El año 2023 ha arrancado con dos hechos que, pese a estar desconectados en el tiempo y en el espacio, ponen bajo el foco de la reflexión la realidad de la desfachatez y de la grosera codicia de algunos que tocan poder, sea político o financiero. Se trata, por un lado, de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma, en gran medida, los desmanes y corruptelas del caso del exdirigente del PNV Alfredo de Miguel; y, por otro lado, del estreno en la plataforma Netflix de la docuserie sobre la obra, auge y caída del financiero Bernard Madoff.

El primero de ellos -el que fuera número dos del PNV alavés-, es el protagonista del mayor caso de corrupción en el País Vasco. El segundo, Madoff, fue el cerebro de la mayor estafa financiera piramidal de la historia y fue condenado en 2009 a 150 años de prisión, donde falleció en abril de 2021.

La docuserie resume en cuatro entretenidos capítulos la mayor estafa mundial -un esquema ‘Ponzi’-, la falta de control y los enormes fallos de vigilancia cometidos por los órganos reguladores financieros. Pero, más allá de eso, describe además la avaricia de los inversores, el juego de poderes, la falta de escrúpulos y los valores que permitieron que esta estafa perdurara durante décadas.

El llamado ‘caso De Miguel’, probablemente, también daría para una exitosa docuserie. En ella, al igual que con Madoff, tendrían cabida ingredientes como la avaricia, la falta de escrúpulos, el juego de poderes y los valores que permitieron que esta trama corrupta durara tantos años. La producción vasca incluiría, eso sí, un giro sarcástico e hilarante en sus episodios finales, ya que el protagonista (De Miguel), a quien el Gobierno vasco anunció con pompa el 10 de enero que iba a despedir por corrupto sentenciado, sigue trabajando más de un mes después en una empresa pública del ejecutivo vasco (Hazi), donde percibe 57.000 euros al año.

El final de ambos casos también tiene características similares. Los últimos coletazos de las dos tramas no se dieron, precisamente, por la diligencia del propio sistema a la hora de detectarlos y purgarlos. A Madoff, fue la crisis financiera de 2008 la que le impidió continuar con la estafa piramidal multimillonaria. A De Miguel, por su parte, le tuvo que parar los pies la denuncia de una trabajadora y la consiguiente investigación del instructor, Roberto Ramos, de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, y de la Ertzaintza.

Me molesta -decir que ‘me sorprende’ sería pecar de ingenuo-, que, en el ‘caso ‘De Miguel’, las cascadas de reacciones políticas se queden en el “Tú eres un corrupto” y en el “Y tú más”. Y me repugna tener que oír al portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria (PNV), caer en la ruindad de meter el comodín de ETA en el cruce de reproches por la corrupción, al más puro estilo Ayuso.

Y me preocupa que esto sea así, porque, de esta manera, este caso pasará de puntillas a engrosar el largo listado de casos de enriquecimientos ilícitos a cuenta del erario público vasco. La ciudadanía ya no se altera y da la impresión de que entiende que esto de la corrupción, del mangoneo y del amiguismo forma parte del paisaje que nos ha tocado vivir. Parece que a la sociedad, al observar la corrupción, le pasa lo del Mito de Sísifo: acarrea hasta la cima de la montaña con la carga de la piedra y ésta rueda de nuevo hasta el pie de la misma, sin que suceda otra cosa que el cansancio y el hastío por la falta de éxito.

En esta fatiga tiene mucho que ver el hecho de que la reacción del partido dominante y gobernante (PNV) sea afirmar que todo lo que se hizo la última década estuvo bien y que no cabe más que aceptar lo sucedido no ya sólo con determinismo, sino también con orgullo y con la cabeza alta –faltaría más-, pues el partido ‘supo reaccionar’ –afirman, falseando la realidad-. Y también tiene lo suyo que la reacción de la mayoría del resto de actores políticos se limite a señalar la evidente afiliación política de los condenados.

La consecuencia directa del ‘caso Madoff’ –además del procesamiento y la investigación judicial de la trama- fue abrir un debate en el seno del Congreso de los Estados Unidos para analizar lo sucedido y, muy especialmente, para estudiar el fracaso las agencias reguladoras, que no fueron capaces de detectar el mayor fraude financiero de la historia.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes abrió una audiencia para analizar y criticar los fallos del sistema. En ella, los diferentes órganos reguladores -entre ellos, la Comisión de Mercados de Valores-, tuvieron que dar explicaciones por su indolencia. Además de todo ello, se planteó una profunda reforma para que no vuelva a ocurrir algo similar.

Quien lea estas líneas podrá pensar, de forma muy acertada, que, en el capitalismo, la estafa y el engaño son parte del juego de la compra venta de activos financieros en Wall Street, y que, por lo tanto, los cambios legislativos no podrán anular por completo los abusos y engaños. Rodrigo Rato resumió perfectamente este punto de vista cuando, para sacudirse la responsabilidad en el saqueo de la crisis, afirmó aquello de que “Es el mercado, amigo”.

Pese a que no soy, precisamente, un admirador del modelo estadounidense, convendremos en reconocer que, en el caso de EEUU, ha habido una intención y un esfuerzo legislativo por evitar otra estafa de esa magnitud.

Por el contrario, en el ‘caso De Miguel’ no hemos visto que el legislativo –y mucho menos el ejecutivo- haya alzado la voz para afirmar que “Esto no puede volver a ocurrir. Vamos a analizar dónde ha fallado el sistema para que esto ocurriera e introduciremos los cambios necesarios para que no se repita”.

Es más, hemos presenciado cómo el gobierno de Iñigo Urkullu (PNV-PSE) ha rechazado la propuesta de EH Bildu para crear una oficina vasca contra la corrupción, para evitar tramas como la de Alfredo de Miguel. Los socios del Gobierno vasco apoyaron su creación en Navarra, pero, en el oasis vasco, se ve que no es necesaria porque está controlado.

Algún bienintencionado podría pensar que la “Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco” es el instrumento idóneo para esto. Siento defraudar tan precipitada y tan crudamente las expectativas de quien así piense, pero, a estas alturas de la película y a la vista de las memorias publicadas por este órgano, pudo asegurar que esa Comisión tampoco sirve para este cometido.

Ante tanta autocomplacencia y tan poca capacidad propositiva de reacción frente al ‘caso De Miguel’, a uno le asaltan preguntas como las siguientes: ¿Pueden estar ocurriendo ahora casos parecidos en la administración pública vasca? ¿Hay mecanismos para prevenirlos, detectarlos y denunciarlos? ¿Se ha reforzado la Ertzaintza para prevenir e investigar estos casos? ¿Las inyecciones de dinero público del Gobierno Vasco a los medios de comunicación, en forma de campañas institucionales, llevan algún otro ingrediente que adormezca la capacidad fiscalizadora del buena parte del periodismo ante estos hechos? ¿Hacen falta consensos amplios para modificar la legislación que prevenga estas corruptelas? ¿Hay alguien buscando estos consensos?

Lo ocurrido con el mayor caso de corrupción del País Vasco, el liderado por Alfredo de Miguel (PNV), es de suma gravedad. Pero lo más preocupante es que da la impresión de que nadie se siente interpelado ni emplazado a hacer algo para que no vuelva a suceder, y esa es la peor de las noticias. Pobre Sísifo.

Publicado en ElDiario.es

A raíz de la sentencia del llamado ‘Caso De Miguel’ es necesario hacer alguna reflexión sobre la gestión pública y los mecanismos de control de los recursos públicos.

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