales para Euskal Herria. Es una oportunidad única, y no para reconstruir sino para superar y transformar de raíz el sistema. Convirtamos este proceso en el mayor ejercicio de empoderamiento ciudadano de las últimas décadas frente a gobiernos autoritarios, corruptos y títeres.