Portavoces de Abertzaleen Batasuna, Alternatiba, Aralar, Eusko Alkartasuna y Sortu han comparecido hoy en Donostia en vísperas de la resolución del Tribunal de DDHH de Estrasburgo en torno a la doctrina Parot para valorar la situación de las y los presos vascos, además de la actitud de los estados español y francés.

Mañana el Tribunal de Estrasburgo revisará la sentencia sobre la doctrina 197/2006, conocida como “doctrina Parot”  después de que la resolución de julio cuestionara su legalidad en el caso de Inés del Rio.

La cuestión que se aborda mañana en Estrasburgo tiene una trascendencia fundamental vista desde Euskal Herria. La decisión que el tribunal tome en las próximas semanas no solo afecta al futuro de Inés del Rio o del resto de personas a quienes se aplicado la doctrina. La decisión que las instancias europeas adopten puede cuestionar de facto la estrategia penitenciaria de castigo que aplican los estados contra los presos y presas políticos vascos. Eso es lo que queremos y esperamos, ya que no hay razones jurídicas que impidan que el Tribunal ratifique la sentencia de julio.

En las últimas semanas el gobierno de Madrid ha hecho un gran esfuerzo en diferentes ámbitos europeos para justificar su política penitenciaria e intentar vender la necesidad de mantener la doctrina Parot. Los mecanismos de presión que ha puesto en marcha reflejan claramente la relevancia que el estado le da a la cuestión. Madrid y París saben que si Estrasburgo ratifica la sentencia de julio estarán obligados a modificar la política penitenciaria.

Ahí situamos el intento del PP de utilizar y agitar la supuesta “alarma social”, con la colaboración de medios de comunicación con los que ha compartido las consignas a extender. Ahora pretende vender como un problema de la sociedad lo que es la consecuencia de su cerrazón y su estrategia política, encendiendo la alarma y el miedo en una sociedad previamente condicionada.

Por contra, la sociedad vasca comprende y comparte que en la actual situación es necesario mirar adelante y situar la cuestión de los presos y la desactivación de la actual política penitenciaria como elementos positivos. Así quedó reflejado en la multitudinaria movilización de Bilbao y así se ha reivindicado desde la mayoría de ámbitos institucionales, políticos y sociales de nuestro país. Euskal Herria no entendería una resolución en contra.

La política penitenciaria que han defendido e impulsado hasta ahora los gobiernos de Madrid y París no ha generado mas que sufrimiento y vulneración de derechos. Cuestionan hasta la naturaleza política de los presos y presas vascos y, sin embargo, se activan tribunales especiales, legislación “ad hoc” y  medidas de excepción en su contra. Solo puede entenderse como instrumento de actuación específico, en el marco de una estrategia política global y en el contexto de un conflicto de raices políticas.

En el Foro Social para impuslar el proceso de paz celebrado la pasada semana en Iruñea y Bilbao y en el Foro de Paz celebrado en Baiona en el mes de diciembre quedó muy clara la importancia de abordar el tema y del papel que pueden jugar los presos y presas  para facilitar una resolución integral del conflicto.

El propio Colectivo de Presos y Presas ha reiterado su compromiso para con el proceso de resolución y su voluntad y disposición plenas para dar pasos y aportar tanto en lo referido a las causas como en lo relativo a las consecuencias del conflicto. Las personas encarceladas deben tener cauce para participar de manera activa en este proceso. Y el primer paso para hacerlo posible es desactivar la actual política penitenciaria. Pero para ello hace falta voluntad política, y no parece que los gobiernos de Madrid y París la tengan.

Frente a esa actitud negativa, las reivindicación del fin de la dispersión, de la liberación d epresos enfermos, de desactivación de la cadena perpetua y la libertad para quienes hayan cumplido ¾ partes de la condena adquiere mayor dimensión y fuerza.

En este panorama, lo único que falta en el camino a la resolución y superación del conflicto es la implicación y compromiso de los estados español y francés. Hasta ahora se han mantenido en la  estrategia de alargar de sufrimiento y obstaculizar el proceso de resolución. Prefieren seguir tensando la cuerda para mantener la situación de bloqueo.

Todavía no han sido capaces de interiorizar el nuevo escenario, y esa es su asignatura pendiente. Es el momento de multiplicar los esfuerzos para propiciar e impulsar acuerdos políticos y sociales, no de crear alarma y levantar obstáculos. En ese contexto, la decisión que debe adoptar el Tribunal de Estrasburgo adquiere una mayor dimensión, ya que podría poner en cuestión uno de los instrumentos principales de Madrid y París para dificultar el proceso y, como consecuencia, condicionar la estrategia de bloqueo del PP.

Frente a esa falta de voluntad de ambos estados, la sociedad vasca se debe convertir en protagonista para reclamar pasos y medidas que pongan fin a la política penitenciaria y a la vulneración de derechos en las cárceles.

La implicación de la sociedad es y va a serfundamental, tanto en la defensa de los derechos de las personas encarceladas como para superar la estrategia de bloqueo de los estados. La implicación, el compromiso y la activación social constituyen el eje fundamental en la superación del conflicto y sus consecuencias.